Luis Alberto Blanco Flores y Otros.
Expediente 913/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 913/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Luis Alberto Blanco Flores y Otros.
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio 39338/2018, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, por medio del cual, informa que aceptó la competencia declinada por este juzgado de distirto para conocer de la demanda de amparo promovida por Luis Alberto Blanco Flores; en tal virtud, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. De lo antes expuesto, se concluye que no existe diligencia pendiente por proveer en el presente cuaderno de antecedentes, por lo cual, se ordena el archivo de las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Vista la demanda de promovida por Luis Alberto Blanco Flores, contra actos del Juez de Control de Ciudad Victoria, Tamaulipas y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 913/2018-IV, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Bien, en principio debe tenerse en consideración que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso, por lo cual procede establecer si este órgano jurisdiccional, tiene competencia o no, para conocer del presente asunto. Lo anterior, en virtud que, la competencia de toda autoridad jurisdiccional es de suma importancia, de previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 Constitucional, que en el juicio de amparo se concreta con la disposición contenida en el numeral 48 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Carta Magna, al establecer como obligación de todo Juez de Distrito, la contenida en su primer párrafo, que es del tenor siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.". Como se desprende de la transcripción anterior, cuando un Juez de Distrito se estime incompetente para conocer de determinada controversia, deberá comunicar su resolución a aquél en cuyo favor considere se surte la competencia, por lo que el Juez requerido deberá decidir de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Ahora, del estudio integral de la demanda que se atiende se estima que este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal para conocer de la misma. Al respecto deben tomarse en cuenta las reglas competenciales establecidas en el numeral 37 de la Ley de Amparo, que literalmente expresa: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Del contenido del citado precepto se obtienen tres reglas básicas que, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo del precitado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda provisión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces será competente para conocer de la demanda de amparo el juez, donde se haya presentado la misma. c) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la tercera regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiese presentado la demanda. En ese contexto, la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de vinculación a proceso pronunciado por el Juez de Control de Ciudad Victoria, Tamaulipas, dentro de la carpeta procesal 37/2017, así como la aplicación del artículo 22 del Código Penal del Estado de Tamaulipas. Luego, la regla que se aplica para fijar la competencia en el presente asunto es la señalada en el inciso a), pues dichos actos y sus consecuencias tienen una ejecución material. Lo anterior, dado que el acto reclamado, tiene como efecto dejar al imputado a disposición del Juez de Control; además, debe decirse que la ejecución material del acto reclamado ocurre en el lugar donde se instruye la causa penal. En este sentido, los efectos de una resolución de término constitucional o de vinculación a proceso, necesariamente se trasladan de manera directa a la causa y ahí es donde tienen su principal impacto y repercusión. Aunado a ello, el aquí quejoso se encuentra recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, lugar donde se instruye la carpeta procesal, es decir, el auto de vinculación a proceso que se reclama y sus efectos ocurren en el mismo ámbito territorial. En tal virtud, el Juez de Distrito competente para conocer de los actos en mención, es el que radica en la jurisdicción del Juez de la causa, pues, es ante su potestad que el procesado se encuentra sometido. Por tanto, la competencia para conocer de la demanda de amparo, se surte a favor del Juez de Distrito en turno en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, por ser quien ejerce jurisdicción en el lugar en donde se encuentra el Juez de Control, que la parte promovente señaló como responsable y quien conoce de la carpeta procesal 37/2017, que se instruye en su contra, mismo que dictó el auto de vinculación a proceso que en esta instancia se reclama. Tiene aplicación a lo anterior, por analogía la Jurisprudencia 118/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2183, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Tomo 3, Diciembre de 2011, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad.". Se hace la precisión que si bien el citado criterio fue integrado conforme a la Ley de Amparo abrogada, el cual de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, continua en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone al texto vigente, pues la hipótesis que en aquél se alude la prevé también el diverso numeral 37, de la legislación vigente; ya que en ambos se establece la regla que enuncia que es autoridad competente para conocer el juicio de amparo, el juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En cuanto al diverso acto reclamado consistente en el artículo 22 del Código Penal del Estado de Tamaulipas, al aplicarle como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, dado a los delitos que se le imputan en la carpeta procesal 37/2017, es evidente que tal acto requiere de ejecución material; por lo tanto, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo, lo que aquél en el que deba tener ejecución, en términos del artículo 37, párrafo primero de la ley de la materia. En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se ordena remitir la demanda con sus copias por mensajería acelerada a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a fin de que esta a su vez la turne al Juzgado de Distrito que por razón de turno corresponda y esté en aptitud de pronunciarse respecto de la competencia planteada. Asimismo, de la manera más atenta se solicita al Juzgado de Distrito, se sirva acusar el recibo correspondiente e informar dentro del término legal para ello si acepta o no la determinación adoptada. Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Epifanio Gómez Salvador, Agustín Jaime Echeverría Camacho y Joel Omar Reyna Álvarez, quienes cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal
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