Luis Alberto Alarcon Urjiel

Expediente 1248/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1248/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
05/12/2022

Partes del expediente

  • Luis Alberto Alarcon Urjiel

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1248/2022-VIII. Puebla, Puebla, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Sobreseimiento fuera de audiencia por desistimiento. Vista la comparecencia del quejoso *****, en la diligencia realizada en esta data ante la presencia judicial, se advierte que ratificó el escrito de desistimiento recibido en este expediente. Entonces, con fundamento en el artículo 63 fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento por desistimiento en el presente juicio. Sirve de apoyo a esa determinación, la tesis jurisprudencial 2ª./J.33/2000, visible en la página 147 del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA". Firmeza procesal Se deja establecido que la presente determinación queda firme en este acuerdo, porque la ratificación del quejoso al escrito de desistimiento, fue expresada ante la presencia judicial y por tal motivo es improcedente una retractación. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial 2ª/J.161/2010, visible en la página 687, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL". Por consiguiente, con fundamento en los artículos 80, 81 de la Ley de Amparo y 356 fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el presente acuerdo queda firme desde este día. Anotaciones internas Luego, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración documental En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que se sobreseyó el juicio por el desistimiento ratificado por el quejoso, y no se otorgó la suspensión de plano. Resguardo del expediente Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Revisión del expediente Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación por lista al quejoso Se deja establecido que es innecesario notificar al quejoso este acuerdo en forma personal, porque el sentido del mismo implica que se sobreseyó en el juicio por desistimiento ratificado por la parte quejosa y quedó firme este proveído, lo cual se hizo del conocimiento del quejoso al momento de la diligencia de desistimiento. De ahí que sólo será notificado de este acuerdo, por lista. Incidente de suspensión Por otra parte, dado que la demanda se desechó en el acuerdo inicial, no se proveyó sobre la apertura del incidente de suspensión, por consiguiente es innecesario realizar mayor pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Se agrega al expediente el escrito signado por el Quejoso *, por el cual manifiesta su voluntad de desistirse del presente juicio de amparo. Al respecto, hágasele saber que el desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad de la parte quejosa de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva a emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios. Sirve de apoyo a lo anterior las jurisprudencias 2a./J.119/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO" y 2a./J.82/2016 (10ª) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS." Cabe precisar que mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso, dado que los actos que reclamó, encontraron las causales de improcedencia manifiestas e indudables; empero, a la fecha, aún no ha causado estado el mismo. En ese contexto, se requiere al citado quejoso, para que en el plazo de tres días, siguientes a su legal notificación, comparezca ante este juzgado y exhiba documento oficial con fotografía vigente que contenga su firma original; por ejemplo, credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros, para su identificación; a manifestar bajo protesta de decir verdad si ratifica su escrito de desistimiento en el presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se continuará con la substanciación de este juicio de protección de derechos fundamentales, hasta su total conclusión. Sin perjuicio de que al momento de la notificación personal de este auto, si ésta se entiende directamente con el quejoso *, pueda manifestar lo anterior, previa exhibición que se haga para tal efecto ante él, por la actuaria de la adscripción, de una impresión del escrito de desistimiento. A fin de que el promovente de mérito tenga oportunidad de conocer el contenido y firma de ese escrito, para que pueda manifestar si es su deseo, o no, ratificar el desistimiento de este juicio de amparo. Se hace notar al quejoso que si existiera algún obstáculo material que impidiera su comparecencia física, deberá informarlo justificadamente a este juzgado para que se evalúe la pertinencia de conceder otro plazo para el referido desistimiento. Por último, se instruye a la actuaria judicial adscrita que corresponda, para que previa copia del presente auto, así como el escrito de desistimiento recibido en este juzgado el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, proceda de la siguiente manera: 1. Notifique personalmente la presente determinación a la parte quejosa en el domicilio señalado por ésta para tal fin. 2. Deberá buscar, para ello, al promovente *, las veces que sean necesarias, a fin de intentar entablar directa y personalmente con él tal diligencia de notificación. 3. En caso de que después de acudir en diversos horarios y días al domicilio señalado para recibir notificaciones por la parte quejosa, no haya sido posible entender la diligencia con el mencionado quejoso, deberá proceder en términos de lo que prevé la ley de la materia y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para concretar la diligencia de notificación y cita. 4. En caso de encontrar a * y luego de notificarle en términos de ley, este proveído, deberá exhibir ante ese promovente la impresión del escrito de desistimiento presentado el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, ante este juzgado. 5. Enseguida, y previa identificación del impetrante, le requerirá para que en el acto de la diligencia manifieste (si es su deseo) ratificar el escrito de desistimiento. 6. Le informará que en caso de que exprese que sí ratifica el aludido escrito de desistimiento, será innecesario que acuda a este órgano jurisdiccional. 7. Deberá emitirse por la actuaria, razón circunstanciada y detallada donde se asiente el cumplimiento de todo lo anterior. Notifíquese; en forma personal al quejoso y cúmplase.

