Luis Alberto Cruz López

Expediente 364/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 40 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
364/2022
Año
2022
Actuaciones
40
Última actuación
11/04/2023

Partes del expediente

  • Luis Alberto Cruz López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a once de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la quejosa y el tercero interesado interpusieran recurso de inconformidad contra el proveído de seis de marzo de dos mil veintitrés (fojas 287 a 295), por el que se declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes lo recurrió. En tal virtud, comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido, en los siguientes términos. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso b, del artículo 18, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, siguiendo los lineamientos contenidos el citado artículo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Por otra parte, el cuaderno original del incidente de suspensión (en el que se negó la suspensión provisional y la suspensión definitiva de los actos reclamados), es susceptible también de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso c)1, del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 7, punto 7.5, apartado 22, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. De conformidad a lo establecido por el artículo 20, fracción II, inciso a)3, del invocado Acuerdo General; y con apoyo en el Capítulo 3.14 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión no cuenta con documentos originales, por lo que se concluye que es DESTRUIBLE en un plazo de seis meses contados a partir del día siguiente hábil en que se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido del juicio principal, siempre que se cuente con el original del incidente de suspensión, por lo que una vez cumplido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser objeto de destrucción y remitirse el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar en la carátula del cuaderno principal, así como en los cuadernos incidentales la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia. DEVOLUCIÓN DE ANEXOS Finalmente, devuélvase a la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, un tomo de copias certificadas del expediente laboral número *** (un tomo), los cuales remitiera como complemento a su informe justificado (fojas 51 y 53), por no ser necesaria su conservación. Notifíquese.

