Luis Alberto Armijo Galicia
Expediente 1767/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1767/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/10/2017
Partes del expediente
- Luis Alberto Armijo Galicia
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto que sobresee en el juicio fuera de audiencia, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito signado por Antonio Rodríguez Flores, autorizado de la tercero interesada Obdulia Martínez Valerio en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; visto su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, previa razón de entrega e identificación que obre agregada en autos, en el horario comprendido de nueve a doce horas, de lunes a jueves, por así permitirlo las labores del juzgado.
- Principal
1 ORDEN DE TRAMITAR INCIDENTE Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 533/2017-IV, promovido por José Luis García Rivero, en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada "GAS EL PAISANO", Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos de la Comisión Reguladora de Energía y otras autoridades. 2 PETICIÓN DE INFORME PREVIO Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138, fracciones II y III y 142, ambos de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la notificación de este auto, enviándoles al efecto copia simple de la demanda, apercibidas que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado, y se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Signifíquese a la parte quejosa que si el Administrador de la Oficina de Servicios Directos Poder Judicial Siglo XXI, o en su caso el Actuario Judicial de la Adscripción devuelve los oficios que contienen la trascripción de este proveído por inexistencia de las autoridades destinatarias, se tendrán como inexistentes y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV de la ley de la materia; 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente. 3 AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las nueve horas con cincuenta y un minutos del once de septiembre de dos mil diecisiete, para que se lleve a cabo la audiencia en este incidente. 4 SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO En primer lugar es pertinente mencionar que José Luis García Rivero, en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada "GAS EL PAISANO", Sociedad Anónima de Capital Variable, señala como actos reclamados los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS: 1). De la Comisión Reguladora de Energía, se reclama la RESOLUCIÓN RES/1889/2016, mediante la cual expide las disposiciones administrativas de carácter general que establecen las especificaciones de los requisitos a que se refieren los artículos 50 y 51 de la Ley de Hidrocarburos, el formato de solicitud de permiso y el modelo del título de permiso para realizar la actividad de distribución de gas licuado de petróleo por medio de auto-tanques, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 25 de enero de 2017, misma que se encuentra vigente a partir del día siguiente a aquel en que fue publicado en términos de su TRANSITORIO SEGUNDO que dispone: `SEGUNDO. Las presentes disposiciones administrativas de carácter general entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.´, cuya inconstitucionalidad me permito plantear ante Su señoría, particularmente los apartados siguientes: [.] 2). De la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, su omisión de emitir la Manifestación de Impacto Regulatorio, o en su caso la exención del mismo, conforme lo establecen los artículos 69-J, 69-H y 69-L de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, respecto de la Resolución que fue emitida por la Comisión Reguladora de Energía y que ha quedado plenamente identificada en el punto que antecede. Ello en virtud de que la norma general que se impugna no contiene referencia alguna dentro del cuerpo normativo de que la autoridad responsable, Comisión Reguladora de Energía, hubiera realizado el proceso de mejora regulatoria a que está obligada a llevar a cabo en términos de la citada Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y al no señalarlo expresamente en el cuerpo de dicha norma general, entonces provoca inseguridad jurídica y falta de certeza jurídica para los gobernados a quienes va dirigida, toda vez que al existir esa omisión de señalarlo expresamente en la Resolución RES/1889/2016, quedan en total desconocimiento los particulares, como nuestros asociados, respecto si el proceso de mejora regulatoria se cumplió en sus términos por parte de la hoy responsable, o bien si a la responsable le fue exentado por la autoridad competente de esa obligación. 3). Del C. Director del Diario Oficial de la Federación, se reclama la publicación del RESOLUCIÓN RES/1889/2016, mediante la cual expide las disposiciones administrativas de carácter general que establecen las especificaciones de los requisitos a que se refieren los artículos 50 y 51 de la Ley de Hidrocarburos, el formato de solicitud de permiso y el modelo del título de permiso para realizar la actividad de distribución de gas licuado de petróleo por medio de auto-tanques, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 25 de enero de año 2017, al haber omitido cerciorarse de la existencia de la manifestación de impacto regulatorio o su correspondiente exención. Ello en virtud de que la norma general que se impugna no contiene referencia alguna dentro del cuerpo normativo de que la autoridad responsable, Comisión Reguladora de Energía, hubiera realizado el proceso de mejora regulatoria a que está obligada a llevar a cabo en términos de la citada Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y al no señalarlo expresamente en el cuerpo de dicha norma general, entonces provoca inseguridad jurídica y falta de certeza jurídica para los gobernados a quienes va dirigida, toda vez que al existir esa omisión de señalarlo expresamente en el Resolución RES/1889/2016, quedan en total desconocimiento los particulares, como nuestros asociados, respecto si el proceso de mejora regulatoria se cumplió en sus términos por parte de la hoy responsable, o bien si a la responsable le fue exentado por la autoridad competente de esa obligación". Esto es, reclama esencialmente: a) La resolución RES/1889/2016 emitida por la Comisión Reguladora de Energía, mediante la cual expide las disposiciones administrativas de carácter general que establecen las especificaciones de los requisitos a que se refieren los artículos 50 y 51 de la Ley de Hidrocarburos, el formato de solicitud de permiso, y el modelo del título de permiso para realizar la actividad de distribución de gas licuado de petróleo por medio de auto-tanques, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, vigente a partir del veintiséis siguiente. b) La omisión de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, de emitir la manifestación de impacto regulatorio prevista en los artículos 69-J, 69-H y 69-L de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, respecto de la resolución mencionada en el inciso que antecede. c) La publicación en el Diario Oficial de la Federación de la resolución RES/1889/2016 emitida por la Comisión Reguladora de Energía, sin que el Director del mencionado diario se haya cerciorado de la existencia de la manifestación de impacto regulatorio prevista en los artículos 69-J, 69-H y 69-L de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, solicita la suspensión provisional para el siguiente efecto: ".solicito atentamente a su Señoría se otorgue a favor de mi mandante la SUSPENSIÓN DE LA NORMA GENERAL QUE SE IMPUGNA EN LA PARTE CONDUCENTE." Es decir, solicita la suspensión del acto que reclama para el efecto de que no le sea aplicada la resolución RES/1889/2016 emitida por la Comisión Reguladora de Energía, mediante la cual expide las disposiciones administrativas de carácter general que establecen las especificaciones de los requisitos a que se refieren los artículos 50 y 51 de la Ley de Hidrocarburos, el formato de solicitud de permiso, y el modelo del título de permiso para realizar la actividad de distribución de gas licuado de petróleo por medio de auto-tanques, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, vigente a partir del veintiséis siguiente. Por tanto, se procede a proveer solamente en relación a tales efectos relativos a la medida suspensional solicitada. En ese orden de ideas, por cuanto hace los efectos y consecuencias por los que se solicitó la medida cautelar, consistentes en que no le sea aplicada la resolución RES/1889/2016 emitida por la Comisión Reguladora de Energía, mediante la cual expide las disposiciones administrativas de carácter general que establecen las especificaciones de los requisitos a que se refieren los artículos 50 y 51 de la Ley de Hidrocarburos, el formato de solicitud de permiso, y el modelo del título de permiso para realizar la actividad de distribución de gas licuado de petróleo por medio de auto-tanques, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, vigente a partir del veintiséis siguiente, se considera que en el caso lo procede es negar la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." De la fracción transcrita, se desprende que procederá la suspensión del acto reclamado cuanto lo solicite el quejoso y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; en el particular no se cumple con el segundo de los citados requisitos, en razón de lo siguiente: En primer término, es necesario tener presente qué se entiende por orden público e interés social; así, el primero comprende las normas previstas en los ordenamientos legales que tienen como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por el segundo, es decir, el interés social, debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En ese tenor, se estima que resulta improcedente la concesión de la medida cautelar, ya que ello ocasionaría perjuicio al interés social en mayor proporción al perjuicio que pudiera resentir la parte peticionaria de amparo con su ejecución. Lo anterior, ya que se afectaría de manera trascendental las facultades de la Comisión Reguladora de Energía para otorgar los permisos correspondientes para realizar la actividad de distribución de gas licuado de petróleo por medio de auto-tanques. Dichas facultades, se traducen en que las empresas, permisionarios de comercialización, distribución y expendio al público de diversos petrolíferos, entre ellos de gas licuado de petróleo por medio de auto-tanques, tienen las obligaciones de contar con el permiso correspondiente, mismo que se otorgará una vez que demuestren tener un diseño de instalaciones o equipos acordes con la normativa aplicable y las mejores prácticas, y las condiciones apropiadas para garantizar la adecuada continuidad de la actividad objeto del permiso. De ahí que se insiste, no pueda prevalecer el interés particular sobre el de la colectividad, ya que de concederse la suspensión solicitada se afectaría las medidas administrativas en materia energética a fin de otorgar una adecuada protección a los consumidores, quienes están interesados en el cumplimiento de esas facultades. La aludida resolución tiene como objetivo primordial establecer las especificaciones de los requisitos que deberán cumplir los interesados en realizar la actividad de distribución de gas licuado de petróleo (Gas LP), por medio de auto-tanques. De modo que, tal