Luis Alberto Beas Martínez

Expediente 311/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
311/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
11/11/2020

Partes del expediente

  • Luis Alberto Beas Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, transcurrió sin que se haya hecho valer el medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: 1. El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en el inciso b), del artículo 21, en razón de que el treinta de septiembre de dos mil veinte, se sobreseyó fuera de audiencia, y con esta fecha se ha dado como concluido el presente asunto, acorde con el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo invocado. Se señala como fecha susceptible para tal efecto el trece de noviembre de dos mil veintitrés, toda vez que, cumplido el plazo de conservación, debe ser destruido después de tres años de haberse dictado el presente auto. Una vez cumplido el término antes indicado, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente expediente e inclúyase en el acta de baja documental correspondiente que deberá ser enviada a la Dirección General de Archivo y Documentación. 2. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es depurable, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido ordenamiento legal, toda vez que se concedió la suspensión provisional, virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución. 3. El duplicado del incidente de suspensión de referencia es destruible en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado ordenamiento, señalándose como fecha susceptible para tal efecto, el día doce de mayo de dos mil veintiuno. Mientras tanto, guárdense por separado los cuadernos incidentales. Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes, 311/2020-IV.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que las autoridades responsables Jueces Segundo, Sexto Penal, Fiscal General, Comisario General de la Policía de Investigación del Estado y el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, al rendir su informe justificado negaron los actos reclamados por el aquí quejoso ******************** ******************** (orden de aprehensión, detención, citación, presentación y retención). Al respecto se provee lo siguiente: a) El uno de junio del presente año, ******************** ******************** presentó demanda de amparo contra el Juez Segundo Penal, Sexto Penal del Estado, Fiscal General del Estado, Comisario General de la Policía de Investigación del Estado y el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, a quienes les reclamó la orden de aprehensión, detención, citación, presentación y retención decretada en su contra y su ejecución. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 311/2020-IV; en auto de uno de junio de dos mil veinte, se admitió a trámite, se ordenó dar la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) Las autoridades responsables en sus informes justificados negaron la existencia y ejecución de la orden de aprehensión detención, citación, presentación y retención que se reclama por el quejoso. Lo anterior está acreditado con las pruebas agregadas al sumario, valoradas en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; informes justificados que fueron puestos a la vista de las partes en proveídos de cuatro y cinco de junio, dieciocho de septiembre de este año, notificados a la parte quejosa. La procedencia del juicio es un presupuesto procesal que debe estudiarse de oficio por el órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por ende, cuando del análisis del juicio bi-instancial se advierta que se actualiza una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable, esto es, que apareciere o sobreviniere una situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, procederá decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Esos conceptos son entendidos bajo las siguientes razones: Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se continuara con la substanciación del procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto se invoca la jurisprudencia 10/2003, localizada en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Para corroborar lo anterior, como se precisó en antecedentes, la parte quejosa reclama la orden de aprehensión, detención, citación, presentación y retención y su ejecución; acto que atribuyó a las responsables Juez Segundo Penal, Sexto Penal del Estado, Fiscal General del Estado, Comisario General de la Policía de Investigación del Estado y el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes. Al rendir su respectivo informe justificado, las citadas autoridades rechazaron la existencia de los actos reclamados, de lo cual se dio vista a las partes para que manifestaran lo que convinieran, sin que el quejoso desvirtuara con medios de convicción esa negativa. Luego, en la especie se surte la causa de sobreseimiento, prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo que señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Del precepto trascrito se advierte que procede el sobreseimiento del juicio de amparo cuando de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado o cuando no se pruebe su existencia en la audiencia constitucional. De