  2. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a once de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido en los siguientes términos: En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso b, del artículo 18, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, siguiendo los lineamientos contenidos el citado artículo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Por otra parte, el cuaderno original del incidente de suspensión (en el que se negó la suspensión provisional y la suspensión definitiva de los actos reclamados), es susceptible también de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso c)1, del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 7, punto 7.5, apartado 22, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. De conformidad a lo establecido por el artículo 20, fracción II, inciso a)3, del invocado Acuerdo General; y con apoyo en el Capítulo 3.14 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión no cuenta con documentos originales, por lo que se concluye que es DESTRUIBLE en un plazo de seis meses contados a partir del día siguiente hábil en que se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido del juicio principal, siempre que se cuente con el original del incidente de suspensión, por lo que una vez cumplido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser objeto de destrucción y remitirse el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar en la carátula del cuaderno principal, así como en los cuadernos incidentales la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a seis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia 54/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, tomo I, decima época, página 18, con registro electrónico 2007918, del rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Asimismo, el artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, aplicable al presente asunto, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a las autoridades responsables a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. SENTIDO DEL FALLO PROTECTOR. Ahora bien, de autos se aprecia que en sentencia de ***de dos mil *** *** se concedió al quejoso ***, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: *** Luego, mediante proveído de diecinueve de julio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector (fojas 78 a 82). GESTIONES REALIZADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE *** Avances en el cumplimiento de la sentencia que fueron acordados por auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, en el que se volvió a requerir a la autoridad responsable, para que una vez que las dependencias antes citadas informarán lo solicitado en los oficios 791 y 792 de su índice, lo hiciera del conocimiento a este juzgado. **** Avances en el cumplimiento de la ejecutoria que fueron acordados por este juzgado el once de agosto de dos mil veintidós; asimismo, en dicho auto se requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable para que una vez que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, informara lo solicitado en el oficio ***, de su índice (foja 108), lo hiciera del conocimiento a este juzgado. 3.- En auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se requirió nuevamente a la autoridad responsable, el cumplimiento a la sentencia (fojas 116 - 119). Siendo así que mediante oficio 961/2022, de seis de septiembre de dos mil veinte (sic) (foja 123), remitió copia certificada del oficio 897/2022 (foja 125), con sello de recibido del Instituto Mexicano del Seguro Social, de treinta de agosto de dos mil veintidós; así como copia del rastreo de envió con fecha de impresión uno de septiembre del mismo año, del cual se advierte que fue entregado el treinta y uno de agosto del mismo año, el oficio 816/2022 al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (foja 108), con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por lo que aún se encontraba transcurriendo termino para que informara lo solicitado (foja 127); también exhibió oficio 960/2022, de seis de septiembre de dos mil veintidós; y, acuerdo de dos del mismo mes y año (foja 126). Avances en el cumplimiento de la ejecutoria que fueron acordados en auto de siete de septiembre del año próximo pasado (foja 128 a 130). 4.- Mediante oficio 991/2022 (fojas 134-136), el Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de acuses de recibo, de los requerimientos hechos tanto al Instituto Mexicano del Seguro Social, como al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en vías de cumplir con la ejecutoria dictada en el presente asunto. Circunstancia que este órgano tuvo en vías de cumplimiento de la sentencia dictada, por auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós (foja 137). 5. Mediante oficio 1046/2022, de treinta de septiembre de dos mil veintidós (fojas 139-149), la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de: ***con las constancias remitidas por la autoridad responsable, se ordenó dar vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Consecuentemente, el tres de noviembre de dos mil veintidós (foja 173), se tuvo por acordado el escrito promovido por ***, autorizada del quejoso ***, por medio del cual en atención a la vista dada del auto de veinticuatro de octubre del año en curso, realizó diversas manifestaciones relacionadas al cumplimiento dado a la sentencia emitida en autos por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y nuevamente mediante oficio *** del índice de este juzgado, se solicitó a la referida autoridad responsable el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. 7.- En cumplimiento a lo solicitado por este juzgado mediante oficio ***, el Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del diverso 1199/2022 de siete de noviembre de dos mil veintidós (foja 179), remitió copia certificada del auto de veintisiete de octubre del año próximo pasado, así como del oficio 1196/2022 dirigido al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el que se le solicita el informe con el número de seguridad correcto de ***. Reporte de la autoridad ejecutora que fue acordado en proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós (fojas 182-183), reservándose dar vista a la partes. 8.- En auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós (foja 184 a 186), mediante oficio ***, se ordenó requerir a la citada autoridad responsable, informara sobre la respuesta dada al oficio *** de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, que giró al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Atento a ello, la autoridad responsable mediante el diverso *** de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós (foja 189), remitió copia certificada del oficio 1297/2022 de veintinueve de noviembre del año próximo pasado, dirigido al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del cual se observa que proporcionó correctamente el número de seguridad social de ***, para que informara lo solicitado en las misivas enviadas anteriormente. Por lo que, en auto de cinco de enero del año en curso (fojas 193 a 201), se requirió a la autoridad responsable informara sobre la respuesta dada al oficio *** de veintinueve de noviembre del año próximo pasado, de su índice, dirigido al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, asimismo, en dicho acuerdo se vinculó al cumplimiento del fallo protector al Instituto antes citado, solicitándole así que remitiera copia certificada de las constancias con las que acreditara que envió al Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, la información peticionada en el expediente laboral ***. Luego, a través del oficio 80/2023 recibido en este juzgado el dieciséis de enero del año que transcurre, el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad (foja 213), envió copia certificada del auto de once de enero de dos mil veintitrés, y oficio sin número de cinco de enero del año en curso, signado por la licenciada ****, Apoderada Legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), mediante el cual dio contestación al oficio *** de veintinueve de noviembre del año próximo pasado, informando lo encontrado en su base de datos (fojas 214 a 219). Con el referido comunicado y las constancias anexas al mismo, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se procedió dar vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifestara lo que a su derecho conviniera; en consecuencia, al haber fenecido el plazo concedido, se procede realizar el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO Precisado lo anterior, este Juzgado Federal procede a analizar el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. Específicamente de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, se desprende que lo que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, debe acreditar, para tener por cumplido el fallo protector es desahogar todas las pruebas ofrecidas en el expediente laboral ***, en particular las ofrecidas por la parte quejosa en los puntos 5. y 6. (foja 45, tomo de pruebas), tal como quedo descrito en la sentencia dictada en el presente sumario constitucional (foja 68). Pues bien, a consideración de este órgano jurisdiccional, dicho cumplimiento se ve colmado a cabalidad con: *** Documentales que en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2º, se les otorga valor probatorio pleno. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, tomo IV, octubre 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Así como, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 192174, de título: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Debe decirse que los criterios que se citan, y que interpretan la Ley de Amparo, abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se aponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro de gobierno que corresponda. Finalmente, con fundamento en el artículo 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes por el término de quince días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y hecho lo anterior se acordará lo procedente. Notifíquese; personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables

  4. Principal

    AVISO DE NOTIFICACIÓN PARA LA PARTE TERCERA INTERESADA.- SE NOTIFICA POR LISTA PARA LA PARTE TERCERA INTERESADA EL PROVEÍDO DE SEIS DE MARZO 2023.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a seis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia 54/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, tomo I, decima época, página 18, con registro electrónico 2007918, del rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Asimismo, el artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, aplicable al presente asunto, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a las autoridades responsables a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. SENTIDO DEL FALLO PROTECTOR. Ahora bien, de autos se aprecia que en sentencia de ***de dos mil *** *** se concedió al quejoso ***, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: *** Luego, mediante proveído de diecinueve de julio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector (fojas 78 a 82). GESTIONES REALIZADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE *** Avances en el cumplimiento de la sentencia que fueron acordados por auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, en el que se volvió a requerir a la autoridad responsable, para que una vez que las dependencias antes citadas informarán lo solicitado en los oficios 791 y 792 de su índice, lo hiciera del conocimiento a este juzgado. **** Avances en el cumplimiento de la ejecutoria que fueron acordados por este juzgado el once de agosto de dos mil veintidós; asimismo, en dicho auto se requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable para que una vez que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, informara lo solicitado en el oficio ***, de su índice (foja 108), lo hiciera del conocimiento a este juzgado. 3.- En auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se requirió nuevamente a la autoridad responsable, el cumplimiento a la sentencia (fojas 116 - 119). Siendo así que mediante oficio 961/2022, de seis de septiembre de dos mil veinte (sic) (foja 123), remitió copia certificada del oficio 897/2022 (foja 125), con sello de recibido del Instituto Mexicano del Seguro Social, de treinta de agosto de dos mil veintidós; así como copia del rastreo de envió con fecha de impresión uno de septiembre del mismo año, del cual se advierte que fue entregado el treinta y uno de agosto del mismo año, el oficio 816/2022 al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (foja 108), con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por lo que aún se encontraba transcurriendo termino para que informara lo solicitado (foja 127); también exhibió oficio 960/2022, de seis de septiembre de dos mil veintidós; y, acuerdo de dos del mismo mes y año (foja 126). Avances en el cumplimiento de la ejecutoria que fueron acordados en auto de siete de septiembre del año próximo pasado (foja 128 a 130). 4.- Mediante oficio 991/2022 (fojas 134-136), el Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de acuses de recibo, de los requerimientos hechos tanto al Instituto Mexicano del Seguro Social, como al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en vías de cumplir con la ejecutoria dictada en el presente asunto. Circunstancia que este órgano tuvo en vías de cumplimiento de la sentencia dictada, por auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós (foja 137). 5. Mediante oficio 1046/2022, de treinta de septiembre de dos mil veintidós (fojas 139-149), la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de: ***con las constancias remitidas por la autoridad responsable, se ordenó dar vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Consecuentemente, el tres de noviembre de dos mil veintidós (foja 173), se tuvo por acordado el escrito promovido por ***, autorizada del quejoso ***, por medio del cual en atención a la vista dada del auto de veinticuatro de octubre del año en curso, realizó diversas manifestaciones relacionadas al cumplimiento dado a la sentencia emitida en autos por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y nuevamente mediante oficio *** del índice de este juzgado, se solicitó a la referida autoridad responsable el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. 7.- En cumplimiento a lo solicitado por este juzgado mediante oficio ***, el Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del diverso 1199/2022 de siete de noviembre de dos mil veintidós (foja 179), remitió copia certificada del auto de veintisiete de octubre del año próximo pasado, así como del oficio 1196/2022 dirigido al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el que se le solicita el informe con el número de seguridad correcto de ***. Reporte de la autoridad ejecutora que fue acordado en proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós (fojas 182-183), reservándose dar vista a la partes. 8.- En auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós (foja 184 a 186), mediante oficio ***, se ordenó requerir a la citada autoridad responsable, informara sobre la respuesta dada al oficio *** de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, que giró al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Atento a ello, la autoridad responsable mediante el diverso *** de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós (foja 189), remitió copia certificada del oficio 1297/2022 de veintinueve de noviembre del año próximo pasado, dirigido al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del cual se observa que proporcionó correctamente el número de seguridad social de ***, para que informara lo solicitado en las misivas enviadas anteriormente. Por lo que, en auto de cinco de enero del año en curso (fojas 193 a 201), se requirió a la autoridad responsable informara sobre la respuesta dada al oficio *** de veintinueve de noviembre del año próximo pasado, de su índice, dirigido al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, asimismo, en dicho acuerdo se vinculó al cumplimiento del fallo protector al Instituto antes citado, solicitándole así que remitiera copia certificada de las constancias con las que acreditara que envió al Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, la información peticionada en el expediente laboral ***. Luego, a través del oficio 80/2023 recibido en este juzgado el dieciséis de enero del año que transcurre, el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad (foja 213), envió copia certificada del auto de once de enero de dos mil veintitrés, y oficio sin número de cinco de enero del año en curso, signado por la licenciada ****, Apoderada Legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), mediante el cual dio contestación al oficio *** de veintinueve de noviembre del año próximo pasado, informando lo encontrado en su base de datos (fojas 214 a 219). Con el referido comunicado y las constancias anexas al mismo, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se procedió dar vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifestara lo que a su derecho conviniera; en consecuencia, al haber fenecido el plazo concedido, se procede realizar el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO Precisado lo anterior, este Juzgado Federal procede a analizar el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. Específicamente de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, se desprende que lo que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, debe acreditar, para tener por cumplido el fallo protector es desahogar todas las pruebas ofrecidas en el expediente laboral ***, en particular las ofrecidas por la parte quejosa en los puntos 5. y 6. (foja 45, tomo de pruebas), tal como quedo descrito en la sentencia dictada en el presente sumario constitucional (foja 68). Pues bien, a consideración de este órgano jurisdiccional, dicho cumplimiento se ve colmado a cabalidad con: *** Documentales que en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2º, se les otorga valor probatorio pleno. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, tomo IV, octubre 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Así como, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 192174, de título: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Debe decirse que los criterios que se citan, y que interpretan la Ley de Amparo, abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se aponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro de gobierno que corresponda. Finalmente, con fundamento en el artículo 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes por el término de quince días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y hecho lo anterior se acordará lo procedente. Notifíquese; personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables

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