  3. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. Puebla, Puebla, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Se agrega al expediente el escrito signado por el Quejoso *, por el cual manifiesta su voluntad de desistirse del presente juicio de amparo. Al respecto, hágasele saber que el desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad de la parte quejosa de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva a emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios. Sirve de apoyo a lo anterior las jurisprudencias 2a./J.119/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO" y 2a./J.82/2016 (10ª) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS." Cabe precisar que mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso, dado que los actos que reclamó, encontraron las causales de improcedencia manifiestas e indudables; empero, a la fecha, aún no ha causado estado el mismo. En ese contexto, se requiere al citado quejoso, para que en el plazo de tres días, siguientes a su legal notificación, comparezca ante este juzgado y exhiba documento oficial con fotografía vigente que contenga su firma original; por ejemplo, credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros, para su identificación; a manifestar bajo protesta de decir verdad si ratifica su escrito de desistimiento en el presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se continuará con la substanciación de este juicio de protección de derechos fundamentales, hasta su total conclusión. Sin perjuicio de que al momento de la notificación personal de este auto, si ésta se entiende directamente con el quejoso *, pueda manifestar lo anterior, previa exhibición que se haga para tal efecto ante él, por la actuaria de la adscripción, de una impresión del escrito de desistimiento. A fin de que el promovente de mérito tenga oportunidad de conocer el contenido y firma de ese escrito, para que pueda manifestar si es su deseo, o no, ratificar el desistimiento de este juicio de amparo. Se hace notar al quejoso que si existiera algún obstáculo material que impidiera su comparecencia física, deberá informarlo justificadamente a este juzgado para que se evalúe la pertinencia de conceder otro plazo para el referido desistimiento. Por último, se instruye a la actuaria judicial adscrita que corresponda, para que previa copia del presente auto, así como el escrito de desistimiento recibido en este juzgado el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, proceda de la siguiente manera: 1. Notifique personalmente la presente determinación a la parte quejosa en el domicilio señalado por ésta para tal fin. 2. Deberá buscar, para ello, al promovente *, las veces que sean necesarias, a fin de intentar entablar directa y personalmente con él tal diligencia de notificación. 3. En caso de que después de acudir en diversos horarios y días al domicilio señalado para recibir notificaciones por la parte quejosa, no haya sido posible entender la diligencia con el mencionado quejoso, deberá proceder en términos de lo que prevé la ley de la materia y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para concretar la diligencia de notificación y cita. 4. En caso de encontrar a * y luego de notificarle en términos de ley, este proveído, deberá exhibir ante ese promovente la impresión del escrito de desistimiento presentado el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, ante este juzgado. 5. Enseguida, y previa identificación del impetrante, le requerirá para que en el acto de la diligencia manifieste (si es su deseo) ratificar el escrito de desistimiento. 6. Le informará que en caso de que exprese que sí ratifica el aludido escrito de desistimiento, será innecesario que acuda a este órgano jurisdiccional. 7. Deberá emitirse por la actuaria, razón circunstanciada y detallada donde se asiente el cumplimiento de todo lo anterior. Notifíquese; en forma personal al quejoso y cúmplase.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por xxx por propio derecho, contra actos de xxx, Agente del Ministerio Publico en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Familia y otra autoridad. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Ahora, la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por el quejoso comprende: a)La orden de detención girada en su contra; b)La negativa de enviarle oficio para presentarse a rendir declaración sobre los hechos y c)La ejecución a dicha orden. Pronunciamiento respecto de los actos marcados con los incisos a y c. La emisión de la orden de detención la atribuye el quejoso únicamente al Agente del Ministerio Publico en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Familia, mientras que -afirma- el mismo será ejecutado por la Policía Ministerial adscrita a dicha agencia del ministerio público. De modo que el reclamo planteado, está circunscrito en realidad a una orden con fines de investigación emitida para el quejoso, porque el objetivo de la presentación radica en obtener la entrevista de éste en alguna carpeta de investigación. En efecto, las facultades legales de la autoridad ministerial señalada como responsable, permiten afirmar que ésta sólo pretende recabar la declaración del quejoso en una carpeta de investigación y al tratarse de una autoridad ministerial, no puede visualizarse una orden de detención, porque ésta corresponde en forma exclusiva a autoridades judiciales, sin que alguna hubiera sido señalada en la demanda. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que los actos reclamados en la demanda, convergen a la figura de la orden de presentación emitida por una autoridad ministerial, bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una orden de presentación emitida por autoridad ministerial, no implica la restricción de la libertad para el quejoso, aun cuando vaya dirigida a éste, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es conveniente explicar que la actuación de la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Federal, porque la orden de presentación solamente se emite para el imputado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede el imputado manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al imputado, se estima que la autoridad investigadora satisface los derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de presentación no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, porque en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, dado que todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que la orden reclamada por el quejoso, encuentra una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Es más, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada en la carpeta, incluso ante un juez, donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal de los gobernados, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. Lo anterior se obtiene de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo, y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso, en la referida audiencia podrá el imputado ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De modo que la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141, del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer el imputado sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, tampoco es suficiente para estimar que la orden de presentación afecte la libertad personal, dado que esa comparecencia forzosa constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el imputado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, los actos consistentes en la orden de presentación con fines de investigación y su consecuente ejecución, constituyen actos fuera de juicio que no afectan la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Pronunciamiento respecto del acto marcado con el inciso b. Ahora, en cuanto a la negativa de enviarle oficio para presentarse a rendir declaración sobre los hechos, se actualiza la causal de improcedencia que deviene del contenido interrelacionado de los artículos 107, fracción I7, de la Constitución General de la República, a contrario sensu, en relación con los diversos 5, fracción I8, primer párrafo, y 61, fracción XII9 de la Ley de Amparo. Esto es así, pues de la referida intelección de los preceptos transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés jurídico o legítimo), esto es, no afecta algún derecho humano consagrado en la Norma Fundamental o instrumento internacional en el que el Estado Mexicano sea parte. Se afirma lo anterior, partiendo que el acto reclamado por el cual el Agente del Ministerio Publico en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Familia, le ha "negado" enviarle oficio para presentarse a rendir declaración sobre los hechos, no afecta el interés jurídico del peticionario del amparo. Para justificar esta afirmación, es oportuno destacar los supuestos constitucionales en los que se autoriza el acceso a los registros de una investigación inicial, pues acorde a lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: "El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. De los derechos de toda persona imputada:Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;como es de observarse, existe una restricción constitucional de acceso a los registros de la investigación para el indiciado y su defensa, la cual está supeditada a hipótesis específicas, a saber: El imputado se encuentre detenido; Pretenda recibirse su declaración o entrevistarlo; y, Antes de que comparezca por primera vez ante el Juez de Control. El precitado dispositivo constitucional tiene correspondencia con las restricciones de acceso a los registros de investigación contemplados en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la parte que interesa, establece: Reserva de los actos de investigación. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código". De lo anterior se obtiene que el acceso a los registros durante la etapa de investigación inicial establece una restricción para la persona investigada y a su defensa, pues tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, precisan los momentos a partir de los cuales pueden tener acceso a los registros de la carpeta de investigación. Al tratarse de una restricción constitucional, la Jurisprudencia Internacional no otorga una protección más amplia respecto a esa restricción constitucional y aun en caso de existir esta circunstancia, se deberá estar a lo que indica la norma suprema. Ahora, si el aquí quejoso no se encuentra detenido; no ha sido citado dentro de alguna carpeta de investigación, ni se ha requerido su comparecencia por primera vez ante el Juez de Control, como se advierte de la demanda; por ende, es evidente que carece de interés jurídico para reclamar en esta instancia extraordinaria de defensa la negativa de enviarle oficio para presentarse a rendir declaración sobre los hechos. Ello es así, pues es a partir de que se actualice cualquiera de esos supuestos que se adquiere la calidad de imputado, esto es, al ser detenido por la comisión de un hecho delictivo, o bien, el señalamiento que en su contra realice el Ministerio Público, ya sea al ser llamado a declarar ante éste como probable partícipe de un delito o en la audiencia de imputación efectuada ante el Juez de Control; momento en que desaparece la reserva de los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, para que el imputado y su defensor puedan preparar una defensa adecuada a sus intereses, salvo los casos excepcionales que marque la ley secundaria para salvaguardar el éxito de la investigación. Se refuerza lo anterior pues resulta inconcuso que en el caso no es posible adjudicar a una autoridad administrativa señalada en la demanda como ordenadora, la facultad de emitir la orden privativa o restrictiva de la libertad que se combate (así como su cumplimiento a la autoridad señalada como ejecutora); ya que esa potestad se encuentra reservada a una autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16, constitucional, 141 y 168, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales; habida cuenta que en términos del diverso 21 de la constitución federal es al agente del ministerio público a quien le corresponde la persecución e investigación de los delitos, lo que implica que esa autoridad responsable sólo podría actuar en ese marco legal a través de los representantes sociales a su cargo y para ese exclusivo fin. Consecuentemente, aun cuando de la demanda se advierte que existe una carpeta de investigación, si aún no tiene el carácter de imputado de conformidad con el artículo 218 mencionado, en virtud de que no ha sido citado a comparecer ante el Ministerio Público con esa calidad, ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, él o su defensa no pueden tener acceso a los registros de la investigación, pues la investigación contenida en la carpeta respectiva, en sí misma no puede generar un acto de molestia, a que se refiere el artículo 266 de ese código, esto es, en donde la autoridad le informa a una persona sobre los derechos que le asisten y mediante el cual solicita su cooperación, ello antes de que el procedimiento se lleve a cabo. Ello es así, en virtud de que, el hecho de estar siendo investigado dentro de una carpeta de investigación en su fase inicial, es insuficiente para considerar que una persona haya adquirido la calidad de imputado. La anterior afirmación se hace, en atención a que, la denuncia o querella con la que da inicio la fase de investigación inicial tiene un alto margen de error por cuanto hace al señalamiento de una persona autora o partícipe de los hechos que motivan su apertura; ello, debido a la falta de corroboración de información inicial propuesta con la denuncia o querella, la cual está supeditada a la recolección de datos de prueba conforme al avance de la investigación; de ahí que el Agente del Ministerio Público está obligado a realizar estos actos con respeto a los derechos fundamentales de las personas. Por tanto, la representación social sólo puede recabar en esa fase de investigación actos que no comprometan la afectación de un derecho fundamental de las personas, pues cuando requiera lo contrario, deberá solicitar la autorización del Juez de Control, que también interactúa en esta fase procesal para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos, por lo que, el propio código nacional establece diversos actos procesales que exigen un control jurisdiccional y otros que no. Consecuentemente, los actos de investigación direccionados a requerir información de las personas en la fase inicial de investigación no deben considerarse como actos de molestia, entendidos estos como aquellos que restringen un derecho de manera provisional o preventiva, pues en un escenario contrario, cualquier persona involucrada en la información, sin contar con el carácter de indiciado, víctima u ofendido, podría tener acceso a una investigación donde, como se ha establecido, al tratarse de la fase inicial, la operatividad del sistema permite recabar los actos de investigación sin involucrar la afectación de algún derecho de las personas. Por tanto, de conformidad con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu, 5 fracción I, 61, fracciones XII y XXIII, 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por xxx, porque los actos que reclamó en la demanda, encontraron las causales de improcedencia manifiestas e indudables, que han quedado precisadas con antelación.

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