Luis Alain Berumen Gutiérrez
Expediente 1203/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1203/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/11/2022
Partes del expediente
- Luis Alain Berumen Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado vía electrónica por Ricardo Rodríguez Nieves, perito oficial en materia de grafoscopía, por medio del cual solicita una prórroga a efecto de rendir su dictamen pericial en materia de grafoscopía; en atención a ello, por única ocasión se le concede el término de diez días hábiles a fin de que rinda su dictamen respectivo.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta remitido vía electrónica por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa que ese Tribunal admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre éste órgano jurisdiccional y el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el cual se registró con el número CCA-45/2022, del índice del citado Tribunal de Alzada. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Se tiene por recibido el escrito remitido electrónicamente por JOSÉ MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ, autorizado de la parte quejosa y, en atención a lo que solicita, dígasele al ocursante que los autos originales del juicio de amparo 1203/2022 de nuestro índice, fueron recibidos y devueltos al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por no haberse aceptado la competencia tal como se advierte del auto de doce de julio de dos mil veintidós; no obstante lo anterior, acúsese el recibo respectivo al citado órgano jurisdiccional de los autos del juicio de amparo 1097/2022 de su índice, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el oficio de cuenta firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 1097/2022 del índice de ese órgano jurisdiccional y copia de su acuerdo de uno de julio de dos mil veintidós en el que se declaró incompetente para conocer y resolver sobre la demanda de amparo promovida por LUIS ALAIN BERUMEN GUTIÉRREZ. Demanda que por cuestión de turno remite la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1203/2022, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Luego, en términos del dispositivo 48 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, a quien por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de que se trata, DETERMINA QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL para conocer de la misma; por ende, NO ACEPTA LA DECLINADA por el Juzgador remitente, por los motivos que a continuación se establecerán en las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando el acto que se reclama no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En principio debe precisarse bajo qué regla o reglas de competencia para conocer de un juicio de amparo por razón de territorio se ubican el acto reclamado, por lo que debe atenderse a la naturaleza jurídica del mismo a fin de determinar si son de ejecución material o no, para estar así en posibilidad de determinar la competencia del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se deba conocer del asunto de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Amparo, antes transcrito. En la especie, se tiene que la parte quejosa en su escrito de demanda, reclamó lo siguiente: DE TODAS Y CASA UNA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE RECLAMAN LOS SIGUIENTES ACTOS: "La Ausencia Total de Fundamentación y Motivación, en las disposiciones emitidas por el PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y por el COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, mediante las que hace del conocimiento que para continuar prestando servicios en la Guardia Nacional, se debe escoger: 1) Escoger una de las siguientes áreas: de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (CONASE Coordinación Nacional Antisecuestro, PC Protección Civil, Protección Federal, CONAPRED Centro Nacional de Previsión y Desastre, PRT Prevención y Readaptación Social, SES Secretariado Ejecutivo del sistema, CDI Centro Nacional de Inteligencia) y/o, 2) Anotarse en el programa de separación voluntaria del servicio 2022..." Actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMISARIO GENERAL LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL, DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA GUARDIA NACIONAL Y DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, todos con residencia en la Ciudad de México. De lo narrado por el quejoso en su demanda de amparo, en lo conducente, refiere: "V. ANTECEDENTES 1. Bajo protesta de decir verdad, el suscrito manifiesto que en el año 2008, en la Ciudad de San Luis Potosí (San Luis Potosi), aprobé el Curso Básico de Formación Policial Perfil Investigador 2008-V; pasando en ese momento a formar parte de la entonces Policía Federal. 