Luis Aguilar Coss
Expediente 551/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 551/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Aguilar Coss
Actuaciones
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha -veinticinco de junio dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado por ----, mediante el cual cumplen con la prevención realizada el once de junio de dos mil veintiuno. Ahora bien, del análisis del escrito de cuenta, así como de la demandada de amparo promovida por -----, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zinapécuaro, Michoacán, y Actuario de su adscripción, se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente, y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 198, Tomo VIII, Noviembre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". -. En ese contexto, el acto reclamado se hace consistir en: ". el ilegal emplazamiento a juicio, dentro del Juicio Ordinario Familiar Oral sobre divorcio sin Expresión de Causa y otras prestaciones reclamadas en el mismo, realizado mediante instructivo de notificación a RAÚL AGUILAR COSS, por conducto del Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zinápecuaro, del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, dentro del Juicio Ordinario Familiar Oral número 706/2020.", se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Del artículo transcrito se desprende que la procedencia del juicio Constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso, juicio o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o bien, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En otras palabras, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. En ese sentido, previamente a la promoción del juicio biinstancial que nos ocupa, la parte quejosa tuvo que haber promovido el medio ordinario de defensa que tenía a su alcance para impugnar la diligencia de emplazamiento al juicio ordinario familiar oral 706/2020 que considera ilegal, el cual fue señalado como acto reclamado. En otras palabras, previo al ejercicio de la acción Constitucional, el promovente del amparo tuvo que haber agotado el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 758, 759, 760 y 761 del Código Familiar del Estado de Michoacán, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 758. La nulidad de una actuación o notificación practicada en la fase escrita, debe reclamarse dentro de los tres días siguientes a la actuación subsecuente, de lo contrario queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento, la cual podrá serlo hasta antes de la sentencia ejecutoria." "Artículo 759. La nulidad de una actuación o notificación solo puede ser invocada por el afectado. "Artículo 760. La nulidad de actuaciones y notificaciones se sustanciará en la forma y términos que determine este Código para los incidentes." "Artículo 761. Solo formará artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento o por defecto en este." De la interpretación gramatical de los preceptos citados se advierte que las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la prevenida, cabe el incidente de nulidad de notificaciones, por lo que si dicha incidencia constituye un medio de defensa por medio del cual, la parte quejosa podía nulificar la diligencia de emplazamiento ahora reclamada en esta vía Constitucional, es evidente que previamente a la promoción del juicio de amparo tuvo que haber promovido dicha incidencia, pero como no lo hizo así, el juicio de amparo que nos ocupa es improcedente. Máxime que de su escrito de cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de once de junio de dos mil veintiuno, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no se ha emitido sentencia definitiva dentro del juicio ordinario familiar oral 706/2020, de donde emana el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 430, del Tomo XXI, Abril de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.-". Además, cabe destacar que en el presente caso no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad en comento, ya que de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte que ésta es parte demandada dentro del juicio ordinario familiar oral 706/2020; además, el acto impugnado de ninguna forma importa peligro de que al quejoso se le prive de la vida, se les deporte, se les destierre o que se cometa en su perjuicio cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional y, finalmente, tampoco está combatiendo un acto restrictivo de su libertad. En ese contexto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado por ----, mediante el cual cumplen con la prevención realizada el once de junio de dos mil veintiuno. Ahora bien, del análisis del escrito de cuenta, así como de la demandada de amparo promovida por -----, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zinapécuaro, Michoacán, y Actuario de su adscripción, se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente, y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 198, Tomo VIII, Noviembre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". -. En ese contexto, el acto reclamado se hace consistir en: ". el ilegal emplazamiento a juicio, dentro del Juicio Ordinario Familiar Oral sobre divorcio sin Expresión de Causa y otras prestaciones reclamadas en el mismo, realizado mediante instructivo de notificación a RAÚL AGUILAR COSS, por conducto del Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zinápecuaro, del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, dentro del Juicio Ordinario Familiar Oral número 706/2020.", se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Del artículo transcrito se desprende que la procedencia del juicio Constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso, juicio o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o bien, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En otras palabras, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. En ese sentido, previamente a la promoción del juicio biinstancial que nos ocupa, la parte quejosa tuvo que haber promovido el medio ordinario de defensa que tenía a su alcance para impugnar la diligencia de emplazamiento al juicio ordinario familiar oral 706/2020 que considera ilegal, el cual fue señalado como acto reclamado. En otras palabras, previo al ejercicio de la acción Constitucional, el promovente del amparo tuvo que haber agotado el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 758, 759, 760 y 761 del Código Familiar del Estado de Michoacán, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 758. La nulidad de una actuación o notificación practicada en la fase escrita, debe reclamarse dentro de los tres días siguientes a la actuación subsecuente, de lo contrario queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento, la cual podrá serlo hasta antes de la sentencia ejecutoria." "Artículo 759. La nulidad de una actuación o notificación solo puede ser invocada por el afectado. "Artículo 760. La nulidad de actuaciones y notificaciones se sustanciará en la forma y términos que determine este Código para los incidentes." "Artículo 761. Solo formará artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento o por defecto en este." De la interpretación gramatical de los preceptos citados se advierte que las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la prevenida, cabe el incidente de nulidad de notificaciones, por lo que si dicha incidencia constituye un medio de defensa por medio del cual, la parte quejosa podía nulificar la diligencia de emplazamiento ahora reclamada en esta vía Constitucional, es evidente que previamente a la promoción del juicio de amparo tuvo que haber promovido dicha incidencia, pero como no lo hizo así, el juicio de amparo que nos ocupa es improcedente. Máxime que de su escrito de cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de once de junio de dos mil veintiuno, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no se ha emitido sentencia definitiva dentro del juicio ordinario familiar oral 706/2020, de donde emana el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 430, del Tomo XXI, Abril de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.