Luis Alberto Chávez Ruíz

Expediente 333/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
333/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/03/2022

Partes del expediente

  • Luis Alberto Chávez Ruíz

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal de este asunto, se pudo advertir que no obra incorporado en el expediente electrónico, el acuse de recibo del oficio 45940/2021, dirigido a la autoridad responsable Secretario de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, relativo a la sentencia dictada en autos. Se reexpide oficio. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, reexpídase el oficio antes precisado; asimismo, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que tan pronto esté disponible el acuse respectivo, lo incorpore al expediente electrónico de este asunto; lo anterior, con la finalidad de continuar con la prosecución judicial de este asunto. Notifíquese; y, cúmplase.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, a once de marzo de dos mil veintidós. Pretende cumplir prevención. Téngase por recibido el escrito que signa ******, mediante el cual, pretende cumplir la prevención contenida en proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Al respecto, se provee: Se hace efectivo apercibimiento. Cabe precisar que el proveído de referencia, se notificó a la parte quejosa el uno de marzo del año en curso, como se advierte de la constancia de notificación practicada por el actuario judicial de la adscripción. En ese sentido, atendiendo a lo asentado en párrafos presentes y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el lapso que tenía la parte quejosa para que diera cumplimiento a la prevención contenida en el auto de prevención, transcurrió del tres al nueve de marzo del año en curso, toda vez que fue notificado personalmente el uno de marzo de dos mil veintidós, sin que cumpliera con los requisitos que le fueron solicitados dentro del plazo señalado. Lo anterior es así, al tener en consideración que el escrito que se atiende, con el que pretende cumplir la multicitada prevención, fue presentado de manera extemporánea, esto es, hasta el diez de marzo de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Al respecto, para constancia se inserta imagen de la fecha de notificación del auto de prevención y de la fecha de recepción del escrito de cumplimiento. En ese orden, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós y con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene procede a decidir sobre la admisión o desechamiento de la demanda, promovida por ****, únicamente por su propio derecho. Decisión de la instancia. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5° y 6°, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley (.)" "Artículo 5°.Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De las disposiciones transcritas se conoce que el amparo puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que le ley lo permita expresamente, lo cual refleja que la persona que ocurre al amparo debe de tener legitimación. Dentro del concepto de legitimación de las partes debe distinguirse la legitimación en el proceso con la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento, se refiere, o a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro. Ciertamente, la legitimación procesal es la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia, que tiene lugar cuando el derecho que se discutirá en el juicio es ejercitado por quien tiene aptitud para hacerlo valer, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La segunda, implica tener la titularidad del derecho cuestionado en el juicio, en tanto que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo, que la ley establece en su favor y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Por otra parte, los presupuestos procesales son los requisitos sin los cuales no puede iniciarse, ni tramitarse con eficacia jurídica un proceso; por ello, se trata de cuestiones de orden público que deben ser analizadas incluso de oficio por el juzgador, antes de efectuar el estudio del fondo del asunto. En este sentido, siendo la legitimación en el proceso un presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si quien promueve carece de capacidad para comparecer, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en él; a diferencia de la legitimación en la causa, que al ser una cuestión sustancial, es un presupuesto de la pretensión para la sentencia de fondo, por lo que sólo es dable analizar dicho presupuesto al momento de que ésta es emitida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que al rubro y texto dice: "LEGITIMACION "AD-CAUSAM" Y LEGITIMACION "AD-PROCESUM". La legitimación en el proceso y la legitimación en la causa son situaciones jurídicas distintas, toda vez que la primera de ellas, que se identifica con la falta de personalidad o capacidad en el actor, se encuentra referida a un presupuesto procesal, necesario para el ejercicio del derecho de acción que pretenda hacer valer quien se encuentre facultado para actuar en el proceso como actor, demandado o tercero; la falta de personalidad se refiere a la capacidad, potestad o facultad de una persona física o moral, para comparecer en juicio, a nombre o en representación de otra persona, en los términos de los artículos 44 a 46 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que si no se acredita tener personalidad," legitimatio ad