Luis Aguilar Flores

Expediente 684/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
684/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
13/07/2021

Partes del expediente

  • Luis Aguilar Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión por la parte quejosa en contra del proveído de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa, siendo en todo caso a quien le podría perjudicar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

  2. Principal

    L. 4. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como se encuentra ordenado en el juicio principal del cual deriva este incidente, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión que se tramitó en original y duplicado. De autos se advierte que se concedió la suspensión provisional y la suspensión definitiva, a la parte quejosa. Archivo. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la suspensión definitiva solicitada y no existe denuncia de violación a la suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos 6 meses siguientes a su archivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General. Además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez transcurrido el termino establecido en el artículo 18 del Acuerdo General de referencia transfiéranse las constancias depuradas del expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Petición. La autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por conducto de su Presidenta, realiza lo siguiente: a.- Rinde su informe justificado; y, b.- Ofrecen pruebas. Trámite y vista. Se tiene por rendido el informe justificado. Pruebas. Se admiten las pruebas ofrecidas. Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la autoridad responsable, manifiesta y acredita que: 1. Mediante proveído dictado el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, señaló las diez horas del catorce de julio de dos mil veintiuno para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral 1325/2020. 2. Dicho auto fue notificado a las parte actora y demandada el diez y once de junio del año en curso, respectivamente. Documentos a los que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, el acto reclamado cesó en cuanto a sus efectos, pues con la actuación de la autoridad responsable han sido destruidos, en forma total e incondicional, al haberse señalado fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral de origen y notificado dicho acuerdo a las partes. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las once horas con diez minutos del veintidós de junio de dos mil veintiuno. Tercero interesado. Finalmente, no es óbice a lo anterior que en auto admisorio no se haya reconocido el carácter de tercero interesado a persona alguna y, por ende, omitido su emplazamiento al presente juicio de amparo, toda vez que el presente auto no le causa perjuicio alguno.

  4. Principal

    8) ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISOS B) y/o C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA (DE INICIALES P.A.C.O.) LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 02 DE JUNIO DE 2021, QUE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, dos de junio de dos mil veintiuno. Estado de autos. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en audiencia de tres de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes, por un término de tres días para que presentaran pruebas y contrapruebas relativas a la firma cuya autenticidad se cuestiona, apercibidas que de no hacerlo se tendría por precluido su derecho, sin que la Agente del Ministerio Público de la Federación y autoridades responsables, realizarán manifestación al respecto. Consecuentemente, se tiene por plecuido su derecho para presentar pruebas y contrapruebas relativas a las firmas cuya autenticidad se cuestionan. Ahora bien, dado que con esta fecha se tiene por fenecido el término concedido a las partes en audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se provee respecto de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y tercera interesada respecto al incidente de objeción de documento. Levanta reserva respecto de pruebas relacionadas con la objeción planteada. En razón de que el once de mayo del año en curso, se reservó el escrito presentado por José Sebastián Chantes González, en su carácter de albacea provisional a bienes de Arcadio Chantes y/o Arcadio Chantes Toxtle, a través del cual ofreció las siguientes pruebas: 1.- La documental publica consistente en el original del certificado de inafectabilidad agraria. 2.- Ratifica y reproduce todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el quejoso en el escrito presentado el veinte de marzo del dos mil veinte. 3. La pericial en grafoscopía, que tendrá por objeto demostrar la falsedad del documento señalado por la tercera interesada. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 122 de la Ley de Amparo, se admite la prueba pericial grafoscopía ofrecida por la parte quejosa, que deberá desahogarse al tenor del cuestionario formulado por la citada parte. Atento a lo anterior, en vía de preparación con las copias del cuestionario que exhibió la citada parte, córrase traslado a las demás partes a fin de que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, hagan lo siguiente: I. Lo amplíen por escrito si a su derecho conviniere; II. En su caso, designen perito de su parte. En el entendido que de no hacerlo, se les tendrá por conformes con el cuestionario formulado por la parte quejosa oferente de la prueba de mérito y por adheridos al dictamen que emita el perito oficial que en su caso se designe. Requerimiento. Asimismo, requiérase al Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Delegación Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República, para que en auxilio de la Justicia Federal, para que en el término de tres días siguientes a la recepción del oficio por el que se notifique el presente proveído, proporcione el nombre de un profesional en la materia de grafoscopía, que pueda fungir como perito oficial en el presente asunto. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento anterior se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos Transitorios Segundo, primer párrafo y Tercero, del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, y los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Perito quejosa. Por otra parte, por conducto de la parte quejosa, notifíquese al perito designado Tomás Sánchez García, para que comparezca ante este Juzgado a aceptar y protestar el cargo conferido, a las diez horas con treinta minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Por tanto, túrnense los autos al actuario de la adscripción a fin de que realice la citación respectiva, haciendo del conocimiento de la parte quejosa que el perito designado deberá comparecer a la localidad de este juzgado el día y hora señalados, en el entendido que tendrá que exhibir una identificación oficial vigente y copia simple de ésta para debida constancia legal; así como copia certificada del documento del que se advierta que cuenta con los conocimientos en la especialidad sobre la que desahogará la prueba. Apercibida la parte quejosa que de no comparecer el perito designado se le tendrá por adherido al dictamen que emita el perito oficial que en su caso se designe. Se le informa a la parte quejosa que al momento de la notificación de este proveído se les hará entrega de un QR (código de identificación) generado con el fin de que su asistencia a este órgano jurisdiccional quedé registrada y se permita el acceso al edificio sede del Poder Judicial de la Federación. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. Además, mientras dure la contingencia sanitaria, se deberá practicar la diligencia garantizando la sana distancia entre los comparecientes y el personal de este órgano jurisdiccional. Esto, en términos de lo establecido en los artículos 3 y 25, párrafo cuarto del mencionado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos y las certificaciones de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, se encuentra pendiente el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopia ofrecida en autos, respecto de la objeción planteada. Acuerdo y/o motivación. Diferimiento. En tal sentido, procede diferir la audiencia constitucional por no estar integrada la pericial. Fecha y hora. En consecuencia, se fijan para su celebración las once horas con cuarenta minutos del diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la (s) autoridad (es) responsable (s) por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, a los terceros interesados y por oficio a las autoridades responsables.

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