-". Además, cabe destacar que en el presente caso no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad en comento, ya que de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte que ésta es parte demandada dentro del juicio ordinario familiar oral 706/2020; además, el acto impugnado de ninguna forma importa peligro de que al quejoso se le prive de la vida, se les deporte, se les destierre o que se cometa en su perjuicio cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional y, finalmente, tampoco está combatiendo un acto restrictivo de su libertad. En ese contexto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zinapécuaro, Michoacán y otra autoridad; atento a ella se ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, bajo el número 551/2021-I. Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la aludida demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se hará acreedor el quejoso que al formular su demanda de amparo afirme hechos falsos u omita los que le consten, con apoyo en los numerales 108, fracción V y 114, fracción II de la Ley de la materia, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, por escrito cumpla con lo siguiente: Complete los antecedentes relativos a los actos reclamados. Es decir, manifieste el estado procesal que guarda el juicio ordinario familiar oral número 706/2020, de donde derivan los actos reclamados, en específico si a la fecha ya se emitió sentencia definitiva, toda vez que al respecto es omiso. En la inteligencia que la narración de los antecedentes a que se refiere el párrafo que antecede, deberán hacerla bajo protesta de decir verdad, pues la finalidad de ésta es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones al quejoso que manifieste hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de la materia, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda admiten hechos falsos u omita los que le consten, en relación con el acto reclamado, se harán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trecientos días de salario, adquiriendo con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse; por lo que si lo aseverado por el quejoso bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza. Bajo apercibimiento que en caso de no cumplir con el requerimiento antes formulado en el plazo concedido, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En la inteligencia de que deberá anexar las copias simples necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, es decir, una para cada una de las dos autoridades señaladas como responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la adscripción, una para el tercero interesado y dos más para los cuadernos en original y duplicado del incidente de suspensión, las cuales dan un total de seis copias, salvo el caso de que lo haga por la vía electrónica. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle *****, en esta ciudad, asimismo autoriza a JAIME ******, quien gozará de las amplias facultades que confiere artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó la cédula profesional número ****, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, y únicamente para imponerse de los autos a *****, hasta en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer la citada profesión, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha ONCE DE JUNIO DE dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, once de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zinapécuaro, Michoacán y otra autoridad; atento a ella se ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, bajo el número 551/2021-I. Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la aludida demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se hará acreedor el quejoso que al formular su demanda de amparo afirme hechos falsos u omita los que le consten, con apoyo en los numerales 108, fracción V y 114, fracción II de la Ley de la materia, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, por escrito cumpla con lo siguiente: Complete los antecedentes relativos a los actos reclamados. Es decir, manifieste el estado procesal que guarda el juicio ordinario familiar oral número 706/2020, de donde derivan los actos reclamados, en específico si a la fecha ya se emitió sentencia definitiva, toda vez que al respecto es omiso. En la inteligencia que la narración de los antecedentes a que se refiere el párrafo que antecede, deberán hacerla bajo protesta de decir verdad, pues la finalidad de ésta es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones al quejoso que manifieste hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de la materia, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda admiten hechos falsos u omita los que le consten, en relación con el acto reclamado, se harán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trecientos días de salario, adquiriendo con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse; por lo que si lo aseverado por el quejoso bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza. Bajo apercibimiento que en caso de no cumplir con el requerimiento antes formulado en el plazo concedido, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En la inteligencia de que deberá anexar las copias simples necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, es decir, una para cada una de las dos autoridades señaladas como responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la adscripción, una para el tercero interesado y dos más para los cuadernos en original y duplicado del incidente de suspensión, las cuales dan un total de seis copias, salvo el caso de que lo haga por la vía electrónica. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle *****, en esta ciudad, asimismo autoriza a JAIME ******, quien gozará de las amplias facultades que confiere artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó la cédula profesional número ****, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, y únicamente para imponerse de los autos a *****, hasta en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer la citada profesión, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
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