2. Atento a lo anterior, en fecha 30 de septiembre de 2019, se me avisó, el decreto en materia de Guardia Nacional, por el que la Guardia Nacional se constituiría con los elementos de la Policía Federal (PF), Policía Militar y la Policía Naval, motivo por el cual desde esa fecha, el suscrito como integrante de la Policía Federal, pasé a formar parte de la Guardia Nacional, conservando mi antigüedad, prestaciones y salario de acuerdo con el tabulador de carretera. Lo que se hace constar con la identificación que se inserta a continuación, en la que figura mi Grado/Cargo, Número de Empleado y Área de Adscripción: . 3. Lo anterior fue así, hasta el día 26 de junio de 2022, que se me convocó a una reunión por parte del DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, la que se llevó a cabo con motivos laborales, en la que de forma verbal el DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, retransmite las órdenes y disposiciones emitidas por el PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y por el COMISARIO GENERAL LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL, las cuales constan en que para continuar con mi servicio en esta Guardia Nacional, debía de tomar una de dos opciones, siendo: A. Escoger una de las siguientes áreas: de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (CONASE Coordinación Nacional Antisecuestro, PC Protección Civil, Protección Federal, CONAPRED Centro Nacional de Previsión y Desastre, PRT Prevención y Readaptación Social, SES Secretariado Ejecutivo de sistema, CDI Centro Nacional de Inteligencia). y/o B. Anotarme en el programa de separación voluntaria del servicio 2022. Esto, debido a que por órdenes del PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y del COMISARIO GENERAL LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL, no debería de quedar en servicios de carreteras ni un elemento con procedencia de la Policía Federal; razón por la que era necesario decidir a la brevedad, para informar el resultado a sus superiores. ÓRDENES VERBALES CON AUSENCIA TOTAL DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN. 4. Es menester precisas a su Señoría, que las ordenes citadas con antelación únicamente fueron dirigidas "a manera de discriminación y con el fin de marginarnos de nuestras funciones" a todo el personal -del que el aquí quejoso es parte- proveniente de la Policía Federal que integra la Guardia Nacional. 5. Finalmente y para que no sean violados mis Derechos Constitucionales, "sobre todo tomando en consideración que el aquí quejoso llevo más de 22 años de servicio, en los cuales desde mis inicios en la entonces Policía Federal Preventiva y hasta el día de la fecha en la actual Guardia Nacional, me he capacitado de forma continua y constante en mi Área"." Del contenido de la demanda, se advierte que el justiciable el acto que destacadamente reclama es la ausencia de fundamentación y motivación de las disposiciones u órdenes verbales emitidas por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Comisario General, el Comandante de la Guardia Nacional y transmitidas y ordenadas por el Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, en las que se le hizo del conocimiento que para seguir prestando servicios en la Guardia Nacional tenía que escoger alguna de las áreas que le indicaron o anotarse en el programa de separación voluntaria del servicio dos mil veintidós. En ese contexto, queda de relieve pues que el acto del que se duele el impetrante del amparo, por su propia naturaleza, está teniendo ejecución en la residencia del citado órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que pueda tener ejecución o haya comenzado a ejecutarse en otro distrito. Ahora, como se anticipó el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, establece que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. De lo que se sigue que el órgano jurisdiccional competente para conocer de la demanda de mérito, es el juzgado declinante, pues ante fue ante el donde se presentó la demanda de amparo, y no ante este juzgado federal; sin que resulte bastante la circunstancia que se alude en el acuerdo de uno de julio del año en curso, en el sentido de que: "LUIS ALAIN BERUMEN GUTIÉRREZ, por propio derecho, en mi carácter de Guardia Nacional con domicilio en la Coordinación Estatal Nayarit, situada en el Kilómetro 068+800 (2590) Tepic-Mazatlán, Tramo: Lo de Lamedo-Tecualilla, en Peñas, Nayarit, C.P. 63660, poblado de Peñas, Municipio de Tuxpan, -destacando que en dicho lugar "Nayarit"-, presto los servicios como Guardia Nacional. De lo anterior se advierte que el acto reclamado tendrá ejecución en el Estado de Nayarit, pues es en dicho lugar donde el quejoso se encuentra adscrito a la estación de la Guardia Nacional, por ende, es evidente que se surte la primera hipótesis contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y es así que se surte la competencia al Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecute el acto reclamado, es decir, en el Estado de Nayarit.". Cuenta habida que, quien aquí resuelve estima que no se está en el supuesto a que alude el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, pues no recae en este juzgador federal jurisdicción en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, dada la naturaleza del acto reclamado, el cual como ya se vio líneas precedentes, el acto