Luis Alberto Cueva Betancourt

Expediente 544/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
544/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
09/03/2021

Partes del expediente

  • Secretaria de Relaciones Exteriores, Por Conducto del Consulado Mexicano
  • Luis Alberto Cueva Betancourt

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 544/2020-5, se procede analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida en base a las constancias allegadas por la autoridad responsable. En este asunto, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable resolviera de manera favorable y de inmediato la solicitud del quejoso y le reconociera la nacionalidad mexicana (fojas 90 a 93). Posteriormente, por auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se declaró firme la citada sentencia, por lo que se requirió el cumplimiento correspondiente a la autoridad responsable (fojas 103 y 104). En atención a ello, a través del oficio ASJ-06033 signado por el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en la Ciudad de México, allegó el acta de nacimiento digitalizada número 17, folio 1201830, de la oficialía 23, entidad y municipio de registro: McAllen, Estados Unidos de América, de cinco de febrero de dos mil veintiuno, a nombre de Luis Alberto Cueva Batancourt (foja 110). De lo que se advierte que la parte quejosa ha quedado restituida en el goce de sus derechos fundamentales, al haberse expedido el acta de nacimiento de cinco de febrero de dos mil veintiuno. Ante lo cual, este Juzgado de Distrito declara que ha quedado cumplida la sentencia protectora del presente juicio de amparo. En consecuencia, con apoyo en los numerales 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo decimoctavo, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo General, por tanto, este expediente es susceptible de depuración, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Por otra parte, téngase por recibido el escrito signado por el quejoso; atento a su contenido, se tiene al promovente manifestando que la autoridad responsable ha cumplido de manera correcta con la resolución emitida en este asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dos de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta; téngase por recibido el oficio ASJ-06033 signado por el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual y en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, allega copia autorizada del acta de nacimiento número 17, folio 1201830,oficialía 23, entidad y municipio de registro: McAllen, Estados Unidos de América, de cinco de febrero de dos mil veintiuno, a nombre de Luis Alberto Cueva Batancourt. En atención a lo anterior, dése vista a la parte quejosa con el citado oficio y anexo, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga en relación con el cumplimiento que da la autoridad responsable de referencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, en el entendido que de no hacer manifestación alguna en el término indicado, este órgano de control constitucional se pronunciará respecto del citado cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en autos. Apoya lo expuesto, por analogía, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Diciembre de 1999, visible en la página 728, (registro 192631), cuyo contenido es: "INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A DAR VISTA CON ELLOS A LA PARTE QUEJOSA.- El Juez de Distrito debe dar vista a la parte quejosa con los oficios por los que las autoridades responsables informen lo relativo al cumplimiento o incumplimiento de un ejecutoria de amparo, trámite que se considera necesario, a fin de que dicha parte manifieste lo que a su interés convenga, dado el derecho que le asiste para promover la ejecución de la sentencia de amparo, incluso para los efectos que contempla el artículo 105, último párrafo, de la ley de la materia." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta; agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso Luis Alberto Cueva Betancourt; atento a su contenido, previo cotejo con la copia simple que se deje en autos, se acuerda la devolución de los documentos que solicita (fojas 25 a 34), dejando razón de recibo para constancia, lo que tiene apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2248 de esta última legislación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    S E N T E N C I A : VISTOS los autos del juicio de amparo 544/2020-5; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en esta ciudad, turnado el dieciocho siguiente a este Juzgado Octavo, ******************** promovió juicio de amparo contra acto de la Secretaría de Relaciones Exteriores por conducto del Consulado de México, en McAllen, Texas, Estados Unidos de América, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 14 y 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hizo consistir en: "La omisión y negativa de la Secretaría responsable en tramitar la doble nacionalidad que se traduce en una negativa a otorgárseme la doble nacionalidad" (foja 2). SEGUNDO. Trámite. Por auto de diecinueve de agosto de dos mil veinte, se admitió la demanda con el número 544/2020-5, se pidió informe con justificación a la autoridad responsable, se dio a la representante social de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y se fijó fecha para la audiencia constitucional (hojas 6 a 8), la cual se llevó a cabo el quince de enero de dos mil veintiuno, en los términos que se anotan en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos fundamentales, con fundamento en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Punto Cuarto, fracción XIX, párrafo cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado carece de ejecución material y la demanda de amparo fue presentada ante este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace constar que el acto reclamado es la negativa de reconocer la nacionalidad mexicana al quejoso. Sirve de apoyo a tal precisión, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Secretario de Relaciones Exteriores por conducto del Consulado de México, en McAllen, Texas, Estados Unidos de América, pues si bien lo negó al rendir informe justificado, expuso que le comunicó al quejoso que necesitaría ciertos documentos para poder realizar el trámite solicitado (fojas 42 a 44), allegando copia certificada de las constancias relativas a la solicitud en cuestión (folios 45 a 58); documentales públicas a las que se les otorga pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de ésta última, por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Estudio de fondo. En virtud de que no se advierte causa de improcedencia que amerite el sobreseimiento en el juicio, se procede al examen de los conceptos de violación, que no se transcriben por no exigirlo así los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo. En ese aspecto, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 164618), del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El análisis de los conceptos de violación, así como de las constancias que integran el juicio de amparo, conduce a las siguientes consideraciones. Se alega que la autoridad