LUIS ALBERTO CUEVA MACIAS y Otros.

Expediente 181/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
181/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
17/06/2022

Partes del expediente

  • LUIS ALBERTO CUEVA MACIAS y Otros.
  • Decima Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Jalisco
  • Liliana Moreno Muñoz
  • Luis Alberto Cueva Macias
  • Seji Arturo Espinoza Kumasawa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que por auto de esta misma fecha, se ordenó el archivo en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión. Por tanto, se provee lo relativo a los cuadernos del incidente de suspensión, en los siguientes términos. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación dado que se concedió la suspensión provisional y se declaró sin materia al fallar sobre la definitiva, además de que no se considera de relevancia documental, el original del cuaderno incidental es susceptible de DEPURACIÓN. Asimismo, una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado el incidente. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a la parte quejosa. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que no fue impugnado, dentro del plazo legal, el auto en el que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia como lo establece el artículo 81, inciso d, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros; sin embargo, se advierte que obra información confidencial de los terceros interesados, relativa a ciertas cuentas bancarias mencionadas por los quejosos en la demanda de amparo y en el informe justificado. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a la parte quejosa. Notifíquese por lista física y electrónica.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de autos se advierte que no obra la notificación a los terceros interesados respecto del auto en que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de veinticinco de abril último; por lo tanto, se comisiona a un actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en el domicilio señalado en la demanda de amparo, y previo cercioramiento de que se trata del domicilio correspondiente, practique la notificación de que se trata. Notifíquese por lista física y electrónica; cúmplase.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA +++ EL AUTO DE VEINTICINCO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE VEINTICINCO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, NO OBSTANTE EL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTISEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, LOS AUTOS EN CITA DICEN; Zapopan, Jalisco, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede se provee: I. Remite constancias. Téngase a la autoridad responsable Presidente Especial de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, por el cual informa que se actualiza una causa de sobreseimiento. a) Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admite y tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental exhibida por la autoridad oficiante. Sobreseimiento fuera de audiencia. El juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente; y analizar de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Luego, de la lectura de la demanda se aprecia que ++++, promovieron juicio de amparo contra el acto reclamado a la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco; consistente en síntesis, en la omisión de proveer la medidas necesarias hasta lograr la ejecución total del laudo/convenio, así como la omisión de actualizar la plantilla de liquidación y la omisión de requerir a la +++ y la omisión de acordar los escritos donde impulsaron dicha ejecución, presentados con fechas doce de abril de dos mil dieciocho, doce de abril de dos mil veinte, doce de abril de dos mil veintiuno y cuatro de enero de dos mil veintidós, dentro del número de expediente ++++. Luego, de las constancias remitidas en el oficio de cuenta, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a lo dispuesto por su artículo 2, se advierte que el siete de abril de dos mil veintidós, dentro del expediente +++, se llevó a cabo una comparecencia donde los actores trabajadores, por así convenir a sus intereses, desistieron del embargo realizado en el juicio de origen a la parte demanda, respecto de las cuentas bancarias que señaló, por lo que la autoridad responsable ordenó el levantamiento de los embargos decretados y el archivo del asunto como concluido; asimismo se notificó a la parte actora en ese momento y por estrados a la demandada. Entonces, de lo narrado se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, esto, en atención a que se actualizó un cambio de situación jurídica en el procedimiento del que derivan los actos reclamados, según se explica a continuación. El artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente (.)" Y, el precepto 63, fracción V, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Respecto de esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que a continuación se transcribe, estableció cuando se produce, por regla general, el cambio de situación jurídica. "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." De la tesis transcrita, así como del texto de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en las partes que interesan, se colige que para la actualización de la causa de improcedencia, por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que por razón de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca, en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que los actores desistieron del embargo practicado en el juicio laboral y se ordenó el archivo del mismo, por lo que al ser el acto reclamado la omisión en proceder a la ejecución del laudo, con el desistimiento del embargo y archivo del expediente laboral, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, cambió la situación jurídica que imperaba cuando los quejosos promovieron la demanda de amparo origen de esta instancia constitucional. De ahí que, no puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica creada, por el desistimiento del embargo y el archivo del expediente. Lo anterior es así, pues esencialmente, los quejosos se duelen de la omisión de ejecutar el laudo, en específico de embargar las cuentas bancaras que refirieron en su demanda. Por lo que, con el desistimiento del embargo por parte de éstos y el archivo del expediente, cambió la situación jurídica que imperaba. Es decir, tal y como lo establece el precepto legal invocado, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados en el procedimiento y que por virtud de un cambio de situación jurídica en éste, deba considerarse consumado de modo irreparable; entendiéndose por tales, aquellos en los que habiéndose emitido o ejecutado algún acto, sea legalmente imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho constitucional violado sin afectar la nueva situación jurídica que rige. Es por ello, que quien ahora resuelve estima que, en relación a los actos que la parte quejosa pretende se analicen, se actualiza la causa de improcedencia apuntada, ya que por virtud de la reposición del procedimiento, se dio un cambio de situación jurídica, lo que impide resolver sobre aquél acto, sin afectar el nuevo estado jurídico y, por ende, lo que es materia de reclamo se encuentra irreparablemente consumado, en razón de que a nada práctico conduciría analizar el acto de molestia, habida cuenta que, aunque se estimara inconstitucional, no podría alterarse la nueva situación creada. Es aplicable al respecto, la tesis siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La causal de improcedencia consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, el juicio de amparo será improcedente si de concederlo se afectara esa nueva situación y, por ello, deben reputarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Así, la finalidad del artículo 61, fracción XVII, señalado es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Las causas ajenas consisten en: a) Un acto posterior al que se reclama; y, b) Haya autonomía o independencia entre ambos, de modo que la última resolución pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; dichos aspectos son ajenos, pues la nueva situación jurídica y su autónomía no son materia de impugnación en el juicio constitucional que puedan analizarse en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la ley citada; ello en atención a los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias que rigen al juicio pues, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al trastocar los efectos de diversa resolución judicial que no fue previamente impugnada por la parte agraviada. Ante esa finalidad normativa, el artículo 61, fracción XVII, invocado no contraviene el derecho a contar con un recurso eficaz a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aquél pretende evitar que, precisamente, el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y, por ende, la norma no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad, atento a razones de seguridad jurídica, cuando existen causas externas que hacen irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, máxime que la causal de improcedencia de mérito no impide que esa nueva situación jurídica pueda ser impugnada mediante diverso juicio de amparo. La circunstancia de que dicha causal de improcedencia dé lugar a que no se analicen de fondo los conceptos de violación, no resulta violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido, aunado a que las causales de improcedencia son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, los presupuestos procesales, como son las causales de improcedencia, encuentran su justificación en el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es constitucionalmente correcto que la Ley de Amparo vigente establezca los términos y condiciones que deban cumplirse para la procedencia del juicio de amparo, acorde con la jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, el artículo 61, fracción XVII, referido no contraviene el artículo 1o., segundo párrafo, constitucional, en cuanto al principio de interpretación pro persona, pues ello encuentra su propia limitación a lo que prevé la propia Constitución Federal, en este caso, en el numeral 107, párrafo primero, que dispone que las controversias a que se refiere el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos que determine su ley reglamentaria; lo que significa que el legislador ordinario se encuentra facultado constitucionalmente para emitir leyes en donde se establezcan las formalidades que estime deban cumplirse y llevar a cabo dicho fin, máxime que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados, mediante sus órganos legislativos, pueden y deben establecer en las leyes que emitan, presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para cumplir con los propias formalidades que establece la Constitución Federal en sus artículos 1o., 14 y 17. Además, lo previsto en el artículo 1o. constitucional, en cuanto a interpretar las normas en favor de las personas, no implica que el legislador ordinario se encuentre obligado a establecer que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, pues también debe emitir sus leyes para hacer posible la aplicación de los principios que establecen los artículos constitucionales de referencia". Consecuentemente, como se anticipó, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción V del artículo 63, en relación con la fracción XVII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, se sobresee en el presente juicio constitucional. Conforme a lo anterior, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XVII, del mismo ordenamiento legal. II. Se deja sin efectos. Con motivo de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional prevista para las ONCE HORAS DEL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente. Zapopan, Jalisco, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. I. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos se advierte que no obra la notificación a los terceros interesados respecto del auto en que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de veinticinco de abril último; por lo tanto, se comisiona a un actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en el domicilio señalado en la demanda de amparo, y previo cercioramiento de que se trata del domicilio correspondiente, practique la notificación de que se trata. Notifíquese por lista física y electrónica; cúmplase

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