resolución no surge de la actividad reguladora de dicho organismo, sino que busca promover el sector energético al amparo del Decreto de Reforma Energética de veinte de diciembre de dos mil trece, que tuvo como objetivos, entre otros, modernizar y fortalecer a Petróleos Mexicanos, mantener la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo y atraer mayor inversión al sector energético para impulsar el desarrollo del país. Así, dicha Comisión consideró necesario expedir una nueva metodología de precios máximos de ventas de primera mano de gas natural, que permita: I. Mayor participación de agentes económicos en el mercado de gas natural; II. Que las ventas de primera mano de gas natural reflejen las condiciones de un mercado competitivo y el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad del energético en el mercado internacional y en el lugar en el que se realice la venta; III. Evitar que exista arbitraje de precios entre las diferentes zonas del país, e IV. Incentivar la mayor producción nacional posible de gas. Lo anterior, en el entendido que la citada resolución busca preservar las condiciones de precios ajustados al mercado internacional, referentes a tales insumos y con ello abandonar el esquema de monopolio de Estado, por lo que, de no aplicarse la referida resolución en la que se establecen los precios máximos de venta que reflejan las condiciones de un mercado competitivo, repercutiría en el consumidor final, que es la sociedad, y es a ésta a quien le importa que aquél sea aplicado en los términos establecidos; máxime que de concederse la suspensión se estaría anteponiendo el interés de la parte quejosa en perjuicio a los intereses de la sociedad. Así, toda vez que la resolución RES/1889/2016, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, tiene la finalidad de regular la actividad de distribución de gas licuado de petróleo a través de auto-tanques, tomando en consideración la participación de agentes económicos en el mercado de gas natural, que las ventas de primera mano de gas natural reflejen las condiciones de un mercado competitivo y el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad del energético en el mercado internacional y en el lugar en el que se realice la venta, evitar que exista arbitraje de precios entre las diferentes zonas del país, incentivar la mayor producción nacional posible de gas, así como preservar las condiciones de precios ajustados al mercado internacional, referentes al precio máximo del gas natural objeto de venta de primera mano, y con ello abandonar el esquema de monopolio de Estado, resulta improcedente conceder la medida cautelar solicitada pues se tratan de cuestiones de orden público e interés social que, se insiste, deben prevalecer sobre el interés particular. Lo anterior cobra mayor relevancia con el hecho que el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética establece lo siguiente: "Artículo 27. Las normas generales, actos u omisiones de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que se impongan multas, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos Órganos Reguladores Coordinados emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio, solo podrá impugnarse la que ponga fin a al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales. En las decisiones fundadas y motivadas que sean aprobadas por los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, no podrán alegarse un daño o perjuicio en la esfera económica por aquellos que realicen las actividades reguladas". El precepto prevé que los actos de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, pueden ser impugnados únicamente a través del juicio de amparo indirecto, y éstos no serán objeto de suspensión; pues el legislador previó dicha restricción, con el objeto de evitar que se entorpezca el funcionamiento y crecimiento del sector que es vital para el desarrollo nacional. Sin que sea obstáculo a lo anterior las manifestaciones de la quejosa, en relación a que el artículo mencionado no le es aplicable, pues éste se refiere a resoluciones tendientes a regular de manera general a los particulares, no así a las de carácter individual como acontece en el caso, pues del análisis del artículo citado no se desprende distinción alguna entre los actos que emiten los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, por lo que es aplicable a cualquier caso. Por tanto, procede negar la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa "GAS EL PAISANO", Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderado José Luis García Rivero, respecto de la aplicación de la resolución RES/1889/2016, emitida por la Comisión Reguladora de Energía, mediante la cual se expide disposiciones administrativas de carácter general que establecen especificaciones de los requisitos a que se refieren los artículos 50 y 51 de la Ley de Hidrocarburos. Sin que pase inadvertida la apariencia del buen derecho que invoca la quejosa; pues ésta, debe sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionar al interés social o al orden público con la concesión de tal medida, por lo que, como se expuso, los daños causados a la sociedad resultan mayores a los resentidos por la quejosa. 5 CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Asimismo, tomando en cuenta que la parte quejosa exhibió copia del instrumento notarial 11,879, Tomo 64,Libro VI, Folio 127,173 de la Notaría Pública Número 22 de Zapopan, Jalisco, procédase a realizar el cotejo del mismo. 6 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 7 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 8 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada.
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