responsable se niega a otorgar la nacionalidad mexicana, no obstante que ha acreditado con diversos documentos que cuenta con el derecho a ello. Acto que desde su óptica, es violatorio del derecho fundamental a una nacionalidad, previsto en los numerales 30 de la Carta Manga y 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la medida que la autoridad responsable le exige más documentos para realizar su trámite, que aquéllos que implícitamente son necesarios. Los motivos de disenso esgrimidos son fundados. En efecto, el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acoge, para determinar la nacionalidad por nacimiento, dos causas, a saber: la sustentada en el aspecto territorial (jus soli) y la que se funda en el derecho de sangre (jus sanguinis), que es la que interesa en el caso y que dispone en lo conducente: "Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son mexicanos por nacimiento:. II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional;." Y el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prevé: "Artículo 15 Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad." De la lectura de los preceptos transcritos se colige que la nacionalidad es uno de los atributos de la personalidad. Que nadie puede ser privado, de forma arbitraria, de su derecho a tener una nacionalidad ni de su derecho a cambiar de nacionalidad. Y que la nacionalidad mexicana por nacimiento se adquiere cuando la persona nazca en el extranjero, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional. Al respecto, es aplicable la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151-156, Cuarta Parte, página 219, que establece: "NACIONALIDAD, DETERMINACIÓN DE LA.- La Constitución Política de la República acoge, para determinar la nacionalidad por nacimiento, dos causas, que son: la sustentada en el aspecto territorial (jus soli) y la que se funda en el derecho de sangre (jus sanguinis). Las fracciones I y III del artículo 30, inciso A), de la Ley Fundamental, consagran el principio de la territorialidad o derecho de suelo, considerando como una proyección del territorio las embarcaciones y las aeronaves. La fracción II del citado artículo establece la nacionalidad mexicana con base en la de los padres, ya sea que ambos o cualquiera de ellos sean mexicanos (reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve).". En el caso, de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: Que el quejoso nació en Brownsville, Texas, Estados Unidos de América (foja 33); y Que es hijo de ********************, quien nació en Matamoros, Tamaulipas (folio 34). Ahora, si el artículo 30, apartado A, fracción II, del Pacto Supremo de la Unión, prevé que son mexicanos por nacimiento las personas nacidas en el extranjero y al menos uno de sus padres es mexicano nacido en territorio nacional, es claro que al quejoso le corresponde la nacionalidad mexicana. Ello, por el vínculo que el quejoso tiene con el Estado Mexicano, es decir, con las tradiciones, intereses, actividades, forma de vida nacionales, familiares, entre otros, lo que se evidencia, ya que se ubica ligado social y políticamente a la República Mexicana, dado que habita en territorio nacional, según lo refiere en su demanda de amparo. Sin que obste a esto, el hecho de que no se hubiera acreditado tal residencia, pues lo jurídicamente relevante es que es descendiente en primer grado en línea recta de una mexicana por nacimiento y, por tanto, tiene derecho a que su madre le transmita su nacionalidad, por el derecho de sangre. Máxime que a partir de ese derecho, se pueden derivar otras prerrogativas, tales como recibir alimentos, educación y salud. Entonces, cualquier interpretación diversa a la referida, o el requerimiento de diversas documentales por parte de la autoridad, genera una discriminación que no encuentra sustento alguno y menos aún si en términos del artículo 1 de la Carta Magna, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Lo expuesto tiene apoyo además en la tesis VII.2o.C.5 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 2114, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, que textualmente dispone: "PRINCIPIO PRO PERSONA. ES UN DERECHO PLASMADO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE REQUIERE SU VINCULACIÓN CON LA VIOLACIÓN DE UN DERECHO HUMANO PARA SU EFECTIVIDAD.- El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entró en vigor el once de junio de dos mil once, establece: "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.". Dicha porción normativa contiene un derecho reconocido a los gobernados consistente en un principio de interpretación tanto conforme con los derechos humanos contemplados por la propia Constitución (interpretación conforme), como aquellos plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte (interpretación convencional), siempre en busca de lo más favorable para la persona. No obstante lo anterior, tal derecho es un principio de interpretación pro persona que implica que las normas relativas a derechos humanos se interpreten de acuerdo con la propia Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas, constituyendo así, una herramienta hermenéutica para lograr la efectiva protección de los gobernados en relación, siempre, con un derecho humano que se alegue vulnerado. Esto es, si bien es cierto que tal principio interpretativo está reconocido en nuestra Constitución, también lo es que no es válido sostener su vulneración o transgresión autónoma, pues ésta siempre habrá de referirse al contenido y alcance de diverso derecho humano. En tales condiciones, es insuficiente que se invoque como argumento para estimar que el acto reclamado transgrede un derecho humano, el que no se observó el principio pro persona o se omitió llevar a cabo una interpretación conforme, pues tal expresión no puede ser, por sí sola, suficiente para estimar que se violó un derecho humano, sino que es necesario que se vincule con la vulneración de un derecho de esa naturaleza contenido en nuestra Constitución o en un tratado internacional que haya sido ratificado por nuestro país a efecto de que la autoridad jurisdiccional proceda a analizar si se da tal transgresión para, en su caso, proceder a realizar una interpretación conforme o en aplicación del control de convencionalidad atendiendo a lo que más favorezca al agraviado." Dadas las razones anotadas, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. QUINTO. Efectos del fallo protector. El amparo y protección de la Justicia Federal, es para el efecto de que la autoridad responsable resuelva de manera favorable y de inmediato la solicitud del quejoso y le reconozca la nacionalidad mexicana. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en el juicio de derechos fundamentales 544/2020-5, respecto al acto reclamado a que se contrae el considerando segundo de este fallo, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos cuarto y quinto del mismo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Juan de Dios de León Sánchez, Secretario que autoriza y da fe, hoy veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado así lo permitieron.

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