Luis Alberto Alonso Cervantes
Expediente 753/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 753/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 19/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Alberto Alonso Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Agréguese la pieza postal devuelta por el Administrador de Correos de México de esta ciudad, de la que se advierte la imposibilidad de entregar el oficio 3209, dirigido al Jefe de Grupo de la Unidad de Mandamientos Judiciales, con residencia en Salamanca, Guanajuato, por los motivos expuestos. Ahora, del contenido de las constancias, se advierte que la autoridad de referencia remitió su informe justificado a través de la dirección electrónica, En consecuencia, reenvíese el oficio en cuestión a la dirección de correo electrónico citado, para que la autoridad responsable quede enterada de su contenido.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de diez días para recurrir el auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Incidental
Vistos los autos y toda vez que se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo del que deriva este incidente, aunado a que en auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno se concedió la suspensión provisional y en interlocutoria de veintiuno de octubre pasado, se declaró sin materia la suspensión definitiva del acto reclamado; por tanto, se provee: a) Con fundamento en el artículo 21, inciso d), el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el término de tres años, contados a partir del presente acuerdo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse; hecho lo anterior, se deberá remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. b) Con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de seis meses, contado a partir de la emisión del presente acuerdo, previa acta correspondiente.
- Principal
isto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintiuno de octubre de este año, se tuvo rendido el informe justificado complementario de la Jueza de Control de la sede de Salamanca del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, al que acompañó un disco versátil digital (DVD) que contiene copia certificada de las actuaciones dentro de la causa penal 1P2721-364, de su índice, instruida contra el quejoso Luis Alberto Alonso Cervantes. De una revisión a las constancias que integran el proceso, este juzgado estima que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la facción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo; la cual establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." En efecto, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en primer lugar el órgano jurisdiccional debe analizar la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo después de determinar que los actos de autoridad son ciertos, debe proceder al estudio de las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. En el caso, mediante escrito recibido el ocho de septiembre de dos mil veintiuno por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, Luis Alberto Alonso Cervantes promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos y las autoridades que se precisan a continuación, lo cual se advierte del análisis integral de la demanda: Del (1) Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado de Guanajuato y de la (2) Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de esta ciudad: Órdenes de aprehensión, presentación y detención giradas en su contra. Del Jefe de Célula de Tramitación Común de la Dirección General de Investigaciones de la (3) Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en Salamanca, Guanajuato, y del (4) Jefe de Grupo de la Unidad de Mandamientos Judiciales de Irapuato, Guanajuato: La ejecución de dichas órdenes. Así, seguido el trámite procesal del juicio de amparo, las autoridades responsables precisadas, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, a excepción de la última autoridad indicada que no rindió el informe que le correspondía, pese a encontrase notificada del oficio por el que se le solicitó. Posteriormente, mediante auto de veintiuno de octubre pasado, se recibió el informe justificado complementario de la Jueza de Control de la sede de Salamanca del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, en el que expuso lo siguiente: En su informe justificado de veintidós de septiembre del año en curso, negó los actos reclamados debido a que en esa fecha no existía trámite alguno registrado a nombre del quejoso en que se hubiere emitido en su contra una orden de aprehensión, detención o presentación. No obstante, el veintinueve de septiembre siguiente, se recibió solicitud del Ministerio Público para citar a audiencia de formulación de imputación al solicitante del amparo, dentro de la causa penal de origen 1P2721-364, la cual se desahogó el once octubre del presente año, en donde se determinó le fuera impuesta la medida cautelar de prisión preventiva hasta resolverse su situación jurídica. Esto último aconteció durante la audiencia de quince de octubre de este año, en la cual se dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso por los delitos de violación espuria calificada y corrupción de menores, en agravio de la menor de iniciales J.S.G.H. por lo que se le impuso la medida de prisión preventiva oficiosa. Como apoyo al informe de mérito, la juez responsable remitió copia certificada de las actuaciones digitales que integran el proceso penal, que corroboran lo anterior; constancias que ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. De éstas, es de destacarse que el quejoso compareció de forma voluntaria al proceso penal con motivo de la citación por parte de la autoridad judicial, por lo que de modo alguno intervinieron autoridades de seguridad pública para su presentación. En ese orden, resulta evidente la inexistencia de los actos privativos de libertad reclamados por lo que corresponde al presente juicio constitucional, no sólo porque fueron negados por las responsables que rindieron sus informes justificados, sino además porque las circunstancias que condujeron a la actual privación de la libertad del quejoso acontecieron con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que ocurrió el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, puesto que hasta el veintinueve de ese mes y año se recibió por la autoridad judicial responsable la solicitud de audiencia formulación de imputación que inició la causa penal que se instruye contra el solicitante del amparo. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 36/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado". Énfasis añadido. Sin que de los autos del juicio constitucional en que se actúa se desprendan indicios que apunten a la existencia de los actos reclamados previamente a la presentación de la demanda de amparo, ya que aunado a la negativa por parte de las responsables, al momento de la presente determinación, el quejoso no ofreció prueba alguna para acreditar tales actos y desvirtuar los informes del juzgado responsable. Por tanto, debe sobreseerse la presente instancia constitucional fuera de su audiencia constitucional, ante falta de elementos que acrediten la existencia de los actos reclamados. No pasa desapercibida la jurisprudencia 1a./J. 49/2017 (10a.), emitida por la citada Sala del nuestro máximo tribunal, en la cual se sostiene el criterio obligatorio relativo a que por regla general no procede el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional por la inexistencia de los actos reclamados, que es del siguiente tenor: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos". Sin embargo, de dicho criterio se obtiene que el argumento toral para prohibir al órgano de amparo sobreseer en el juicio antes de la audiencia constitucional consiste en que con ello se restringe al quejoso la posibilidad de desvirtuar las negativas de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, ya que durante la marcha de la secuela procesal y hasta dicha audiencia puede aportar medios de prueba (que sean oportunos) que demuestren la existencia de los actos violatorios de derechos. Siendo que en el caso la regla general enunciada no es aplicable, pues conforme a las actuaciones del proceso penal de origen y del presente juicio se excluye la posibilidad de que la parte quejosa ofrezca alguna prueba capaz de contradecir la inexistencia de los actos reclamados, debido a que tal conclusión deriva del hecho contundente de que los actos de autoridad que afectan la libertad del quejoso sucedieron después de la presentación de la demanda de amparo, y no únicamente de la negativa sustentada por las responsables. De igual forma no pasa inadvertido que el Jefe de Grupo de la Unidad de Mandamientos Judiciales de Irapuato, Guanajuato, no rindió su informe justificado, lo cual establecería la presunción de existencia del acto de ejecución que se le atribuye, conforme a lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; empero, no es dable que se configure esa presunción por la negativa sustentada por las autoridades responsables ordenadoras, y con base en las documentales públicas aportadas que demuestran que la actual reclusión del quejoso no se debe al cumplimiento de un mandato de captura. Por las razones asentadas, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y conforme a lo ahí dispuesto se sobresee fuera de audiencia respecto de los actos reclamados por el quejoso en este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que contien, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386 del tomo XVII, marzo de dos mil tres, correspondiente a la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." [Énfasis añadido]. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba programada para las nueve horas con diez minutos del diez de diciembre de dos mil veintiuno.
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