Luis Alberto Castillo Villalobos

Expediente 98/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
98/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • Luis Alberto Castillo Villalobos
  • Juez de Primera Instancia En Materia Penal del Sistema Acusatorio Y Oral de San Pedro de las Colonias, Coahuila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; trece de julio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte, que en proveído de doce de julio de dos mil veintidós, se calificó el presente juicio de amparo como susceptible de destrucción; sin embargo, en virtud de que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, es susceptible de depuración. Acuerdo. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el juicio en que se actúa, sin que ello implique que este juzgado revoque sus propias determinaciones, sino solo subsanar las irregularidades advertidas; en ese sentido, se determina lo siguiente. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; doce de julio de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaría de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado estado. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  3. Principal

    Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Licenciada Maribel Villanueva Salas.VISTOS; y, RESULTANDO Visto, para resolver, el juicio de amparo 98/2022-IIB, promovido por Luis Alberto Castillo Villalobos, por conducto de su defensor Miguel Ángel Flores Sánchez, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de San Pedro, Coahuila, y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Escrito de demanda. Mediante libelo presentado el veintisiete de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, Luis Alberto Castillo Villalobos, por conducto de su defensor Miguel Ángel Flores Sánchez, demandó el amparo y la protección de la justicia federal, en contra de los actos reclamados del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de San Pedro, Coahuila, en los términos siguientes: "4.- ACTO RECLAMADO.- La resolución de fecha nueve de enero de dos mil veintidós, dictada por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de San Pedro de las Colonias, Coahuila, en los autos de Causa Penal 579/2021, mediante la cual se decretó al quejoso LUIS ALBERTO CASTILLO VILLALOBOS, auto de vinculación a proceso por el delito de ABUSO SEXUAL EN PERSONA INCAPAZ, previsto y sancionado por el artículo 227 del Código Penal vigente en el Estado". SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, el conocimiento de la demanda, la cual se recibió el veintiocho de enero de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este juzgado de Distrito; por lo que mediante auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de mérito, la cual se registró en el libro de gobierno con el número 98/2022-IIB; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se les otorgó el carácter de terceras interesadas a Maritza López Mireles madre de la menor víctima A.M.C.L.; Cecilia Gómez Sandoval y Rosa María Estela Favela Martínez, Agentes del Ministerio Público adscritas a la Fiscalía General en el Estado, Delegación Regional Laguna II en San Pedro de las Colonias, ordenando el emplazamiento correspondiente; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente le corresponde, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, al reclamarse actos emitidos por autoridad que se encuentra dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquéllos, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, página 32, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo, se colige que el quejoso Luis Alberto Castillo Villalobos, reclama por esta vía constitucional, lo siguiente: El auto de vinculación a proceso decretado en su contra el nueve de enero de dos mil veintidós, emitido en la causa penal 579/2021, del índice estadístico del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de San Pedro de las Colonias, Coahuila, que se instruye en su contra por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso sexual en persona incapaz. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de San Pedro, Coahuila, según se desprende de su informe justificado. De igual forma, se corrobora lo anterior, con el disco óptico en formato "DVD", remitido por el juez del sistema acusatorio y oral responsable en apoyo a su respectivo informe. El cual por ser documento público, merece eficacia demostrativa plena en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso del ordinal 2° de la Ley de Amparo. De igual forma, en relación al medio de convicción que por tratarse de disco óptico en formato de videograbación (DVD), adquiere la naturaleza jurídica de documental pública, el cual se tiene por desahogada sin audiencia especial. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, libro XXIII, agosto de 2013, tomo I, Decima época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Asimismo tiene aplicación la diversa jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página quinientos ochenta y ocho, tomo V, Segunda Parte-2, tomo V, enero a junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Las partes no invocaron la actualización de algún motivo de improcedencia, ni este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se configure alguna de las hipótesis de los dispositivos 61 y 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia número J/5, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava época, tomo VII, mayo de 1991, página 95, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Previo a dar respuesta a los argumentos del quejoso, se considera necesario señalar, que el auto de vinculación a proceso se encuentra regulado por el artículo 19 de la Constitución Federal, que revela no solo la modificación en la denominación del auto de formal prisión, ahora llamado auto de vinculación a proceso, sino un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. Por lo que de la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior, salvo excepciones, basado sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Luego, conforme a las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y, en su caso, la contra argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el juez a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación [artículo 20 Constitucional]). Así, al partir de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, solo se requiere que el Ministerio Público aporte datos; es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a lo dispuesto por la fracción III del inciso A del artículo 20 Constitucional, para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Situación diversa a la que acontece en el sistema mixto o predominantemente inquisitorio, puesto que en la investigación realizada por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, se exigen elementos de convicción que sean suficientes para que, desde esa etapa procesal se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del inculpado, razón por la cual tales medios de prueba, de reunir todos los requisitos legales, desde ese momento tendrán valor demostrativo de los hechos que se pretenden acreditar; esto es, en este sistema se actualiza el principio de permanencia de la prueba, pues el valor probatorio que se adquiere en esta etapa, perdura por todo el proceso. En ese orden de ideas, para el dictado de un auto de vinculación a proceso dentro del sistema penal acusatorio, el juez debe analizar y resolver únicamente con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Ahora bien, a efecto de determinar los requisitos que en su dictado deben reunirse, es importante destacar que el artículo 19, párrafo primero, de la Carta Magna establece literalmente lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Por su parte, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa.". Aunado a lo anterior, debe agregarse que como todo acto de autoridad, además de ajustarse a las premisas legales anteriores, debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De tales preceptos se obtiene que para dictar un auto de vinculación a proceso, deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo. A. Requisitos formales: 1. Debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente; 2. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar a petición del imputado o su defensor; 3. Que se haya formulado imputación; 4. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público; y, 6. Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. B. Requisitos de fondo: 1. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; 2. Así como, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Como criterio orientador se cita la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." Establecido lo anterior, en principio, procede examinar, de oficio, si el auto de vinculación a proceso decretado en audiencia de nueve de enero de dos mil veintidós, en la causa penal 579/2021, cumple con los requisitos especificados. Requisitos formales 1. Debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente. Lo que se encuentra previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídicas, por virtud de los cuales ninguna persona puede ser molestada en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sin que medie mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Luego, al afectar de manera provisional o preventiva el derecho fundamental de la libertad personal del imputado al constreñirlo a continuar un proceso, el auto de vinculación reclamado constituye un acto de molestia que, además de cumplir los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe satisfacer las exigencias de proceder de una autoridad judicial competente, y encontrarse debidamente fundado y motivado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 125, Libro 46, septiembre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2015127, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel. De ese modo, el juez responsable al rendir su informe justificado remitió copia certificada del soporte de las videograbaciones de la causa penal 579/21, entre las que se destaca la que contiene el auto de vinculación a proceso decretado el nueve de enero de dos mil veintidós, en contra del aquí quejoso por su probable comisión del hecho denominado por la ley como abuso sexual en persona incapaz con modalidad agravante por ser cometido por sujeto activo cualificado, en perjuicio de la menor A.M.C.L. En relación a la competencia, se obtiene que el Juez responsable tiene la competencia legal para resolver la situación jurídica del imputado, esto en razón de materia [penal], grado [primera instancia], territorio [pues los hechos denunciados acontecieron en Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza] y en su calidad de Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de San Pedro, Coahuila; mismos que al analizar este juzgado, en suplencia de la queja, lo considera correcto, ya que sí es competente para emitir la resolución relativa a la vinculación a proceso, dado que los hechos ilícitos se encuentran contemplados en el Código Penal vigente en el Estado de Coahuila, hechos que se cometieron en Francisco I. Madero, Coahuila, donde el Juez responsable ejerce jurisdicción. En consecuencia, el requisito a que se ha hecho referencia, se encuentra satisfecho. 2. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar únicamente a petición del imputado o su defensor. Tal requisito se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, salvo que el imputado solicite que el plazo se prorrogue, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. Así, del disco audio visual remitido por la autoridad responsable, se advierte que a las catorce horas con siete minutos del cinco de enero del dos mil veintidós, el hoy quejoso Luis Alberto Castillo Villalobos, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, en la cual nombró como abogado [particular] al licenciado Enrique Chávez García (minuto 00:14:07 de la audiencia de cinco de enero de dos mil veintidós). Además, el juez del proceso preguntó a la parte quejosa si le habían hecho saber los derechos que la Constitución otorgaba a su favor, a lo que el ahora quejoso manifestó que sí tenía conocimiento de ellos (minuto 00:14:08 de la audiencia de cinco de enero de dos mil veintidós). Previo a la calificación de legal la detención, se formuló la imputación al aquí quejoso y se le dio oportunidad de declarar, ejerciendo dicho derecho (minuto 14:22:45), además solicitó, previa consulta con su defensa, que su situación jurídica se resolviera dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas (minuto 14:32:37 del cinco de enero de dos mil veintidós), por lo que se señalaron las doce horas del nueve de enero del dos mil veintidós, para que tuviera lugar la audiencia de vinculación a proceso [la cual inició a las doce horas con cincuenta y siete minutos de ese día]. Por lo que, una vez llegada la fecha respectiva, expuestos los argumentos de las partes, el juez responsable determinó a las quince horas con cincuenta y dos minutos del nueve de enero del dos mil veintidós, vincular a proceso al aquí quejoso por el delito de abuso sexual en persona incapaz con modalidad agravante por ser cometido por sujeto activo cualificado, en perjuicio de la menor A.M.C.L. que le imputó el agente del Ministerio Público. De esta forma se cumplió con el plazo constitucional, dentro del cual se dictó el auto de vinculación a proceso, pues en audiencia el agente del Ministerio Público formuló la imputación al ahora quejoso y, posteriormente, a petición del imputado, la autoridad judicial dictó dicha determinación. Cabe agregar, que previa solicitud del agente del Ministerio Público, se impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva. Además, con lo aquí expuesto, queda de manifiesto que también se satisface el siguiente requisito: 3. Que se haya formulado imputación. Lo que es así, porque conforme lo dispuesto en el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. Por tanto, como ya se expuso, de la reproducción del audio video respectivo, se desprende que el Agente del Ministerio Público formuló imputación en contra del ahora quejoso Luis Alberto Castillo Villalobos, por su probable intervención en el hecho determinado por la ley como delito de abuso sexual en persona incapaz con modalidad agravante por ser cometido por sujeto activo cualificado, en perjuicio de la menor A.M.C.L.; lo que aconteció en la audiencia de cinco de enero de dos mil veintidós (a partir del minuto 00:14:11). 4. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. En relación a ello, el artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que formulada la imputación, el juez preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo, y en caso de que manifieste su deseo de declarar, ésta se rendirá conforme a lo dispuesto en el propio Código; lo que fue observado, según se aprecia de la reproducción del audio video relativo a la audiencia de formulación de la imputación de cinco de enero de dos mil veintidós, en la que a pregunta formulada por el juez y previa consulta con su abogado defensor, el aquí quejoso expresó su deseo de reservarse a declarar en cuanto a la formulación de imputación efectuada por el agente del Ministerio Público Federal (desde el minuto 14:31:36). 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. El requisito de mérito se encuentra satisfecho debido a que el juez responsable, al dictar al ahora quejoso el auto de vinculación a proceso que reclama por esta vía, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual en persona incapaz con modalidad agravante por ser cometido por sujeto activo cualificado, A.M.C.L., lo hizo sólo tomando en consideración los hechos expuestos por el Ministerio Público al momento de formular imputación. 6. Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa, así como las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. En la determinación de nueve de enero de dos mil veintidós, a través de la cual se decretó auto de vinculación a proceso en contra del ahora quejoso, por los hechos con apariencia del delito antes referido, fueron tomados en consideración los datos de prueba reseñados por el fiscal investigador, por lo que, desde la audiencia de formulación de imputación se tuvo como hecho determinado el siguiente: Que el día tres de julio de dos mil veintiuno, siendo aproximadamente las veintiún horas con treinta minutos, Rosa Angélica Fuentes, quien es cuñada del imputado Luis Alberto Castillo Villalobos, y ex concuña de Maritza López Mireles, le llevó a su menor hija A.M.C.L. a su casa ya que se encontraba en casa de Luis Alberto Castillo Villalobos, ubicada en calle 2 de marzo, número 5 de la colonia Dos de Marzo en Francisco I. Madero, Coahuila, debido a las convivencias establecidas entre éste y la madre de los menores de nombre Maritza López Mireles, por lo que ya estando en su casa, metió a bañar a la menor A.M.C.L., y su menor hijo, cuando la estaba bañando la menor le dijo que le dolía, haciendo referencia a su vagina, por lo que su mamá Maritza López Mireles, le preguntó porque le dolía y ella le respondió "hay una mano", por lo que su madre le pregunta de quién es esa mano, y la menor responde que "de mi papi Luis", por lo que la madre de la menor llama a su madre, abuela de la menor, quien también se encontraba en su domicilio, por lo que sacan a la menor del baño para revisarla y observan que se encuentra enrojecida la parte de su vagina, preguntándole que si le gustaba ese juego, respondiendo la menor que no, pero que su papá le decía que no pasaba nada, que "era solo una mano", y que cada vez que iba con su papá cada que la bañaba la tocaba. Hecho al que hizo alusión la autoridad responsable en la resolución reclamada, por tanto, se colige que se cumple con el requisito que nos ocupa. Los requisitos de fondo son: 1. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente y que fueran tomados en consideración por el juzgador, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Sobre este punto, en el auto de vinculación a proceso únicamente se contiene la información proporcionada por el Ministerio Público derivada de la investigación realizada, que el juez consideró como datos suficientes que establecen que se cometió el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual en persona incapaz con modalidad agravante por ser cometido por sujeto activo cualificado, en perjuicio de la menor A.M.C.L. previsto y sancionado por los artículos 227 y 230, fracción I, del Código Penal del Estado de Coahuila vigente en la época de los hechos, y en el que el estándar probatorio se rigió por el grado de razonabilidad de los datos que, a criterio del juzgador, establecieron que se cometió un hecho ilícito y que existe la probabilidad de que el imputado Luis Alberto Castillo Villalobos, lo cometió. Así, es importante destacar que tales datos no constituyen prueba como tal, sino una mera referencia a las diligencias practicadas por el Ministerio Público en el ejercicio de su función persecutora del delito, las que, en la postura asumida por la propia fiscalía, resultan idóneas, pertinentes y suficientes para justificar el sometimiento del imputado a un plazo mayor, siempre razonable, de investigación supervisada por la autoridad judicial; la prueba, por su parte, será exclusivamente aquella desahogada en la audiencia principal de juicio oral, tal como lo contempla el último párrafo del artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bajo estos lineamientos, se establece que la vinculación a proceso encuentra sustento en los elementos obtenidos por el agente del Ministerio Público en una primera etapa de investigación que por la cercanía temporal con el hecho delictivo le compete exclusivamente a éste, y con los cuales acude a formular la imputación como acto de comunicación con el indiciado respecto de la labor que viene desarrollando en su contra. En tales condiciones, el juez debe resolver la situación jurídica de la persona imputada con base en los datos de prueba que en la audiencia de vinculación a proceso refiera el Ministerio Público obran en la carpeta de investigación respectiva, sin que pueda acceder a la misma para verificar la certeza de las manifestaciones vertidas por la fiscalía, a no ser que exista controversia entre los intervinientes respecto de su contenido, caso en el cual podrá tenerla a la vista, con el único fin de resolver el punto discutido. Por otro lado, se impone destacar que con base al modelo del sistema de justicia penal de corte acusatorio en México, y en atención al contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige para el dictado de un auto de vinculación a proceso la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la responsabilidad en forma probable, pues en la fracción III del numeral 316 del citado Código, se prevé que debe justificarse la existencia únicamente de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo. Ahora, resulta necesario examinar si los datos de prueba valorados por el juez responsable fueron idóneos, pertinentes y suficientes para establecer la existencia de la posible participación en los hechos que la ley señala como delictuosos, imputados al solicitante de amparo; a saber: 1. Denuncia presentada por Maritza López Mireles, de cuatro de julio de dos mil veintiuno. 