procesum", ello impide el nacimiento del ejercicio del derecho de acción deducido en el juicio; es decir, la falta de dicho requisito procesal puede ser examinada oficiosamente por el Juez de la instancia, conforme lo dispone el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles, o bien opuesta como excepción por el demandado en términos de lo preceptuado por la fracción IV del artículo 35 de dicho ordenamiento, en cuyo caso, por tratarse de una excepción dilatoria que no tiende a destruir la acción ejercitada, sino que retarda su curso, y además de previo y especial pronunciamiento, puede resolverse en cualquier momento, sea durante el procedimiento o en la sentencia; en cambio, la legitimación activa en la causa es un elemento esencial de la acción que presupone o implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional; por tanto, tal cuestión no puede resolverse en el procedimiento sino únicamente en la sentencia, por tratarse de una cuestión de fondo, perentoria; así, estima este Tribunal Colegiado que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación alude a que la legitimación puede estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, se refiere a la legitimación "ad procesum", no a la legitimación ad causam. En consecuencia, si la parte demandada niega el derecho que hace valer la parte actora, por considerar aquélla que ésta no es la titular del derecho litigioso, resulta inconcuso que se trata de una excepción perentoria y no dilatoria que tiende a excluir la acción deducida en el juicio, por lo que tal cuestión debe examinarse en la sentencia que se llegue a pronunciar en el juicio". Asimismo, sirve de apoyo la tesis siguiente: "INTERES JURIDICO Y LEGITIMACION PROCESAL. CONCEPTOS DISTINTOS. Por interés jurídico debe entenderse el que tienen las partes respecto de los derechos o de las cosas materia del juicio; es la posibilidad de acudir a los tribunales para obtener de ellos una tutela jurídica, mediante la sentencia que se pronuncie, o sea, la facultad de ejercitar una acción para obtener una prestación o evitarse un perjuicio o la lesión de un derecho. La legitimación, en general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél, o de intervenir en ésta. La legitimación para obrar, a su vez, consiste en que precisamente deba actuar en el proceso, quien conforme a la ley le competa hacerlo; es la identidad de quien actúa, con quien la ley le otorga ese derecho, o sea la condición de las personas que promuevan la acción o se defienden de la que ha sido intentada contra ellas". De igual forma, se invoca la Tesis Jurisprudencial 2a. /J. 75/97: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." Ahora, en términos del artículo 5° antes transcrito, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; esto es, la legitimación a que se refiere dicho precepto para iniciar y seguir el juicio de garantías debe fundarse en el agravio causado por un acto u omisión de autoridad, o por la ley, al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente, esto es, que la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. De ahí que, el principio de instancia de parte agraviada reflejado en el artículo 5° de la Ley de Amparo, por mandato constitucional de la fracción I, del artículo 107, de la Constitución Federal, dada su vinculación con el tema de la legitimación, revela que ésta sólo existirá si se interpone válidamente por quien reúna la condición de agraviado, es decir, el particular que se haya visto afectado en sus derechos con motivo de la emisión u omisión, de un acto de autoridad. Por su parte, el artículo 6°, primer párrafo de la legislación en consulta, restringe en que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado y podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. De la interpretación conjunta de estos dos últimos preceptos, se concluye que la demanda de garantías debe ser formulada por el directo quejoso o bien, por quien acredite ser su representante legal o su apoderado. A contrario sensu, en lo que aquí interesa, el juicio de amparo no puede ser promovido por quien no acredite ser representante legal o apoderado de la persona, moral o física, sobre la que recaiga directamente la afectación reclamada. Sirve de apoyo a dicha interpretación, el criterio siguiente. "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." Establecido lo anterior, el motivo de improcedencia del presente juicio de amparo indirecto, deriva de que quien pretende ejercerla, esto es, Luis Alberto Chávez Ruiz por propio derecho, carece de legitimación procesal activa para acudir al amparo con ese carácter, ya que el único legitimado para hacerlo, es la parte a quien perjudique el acto que se reclama derivado del expediente 210/2019, de índice del Juzgado Noveno de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en este caso, Bernardo Ulloa Vallin. No pasa inadvertido para este juzgado federal, los criterios de rubro y texto siguientes: "ABOGADO PATRONO. EL DESIGNADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO TIENE LEGITIMACIÓN PARA ACLARAR LA DEMANDA DE AMPARO A NOMBRE DE QUIEN LO DESIGNÓ CON ESE CARÁCTER, RESPECTO DE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL ACTO RECLAMADO Y SUS ANTECEDENTES, AUN CUANDO DEBAN REALIZARSE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 50/2014 (10a.)]