Luis Alberto Cardoza Acosta

Expediente 873/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
873/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
18/06/2021

Partes del expediente

  • Luis Alberto Cardoza Acosta
  • Junta Local de Conciliacion y Arbitraje del Estado de Sinaloa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    HA CAUSADO EJECUTORIA, la sentencia dictada en autos, para todos los efectos legales a que haya lugar, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido.

  2. Principal

    En virtud de no haberse presentado quien legalmente represente al tercero interesado a notificarse personalmente del auto admisorio de veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo citatorio que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 fracción I, inciso b) y 29, de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que se fijó en los estrados del Juzgado y se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el acuerdo de referencia, que en lo conducente dice: Agréguese a los autos el oficio remitido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al proveído de diez de mayo del año que transcurre, remite copia certificada de diversas constancias relativas al procedimiento laboral de origen. Ahora bien, es menester precisar que los actos reclamados en la presente contienda constitucional se hicieron consistir, en esencia en:  La omisión de proveer sobre la continuación del procedimiento y reprogramar el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral OPDL 12-289/2013 y acumulados OPDL 12-289/2013, OPDL 5-129/2015, OPDL 3-34/2016, OPDL 8-337/2017 y OPDL 2-54/2018, así como su notificación; y,  Las omisiones y dilaciones subsecuentes que se generen durante la tramitación del juicio laboral OPDL 12-289/2013 y acumulados OPDL 12-289/2013, OPDL 5-129/2015, OPDL 3-34/2016, OPDL 8-337/2017 y OPDL 2-54/2018. Por cuanto hace al acto reclamado consistente en las omisiones y dilaciones subsecuentes que se generen durante la tramitación del juicio laboral OPDL 12-289/2013 y acumulados OPDL 12-289/2013, OPDL 5-129/2015, OPDL 3-34/2016, OPDL 8-337/2017 y OPDL 2-54/2018, se trata de una cuestión futura no inminente a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Es así, ya que su materialización depende de circunstancias de realización incierta como, por ejemplo, que el tribunal laboral sea omiso en realizar alguna actuación. En principio, cabe destacar que conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior se cita la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, registro digital 209001, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Establecido lo anterior, se tiene que el acto reclamado consiste en las omisiones y/o dilaciones subsecuentes que se generen en la tramitación del juicio laboral de origen, se consideran actos de naturaleza futura y de realización incierta, pues no generan una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, y al no existir una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Apoya a lo anterior la tesis IX.1o.17 L (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro y texto: "OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados". Luego, será hasta que las autoridades emitan algún acto concreto u omitan hacer aquél que deban realizar pese a tener facultades para ello, cuando la quejosa estaría en aptitud de controvertirlo a través de los medios ordinarios que resulten procedentes. En ese contexto, se determina que el acto reclamado al tribunal responsable es inexistente porque a la fecha de presentación de la demanda solo se trata de una cuestión futura e incierta. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proveer sobre la continuación del procedimiento y reprogramar el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral OPDL 12-289/2013 y acumulados OPDL 12-289/2013, OPDL 5-129/2015, OPDL 3-34/2016, OPDL 8-337/2017 y OPDL 2-54/2018, así como su notificación, si bien es cierto, a la fecha de la presentación de la demanda no se había dictado el proveído de referencia; también lo es, que de las documentales aportadas por la Junta Local responsable, se advierte que en ese juicio laboral se proveyó sobre la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y en consecuencia se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que, si durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. Con relación a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En el caso, la causa de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, ya que, como se dijo, han cesación los efectos del acto reclamado. Al respecto, la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Acerca de la cesación de efectos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Los anteriores criterios determinan que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite concluir que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, la parte quejosa reclama que la Junta responsable ha sido omisa de proveer sobre la continuación del procedimiento y reprogramar el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral OPDL 12-289/2013 y acumulados OPDL 12-289/2013, OPDL 5-129/2015, OPDL 3-34/2016, OPDL 8-337/2017 y OPDL 2-54/2018. Por su parte, se tiene que la responsable remitió algunas de las constancias que integran el citado juicio laboral de las que se advierte, que de manera posterior a la fecha de presentación de la demanda (veintitrés de octubre de dos mil veinte), la Junta responsable emitió el proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, a través del cual desahogo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral OPDL 12-289/2013 y acumulados OPDL 12-289/2013, OPDL 5-129/2015, OPDL 3-34/2016, OPDL 8-337/2017 y OPDL 2-54/2018. Lo expuesto revela que los efectos dilatorios de los actos reclamados han cesado, esto es, han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXI de la Ley de Amparo), como se adelantó, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DE LOS ACTO RECLAMADO, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Se cita en la idea jurídica sustancial la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En vista de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efecto legal alguno la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Por último, no para inadvertido a la fecha no ha fenecido el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al actuario adscrito a la junta responsable. Sin embargo, se tiene que de las constancias remitidas por la Junta responsable relativas al citado juicio laboral de las que se advierte, que de manera posterior a la fecha de presentación de la demanda (veintitrés de octubre de dos mil veinte), esto es, en proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno la parte demandada compareció al juicio laboral de origen; sin que ello implique dejarla en estado de indefensión dado el sentido del presente proveído.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio remitido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al proveído de diez de mayo del año que transcurre, remite copia certificada de diversas constancias relativas al procedimiento laboral de origen. Ahora bien, es menester precisar que los actos reclamados en la presente contienda constitucional se hicieron consistir, en esencia en:  La omisión de proveer sobre la continuación del procedimiento y reprogramar el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral OPDL 12-289/2013 y acumulados OPDL 12-289/2013, OPDL 5-129/2015, OPDL 3-34/2016, OPDL 8-337/2017 y OPDL 2-54/2018, así como su notificación; y,  Las omisiones y dilaciones subsecuentes que se generen durante la tramitación del juicio laboral OPDL 12-289/2013 y acumulados OPDL 12-289/2013, OPDL 5-129/2015, OPDL 3-34/2016, OPDL 8-337/2017 y OPDL 2-54/2018. Por cuanto hace al acto reclamado consistente en las omisiones y dilaciones subsecuentes que se generen durante la tramitación del juicio laboral OPDL 12-289/2013 y acumulados OPDL 12-289/2013, OPDL 5-129/2015, OPDL 3-34/2016, OPDL 8-337/2017 y OPDL 2-54/2018, se trata de una cuestión futura no inminente a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Es así, ya que su materialización depende de circunstancias de realización incierta como, por ejemplo, que el tribunal laboral sea omiso en realizar alguna actuación. En principio, cabe destacar que conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior se cita la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, registro digital 209001, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Establecido lo anterior, se tiene que el acto reclamado consiste en las omisiones y/o dilaciones subsecuentes que se generen en la tramitación del juicio laboral de origen, se consideran actos de naturaleza futura y de realización incierta, pues no generan una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, y al no existir una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Apoya a lo anterior la tesis IX.1o.17 L (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro y texto: "OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados". Luego, será hasta que las autoridades emitan algún acto concreto u omitan hacer aquél que deban realizar pese a tener facultades para ello, cuando la quejosa estaría en aptitud de controvertirlo a través de los medios ordinarios que resulten procedentes. En ese contexto, se determina que el acto reclamado al tribunal responsable es inexistente porque a la fecha de presentación de la demanda solo se trata de una cuestión futura e incierta. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proveer sobre la continuación del procedimiento y reprogramar el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral OPDL 12-289/2013 y acumulados OPDL 12-289/2013, OPDL 5-129/2015, OPDL 3-34/2016, OPDL 8-337/2017 y OPDL 2-54/2018, así como su notificación, si bien es cierto, a la fecha de la presentación de la demanda no se había dictado el proveído de referencia; también lo es, que de las documentales aportadas por la Junta Local responsable, se advierte que en ese juicio laboral se proveyó sobre la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y en consecuencia se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que, si durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. Con relación a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En el caso, la causa de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, ya que, como se dijo, han cesación los efectos del acto reclamado. Al respecto, la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Acerca de la cesación de efectos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Los anteriores criterios determinan que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite concluir que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, la parte quejosa reclama que la Junta responsable ha sido omisa de proveer sobre la continuación del procedimiento y reprogramar el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral OPDL 12-289/2013 y acumulados OPDL 12-289/2013, OPDL 5-129/2015, OPDL 3-34/2016, OPDL 8-337/2017 y OPDL 2-54/2018. Por su parte, se tiene que la responsable remitió algunas de las constancias que integran el citado juicio laboral de las que se advierte, que de manera posterior a la fecha de presentación de la demanda (veintitrés de octubre de dos mil veinte), la Junta responsable emitió el proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, a través del cual desahogo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral OPDL 12-289/2013 y acumulados OPDL 12-289/2013, OPDL 5-129/2015, OPDL 3-34/2016, OPDL 8-337/2017 y OPDL 2-54/2018. Lo expuesto revela que los efectos dilatorios de los actos reclamados han cesado, esto es, han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXI de la Ley de Amparo), como se adelantó, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DE LOS ACTO RECLAMADO, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Se cita en la idea jurídica sustancial la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En vista de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efecto legal alguno la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Por último, no para inadvertido a la fecha no ha fenecido el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al actuario adscrito a la junta responsable. Sin embargo, se tiene que de las constancias remitidas por la Junta responsable relativas al citado juicio laboral de las que se advierte, que de manera posterior a la fecha de presentación de la demanda (veintitrés de octubre de dos mil veinte), esto es, en proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno la parte demandada compareció al juicio laboral de origen; sin que ello implique dejarla en estado de indefensión dado el sentido del presente proveído.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que el acto reclamado en el presente juicio de amparo es la omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral de origen, así como su notificación. Sin embargo, el acto reclamado consistente en la notificación a las partes de los acuerdos dictados en el juicio laboral de origen, solo puede ser ejecutado por un Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, autoridad que no es señalada como responsable en el presente juicio de amparo; por tanto, es dable concluir su probable participación en los actos reclamados por la parte quejosa. Atento a lo anterior, DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA para que en el término de QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, manifieste si es su deseo señalar como responsable al Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; con el APERCIBIMIENTO que de no hacer manifestación alguna, no se tendrá con tal carácter; lo anterior, a fin de regularizar el procedimiento, en términos del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia 2a./J.112/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA." Por tanto, para dar oportunidad dar lo anterior, se, difiere la audiencia constitucional programada para esta fecha, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 y, por tal motivo a partir del presente proveído no habrá necesidad de emitir oficio para notificar a las autoridades responsables el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia; máxime que tal determinación no tendría la trascendencia que justifica una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrán consultar en la página web https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini .asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 176/2012, con número de registro digital 2002576, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Finalmente, del estado procesal de autos, se advierte que en dicho auto de doce de enero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional se reservó proveer lo conducente respecto a la prueba ofrecida por Martín Juárez Ibarra, autorizado de la parte quejosa en este juicio, consistente en el cotejo de la documental que acompañó al mismo, con el original que obra en el juicio laboral OPDL 12-289/2013 y sus acumulados de la Junta responsable. En relación a lo cual, ha de decirse que en cuanto a la prueba de mérito, no ha lugar a proveer de conformidad, en virtud de que lo que pretende probar con ésta, se percibe de las constancias que acompañó a su informe de ley la autoridad responsable.

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