2. Acta de nacimiento de la menor A.M.C.L. 3. Dictamen médico ginecológico y proctológico de cuatro de julio dos mil veintiuno, practicado por el doctor José Luis Domínguez Gómez, médico legista. 4. Entrevista con Amalia María Mireles Rojas (abuela de A.M.C.L.) de dieciséis de julio de dos mil veintiuno. 5. Criminalística de campo en el domicilio ubicado en calle dos de marzo, número 5, de la colonia dos de marzo en Francisco I. Madero Coahuila, practicado por el licenciado Sergio Alonso López García, el siete de septiembre de dos mil veintiuno. 6. Opinión técnica en psicología de Rosa Viviana Martínez Ávila, perito adscrita a la Fiscalía, de siete de septiembre de dos mil veintiuno. 7. Entrevista con la menor A.M.C.L. de octubre de dos mil veintiuno. 8. Informe policial de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Datos de prueba que el juez responsable consideró suficientes e idóneos para vincular a proceso al aquí quejoso. Al respecto, el juez de control, refirió que los elementos que configuran el delito de abuso sexual en persona incapaz con modalidad agravante por ser cometido por sujeto activo cualificado, en perjuicio de la menor A.M.C.L., previstos y sancionados por los artículos 227 y 230 fracción I, del Código Penal del Estado de Coahuila vigente en la época de los hechos, quedaron justificados con los datos de prueba antes relacionados que aportaron lo siguiente: Que el día tres de julio de dos mil veintiuno, siendo aproximadamente las veintiún horas con treinta minutos, Rosa Angélica Fuentes, quien es cuñada del imputado Luis Alberto Castillo Villalobos, y exconcuña de Maritza López Mireles, le llevó a su menor hija A.M.C.L. a su casa ya que se encontraba en casa de Luis Alberto Castillo Villalobos, ubicada en calle 2 de marzo, número 5 de la colonia Dos de Marzo en Francisco I. Madero, Coahuila, debido a las convivencias establecidas entre éste y la madre de los menores Maritza López Mireles, por lo que ya estando en su casa, metió a bañar a la menor A.M.C.L., y cuando la estaba bañando la menor le dijo que le dolía, haciendo referencia a su vagina, por lo que su mamá Maritza López Mireles, le preguntó porque le dolía y ella le respondió "hay una mano", por lo que su madre le pregunta de quién es esa mano, y la menor responde que de "mi papi Luis", por lo que la madre de la menor llama a su madre, abuela de la menor, quien también se encontraba en su domicilio, por lo que sacan a la menor del baño para revisarla y observan que se encuentra enrojecida la parte de su vagina, preguntándole que si le gustaba ese juego, respondiendo la menor que no, pero que su papá le decía que era solo una mano, y que cada vez que iba con su papá cada que la bañaba la tocaba. Por lo que el Juez responsable estimó, que el delito abuso sexual en persona incapaz con modalidad agravante por ser cometido por sujeto activo cualificado, quedó justificado con la denuncia presentada por Maritza López Mireles, madre de la menor A.M.C.L., de la que se advierte que el día tres de julio de dos mil veintiuno, siendo aproximadamente las veintiún horas con treinta minutos, Rosa Angélica Fuentes, quien es cuñada del imputado Luis Alberto Castillo Villalobos, y ex concuña de Maritza López Mireles, le llevó a su menor hija A.M.C.L. a su casa ya que se encontraba en casa de Luis Alberto Castillo Villalobos, ubicada en calle 2 de marzo, número 5 de la colonia Dos de Marzo en Francisco I. Madero, Coahuila, debido a las convivencias establecidas entre éste y la madre de los menores Maritza López Mireles, por lo que ya estando en su casa, metió a bañar a la menor A.M.C.L., y cuando la estaba bañando la menor le dijo que le dolía, haciendo referencia a su vagina, por lo que su mamá Maritza López Mireles, le preguntó porque le dolía y ella le respondió "hay una mano", por lo que su madre le pregunta de quién es esa mano, y la menor responde que de "mi papi Luis", por lo que la madre de la menor llama a su madre, abuela de la menor, quien también se encontraba en su domicilio, por lo que sacan a la menor del baño para revisarla y observan que se encuentra enrojecida la parte de su vagina, preguntándole que si le gustaba ese juego, respondiendo la menor que no, pero que su papá le decía que era solo una mano, y que cada vez que iba con su papá cada que la bañaba la tocaba. Así como con la entrevista de la menor A.M.C.L., en la que manifestó que cada vez que iba a casa de su papa Luis, cuando la bañaba él estaba sin ropa, éste le tocaba su vagina y le picaba su colita y que ella le decía que le dolía, pero que él le decía que no pasaba nada que era solo una mano, y en la que la psicóloga estableció que existe un daño psicológico como consecuencia de los referidos actos, y que en un futuro exista un daño a la integridad emocional de la menor. Asimismo indicó que el delito de abuso sexual en persona incapaz con modalidad agravante por ser cometido por sujeto activo cualificado, previsto y sancionado por los artículos 227 y 230, fracción I, del Código Penal del Estado de Coahuila, se satisface con la declaración de Maritza López Mireles, en la que manifestó que debido al acuerdo que tenía con su ex pareja Luis Alberto Castillo Villalobos, de convivir los fines de semana con su menor hija A.M.C.L., le prestó a su menor hija el día tres de julio de dos mil veintiuno y abusando de la minoría de edad y por ser su padre, se aprovechaba de esa situación para cometer el delito de abuso sexual en persona incapaz. Con lo antes expuesto, el juez responsable concluyó que de los antecedentes de la investigación narrados por el agente del Ministerio Público, se obtenían datos de prueba que establecen, en relación con el ahora quejoso, que se cometieron los hechos que la ley señala como delitos, esto es, abuso sexual en persona incapaz con modalidad agravante por ser cometido por sujeto activo cualificado, en perjuicio de la menor A.M.C.L., previsto y sancionado por los artículos 227 y 230, fracción I, del Código Penal del Estado de Coahuila vigente en la época de los hechos. Es importante señalar que, conforme a los argumentos establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, para el dictado del auto de vinculación a proceso, el Juez de Control o Garantías, no está legalmente obligado a realizar un desglose de los elementos del delito, sino únicamente a que una vez establecido de manera clara el hecho materia de la imputación, lleve a cabo un ejercicio tendente a determinar si esa conducta encuadra en alguna de las descripciones típicas que en abstracto describe la norma penal como delitos, lo que en la especie aconteció. Por otro lado, en lo atinente a que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, se arriba a la conclusión de que este requisito también se encuentra colmado, ello, porque al exponer el juez responsable que el hecho que la ley señala como delito y la probable comisión del ahora quejoso, precisó que la forma de comisión del delito es de autor material, ya que lo llevó a cabo por sí mismo, conforme al artículo 34 apartado a fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, y de manera dolosa, ya que de acuerdo a las circunstancias personales y al medio social en que se desenvuelve el señor Luis Alberto Castillo Villalobos, pudo advertir que se trata de una persona mayor de edad, con conocimiento y capacidad suficiente, para saber y entender, que realizar este tipo de acciones que ya han quedado referidas, son contrarias a derecho. De ahí que, es incontrovertible que se emitió conforme a los lineamientos constitucionales y legales. Una vez analizada la legalidad del auto de vinculación a proceso emitido por el juez responsable, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por el defensor particular del quejoso. Ahora, en los conceptos de violación, el quejoso en esencia refiere: Que se violan en su perjuicio sus derechos fundamentales, específicamente el principio de inocencia. Que el fiscal no aportó datos de prueba con un nivel de certeza válida, para desvirtuar el principio de inocencia, por lo que no están comprobadas las circunstancias de modo, tiempo, ocasión y lugar en que se verificaron los hechos, por lo que se violaron sus derechos humanos. Que el agente del ministerio público con la denuncia presentada por Maritza López Mireles, y el dictamen en psicología practicado a la menor A.M.C.L., el agente del Ministerio Púbico no acreditó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos materia de la formulación de imputación, ya que son diversos a los que sirvieron de base para el dictado del auto de vinculación a proceso emitido en su contra. Refiere también que no se tomaron en cuenta las testimoniales ofrecidas por la defensa. Sintetizados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cabe decir, que los mismos devienen infundados. Lo anterior es así, ya que el quejoso se concreta básicamente a referir que los datos de prueba tomados en consideración por la autoridad responsable para el dictado del auto de vinculación a proceso de nueve de enero de dos mil veintidós, son insuficientes para justificar la existencia de los hechos que la ley señala como delitos, así como su posible participación en la comisión de los mismos. En efecto, se dice que son infundados dichos conceptos de violación, ya que contrario a lo manifestado por el impetrante de amparo, la menor víctima, así como la madre de esta, si precisaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar de como ocurrieron los hechos que se le imputan, lo que se advirtió de la denuncia formulada por la madre de la menor Maritza López Mireles, en la que derivado de lo manifestado de manera espontánea por la menor A.M.C.L., indicó que el día tres de julio de dos mil veintiuno, siendo aproximadamente las veintiún horas con treinta minutos, Rosa Angélica Fuentes, quien es cuñada del imputado Luis Alberto Castillo Villalobos, y ex concuña de Maritza López Mireles, le llevó a su menor hija A.M.C.L. de regreso a su casa, ya que se encontraba en casa de Luis Alberto Castillo Villalobos, ubicada en calle 2 de marzo, número 5 de la colonia Dos de Marzo en Francisco I. Madero, Coahuila, debido a las convivencias establecidas entre éste y la madre de la menor, por lo que ya estando en su casa, metió a bañar a la menor A.M.C.L., junto con su hermanito y cuando la estaba bañando la menor le dijo que le dolía, haciendo referencia a su vagina, por lo que su mamá Maritza López Mireles, le preguntó porque le dolía y ella le respondió "hay una mano", por lo que su madre le pregunta de quién es esa mano, y la menor responde que "de mi papi Luis", por lo que la madre de la menor llama a su madre, abuela de la menor, quien también se encontraba en su domicilio, por lo que sacan a la menor del baño para revisarla y observan que se encuentra enrojecida la parte de su vagina, preguntándole que si le gustaba ese juego, respondiendo la menor que no, pero que su papá le decía que no pasaba nada, que era solo una mano, y que cada vez que iba con su papá cada que la bañaba la tocaba. Asimismo en la entrevista de la menor A.M.C.L., en la que manifestó que cada vez que iba a casa de su papa Luis, cuando la bañaba él estaba sin ropa, que éste le tocaba su vagina y le picaba su colita y que ella le decía que le dolía, pero que él le decía que no pasaba nada, que era solo una mano, y en la que la psicóloga estableció que existe un daño psicológico como consecuencia de los referidos actos, y que en un futuro puede existir un daño a la integridad emocional de la menor. Manifestado al efecto el juez responsable, que no se le pueden exigir mayores datos a la víctima, así como que relate de manera circunstanciada los hechos denunciados, ya que la víctima es menor de edad, y cuenta con tan solo cuatro años de edad, por lo que tiene una categoría de doble vulnerabilidad al ser mujer y ser una menor, con limitantes de lenguaje, comprensión, habilidad y falta de capacidad para comprender el hecho; sin embargo de manera destacada indicó acertadamente que, la menor víctima A.M.C.L., precisó de manera clara que fue su papá de nombre Luis quien le había tocado su "colita" haciendo referencia a su vagina, cuando la bañaba al encontrarse en casa de su padre, por lo que ese hecho no puede desvirtuarse pues esa manifestación la realizó de manera espontánea y clara a su mamá Maritza López Mireles, al momento de bañarla y manifestarle que tenía dolor en su vagina debido a que su padre la tocaba con su mano en esa parte de su cuerpo. Por otro lado, en relación a que el juez responsable, no tomó en cuenta las testimoniales ofertadadas por la defensa, cabe decir que ese argumento es infundado, en tanto que al efecto la autoridad responsable manifestó que al ser las testigos madre y hermana del imputado, existe un grado de probabilidad de beneficiar al imputado, pues resultaba poco probable que quisieran perjudicar a su familiar; además de que la hermana del imputado manifestó que si tenía interés en beneficiar a su hermano, manifestando también que existen contradicciones en sus declaraciones, en el sentido de que la madre del imputado declaró que la menor nunca se había enfermado, siendo que el imputado manifestó que constantemente enfermaba de la garganta. Asimismo precisó, que dichas testimoniales estaban debilitadas porque las testigos indicaron que el imputado no veía a su hija y el imputado manifestó que casi no la veía, y que de acuerdo a las reglas de la lógica, el convenio de convivencia es para que los menores convivan con los padres no con la abuela y tías, por lo cual el hecho de que no conviviera con la hija en los días que señala no es tan sólida su versión en virtud de que la convivencia es para el padre no con los familiares, así como que no se encontraba acreditado que la menor hubiera mentido, en tanto que el propio imputado manifestó que la menor no era dada a mentir. De ahí que no asista la razón al quejoso cuando refiere que las testimoniales de trato no fueron tomadas en cuenta, pues como ya quedó precisado, el juez responsable señaló que éstas eran débiles a comparación de los datos de prueba aportados por el fiscal, en tanto que la manifestación de la menor en la entrevista psicológica, así como la denuncia de su madre no estaban desvirtuados con ninguna prueba por parte del imputado. Por otro lado, se precisa que contrario a lo sostenido por el impetrante, el Juez responsable sí expuso las razones particulares por las cuales consideró que en el caso existe un hecho que la ley señala como delito y datos de prueba que establecieran la posibilidad de que el imputado lo cometió, pues al efecto, relató los datos de prueba a que se ha venido haciendo referencia a lo largo de esta sentencia, indicando precisamente que la denuncia de la madre de la menor y la entrevista psicológica de ésta, no son datos aislados, sino que estos se encuentran robustecidos con la investigación de campo realizada en el domicilio en que ocurrieron los hechos, y que constituyen datos de prueba que justifican la existencia de los hechos que la ley señala como delito, siendo este abuso sexual en persona incapaz con modalidad agravante por ser cometido por sujeto activo cualificado, cometido en perjuicio de la menor A.M.C.L. Así, el suscrito considera apegado a derecho la ponderación realizada por la responsable de los datos de prueba que fueran valorados de