esa forma, conforme a dicho precepto, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional. En ese contexto, si de los informes justificados previamente reseñados se aprecia que no existe una orden de orden de aprehensión, detención, citación, presentación y retención librada contra el quejoso, ni podrá probarse su existencia con algún elemento de prueba que fuera idóneo y relevante para ese efecto aunque se celebrara la audiencia constitucional, ya que está comprobado que no se emitió ninguna orden librada en su contra. Aunado a que si las autoridades ordenadores negaron los actos reclamados, menos puede existir respecto de las autoridades ejecutoras, ya que al no existir mandato de captura alguno por parte de los jueces responsables menos puede existir acto de ejecución al respecto. Lo anterior es así, porque cuando se reclaman actos de carácter positivo, como los aquí destacados, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, de manera que si las únicas autoridades facultadas para emitir esa clase de actos, conforme al artículo 16 de la Constitución, son los jueces señalados como responsables, y éstos niegan que a la fecha en que rindieron sus informes respectivos no han emitido algún mandamiento de captura o de detención en contra del quejoso que se encontrare pendiente de cumplimentar, consecuentemente no podrá demostrarse que sí lo hayan hecho, pues son éstas quienes los emiten y cuentan con los registros oficiales al respecto de esa clase de órdenes; y, de ser el caso, alguna de dichos mandamientos se librara con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda, a la misma conclusión de inexistencia de los actos se arribaría en este juicio, lo que igualmente conduciría al sobreseimiento en el juicio de amparo, pues en todo caso esa ulterior orden de captura podría ser combatida con igual demanda constitucional. Por las razones anteriores, es que no se contraría la jurisprudencia 1a./J. 49/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I, página 386, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO." Lo anterior, como se dijo, porque precisamente la regla general es que no procede sobreseer fuera de audiencia constitucional por inexistencia de los actos reclamados; sin embargo, del propio contenido de la tesis en comento y de la ejecutoria que le dio origen, lo anterior se ve derrotado, excepcionalmente, cuando es notorio y manifiesto que esa inexistencia no podrá desvirtuarse, conforme a las constancias de autos del caso que se trate, con medio de prueba alguno; de tal manera que ante este escenario el juzgador puede efectuar un juicio de razonabilidad de los elementos de juicio existentes y de los que de manera conducente y relevante podrían aportarse en la audiencia constitucional, en función del estado procesal que guarde el juicio de amparo, para concluir indefectiblemente que la conclusión alcanzada sería la misma que se obtendría en la audiencia constitucional. En el entendido que la negativa de la existencia de los actos reclamados, queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables a quienes la parte quejosa imputó la violación constitucional. En razón de lo acordado en el presente proveído, se deja insubsistente la audiencia constitucional, programada para celebrarse a las once horas con cuarenta minutos del seis de octubre del año que transcurre. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por oficio a las autoridades responsables. 311/2020-IV.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de treinta de septiembre del año en curso .. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que las autoridades responsables Jueces Segundo, Sexto Penal, Fiscal General, Comisario General de la Policía de Investigación del Estado y el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, al rendir su informe justificado negaron los actos reclamados por el aquí quejoso ******************** ******************** (orden de aprehensión, detención, citación, presentación y retención). Al respecto se provee lo siguiente: a) El uno de junio del presente año, ******************** ******************** presentó demanda de amparo contra el Juez Segundo Penal, Sexto Penal del Estado, Fiscal General del Estado, Comisario General de la Policía de Investigación del Estado y el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, a quienes les reclamó la orden de aprehensión, detención, citación, presentación y retención decretada en su contra y su ejecución. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 311/2020-IV; en auto de uno de junio de dos mil veinte, se admitió a trámite, se ordenó dar la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) Las autoridades responsables en sus informes justificados negaron la existencia y ejecución de la orden de aprehensión detención, citación, presentación y retención que se reclama por el quejoso. Lo anterior está acreditado con las pruebas agregadas al sumario, valoradas en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; informes justificados que fueron puestos a la vista de las partes en proveídos de cuatro y cinco de junio, dieciocho de septiembre de este año, notificados a la parte quejosa. La procedencia del juicio es un presupuesto procesal que debe estudiarse de oficio por el órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por ende, cuando del análisis del juicio bi-instancial se advierta que se actualiza una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable, esto es, que apareciere o sobreviniere una situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, procederá decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Esos conceptos son entendidos bajo las siguientes razones: Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se continuara con la substanciación del procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto se invoca la jurisprudencia 10/2003, localizada en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Para corroborar lo anterior, como se precisó en antecedentes, la parte quejosa reclama la orden de aprehensión, detención, citación, presentación y retención y su ejecución; acto que atribuyó a las responsables Juez Segundo Penal, Sexto Penal del Estado, Fiscal General del Estado, Comisario General de la Policía de Investigación del Estado y el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes. Al rendir su respectivo informe justificado, las citadas autoridades rechazaron la existencia de los actos reclamados, de lo cual se dio vista a las partes para que manifestaran lo que convinieran, sin que el quejoso desvirtuara con medios de convicción esa negativa. Luego, en la especie se surte la causa de sobreseimiento, prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo que señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Del precepto trascrito se advierte que procede el sobreseimiento del juicio de amparo cuando de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado o cuando no se pruebe su existencia en la audiencia constitucional. De esa forma, conforme a dicho precepto, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional. En ese contexto, si de los informes justificados previamente reseñados se aprecia que no existe una orden de orden de aprehensión, detención, citación, presentación y retención librada contra el quejoso, ni podrá probarse su existencia con algún elemento de prueba que fuera idóneo y relevante para ese efecto aunque se celebrara la audiencia constitucional, ya que está comprobado que no se emitió ninguna orden librada en su contra. Aunado a que si las autoridades ordenadores negaron los actos reclamados, menos puede existir respecto de las autoridades ejecutoras, ya que al no existir mandato de captura alguno por parte de los jueces responsables menos puede existir acto de ejecución al respecto. Lo anterior es así, porque cuando se reclaman actos de carácter positivo, como los aquí destacados, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, de manera que si las únicas autoridades facultadas para emitir esa clase de actos, conforme al artículo 16 de la Constitución, son los jueces señalados como responsables, y éstos niegan que a la fecha en que rindieron sus informes respectivos no han emitido algún mandamiento de captura o de detención en contra del quejoso que se encontrare pendiente de cumplimentar, consecuentemente no podrá demostrarse que sí lo hayan hecho, pues son éstas quienes los emiten y cuentan con los registros oficiales al respecto de esa clase de órdenes; y, de ser el caso, alguna de dichos mandamientos se librara con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda, a la misma conclusión de inexistencia de los actos se arribaría en este juicio, lo que igualmente conduciría al sobreseimiento en el juicio de amparo, pues en todo caso esa ulterior orden de captura podría ser combatida con igual demanda constitucional. Por las razones anteriores, es que no se contraría la jurisprudencia 1a./J. 49/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I, página 386, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO." Lo anterior, como se dijo, porque precisamente la regla general es que no procede sobreseer fuera de audiencia constitucional por inexistencia de los actos reclamados; sin embargo, del propio contenido de la tesis en comento y de la ejecutoria que le dio origen, lo anterior se ve derrotado, excepcionalmente, cuando es notorio y manifiesto que esa inexistencia no podrá desvirtuarse, conforme a las constancias de autos del caso que se trate, con medio de prueba alguno; de tal manera que ante este escenario el juzgador puede efectuar un juicio de razonabilidad de los elementos de juicio existentes y de los que de manera conducente y relevante podrían aportarse en la audiencia constitucional, en función del estado procesal que guarde el juicio de amparo, para concluir indefectiblemente que la conclusión alcanzada sería la misma que se obtendría en la audiencia constitucional. En el entendido que la negativa de la existencia de los actos reclamados, queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables a quienes la parte quejosa imputó la violación constitucional. En razón de lo acordado en el presente proveído, se deja insubsistente la audiencia constitucional, programada para celebrarse a las once horas con cuarenta minutos del seis de octubre del año que transcurre.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · 13,388 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano