Luis Alberto Aguilar López
Expediente 626/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 626/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/09/2021
Partes del expediente
- Luis Alberto Aguilar López
Actuaciones
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario con quien actúa, declara abierta la audiencia constitucional señalada para esta hora y fecha en el juicio de amparo 88/2020-VIII, sin la comparecencia personal de las partes. A continuación, el Secretario procede a relacionar las constancias que obran en autos siendo éstas: a) escrito inicial de demanda y documentales anexas; b) constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, c) informes justificados rendidos por las autoridades responsables Director, Junta Directiva, Director Pensiones y Jubilaciones, Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones, todas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, así como dicho instituto, Secretaría de Educación del Estado de Baja California y Gobierno del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias. Asimismo, se abre la etapa probatoria, en la que el Secretario hace constar, que la parte quejosa ofreció las documentales que adjuntó a su demanda; asimismo, las autoridades responsables Dirección de Pensiones y Jubilaciones y Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y la Secretaría de Educación Pública del Estado de Baja California, ofrecieron como pruebas de su parte la presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas mencionadas con anterioridad, en virtud de que no requieren de preparación para tal efecto, las que se tomarán en consideración al momento de emitir la resolución correspondiente en este asunto, con lo que se cierra la etapa probatoria. Agotada la fase probatoria, se abre la de alegatos, en el que se hace constar que no fueron formulados por las partes por lo que se declara igualmente cerrado. Concluidas las etapas de referencia se levanta la presente acta para constancia, procediéndose a dictar la sentencia respectiva en los términos siguientes. Visto, para resolver el juicio de amparo indirecto 88/2020-VIII promovido Mónica Romero Castro, por su propio derecho, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali y de otras autoridades. R e s u l t a n d o Primero. Por escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibido el mismo día en este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Mónica Romero Castro, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que a continuación se precisan: Autoridades responsables Junta Directiva, Director General y Dirección de Pensiones y Jubilaciones y Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California así como el propio instituto, Secretaría de Educación del Estado de Baja California, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 37 (SNTE) y Gobierno del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. Actos reclamados "Se reclama de las autoridades responsables, la dilación existente al no cumplir con todos y cada uno de los plazos y términos determinados en la ley que rige el acto, respecto al trámite que deben realizar a fin de resolver con relación al otorgamiento o negativa debidamente fundada y motivada del derecho a la pensión por jubilación que fue peticionado, la omisión para dar respuesta a la solicitud de pensión por jubilación, en favor de la parte quejosa, dejando de cumplir con el derecho de petición establecido en la Carta Magna, ya que exhibí ante la responsable H. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, por medio de la oficina encargada de recepcionar e iniciar el trámite denominada DIRECTOR DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, anexando la documentación requerida por la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, vigente en la fecha de su presentación, y el REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A LOS ASEGURADOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, sin que al día de hoy, medie respuesta completa y congruente con relación a la petición formulada, es decir, no existe pronunciamiento respecto al otorgamiento o negativa de la pensión por jubilación solicitada, motivo por el cual, se pide la protección de la Justicia de la Unión. De la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, como autoridad encargada y facultada en la aplicación de las normas y lineamientos a la emisión del dictamen, se reclama la omisión de emitir el dictamen en el cual determine la concesión o negativa de la pensión por jubilación, debidamente fundado y motivado es decir, una respuesta completa y congruente a lo peticionado, así como al debida ejecución de los acuerdos de la Junta Directiva del Instituto, lo anterior, conforme a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, vigente desde 1970. De la autoridad responsable Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, como autoridad encargada y facultada en la aplicación de las normas y lineamientos a la emisión del dictamen, se reclama la omisión de emitir el dictamen en el cual determine la concesión o negativa de la pensión por jubilación, debidamente fundado y motivado, es decir una respuesta completa y congruente a lo peticionado, lo anterior conforme a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, vigente desde 1970. De la autoridad responsable Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, como autoridad encargada y facultada en la aplicación de las normas y lineamientos vinculados a la emisión de la resolución en la cual decrete el otorgamiento o negativa de la pensión por jubilación, debidamente fundada y motivada, es decir, una respuesta completa y congruente a lo peticionado, lo anterior, conforme a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, vigente desde 1970. De la autoridad responsable Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, como autoridad encargada y facultada en la aplicación de las normas y lineamientos a la emisión del dictamen, se reclama la omisión de emitir el dictamen en el cual determine la concesión o negativa de la pensión por jubilación, debidamente fundado y motivado, es decir una respuesta completa y congruente a lo peticionado, lo anterior conforme a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, vigente desde 1970. De la autoridad responsable Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, como autoridad encargada y facultada en la aplicación de las normas y lineamientos a la emisión del dictamen, se reclama la omisión de emitir el dictamen en el cual determine la concesión o negativa de la pensión por jubilación, debidamente fundado y motivado, es decir una respuesta completa y congruente a lo peticionado, lo anterior conforme a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, vigente desde 1970. De la autoridad responsable Secretaría de Educación del Estado de Baja California, como autoridad encargada de la emisión y promoción en coordinación con el organismo sindical, del comunicado que contenga la propuesta para que la parte quejosa se integre a la nómina de pensionados o jubilados del Issstecali, asimismo, se proponga la fecha a partir de la cual, la parte quejosa, causará baja como trabajador activo, se reclama la omisión de emitir dicho comunicado, lo anterior, para el debido trámite de dar respuesta a la solicitud de jubilación correspondiente, de conformidad con el apartido Políticas de Operación, punto 9, del Procedimiento Específico para la Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, Ley del referido Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. De la autoridad responsable Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 37 (SNTE), como autoridad encargada de la emisión y promoción en coordinación con la parte patronal, del comunicado que contenga la propuesta para que la parte quejosa se integre a la nómina de pensionados o jubilados del Issstecali, asimismo, se proponga la fecha a partir de la cual, la parte quejosa, causará baja como trabajador activo, se reclama la omisión de emitir dicho comunicado, lo anterior, para el debido trámite de dar respuesta a la solicitud de jubilación correspondiente, de conformidad con el apartido Políticas de Operación, punto 9, del Procedimiento Específico para la Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, Ley del referido Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. De la autoridad responsable Gobierno del Estado de Baja California, como autoridad encargada de la emisión y promoción del comunicado que contenga la propuesta para que la parte quejosa se integre a la nómina de pensionados o jubilados del Issstecali, asimismo, se proponga la fecha a partir de la cual, la parte quejosa, causará baja como trabajador activo, se reclama la omisión de emitir dicho comunicado, lo anterior, para el debido trámite de dar respuesta a la solicitud de jubilación correspondiente, de conformidad con el apartido Políticas de Operación, punto 9, del Procedimiento Específico para la Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, Ley del referido Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California.." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 123, 103 fracción I, 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción, lo cual tiene sustento en la jurisprudencia 1340 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, visible en la página mil quinientos dos, tomo II, procesal constitucional 1. Común, primera parte-SCJN décima primera sección-sentencias de amparo y sus efectos, apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Novena Época, registro 1003219, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Tercero. El treinta y uno de enero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda relativa quedando registrada bajo el expediente 88/2020-VIII; se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Con motivo de las circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021 de veinte de diciembre de dos mil veinte y ocho de enero de dos mil veintiuno, respectivamente, se determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, durante el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Mediante circular SECNO/4/2021, de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, se determinó que la actividad jurisdiccional se sujetaría a las reglas establecidas en Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación. En ese tenor, el quince de febrero del año en curso, se determinó reanudar el procedimiento en este juicio. C o n s i d e r a n d o Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII constitucionales, 1º, 33, 35, 37, 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Además, este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos del párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado carece de ejecución material, al tratarse de un acto de naturaleza negativa, pues consiste en la abstención de las autoridades responsables de dar respuesta a la petición de otorgamiento de pensión que realizó la parte quejosa. Luego, si el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, y en el caso, de la papeleta respectiva se desprende que la demanda que dio origen a este juicio, se presentó en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, de esta ciudad, es claro que se surte la competencia a favor de éste órgano jurisdiccional en los términos apuntados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo I, Mayo de 2014, página 500, materia común, con número de registro 2006529, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR EL 3 DE ABRIL DE 2013)." Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, lo anterior partiendo del criterio de ver a la demanda como un todo, por lo que del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: La omisión de dar respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión por jubilación presentada por la quejosa. Tercero. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Secretaría de Educación del Estado de Baja California y Gobierno del Estado de Baja California, ambas con residencia en Mexicali, consistente en la omisión de dar respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión por jubilación realizada el doce de noviembre de dos mil diecinueve, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. Por el contrario, de las constancias que obran en autos se advierte que aún no existe determinación sobre el otorgamiento de la pensión por jubilación que solicitó la parte quejosa, por lo que dichas autoridades todavía no están obligadas a actuar en los términos que refiere la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y por ende no pueden haber incurrido en la omisión que se les atribuye, de ahí que no es cierto el acto reclamado. Misma conclusión debe alcanzarse respecto del acto reclamado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 37 (SNTE), no obstante que fue omisa a rendir su informe justificado, toda vez que como se indicó a la fecha no existe pronunciamiento sobre el otorgamiento de la pensión por jubilación solicitada por la aquí quejosa y por ende no está obligado a actuar en los términos que refirió la quejosa en su escrito inicial de demanda. En tales condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades responsables Secretaría de Educación del Estado de Baja California y Gobierno del Estado de Baja California, ambas con residencia en Mexicali, ambos con sede en Mexicali y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 37 (SNTE), con residencia en esta ciudad, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Junta Directiva, Director General y Dirección de Pensiones y Jubilaciones y Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California así como el propio instituto, consistente en la omisión de dar respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión por jubilación realizada el doce de noviembre de dos mil diecinueve, ya que así se desprende del contenido de sus informes justificados. Lo que se corrobora con el contenido del marco normativo que regula el trámite del otorgamiento de pensiones de dicho Instituto, previsto en el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, del que se desprende que, en el ámbito de sus respectivas competencias, cada una de las autoridades señaladas como responsables tiene intervención en el procedimiento al que se somete la solicitud de otorgamiento de pensión, a fin de dar respuesta al peticionario. Además, de las constancias que obran agregadas en autos no se desprende que a la fecha se haya dado respuesta a la petición multimencionada; de ahí que deba tenerse por cierto el acto reclamado. Se afirma lo anterior, ya que -como se explicará más adelante- la contestación de la petición de la promovente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución Federal, consiste -medularmente- en la emisión de un acuerdo por escrito, que tiene que ser congruente con la solicitud y debe ser comunicado a la parte interesada. De ahí que, según se anunció, es cierto el acto atribuido a las autoridades de referencia. Quinto. Por ser una cuestión de orden público, se procede al examen de la causal de improcedencia invocada por las autoridades responsables Junta Directiva, Director General y Dirección de Pensiones y Jubilaciones y Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California así como el propio instituto. Así, en sus informes justificados dichas autoridades sostienen, que el presente juicio deviene improcedente debido a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que previo a la promoción del juicio de amparo, se debió agotar el recurso o medio de defensa correspondiente, en acatamiento del principio de definitividad. Dicha causa resulta infundada. Lo anterior, porque la responsable parte de una apreciación errónea del acto reclamado, puesto que argumenta que se está en presencia de un silencio administrativo por parte de las autoridades responsables adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, pues refiere, que el ahora quejoso fue omisa en respetar el principio de definitividad ya que de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California, así como en el diverso numeral 23 de la Ley del Procedimiento para los Actos de Administración Pública del Estado de Baja California, el silencio administrativo de dicho Instituto únicamente puede ser resuelto por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, por lo que la parte quejosa debió impugnar el acto reclamado ante dicho Tribunal y no en la vía de amparo. Sin embargo, como se señaló anteriormente el acto aquí reclamado se trata del derecho de petición previsto en el artículo 8° constitucional, cuya prerrogativa radica en que no se limita únicamente a la facultad de pedir algo a la autoridad, sino que también conlleva recibir una respuesta en breve término, congruente con lo pedido, por lo que no puede válidamente considerarse que por la configuración de dicha negativa haya dejado de existir la violación al señalado derecho, en tanto que un ordenamiento secundario, prevé la existencia de un medio ordinario de defensa para controvertir el acto reclamado, no puede eximir a las autoridades de emitir una respuesta escrita que, por mandato constitucional, están obligadas. Tiene aplicación a lo anterior, en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, el criterio pronunciado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo las consideraciones expuestas en la jurisprudencia 2a./J. 136/99, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO CON BASE EN QUE EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD CONSTITUYE UNA NEGATIVA FICTA. Cuando se reclama en amparo la violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, no es procedente sobreseer en el juicio con base en que el silencio de la autoridad constituyó una negativa ficta, por las razones siguientes: 1) porque la aludida garantía constitucional no puede quedar suspendida por la creación o existencia de figuras jurídicas (como la negativa ficta) que la hagan nugatoria, pues ello equivaldría a limitarla, restringirla o disminuirla y a condicionar su vigencia a lo que dispongan las leyes secundarias; 2) porque la negativa ficta es una institución que, por sus características peculiares, es optativa para los particulares, la cual, por surgir debido al transcurso del tiempo, sin respuesta específica y por escrito de la autoridad a la que se planteó la solicitud, no puede satisfacer el objeto primordial que se persigue con la garantía que tutela el artículo 8o. constitucional; y 3) porque el Juez de amparo no puede prejuzgar sobre cuál es el medio de defensa con que debe ser impugnado el silencio de la autoridad, cuando precisamente se le está pidiendo que obligue a esa autoridad a dar una respuesta, como lo exige el artículo constitucional invocado. Lo anterior, sin perjuicio de que cuando el particular optó por impugnar la resolución ficta, ya no puede, válidamente, exigir contestación expresa, pues en tal supuesto clausuró su derecho de petición." Bajo tales consideraciones, es que la impetrante del amparo no se encontraba obligada agotar el principio de definitividad como lo afirma la autoridad responsable en cita; y por ende, no opera la causa de improcedencia que invoca dicha autoridad responsable. Máxime que, en la especie, se considera que del análisis integral del escrito inicial de demanda, se desprende que la parte quejosa hace valer una violación directa a la Constitución, de manera que se actualiza un supuesto de excepción para agotar medios ordinarios de