." "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN TÉRMINOS AMPLIOS CONFORME AL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO". En razón de que dichos criterios son tesis aisladas por ende no es obligatoria su observancia, en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, por lo que en el caso prevalece la jurisprudencia 1a. /J. 108/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto a continuación se cita: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis de jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", que para formular la demanda de amparo es necesario que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año; de ahí que el quejoso no pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la vigente, se advierte que dicha autorización surte efectos sólo para atender procesalmente el juicio mercantil de origen. Tales consideraciones sustanciales que fueron analizadas desde la perspectiva del trámite del juicio de amparo directo, al resolver la contradicción de tesis 135/2013, resultan de aplicación extensiva, en lo conducente, al caso del juicio de amparo indirecto, ya que en relación con la personalidad de quien promueve el juicio constitucional, la legislación de la materia establece reglas generales que permiten utilizar la solución de aquella contradicción. En consecuencia, en el amparo indirecto en materia mercantil, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio." De igual modo, resultan aplicables los criterios de rubro y texto siguientes: "LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS. Si en el juicio constitucional comparece la quejosa por sus propios derechos, demandando el amparo y protección de la justicia federal contra la sentencia dictada en un procedimiento judicial, donde fue demandada la sucesión a bienes del arrendatario y en donde el actor dijo que ella era la representante de la sucesión, en la especie se estima que el acto reclamado no afecta a la quejosa, en virtud de que la sentencia que se reclama recayó sobre la sucesión, la cual resulta ser la directamente agraviada, y quien en un momento dado es la única que podría promover a través de su representante legal o albacea el juicio de garantías de acuerdo al artículo 4o. de la Ley de Amparo, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de la materia, en virtud de que la amparista compareció por sus propios derechos y no como representante ni albacea de la sucesión aunque el actor le haya señalado un carácter, pues no existe prueba al respecto." "LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquel a quien la ley le otorga ese derecho." "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." En tales condiciones, dado que la demanda de amparo, no fue instada por Bernardo Ulloa Vallin por su propio derecho o por conducto de su representante legal, conforme a lo expuesto, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia del juicio de garantías, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 5° y 6°, todos de la ley de la materia, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el presente auto no implica desconocimiento de personalidad, sino que la conclusión a que se arriba es en el sentido de que su carácter de directo quejoso, es decir, por propio derecho, es insuficiente para promover juicio de garantías en defensa de los intereses de la parte en el juicio natural. Esta determinación no se contrapone a las jurisprudencias de rubros: "INTERÉS JURÍDICO, FALTA DE. NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS."; "INTERÉS JURÍDICO, FALTA DE PRUEBA DEL. NO ES EL MOTIVO MANIFIESTO NECESARIO PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO."; "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. NO TIENE QUE ESTAR PROBADO PLENAMENTE AL PRESENTARSE LA DEMANDA. "DEMANDA DE AMPARO. LA FALTA DE INTERES JURIDICO NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE JUSTIFIQUE SU DESECHAMIENTO." Lo anterior, en razón de que este asunto no se desechó por falta de interés jurídico, sino por carecer de legitimación procesal. Anteriormente se explicó que el interés jurídico se identifica con el concepto de legitimación en la causa, el cual es distinto de la legitimación procesal; el primer presupuesto (legitimación ad causam o interés jurídico) sólo puede ser estudiado en la sentencia definitiva; en cambio, el segundo (legitimación ad procesum) puede analizarse en cualquier fase del proceso, incluso, en el acuerdo que recae a la presentación de la demanda. Sirve de apoyo al anterior razonamiento la siguiente jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA DE AVISO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso C) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte QUEJOSA, el contenido DE LA RESOLUCIÓN DE VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS, mismo que en síntesis dice: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1543/2021, promovido por Marivel Díaz Martínez, contra actos del Contralor Interno de la Fiscalía Estatal; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, turnado a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el treinta del mismo mes y año, Marivel Díaz Martínez, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en el artículo 1, párrafo quinto y 16 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El uno de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda; se ordenó requerir a la autoridad responsable por su informe de ley y se dio vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos de autoridades residentes en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que, de la lectura integral de la demanda el quejoso reclama lo siguiente: 1. La resolución definitiva de seis de agosto de dos mil veintiuno, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa 343/2020 del índice de la contraloría interna de la fiscalía estatal, mediante la cual se le impone una sanción consistente en la suspensión temporal de siete días naturales sin goce de sueldo. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos sintetizados en el considerado segundo, respecto del Contralor Interno de la Fiscalía Estatal, pues así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado. De ese modo, la confesión de la autoridad responsable surte prueba plena, como lo indica el arábigo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su numeral 2°, párrafo segundo, por tratarse de hechos propios de la parte que perjudica a quien la formula; por consiguiente, se tiene por acreditada su existencia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia en materia común 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 206, registro digital 394261, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las copias certificadas que remitió con apoyo a su informe las cuales tienen valor pleno de conformidad con el artículo 202 del aludido Código Civil. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. Cobra aplicación, la jurisprudencia en materia común II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo VII, mayo de 1991, página 95, registro digital 222780, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. En principio, es importante señalar, que el presente estudio se abordará atendiendo al principio de estricto derecho por razón de la materia del asunto, que por mandato de la ley, no se permite suplir la deficiencia de la queja, además de que no se encuentra en alguno de los supuestos contemplados de manera restrictiva por el artículo 79 de la Ley de Amparo. Análisis respecto de la prescripción de los actos reclamados. En su primer concepto de violación, la quejosa refiere que, en la determinación reclamada, al analizar las conductas que se le reprochan, la responsable realizó un análisis erróneo, dado que refiere que la conducta sancionada tuvo lugar en el periodo que comprende de marzo a noviembre de 2018, por lo que si la denuncia fue presentada el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, cualquier conducta sucedida en el año inmediato anterior está prescrita. De ahí que, sostiene la impetrante, durante el periodo comprendido del uno de marzo hasta el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho -de imputarse completo- deban declararse prescritas y, consecuentemente, el daño contabilizado no existiría o debería ser menor. Es infundado el concepto de violación. Es de afirmarse lo anterior, en mérito de las siguientes consideraciones. El artículo 120, párrafo tercero, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, establece: "Capítulo IV Del procedimiento de responsabilidad administrativa Capítulo Único Iniciación, instrucción y resolución del procedimiento Artículo 120. El procedimiento se iniciará de oficio o por denuncia con la correspondiente notificación al elemento operativo de que se ha instaurado en su contra el mismo, haciendo de su conocimiento lo siguiente: La prescripción para interponer la denuncia o iniciar el procedimiento de oficio a que se refiere este artículo, será de un año a partir de la fecha en que se cometió la conducta." [Énfasis añadido] De la porción normativa transcrita, se tiene que, el plazo para para denunciar o iniciar de oficio el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en el artículo 118 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, será de un año contado a partir de la fecha en que se cometió la conducta; asimismo, que de no dar inicio a este en dicho lapso, operará la prescripción respecto a los actos de que se trate. En el procedimiento de responsabilidad administrativa 343/2020, seguido contra la quejosa, se señalaron las siguientes infracciones: [Reverso de la foja 411 del tomo de pruebas] En relación con el inicio de dicho procedimiento, en su informe justificado, la responsable refiere que tuvo lugar mediante la denuncia a la Contraloría Interna de la Fiscalía Estatal, por parte de la licenciada en contaduría pública Silvia Dávalos Hernández, Director de Auditoria Preventiva y Orientación Administrativa de la propia fiscalía, efectuada el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, esto es, antes del año que establece el artículo 120, párrafo tercero, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, para tal efecto. Dicha afirmación se corrobora con las copias certificadas del procedimiento de responsabilidad administrativa referido, remitidas por la autoridad responsable, a las que, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo se les otorga valor probatorio pleno, en las que obra el oficio 5420/2019, con fecha de recibo de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, según sello fechador, suscrito por Silvia Dávalos Hernández, Director de Auditoria Preventiva y Orientación Administrativa, de cuyo contenido se advierte, en lo que aquí interesa: Que remite copias certificadas de la auditoría realizada del doce al catorce de noviembre de dos mil dieciocho, a la Dirección Regional Distrito XII con sede en Cihuatlán, Jalisco, respecto de la plantilla de personal adscrito a dicha Dirección, dentro de la cual, se concluyó que los elementos operativos ahí enlistados, entre los cuales se encuentra la quejosa, en aquellas fechas se encontraban administrativamente adscritos a la Dirección Regional en comento, pero no fueron localizados físicamente desempeñando sus funciones en dicho lugar y, algunos de ellos, como sucedió con la impetrante, además de su no localización, se encontraban recibiendo un sobresueldo, por lo que, la signante consideró la existencia de posibles irregularidades administrativas por parte de estos o quienes resulten responsables. (Fojas 8 a 11 del tomo de pruebas) Se anexan capturas únicamente en relación con lo reseñado: Asimismo, de las referidas constancias, se tiene que, con motivo de la recepción de dicho oficio, en veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, el Contralor Interno de la Fiscalía Estatal, emitió acuerdo de radicación del procedimiento de responsabilidad administrativa 382/2019, respecto de la aquí quejosa, mismo que, posteriormente, fue remitido por el Agente del Ministerio Público Instructor a la Contralor Interna de la Fiscalía Estatal, para su prosecución, con motivo de lo cual, en diecisiete de octubre de dos mil veinte, se radicó el procedimiento de responsabilidad administrativa número 343/2020. Aunado a lo anterior, a fojas 220 a 237 del tomo de pruebas, obran copias certificadas de las nóminas de empleados del gobierno del estado, adscritos a la Delegación Regional Zona Costa Sur Cihuatlán, de las que se advierte que la quejosa recibió el pago como personal adscrito a dicha delegación desde el uno de marzo hasta el treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Establecido lo anterior, se tiene que: i) Las conductas que fueron materia de denuncia, tuvieron lugar en el periodo de marzo a noviembre de dos mil dieciocho, de manera continua e ininterrumpida -según se corrobora con los recibos de nómina-; ii) Que la denuncia de las aludidas irregularidades administrativas tuvo lugar el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve; iii) Que la denuncia se efectúo dentro del plazo de un año que contempla el artículo 120, párrafo tercero, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. Consecuentemente, se arriba a la conclusión de que, contrario a lo que arguye la quejosa la autoridad no erró al analizar lo relativo a la prescripción, pues, según lo informado por la denunciante y atendiendo al contenido de las constancias que obran en autos, específicamente los recibos de nómina, como acertadamente sostuvo la responsable en la resolución aquí reclamada, la conducta atribuida a la quejosa dio inicio en el mes de marzo y continuó hasta noviembre de dos mil dieciocho, por lo que, si la denuncia de las conductas sancionadas se presentó en veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, es evidente que en dicha data, aún no operaba la prescripción respecto de dichos actos. De ahí lo infundado de lo alegado por la quejosa. Negativa de admitir pruebas. En otro apartado, la quejosa refiere que, a pesar de estar obligada en atención a lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley Estatal de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, la responsable "rechazó" la admisión de los testimonios que ofreció, los cuales dice, resultaban relevantes para acreditar su defensa, en el sentido de que, durante el periodo de marzo a noviembre de dos mil dieciocho, laboró como encargada del área de detenidos y litigación de la fiscalía, con pleno conocimiento del titular de la fiscalía y encargados de la fiscalía regional quienes ordenaron que se les hiciera el pago. Actuar que, sostiene, trascendió al resultado del fallo. Es infundado el concepto de violación. En efecto, la quejosa sustenta su argumento en la premisa de que, derivado de la "no admisión" de las testimoniales que ofertó, en el procedimiento administrativo no se le permitió y, por ende, no se tuvo por probado, que durante el periodo de marzo a noviembre de dos mil dieciocho, laboró como encargada del área de detenidos y litigación de la fiscalía, con pleno conocimiento del titular de la fiscalía y encargados de la fiscalía regional quienes ordenaron que se les hiciera el pago; sin embargo, tal afirmación es en errónea. A fin de poner de relieve lo anterior, cabe traer a colación el contenido del auto de treinta de julio de dos mil veintiuno, en el que se tuvo a la quejosa ofreciendo pruebas de descargo, las cuales identificó con los incisos A), B), C), D), E), F), G). En dicho auto, el entonces instructor determinó desechar las pruebas identificadas con los incisos B), C), D) y F), entre las cuales se encontraban las testimoniales a que se refiere la impetrante, en razón de que, lo que pretendía probar con estas, se tendría por acreditado con las documentales ofrecidas en el inciso E), esto es, el hecho de que, durante el periodo de tiempo que percibió sobresueldo fungía como encargada del área de Detenidos y Litigación (foja 257 del tomo de prueba). Por su parte, en la determinación que se reclama, al analizar las pruebas de descargo, la responsable tuvo por acreditado que para la gestión del pago por concepto de sobresueldo adscrito a zona de vida cara a favor de la quejosa fue el entonces Fiscal Regional del Estado de Jalisco y posteriormente el Encargado del Despacho de la Fiscalía Regional del Estado, quienes ordenaron el pago, así como que, durante el periodo de treinta de abril al once de octubre de dos mil dieciocho, fungía como Encargada del Área de Detenidos y Litigación de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. (foja 416 y vuelta del tomo de pruebas) Es decir, aún sin las testimoniales ofertadas por la quejosa, la autoridad tuvo por acreditados los extremos pretendidos por esta e, incluso, analizó el impacto de lo probado en la determinación de la responsabilidad administrativa de la impetrante, estimando que el hecho de que hubiere estado laborando en diverso lugar al en que se encontraba adscrita, así como que, ello fuera autorizado y del conocimiento de funcionarios diversos, no eximía a la funcionaria de responsabilidad, pues esta se encontraba consciente de que prestaba sus servicios en un lugar diverso y que dicha circunstancia no justificaba el pago del sobresueldo que percibía, por lo que no solamente se encontraba en aptitud, sino obligada a denunciar dicha irregularidad a los órganos de control de la institución, de ahí que, al no haberlo hecho así incurrido en violación a los principios de probidad y honradez que rigen su labor. Lo expuesto permite arribar a las siguientes conclusiones: a) La no admisión de las pruebas que destaca -testimoniales-, no tuvo las consecuencias que le atribuye la impetrante, pues se tuvieron por probados los extremos pretendidos; b) Que lo probado por la quejosa en el sentido de que, la gestión del pago por concepto de sobresueldo adscrito a zona de vida cara a su favor, al igual que lo relativo a su adscripción, fueron ordenadas por el entonces Fiscal Regional del Estado de Jalisco y posteriormente el Encargado del Despacho de la Fiscalía Regional del Estado, fue materia de análisis en la determinación reclamada, resultando insuficiente para eximirla de la responsabilidad fincada. En esa tesitura, es claro que, aún y cuando se hubieren admitido y desahogado dichos medios de convicción, ello no variaría el sentido de la determinación en estudio, pues lo pretendido por la quejosa se tendría también acreditado en este, no obstante resultaría igualmente insuficiente para eximirla de la obligación a que estaba sujeta en el sentido de denunciar la irregularidad en cuanto a su adscripción, así como a la percepción de remuneraciones que no eran acordes con esta; tópicos que, entre otros, sustentaron el sentido de lo resuelto. De ahí la calificación respecto de los argumentos sintetizados en este apartado. Pago de sobresueldo. Finalmente, en la última parte de su concepto de violación, la impetrante refiere que la autoridad administrativa sostuvo que no se justifica el pago del sobresueldo, cuestiones que, arguye, son ajenas a ella, por lo que, se debió emitir una resolución absolutoria, al no haberse acreditado el despliegue de una conducta dolosa o culposa de su parte, así como tampoco ánimo de perjudicar al erario público u abandono a un deber de cuidado a su cargo. Agrega, que, a pesar de la insuficiencia de pruebas, se determinó afectarla con una sanción económica que la priva de su salario y la afecta anímicamente y la estigmatiza al sancionarla por un mal manejo que no cometió. Es infundado el concepto de violación. Es de afirmarse lo anterior y para ello, debe acudirse a la determinación que se reclama en esta instancia, a fin de evidenciar que lo alegado por la impetrante, tal como lo determinó la autoridad responsable, no constituye una eximente o justificación para ser sancionada por las conductas que le fueron atribuidas. El argumento de la quejosa descansa en la premisa de que las acciones generadoras de las conductas sanciones, en el caso, la recepción del pago por sobresueldo, derivó de la orden dada por el Fiscal Regional del Estado de Jalisco y posteriormente por el Encargado del Despacho de la Fiscalía Regional del Estado, por lo que no le son atribuibles, al igual que las sanciones impuestas. Como se adelantó, dicho tópico fue materia de análisis en la resolución impugnada, determinándose que tales circunstancias, es decir, que el pago de sobresueldo hubiera sido autorizado por diverso funcionario, es una cuestión independiente a las conductas desplegadas y sancionadas por la quejosa, pues fue esta quien percibió vía nómina el monto por tal concepto, durante todo el tiempo referido, pues incluso plasmó su firma en las nóminas pertenecientes a la Fiscalía Regional, por lo que de conformidad con los principios de probidad y honradez se encontraba obligada a denunciar dichas irregularidades ante la dependencia respectiva, al constituir actos de corrupción. Sin embargo, contrario a ello, calló y siguió percibiendo el pago extra que no le correspondía en perjuicio al erario público. Consideraciones que se comparten por el suscrito, pues, si bien la orden de pago por sobresueldo se emitió por un funcionario diverso a la quejosa, ello no constituye un impedimento para que esta actuara de acuerdo con las obligaciones y regulación propias de su encargo, por lo que no puede invocarse como eximente de la responsabilidad derivada de dicha conducta. Máxime que, la quejosa es un funcionario público y con su actuar ocasionó perjuicio directo al erario público. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, contra los actos que reclamo, que precisados quedaron en el considerando segundo de la presente ejecutoria, por las consideraciones plasmadas en el considerando quinto de la misma. Notifíquese personalmente.

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