del que se duele destacadamente el quejoso fue de la falta de fundamentación y motivación de las disposiciones u órdenes verbales emitidas por las responsables en las que se le hizo del conocimiento que para seguir prestando servicios en la Guardia Nacional tenía que escoger alguna de las áreas que le indicaron o anotarse en el programa de separación voluntaria del servicio dos mil veintidós. No obstante lo anterior, y en el caso de llegar a tener alguna ejecución ese acto reclamado, es inconcuso que se estaría en el supuesto a que alude el segundo párrafo del numeral 37 de la ley de la materia, en cuanto establece que si el acto reclamado tiene ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Lo que significa, que en su caso, se estaría ejecutando el acto reclamado ante el juez declinante de la Ciudad de México, y si el quejoso presentó su demanda de amparo ante el mismo, es innegable que éste es competente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado por el quejoso LUIS ALAIN BERUMEN GUTIÉRREZ, con independencia de que dicho acto pudiera tener ejecución en más de un distrito. Consecuentemente, por los motivos señalados, este órgano de Control Constitucional no acepta la competencia declinada en razón de territorio, para conocer de los actos reclamados, por ello, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de la Materia, devuélvase el juicio de amparo 1097/2022, asimismo se le solicita se sirva comunicar si insiste en declinar su competencia o no, y en su caso, acuse el recibo correspondiente. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia cuyo epígrafe y contenido establecen: "INCOMPETENCIA. LA FACULTAD DEL JUEZ PARA INHIBIRSE DE CONOCER DE UNA DEMANDA EN EL PRIMER AUTO QUE DICTE AL RESPECTO, POR CONSIDERARSE INCOMPETENTE, NO ESTÁ RESTRINGIDA NI ADMITE COMO EXCEPCIÓN LOS SUPUESTOS DE COMPETENCIA PRORROGABLE POR SUMISIÓN TÁCITA DE LAS PARTES. De acuerdo con el principio de debido proceso legal previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades están obligadas a cumplir de manera sistemática, ordenada y progresiva, las reglas que las normas procedimentales respectivas señalan para garantizar la resolución de las controversias judiciales. Lo anterior implica que los diversos supuestos legales que regulan un mismo concepto jurídico, se actualizan en distintos estadios procedimentales, que de manera sucesiva y cronológica van aconteciendo conforme al orden lógico jurídico previsto por el legislador para el correcto desarrollo del proceso judicial, como ocurre con la regulación de la competencia para conocer de los negocios planteados por las partes. De ahí que no existe motivo legal alguno para excluir la competencia prorrogable, por sumisión tácita de las partes, de la facultad que tiene el juez para inhibirse en el primer proveído que dicte, de conocer de una demanda cuando se considera legalmente incompetente; pues de estimar lo contrario, es decir, de sostener que no debe, en el primer proveído que recaiga a la demanda, declararse incompetente tratándose de la competencia prorrogable, por razón de territorio o de la materia (en aquellos casos establecidos por la propia ley), a fin de dar oportunidad al demandado de que pudiera someterse voluntariamente a su competencia al comparecer al juicio, haría nugatorio el contenido del artículo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que expresamente faculta a los tribunales para negarse a conocer de un asunto por considerarse incompetentes, así como el de los artículos 1115 del Código de Comercio y 165 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establecen dicha facultad de inhibirse del conocimiento de un negocio, precisamente cuando se trate de competencias prorrogables, por razón de territorio o materia; sin que tales disposiciones puedan ser desconocidas.". 1 1 Véase: Décima Época, Registro 2010433, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, Materia Civil, Tesis PC.I.C. J/18 C (10a.), Página 2036. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes respectivo. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a JOSÉ MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ y ERASMO VARGAS FÁVILA; y en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo de referencia, en relación con el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de la Materia, a las restantes personas que señala por así haberlo solicitado expresamente. Sin que sea e caso tenerle señalando los correos electrónicos y números telefónicos que alude, toda vez que no hizo del conocimiento su firma electrónica conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, toda vez que la notificación vía internet es uno de los servicios que se presta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx; por tanto, solo las personas que cuenten con dicha firma podrán ser notificados por esa vía; por tanto, únicamente se les tendrá como medios de contacto en los casos que se estimen necesarios, por lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. NOTIFÍQUESE.
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