defensa previo a la promoción del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis X.1o.18 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página setecientos siete, tomo IV, agosto de mil novecientos noventa y seis, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 201758, de contenido siguiente: "PETICIÓN. DERECHO DE. SU PROTECCIÓN DIRECTA POR LA CONSTITUCIÓN EXCLUYE LA NECESIDAD DE AGOTAR RECURSO ORDINARIO ALGUNO, ANTES DE ACUDIR AL AMPARO. No es procedente sobreseer en el juicio de garantías, con fundamento en la fracción XV, del artículo 73 de la Ley de Amparo, si la litis a que se contrae el amparo lo es la especial tutela constitucional del derecho de petición, que no se norma por ningún procedimiento o ley ordinaria que obligue al peticionario de amparo a agotar algún recurso o medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de garantías, para suponer que no se cumplió con el principio de definitividad que debe observarse en el amparo; puesto que el derecho de petición se protege de manera directa por el artículo 8o. constitucional, que obliga a las autoridades a dar contestación de manera invariable y por escrito, en breve término, a toda solicitud que se le formule en forma pacífica, respetuosa y también por escrito, de lo que se sigue que tal contestación debe producirse sin mayores presupuestos o exigencias legales que los de que exista, por una parte, una petición producida de manera respetuosa y pacífica, y que ésta se formule por escrito (requisito de mera forma) para que la autoridad quede obligada, desde luego, a la citada contestación y en los términos señalados por el artículo constitucional en comento; de tal forma que la Protección Constitucional al precitado derecho se da de manera directa e inmediata; cuanto más si en el caso la quejosa en su demanda de garantías no invocó, junto a la violación anotada, también violaciones a leyes o procedimientos secundarios, para suponer válidamente que la primera (violación constitucional) sólo se dio de manera indirecta o refleja, y por tanto, que no se colmó el principio de definitividad de que se trata. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 24/96. Comité Particular Ejecutivo Agrario de dotación del Ejido del Poblado denominado "Las Barillas II". 22 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo Rodríguez Bastar. Secretaria: María Dolores Olarte Ruvalcaba. Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 258/2017, pendiente de resolverse por la Primera Sala." En ese sentido, resultan inaplicables la tesis que citan de rubros: "RECURSOS ORDINARIOS. VIOLACIONES DIRECTAS Y VIOLACIONES INDIRECTAS DE LA CONSTITUCIÓN.", "SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL SISTEMA NORMATIVO QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD PREVIO A INTENTAR LA VÍA CONSTITUCIONAL.", "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGANDO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011).", "RECURSOS ORDINARIOS. VIOLACIONES DIRECTAS Y VIOLACIONES INDIRECTAS DE LA CONSTITUCIÓN."; CONCEPTO DE DEFINITIVIDAD. SU INTERPRETACIÓN. SEGÚN SE DESPRENDA DE LAS HIPÓTESIS DE LOS ARTÍCULOS 73 O 114 DE LA LEY DE AMPARO.", y "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU ACTUALIZACIÓN COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO NO DESCONOCE LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS RIGE EN EL ESTADO MEXICANO." Luego, al no haberse hecho valer diversa causa de improcedencia y no advertir, de oficio, la actualización de alguna de ellas, se procede al examen de los motivos de inconformidad. Sexto. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción, lo cual tiene sustento en la jurisprudencia 1340 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, visible en la página mil quinientos dos, tomo II, procesal constitucional 1. Común, primera parte-SCJN décima primera sección-sentencias de amparo y sus efectos, apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Novena Época, registro 1003219, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Séptimo. Los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, son fundados y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada. La parte quejosa sostiene, en esencia, que el acto reclamado vulnera su derecho fundamental contenido en el artículo 8º constitucional, ya que no obstante que presentó su solicitud de pensión el doce de noviembre de dos mil diecinueve, esto es, hace más de un año, diez meses, las autoridades responsables han sido omisas en dar contestación a aquella. Según se anticipó, dicho argumento resulta fundado, por lo siguiente. Para avalar la postura que antecede, de inicio, es oportuno citar el contenido del artículo 8º constitucional que señala: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Como se ve, el derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Carta Magna, cuyo titular es el gobernado en general, implica la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades; es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe serle dado a conocer en breve término. La existencia de este derecho, surge como consecuencia de la exigencia jurídica y especial de un régimen de legalidad bajo el que no está permitido el hacerse justicia por propia mano, para exigir el respeto a su esfera jurídica sin la intervención de autoridad alguna; por tanto, como la potestad de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstos intervengan para hacer cumplir la ley, con la correlativa obligación de las autoridades de dictar un acuerdo escrito a la solicitud o petición que el gobernado les eleve, puesto que la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales obligado como tal, a dar contestación por escrito y hacerla conocer en breve término al gobernado. Luego, en virtud de que el numeral antes citado no establece el plazo con que cuenta la autoridad responsable para atender la petición formulada por el particular, pues sólo refiere que deberá ser en breve término, se estima que el término para tal efecto será aquel en que individualizado el caso concreto, sea necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva. Apoya a las anteriores consideraciones, la siguiente jurisprudencia, que se cita en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página dos mil ciento sesenta y siete, tomo XXXIII, marzo de dos mil once, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 162603, que señala (énfasis añadido): "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 225/2005. **********. 2 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Sánchez Birrueta, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Gloria Avecia Solano. Amparo directo 229/2005. José Domingo Zamora Arrioja. 2 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretaria: Gloria Avecia Solano. Amparo en revisión 23/2006. Saúl Castro Hernández. 2 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretaria: Gloria Avecia Solano. Amparo en revisión 361/2006. Sixto Narciso Gatica Ramírez. 28 de septiembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretaria: Gloria Avecia Solano. Inconformidad 2/2010. Amanda Flores Aguilar. 11 de agosto de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Adriana Barrera Barranco. Secretaria: María Trifonía Ortega Zamora." Ahora bien, como ha quedado precisado, en la especie la quejosa se duele de la omisión de las autoridades responsables de dar respuesta a su solicitud de otorgamiento de pensión por jubilación, la cual -según refirió en su escrito inicial de demanda- debe tramitarse conforme a la Ley del Instituto abrogada. En ese sentido, a efecto de determinar cuál es el "breve término" en que se debe dar respuesta a la solicitud de la promovente, es oportuno citar el contenido de los artículos 58 y 120, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 23 y 27 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, que disponen lo siguiente (énfasis añadido): "Artículo 58. El derecho a jubilación y a las pensiones por retiro de edad y tiempo de servicio, invalidez o muerte, nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes, se encuentre en los supuestos consignados en esta Ley y satisfagan los requisitos que la misma señale. El Instituto deberá resolver la solicitud de pensión en un plazo no mayor de quince días, a partir de la fecha en que quede integrado el expediente. Dentro de los quince días inmediatos siguientes, el Oficial Mayor del Gobierno del Estado, o quien tenga esa facultad en los Organismos Públicos incorporados al régimen que esta Ley establece, revisará y resolverá en definitiva acerca de la solicitud de que se trata, para los efectos que expresa la primera parte del Artículo 120 de esta Ley." "Artículo 120. Los acuerdos de la Junta Directiva por los cuales se concedan, niegue, modifiquen, suspendan o revoquen las Jubilaciones y Pensiones a que esta Ley se refiere, serán sancionados por el Ejecutivo del Estado para que puedan ser ejecutados. Las demás resoluciones de la Junta Directiva que afecten intereses particulares, podrán recurrirse ante la misma dentro de los quince días siguientes. Si la Junta sostiene su resolución, los interesados podrán acudir ante el Gobernador del Estado dentro de los quince días siguientes; para que éste resuelva en definitiva." "Artículo 3o.- El Instituto dará entrada exclusivamente a las solicitudes cuyos expedientes se encuentren debidamente integrados por todos los documentos probatorios que cada caso y tipo de Pensión requiera, y verificada la autenticidad de todos y cada uno de ellos resolverá la petición en un plazo no mayor de quince días, según queda establecido en el párrafo segundo del Artículo 58 de la Ley que se reglamenta." "Artículo 4o.- Para el caso de que existiera alguna duda respecto de la veracidad de los datos consignados en uno o varios documentos, el trámite se interrumpirá hasta aclarar las circunstancias que dieron origen a la suspensión; y si ello no fuera posible, en un plazo de quince días hábiles se dará vista a la H. Junta Directiva para que resuelva en consecuencia." "Artículo 6o.- En base a los documentos probatorios que obren en el expediente, el Departamento de Pensiones procederá a realizar los cálculos a que haya lugar, y obtenidos éstos elaborará un dictamen para cada caso en especial." "Artículo 7o.- El dictamen de referencia, acompañado de su respectivo expediente será turnado a la H. Junta Directiva a efecto de que conceda, niegue, suspenda, modifique o revoque las Jubilaciones o Pensiones acorde con lo señalado por el Artículo 116, Fracción IV, de la Ley." "Artículo 8o.- El dictamen de la H. Junta Directiva a que se refiere el Artículo anterior, será remitido dentro de los 15 días siguientes al Oficial Mayor de Gobierno del Estado o quien tenga esa facultad en los Municipios u Organismos incorporados, quien revisará y resolverá en definitiva, respecto de la Pensión solicitada, para que pueda ser ejecutada." "Artículo 9o.- El Director General del Instituto comunicará por escrito a los interesados el Acuerdo del Ejecutivo, en un tiempo que no exceda de cinco días hábiles; asimismo, remitirá copia del Dictamen sancionado por el Ejecutivo del Estado, a la Dependencia donde laborare el solicitante de pensión, para efecto de su correspondiente baja como trabajador." Artículo 23. El Asegurado que solicitase Jubilación al Instituto, deberá presentar la siguiente documentación: 1) Solicitud por escrito de la prestación, dirigida al Director General del Instituto. 2) Hoja de Servicios expedida por la Dependencia facultada para dar fe del tiempo laborado por los trabajadores del Gobierno del Estado o de los Municipios u Organismos afiliados. En este caso, el mencionado documento constatará que el solicitante ha trabajado por espacio de treinta años, según lo establece el Artículo 67 de la Ley. Para complementar la información, el Departamento de Pensiones solicitará al Departamento correspondiente del Instituto, lo siguiente: a) Certificación de los años de aportaciones al Fondo de Pensiones del Instituto, por parte del solicitante de Jubilación. b) En caso de reconocimiento de antigüedad, el trabajador justificará el pago de las cuotas y aportaciones omitidas por este concepto, o bien la forma como se convino con el Instituto, su liquidación. c) Certificación del último sueldo devengado por el trabajador. Obtenida esta información e integrado el expediente, se procederá a elaborar el Dictamen correspondiente, notificándose al interesado y se continuará el procedimiento en los términos de los Artículos 7 y 8 del capítulo anterior." "Artículo 27o.- El solicitante de Pensión de Retiro por Edad y Años de Servicio, deberá presentar al Instituto la siguiente documentación: I) Solicitud por escrito de la prestación, dirigida al Director General del Instituto; 2) Hoja de Servicios, donde se hará constar que el solicitante ha laborado al servicio del Gobierno del Estado, Municipios u Organismos afiliados por un término que no deberá ser inferior a 15 años, para dar cumplimiento a lo que establece el Artículo 68 de la Ley; 3) Acta de Nacimiento, mediante la cual comprobará que el solicitante ha llegado a la edad límite de 55 años, según se establece en el Artículo 68 de la Ley. Por su parte el Departamento de Pensiones solicitará al Departamento correspondiente del Instituto, la siguiente información: a) Certificación de los años de aportación del trabajador al Fondo de Pensiones del Instituto; b) Certificación del último sueldo devengado por el trabajador. Valorada la documentación, se efectuarán los cálculos a que haya lugar y se elaborará el dictamen correspondiente." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos se obtiene lo siguiente: 1. El plazo para que el Instituto resuelva sobre una solicitud de pensión no debe ser mayor a quince días y se contará a partir de que quede integrado el expediente respectivo; momento en el cual se emitirá el dictamen correspondiente y se le notificará al interesado. 2. Dicho plazo puede interrumpirse cuando exista alguna duda respecto de la veracidad de los datos consignados en uno o varios documentos, hasta aclarar las circunstancias que dieron origen a la suspensión; y si ello no es posible, en un plazo de quince días hábiles se dará vista a la Junta Directiva para que resuelva en consecuencia. 3. Emitido el dictamen de referencia, éste junto con su expediente será turnado a la Junta Directiva a efecto de que conceda, niegue, suspenda, modifique o revoque la determinación correspondiente. 4. El dictamen que emita la Junta Directiva será remitido dentro de los quince días siguientes al Oficial Mayor de Gobierno del Estado o quien tenga esa facultad en los municipios u organismos incorporados, quien revisará y resolverá en definitiva, respecto de la pensión solicitada, para que pueda ser ejecutada. 5. Finalmente, dentro de un plazo que no exceda de cinco días hábiles, el Director General del Instituto comunicará por escrito al interesado la determinación tomada por la autoridad del Ejecutivo del Estado. Con lo hasta aquí expuesto, es dable advertir que la respuesta que debe recaer a la solicitud de otorgamiento de pensión por jubilación que se presenta ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, debe ser emitida en un plazo no mayor a quince días al en que se integre el expediente respectivo y notificada al interesado. Luego, en la especie, de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que la quejosa presentó su solicitud el doce de noviembre de dos mil diecinueve y al rendir su informe justificado las autoridades responsables no justificaron que, en su caso, el expediente respectivo aún no se encontrara debidamente integrado. En ese sentido, se estima que si a la fecha han transcurrido más de un año, diez meses desde que se presentó la petición respectiva, sin que las autoridades responsables hayan informado a la hoy peticionaria del amparo el acuerdo que le recayó a dicha solicitud, es claro que ha transcurrido en exceso el plazo de quince días previstos en la normativa aplicable al caso concreto. Lo anterior, hace patente la violación al derecho de petición de la quejosa, ya que las autoridades responsables han sido omisas en emitir la respuesta correspondiente, esto es, el acuerdo por escrito que resulte congruente con la petición y, menos aún, han notificado esa decisión, no obstante que cumplió con los requisitos previstos en el artículo 8º constitucional, ya que la solicitud fue formulada de manera pacífica y respetuosa y se dirigió a las autoridades responsables. En tales condiciones, ante lo fundado del concepto de violación relativo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado contra el acto reclamado a las autoridades responsables Junta Directiva, Director General y Dirección de Pensiones y Jubilaciones y Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California así como el propio instituto. Octavo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo y tomando en consideración que hasta este momento no se advierte, de manera fehaciente, la etapa en la que se encuentra la petición de la quejosa, la protección constitucional se concede para el efecto de que las autoridades responsables Junta Directiva, Director General y Dirección de Pensiones y Jubilaciones y Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California así como el propio instituto, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen lo siguiente: 1. Lleven a cabo las gestiones necesarias para integrar el expediente de la quejosa. 2. Den respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión por jubilación formulada por la promovente del amparo. 3. Le den a conocer la contestación respectiva. Por lo antes expuesto, se R e s u e l v e Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 88/2020-VIII, promovido por Mónica Romero Castro, por derecho propio, contra el acto reclamado a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de este fallo, por las razones ahí expuestas. Segundo. La Justicia Federal ampara y protege a Mónica Romero Castro, por derecho propio, contra el acto reclamado a las autoridades responsables precisadas en el considerando cuarto, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de Jesús Daniel Meza Arrayales, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/JDMA/azv
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el veinticuatro de agosto pasado, se recibió en el correo electrónico institucional el oficio remitido por el Asesor Jurídico de la Dirección Jurídica Contenciosa del Gobierno del Estado de Baja California, con sede en Mexicali; en consecuencia, se otorga a dicha constancia pleno valor probatorio en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese tenor, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, por conducto del Subprocurador de lo Contencioso, mediante el cual informa que a la fecha no obra en su registro el oficio 3158/2021 relativo al proveído de veintiuno de enero del año en curso, en el que se reanudó el procedimiento del presente juicio. En consecuencia, reexpídase el oficio de que se trata al correo electrónico procuraduriafiscalsh@baja.gob.mx y requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuse recibo de su recepción, o bien manifieste la imposibilidad que tenga para ello. Apercibida de que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento que la información requerida podrá ser enviada vía electrónica a la dirección de correo oficial 1jdo15ctoajf@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese.
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