forma individual y en su conjunto, pues recuérdese que el Juez de Control, para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar todos los datos de prueba que se incorporen, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado a ello, el quejoso pierde de vista que con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio y no se requiere la acreditación de los elementos del tipo penal ni del cuerpo del delito, sino que basta que existan un hecho con apariencia de delito e indicios lógicos que presuman la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, por lo que tampoco se viola el principio de inocencia que refiere el quejoso, ya que el auto de vinculación a proceso, se sustentó en los datos de prueba aportados por la Fiscalía. Por tanto, para el dictado del auto de vinculación a proceso es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona. Sustenta lo anteriormente expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". De igual forma, por razón a su contenido, el criterio XVIII.2o.P.A.5 P (10a.) emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, de rubro y texto siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDE DICHO PRINCIPIO AL DICTAR EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, SI ÉSTE SE SUSTENTA EN LOS DATOS DE PRUEBA APORTADOS POR LA FISCALÍA. Hechos: Se dictó auto de vinculación a proceso en virtud de que los datos de prueba examinados fueron suficientes para demostrar un hecho con apariencia de delito e indicios lógicos que hacen probable la comisión o participación del imputado en su realización. Contra esa determinación, éste promovió juicio de amparo indirecto y el Juez de Distrito le negó la protección constitucional; inconforme con lo anterior, interpuso recurso de revisión y, en sus agravios, refirió que con los datos de prueba aportados por la Fiscalía se afectó el principio de presunción de inocencia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no se transgrede el principio de presunción de inocencia al dictar el auto de vinculación a proceso, si éste se sustenta en los datos de prueba aportados por la Fiscalía. Justificación: Lo anterior, pues con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio. Además, de acuerdo con los principios y reglas que imperan en el nuevo modelo de justicia penal, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere la acreditación de los elementos del tipo penal ni del cuerpo del delito, sino que basta que existan un hecho con apariencia delito e indicios lógicos que presuman la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, para el dictado del auto de vinculación a proceso es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona, en la que, una vez cerrada y atendiendo a la teoría del caso del agente del Ministerio Público, éste puede acusar, sobreseer o suspender el proceso sin llegar a juicio; de ahí que si la Fiscalía cumplió con la carga procesal que le obliga a aportar datos que hagan probable la existencia de un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, no se transgrede el principio de presunción de inocencia. En ese sentido, los argumentos expuestos por la parte quejosa resultan infundados, pues tal y como se ha sido evidenciado a lo largo del presente fallo, el suscrito considera apegado a derecho el auto de vinculación a proceso, al cumplir con los requisitos de forma y fondo contenidos en los articulo 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 de la Constitución Política de los Estado de Unidos Mexicanos, ya que el juez responsable analizó cada uno de los datos de prueba aportados, de donde, como se dijo, acertadamente se desprenden los hechos que la ley señala como delito de abuso sexual en persona incapaz con modalidad agravante por ser cometido por sujeto activo cualificado, en perjuicio de la menor A.M.C.L., previsto y sancionado por los artículos 227 y 230, fracción I, del Código Penal del Estado de Coahuila vigente en la época de los hechos. Así las cosas, al haber resultado infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que se advierta motivo alguno que suplir, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal a Luis Alberto Castillo Villalobos. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Alberto Castillo Villalobos, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de San Pedro, Coahuila, por las consideraciones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos del que se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado, en virtud de que el actuario judicial adscrito a este juzgado de distrito procedió a notificar por medio de lista de acuerdos a la tercera interesada ********************, madre de la menor victima ********************, con efectos de emplazamiento, los autos de treinta y uno de enero y tres de mayo de dos mil veintidós, por lo que, aún está transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado agregado en proveído de veintinueve de abril del año en curso y constancias con las que se dieron vista. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy y se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del veintitrés de junio de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese.

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