Luis Alberto Acosta Libreros

Expediente 9/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
9/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/01/2021

Partes del expediente

  • Luis Alberto Acosta Libreros

Actuaciones

  1. Principal

    ... se declara que ha causado estado el referido auto. ...archívese este asunto como concluido. ... se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. ... este expediente es susceptible de ser destruido...

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a catorce de enero de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Luis Alberto Acosta Libreros, por propio derecho, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 9/2021. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en atención a lo dispuesto por tal precepto, se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama en sede constitucional: La omisión de conceder incapacidad médica, derivado de la falta de tratamiento médico quirúrgico por parte de las responsables y, en consecuencia, la omisión de declarar la situación de salud del quejoso en términos del artículo 58 de la Ley del Seguro Social. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que el juicio de amparo promovido deviene improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, y 103, fracción I, de la Constitución Federal. De los preceptos anteriores, se advierte que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad, por esa razón, el acto aquí reclamado no se considera como de aquéllos en contra de los cuales proceda la acción constitucional, ya que el juicio de amparo indirecto, tiene por objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos del gobernado, es decir para la procedencia de la instancia extraordinaria de amparo, es necesario que la reclamación se enderece contra una actuación de autoridad o "equivalente" a la de ésta, conforme a lo preceptuado en el artículo 5, fracción II de la ley de la materia. Así, para los efectos del juicio de amparo de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS"; es autoridad aquélla que de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado. Así, se tiene que para que una autoridad pueda ser considerada como tal para efectos del juicio de amparo, debe cumplir con lo siguiente: 1. Entre el ente de hecho o de derecho y el particular debe existir una relación de supra a subordinación entre el quejoso y la autoridad responsable; 2. Esa relación debe nacer de una norma general (en términos de la Ley de Amparo vigente), con una facultad administrativa irrenunciable; 3. Los actos emitidos son unilaterales y por ello se afectan situaciones jurídicas del quejoso; 4. La emisión de esos actos no requiere la aprobación de órganos judiciales ni el consenso de la voluntad del afectado. Bajo ese contexto, es dable señalar que la demanda de amparo promovida contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan en relaciones de coordinación es improcedente; toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación. Tiene aplicación al caso la tesis I.6o.T. J/28 (10a.) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que aparece publicada en la página un mil novecientos cincuenta y seis, Libro XXIX, Tomo III, Abril de dos mil dieciséis, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." Asimismo, conviene destacar que de los artículos 5º, 6º, 7º, 11, 12, 56, 57 y 58 de la Ley del Seguro Social, así como del 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el ente público paraestatal Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene una doble característica en las funciones que le son encomendadas en la legislación, a saber: Primera, como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación. Segunda, como ente asegurador y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y patrón, o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicio, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Por tanto desde esa perspectiva, se destaca que son dos extremos del instituto Mexicano del Seguro Social con finalidades diversas pero al fin y al cabo ligadas; una encaminada hacía los patrones y demás sujetos obligados como una institución fiscal autónoma, que cuenta con el poder de hacer efectivas las obligaciones consignadas en la Ley del Seguro Social y otra enfocada hacia los asegurados y sus beneficiarios como institución pública descentralizada, con fin de brindar un seguro nacional. Además conviene señalar que de los preceptos invocados se advierte que las prestaciones (en dinero o en especie) otorgadas en la Ley del Seguro Social a los asegurados y a sus beneficiarios derivan del régimen obligatorio, pues tales prestaciones cuya tutela jurisdiccional se condiciona por el legislador al otorgamiento de un recurso administrativo tienen origen en una relación jurídica en la que ni el asegurado o sus beneficiarios, ni el Instituto Mexicano del Seguro Social, acuden investidos de imperio, pues éste último acude como ente asegurador, que como consecuencia del establecimiento de un vínculo laboral entre el asegurado y su patrón, o con base en el convenio celebrado al efecto, deberá otorgar a aquél o a sus beneficiarios, en caso de que acontezca alguna contingencia tutelada por la Ley del Seguro Social, determinadas prestaciones. En ese contexto, no es suficiente que la parte solicitante del amparo aduzca que el acto señalado constituye una violación a sus derechos humanos para que el juicio de amparo sea procedente; sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de un particular, o de una persona oficial con imperio coercitvo, lo que en el caso no acontece. Se sostiene lo anterior, porque en el presente asunto, la parte quejosa manifiesta que el Instituto Mexicano del Seguro Social por conducto del Médico Ortopedista y Traumatólogo del Hospital General de Zona No. 11, con sede en esta ciudad, le negó su incapacidad médica a pesar de que tenía conocimiento de que sería intervenido quirúrgicamente el trece de enero de dos mil veintiuno, de ahí que la posición de la parte quejosa frente al citado Instituto que señala como responsable, no es la de gobernado sino de beneficiario o asegurado, en términos del artículo 58 de la Ley del Seguro Social, citado en el párrafo precedente.. Así, el acto que reclama la parte quejosa de ninguna manera configura el supuesto fundamental para la procedencia del presente juicio de amparo (que lo es precisamente la vulneración a la esfera jurídica de sus derechos humanos por el poder público); pues sólo se afectan derechos que inciden directamente en el ámbito laboral, en tanto que el otorgamiento de una incapacidad médica es una prerrogativa que nace en su carácter de trabajador y le da derecho a ausentarse de su centro de trabajo con goce de sueldo durante todo el tiempo que dure tal licencia médica de ahí que, se estime, la falta de otorgamiento de tal incapacidad de la que se duele no es un aspecto que deba ser materia del juicio de amparo sino de autoridades ordinarias. En efecto, respecto del acto consistente en la negativa de la responsable de extenderle la incapacidad por la imposibilidad física con que cuenta para laborar, que en esta vía se impugna, ambas partes, es decir, el promovente Luis Alberto Acosta Libreros y el Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentran en un plano de igualdad, pues se da en una relación de coordinación entre ambos, dado que, como ya se dijo, el organismo en mención no actuó con facultades de imperio, lo que hace imposible la procedencia del presente juicio, por no resultarle el carácter de responsable a la referida autoridad para los efectos del juicio de amparo, de conformidad con la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. Los precedentes argumentos, tienen sustento en la jurisprudencia VIII.2o.P.A. J/32, de la Novena Época, con registro 164027, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN." En consecuencia, al actualizarse un motivo notorio e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo, así como el correo electrónico ingvialol@hotmail.com y como sus autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la ley de la materia, a Víctor Alfonso Loyo Olivares y Ada Loyo Caballero, en virtud de que si bien, el quejoso no proporcionó sus cédulas profesiones para cotejarlas con el Registro Nacional de Cédulas Profesionales de la Secretaría de Educación Pública, sin embargo, lo cierto es que sí cuentan con el registro correspondiente en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y con las restricciones que impone tal precepto a José Ramón Benítez Barradas, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en dichos sistemas ni tampoco acreditó contar con ella. Asimismo, en atención a lo solicitado por el promovente, previa búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, específicamente en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico, se advirtió que el nombre de usuario INGVIALOL, es válido; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se le autoriza la consulta del presente juicio de amparo vía internet, sin perjuicio de que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional los días y horas hábiles, para su consulta, previa cita que genere en el portal de servicios en línea para acceder a las instalaciones del juzgado. De igual forma, atento a las medidas de distanciamiento tomadas con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19, y como lo solicita el propio ocursante, se tiene como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones la vía electrónica. Por tanto, se instruye a los actuarios judiciales para que las notificaciones que realicen de este asunto, las efectúen por esa vía electrónica, debiendo dejar la razón actuarial en autos para constancia y verificar su recepción. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales del mismo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de Juzgado Penélope Rodríguez Landa, que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · 10,474 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano