Luis Alberto Canul Och

Expediente 99/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
99/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
17/05/2019

Partes del expediente

  • Pedro Pablo Contreras Canul
  • Luis Alberto Canul Och
  • Luis Alberto Canul Och y Otros.
  • Irlanda Araceli Canul Avila y Otros.
  • Luis Antonio Aranda Hau
  • Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, del Poder Judicial del Estado de Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, mediante el cual acusa recibo del oficio número 8186/2019 con el que se devolvieron las copias certificadas del expediente 431/2018 de su índice. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de mayo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, y por cuanto que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, por este Juzgado Federal, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la referida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que el mismo carece de relevancia. Finalmente, se ordena devolver al Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, las copias certificadas relativas al expediente laboral 431/2018, que en su oportunidad remitió como justificación de sus actos, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las doce horas con treinta minutos del veintitrés de abril de dos mil diecinueve, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 99/2019, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. A continuación, la secretaría hace una relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto admisorio de veintiocho de enero del año en curso; constancia de notificación practicada a la autoridad responsable, a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, a la parte tercero interesado e informe justificado rendido por la autoridad responsable. El Secretario en funciones de Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el período de pruebas, la secretaría da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y las remitidas por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con su informe justificado. El Secretario en funciones de Juez acuerda: con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y desahogadas, en atención a su propia y especial naturaleza, las referidas pruebas, para ser consideradas al momento de resolver el presente asunto. Con lo que se concluye la etapa respectiva. Seguidamente, se abre el período de alegatos en el que la secretaría le informa que obra agregado en autos el alegato ministerial 83/2019 suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, el cual fue acordado en auto de veintidós de marzo del presente año. El Secretario en funciones de Juez acuerda: se tiene por formulado el alegato de cuenta de conformidad con el artículo 124 de la Ley de amparo aplicable, para todos los efectos legales pertinentes; con lo cual concluye dicho período. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos para resolver el juicio de amparo 99/2019-VI, que promovió Wendy Fabiola Palma Barahona, quien se ostenta apoderada y representante legal de Luis Alberto Canul Och, Luis Antonio Aranda Hau, Pedro Pablo Contreras Canul, Irlanda Araceli Canul Ávila, Joel Martín Caamal Itza, José Silveiro Cupul Poot, Manuel Jesús López Basto y Francisco Llano Ek contra actos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán; y Resultando: Primero. Presentación de la demanda. El veinticinco de enero de dos mil diecinueve, Luis Alberto Canul Och, Luis Antonio Aranda Hau, Pedro Pablo Contreras Canul, Irlanda Araceli Canul Ávila, Joel Martín Caamal Itza, José Silveiro Cupul Poot, Manuel Jesús López Basto y Francisco Llano Ek, solicitaron el amparo respecto del acto que reclamaron del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán. Segundo. Admisión de demanda. Por auto de veintiocho de enero del año en curso, se admitió la demanda de amparo, se ordenó solicitar a la autoridad responsable su informe justificado, el cual se tuvo por rendido, por lo que se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en la especie se reclaman actos que tienen una ejecución material en la jurisdicción de este juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable el auto de veintidós de enero del año en curso, en el que señaló para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas, alegatos y resolución, siendo señalada ésta hasta el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dentro de los autos del juicio reclamatorio laboral 431/2018, es decir una fecha lejana. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, autoridad responsable en este asunto, aceptó el acto que se le reclama. Cuarto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en el presente caso se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable. En este juicio el acto reclamado al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, se hace consistir en el acuerdo de veintidós de enero del año en curso, en el cual suspende la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas, alegatos y resolución y señala para su continuación el día veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, es decir, una fecha lejana, dentro de los autos del juicio reclamatorio laboral 431/2018, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo aplicable, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .XVI.- Contra actos consumados de modo irreparable;." Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable, y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo), de ahí que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias jurídicas de su ejecución. Así tenemos que cuando se reclame un acto que dada la imposibilidad no sólo física, sino también jurídica no podría restituirse al peticionario en el goce del derecho violado, por virtud de que haya sido superada por alguna cuestión que fue debatida y que dada su naturaleza no podría dejarse sin efectos lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. Sirve de apoyo la tesis aislada: I. 3o. A. 150 K, visible a foja 325, Tomo XIV, Materia Común, Diciembre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación del texto siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo y de todas las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa reclama que la autoridad responsable haya fijado una fecha lejana para la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas, alegatos y resolución, en el juicio de origen 431/2018, esto es, para el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, lo cual acordó el veintidós de enero del mismo año. Por tanto, si en el caso la parte peticionaria de amparo reclamó el referido acto, es inobjetable que se actualiza la causal de improcedencia de que se trata, ante la imposibilidad jurídica de restituirlo en el goce del derecho violado, toda vez que de las constancia remitidas por la autoridad responsable, a las que este Órgano de Control Constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que si bien es cierto que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado, señalo las doce horas con treinta minutos del veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, para que tuviese verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio de origen, también es cierto que a la presente fecha ya transcurrió la data fijada. Partiendo de las anteriores premisas, se llega a la conclusión que al haber transcurrido la fecha señalada para la citada audiencia, el acto reclamado ha sido consumado de forma irreparable, pues aun y cuando se concediera el amparo a la parte quejosa, no se podría reparar ni física, ni materialmente, debido a que la fecha ya transcurrió y con esto no sería dable restituirlo en el derecho que aduce le fue transgredido. En las relatadas condiciones, como ya se dijo, por lo que hace al acto que se analiza, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XVI, y lo procedente es sobreseer en el juicio por lo que a dicho acto se refiere, de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 78 de la Ley de Amparo, Se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo que promovió Luis Alberto Canul Och, Luis Antonio Aranda Hau, Pedro Pablo Contreras Canul, Irlanda Araceli Canul Ávila, Joel Martín Caamal Itza, José Silveiro Cupul Poot, Manuel Jesús López Basto y Francisco Llano Ek, contra actos de la autoridad señalada como responsable, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, toda vez que aún no obra en autos la constancia de que haya sido emplazado al presente juicio el Ayuntamiento de Panaba, Yucatán, tercero interesado en este asunto, ni obra en autos el acuse de recibo con el cual se le comunicó el oficio 1728/2019; por tanto, para dar tiempo a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las doce horas con treinta minutos del veintitrés de abril de dos mil diecinueve. En consecuencia de lo anterior, requiérase a dicha autoridad con carácter de tercera interesada en este asunto, vía telegráfica, para que dentro del término de tres días informe a este juzgado por la misma vía la fecha en que recibió el oficio 1728, mediante el cual se le emplazó al presente juicio de amparo en términos de lo ordenado en auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la presente fecha Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

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