Luis Alberto Cahua López

Expediente 1107/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1107/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
21/01/2022

Partes del expediente

  • Luis Alberto Cahua López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiuno de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, . . . , se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, . . . este expediente es susceptible de destrucción conforme al artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al diverso artículo 15; . . . Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 1107/2021; y R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido al día siguiente hábil por razón de turno a este Juzgado Octavo, Luis Alberto Cahua López, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad (en su denominación correcta) y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Agente del Ministerio Público de la Agencia Especializada en Despojo del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: "Es el acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno dictado por la Agente del Ministerio Público de Despojo en la carpeta de investigación 12030280100123270921, que ordenó el aseguramiento del bien inmueble del que el suscrito es el legítimo posesionario, así como la ejecución del mismo, el acto reclamado." SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Previo desahogo de la prevención de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se registró la demanda de amparo con el número 1107/2021, por acuerdo de treinta de noviembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe con justificación; dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama un acto suscitado dentro de una carpeta judicial que se tramita ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional y que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con el fin de colmar lo que dispone la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se precisa que la quejosa Luis Alberto Cahua López, reclama de la Agente del Ministerio Público de la Agencia Especializada en Despojo del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, el acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta de investigación 12030280100123270921, en el que ordenó el aseguramiento del bien inmueble que refiere tiene en posesión, así como la ejecución del mismo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Agente del Ministerio Público de la Agencia Especializada en Despojo del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, no rindió su informe justificado, pese a estar debidamente notificada para ello como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos; sin embargo, se tiene por cierto el acto reclamado, en razón de que así lo manifestó al rendir su informe previo en el incidente de suspensión derivado del presente juicio, mismo que se invocó como hecho notorio en términos del numeral 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. Ahora bien, una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este juzgador advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no acredita el interés jurídico para promover el presente juicio de garantías, en relación con el bien inmueble en el que se materializó la orden de aseguramiento reclamada a pesar de que afirma ser posesionario del mismo. En efecto, los artículos 61, fracción XII y 5, fracción I, ambos de la ley de la materia, en su orden, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De la literalidad de tales preceptos, se tiene que uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, es el interés jurídico, porque si las leyes o los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del quejoso, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional. Así, el interés jurídico aludido, reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto autoritario que estime violatorio de garantías en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular. Luego entonces, para que proceda el juicio de garantías es necesario que la afectación del interés jurídico se concrete de manera cierta, directa y actual, pues se presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que se transgrede por una ley o acto de autoridad, de modo que, una persona tiene interés jurídico para acudir al juicio constitucional cuando el acto que reclame le causa un agravio personal y directo, que se entiende como todo menoscabo u ofensa a la persona, ya sea física o moral, el cual puede o no ser patrimonial, pero siempre apreciable objetivamente, es decir, real y no de carácter subjetivo o incierto. Orienta este punto de vista, el criterio sustentado por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia publicada en la página 117, tomo VIII, Diciembre de 1991 del Semanario Judicial de la Federación, cuya literalidad es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." De igual modo, es importante destacar que el interés jurídico de un quejoso es aquel con el que acredita la titularidad de los derechos que se ven afectados con motivo del acto reclamado; de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona diversa. Tiene aplicación a este caso, la jurisprudencia que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 364, tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Por consiguiente, cuando un acto autoritario no afecte los intereses jurídicos del quejoso, el amparo que contra éste se promueva será improcedente, según lo previene la fracción XII del numeral 61 de la ley de la materia; y en ese sentido, debe recordarse que sólo la posesión fundada en un título que se sustente en alguna de las figuras jurídicas que regula el derecho común es susceptible de protección en el amparo. Orienta la anterior determinación por las razones que contiene, la jurisprudencia integrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Así, para acreditar la afectación al interés jurídico se deben colmar ciertos requisitos, siendo éstos los siguientes: a) una persona determinada, b) un derecho legítimo de ésta, c) un acto de autoridad, y d) la afectación del citado derecho a través del acto autoritario. En el presente caso, si bien es cierto se actualiza el primero de los requisitos, referente a la persona determinada, teniendo tal carácter Luis Alberto Cahua López, por su propio derecho, así como la existencia del acto autoritario reclamado que recae en la afectación al inmueble que aduce tiene en posesión desde hace más de cuarenta años, con motivo de la orden de aseguramiento del mismo; lo que no se acredita es la existencia de un derecho legítimamente tutelado que haya sido lesionado por tal acto. La frase "derecho legítimamente tutelado", significa la existencia de una prerrogativa protegida por el ordenamiento legal objetivo; sin embargo, la existencia de tal facultad, en casos concretos como el que se analiza, no se deduce de la sola manifestación que en ese sentido haga quien se dice titular de él, sino que requiere de elementos objetivos aptos para acreditar tal extremo, los cuales deberán ser reconocidos por el propio sistema jurídico. A fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en cita, es necesario tener presente que la quejosa basa la promoción de la presente instancia constitucional en el hecho de ostentarse poseedor del bien inmueble marcado como lote número 53, ubicado en carretera nacional Acapulco-Puerto Márquez, del poblado de Granjas del Márquez, en esta ciudad, el cual fue asegurado; sin embargo, para acreditar su interés jurídico la parte quejosa no ofreció prueba alguna de la que se advierta con certeza la existencia del derecho que en esta vía defiende. Luego, si la parte quejosa no ofreció prueba alguna con la cual acreditar su interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, por lo que con fundamento en la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a la anterior determinación, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J.1/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 15, tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." También tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 853, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, tomo VI, parte Tribunales Colegiados de Circuito, página 581, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, los criterios invocados en el presente asunto no obstante que fueron integrados conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 1107/2021, contra el acto y autoridad responsable precisados en el resultando primero de esta resolución y por las razones señaladas en el último de sus considerandos. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Incidental

    Acapulco, Guerrero; diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Administrador de Correos de México, con residencia en esta ciudad, mediante el cual desahoga el requerimiento de veintitrés de noviembre de este año y señala que en el oficio anterior, omitió señalar que no se otorgó número de guía a la pieza postal 26392-bis, relativa al oficio 19211/2021, dirigido al Secretario Técnica Normativa del Instituto Nacional Electoral, con sede en la Ciudad de México, porque la misma ya es un registro que se otorga a toda la correspondencia oficial y solicita se le informé si continua con el trámite correspondiente. En tales condiciones, infórmesele que deberá continuar con el trámite correspondiente, haciéndole de su conocimiento que en caso de ser omiso se le hará efectivo el apercibimiento con el que se le conminó por auto de veintitrés del mes pasado. Ahora bien, por cuanto hace a los escritos signados por David Troncoso González, respecto del registrado con el número de folio 14298, requiérase a la Secretaría Técnica Normativa del Instituto Nacional Electoral, con sede en la Ciudad de México y a la Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, para que dentro del término de tres días siguientes a que le surta efectos la notificación del presente proveído, informen el día y hora que le permitirá a los expertos David Troncoso González, perito designado por el quejoso José Noé Mario Moreno Carbajal y la perito oficial Sandra Trujillo Ortiz, el acceso al expediente electoral y al juicio de amparo 29/2020, respectivamente, a fin de que se impongan de su contenido y estén en aptitud de emitir su dictamen pericial en el presente juicio de amparo. En el entendido, el primero de los antes mencionados que de no hacerlo así en el plazo indicado, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país, acorde a lo establecido por los numerales 237, fracción I y 238 de la Ley de Amparo. Ahora por cuanto hace a su segundo escrito, deberá estarse a lo acordado en auto de veintitrés de noviembre de este año, así como al escrito de ampliación de demanda con folio 27, en que ofreció la prueba pericial en grafoscopía, en cuya parte final del apartado IX el quejoso hace referencia al juicio 299/2019-II del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares. Finalmente, agréguese el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que dio cumplimiento a lo solicitado el veintitrés de noviembre de este año. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; quince de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el uno y catorce de diciembre de este año, se tuvieron por hechas las notificaciones realizadas por lista a la parte tercera interesada Basilisk Inmobiliaria Siete Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y del recurso de revisión interpuesto en contra de la misma; lo anterior, luego de haber dejado el citatorio correspondiente en el domicilio ubicado en el Despacho 38-B, de la Avenida Gran Vía Tropical, número 26, Fraccionamiento Las Playas, en esta ciudad; sin embargo, del análisis realizado al presente juicio de amparo, se advierte que el veintiocho de septiembre de este año, dicha parte procesal señaló uno diverso ubicado en Calle Parque Norte, Número 17 Bis, Despacho 102, Fraccionamiento Costa Azul, en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se regulariza el presente juicio de amparo y se dejan sin efectos las notificaciones antes señaladas y conforme a lo aquí establecido se comisiona a la Actuaria Judicial adscrita, para que proceda a realizar la notificación de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y del auto que recibió el recurso de revisión interpuesto en contra de la misma, a la tercera interesada Basilisk Inmobiliaria Siete Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en el domicilio ubicado en Calle Parque Norte, Número 17 Bis, Despacho 102, Fraccionamiento Costa Azul, en esta ciudad. Notifíquese; y personalmente a la referida tercera interesada el presente proveído, así como la sentencia y el auto de ocho de diciembre del año en curso con copia del escrito de agravios en el domicilio correcto.

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