Luis Aguilar Chávez
Expediente 327/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 48 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 327/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 48
- Última actuación
- 04/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Luis Aguilar Chávez
- Juez Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, con sede en Cárdenas, San Luis Potosí
Actuaciones
Las 4 más recientes de 48.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo establece para que el peticionario del amparo interpusiera el recurso de revisión en contra del proveído de siete de diciembre del dos mil veintidós, mismo que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 354 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archivo y anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. Temporalidad para destrucción de expediente. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Devolución de constancias. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención de las copias certificadas del expediente 393/2018, que remitió como complemento a su informe justificado la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia en Cárdenas, San Luis Potosí. Inscripción de datos. Inscríbanse tales datos, así como la fecha de este acuerdo, en la carátula del expediente, en observancia al ordinal 35, segundo párrafo del propio ordenamiento. Notifíquese.
- Principal
En siete de diciembre de dos mil veintidós, Germán Cabrera Rodríguez, Secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, CERTIFICA: Que el término de sesenta días por el que se suspendió el procedimiento del presente juicio de amparo 327/2021, mediante acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintidós, notificado el nueve de mayo del propio año, transcurrió del once de mayo al dos de agosto de dos mil veintidós, sin contar los días inhábiles catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de mayo, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de junio, dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de julio, todos del año en curso; sin que se haya comparecido el representante de la sucesión a bienes de Luis Aguilar Chávez -quejoso-. Lo que se certifica para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Germán Cabrera Rodríguez Secretario adscrito a este Juzgado de Distrito En siete de diciembre de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta a la Jueza con la certificación que antecede y con el estado procesal de autos. Conste. Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de sesenta días para que el representante de la sucesión a bienes de Luis Aguilar Chávez -quejoso-, interviniera en este juicio de amparo, sin que lo haya realizado o se haya acreditado la existencia de dicho representante; en consecuencia, se levanta la suspensión del procedimiento decretado en auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós. Sin que en el caso, resulte necesario señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, en atención a lo que se proveerá en párrafos siguientes. Es importante señalar que el estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación de todo órgano de control constitucional que cuando tenga conocimiento de la existencia de alguna causa que haga improcedente el juicio de amparo, debe entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 3/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 13, registro 194697, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En el caso, del análisis de las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los artículos 107, fracción I, constitucional, 6° y 16 de la Ley de Amparo, dado que durante la tramitación del juicio de amparo acaeció la muerte del quejoso y no obstante que los actos reclamados en el juicio tienen una trascendencia patrimonial, pese a la actividad de este juzgado en aras de obtener alguna manifestación de interés procesal, no intervino alguna persona con legitimación en el juicio de amparo, en representación del quejoso, para continuar con la acción constitucional. Efectivamente, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." Además, los numerales 6 y 16 de la Ley de Amparo prevén: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley." "Artículo 16. En caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión. Si el fallecido no tiene representación legal en el juicio, éste se suspenderá inmediatamente que se tenga conocimiento de la defunción. Si la sucesión no interviene dentro del plazo de sesenta días siguientes al en que se decrete la suspensión, el juez ordenará lo conducente según el caso de que se trate. Cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado deberá hacerlo del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo, acreditando tal circunstancia, o proporcionando los datos necesarios para ese efecto". Esto es, tratándose de un derecho personalísimo del quejoso, como la vida y la libertad, sin que exista afectación a intereses patrimoniales que pudieran trascender en sus herederos, es inconcuso que a la muerte del quejoso sobreviene dicha causa de improcedencia; empero, cuando contrariamente a ello, sí reviste una significación económica que pudiera afectar a su sucesión, no procede la extinción del juicio de amparo, por dichos motivos. Sin embargo, por disposición del artículo 16 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado afecta intereses particulares que subsisten con posterioridad a la muerte del quejoso, su sucesión ha de continuar el juicio, por conducto de su representante legal, para obtener la protección constitucional respecto del acto reclamado que, afectando derechos patrimoniales, no quedaron extintos por la muerte del quejoso. Lo que no opera si no interviene la sucesión del quejoso, o de persona con legitimación para continuar con la acción de amparo. Es así, porque ante la falta de promoción en el juicio de amparo por parte de quien pudiera resentir afectación a sus derechos económicos obtenidos por transmisión derivada de la muerte del quejoso, no es factible prorrogar la representación del quejoso. En efecto, al no existir parte agraviada, ni sujeto jurídico en favor de quien pudiera dictarse la sentencia para restituirlo en el goce del derecho violado, que constituye un presupuesto procesal del juicio de amparo, en términos de los artículos 6° de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción I del artículo 107 Constitucional, sobreviene la causa de improcedencia invocada y por ende, el sobreseimiento del juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 6, todos de la ley de la materia. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la tesis emitida por la Sala Auxiliar, en la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 163-168, Séptima Parte, página 140, registro 245665, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO POR FALLECIMIENTO DEL AGRAVIADO EN MATERIA PENAL. Si el quejoso falleció durante la tramitación del amparo directo que promovió contra sentencia en materia penal que lo condenó a cierta pena de prisión y al pago de una sanción pecuniaria y de la reparación del daño, sobrevino una causal de improcedencia que ameritó el sobreseimiento del juicio de garantías, pero no conforme a lo ordenado por la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo, porque la garantía reclamada no solamente afectó a su persona, sino también derechos patrimoniales del agraviado que después de su muerte trascendieron a su sucesión, al imponérseles además de la prisión la sanción pecuniaria y la reparación del daño que no quedó legalmente extinguida de acuerdo con lo establecido por el artículo 91 del Código Penal, pues el resto quedó sin materia. Resulta claro al tenor de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, que el acto reclamado está afectando intereses particulares que subsisten con posterioridad a la muerte del quejoso y su sucesión debió continuar el juicio, por conducto de su representante legal, para obtener la protección constitucional en contra de la parte del acto reclamado que permanece viva y no se ha extinguido por la muerte del agraviado, o sea la obligación de reparar el daño. Esta previsión no opera, sin embargo, si nunca compareció la sucesión del quejoso para legitimarse como nueva parte quejosa a continuar el juicio, y si, inclusive, los informes sobre la existencia de algún juicio sucesorio tuvieron resultados negativos. Si por su parte, además, el tercer perjudicado no reclamó en el juicio acto alguno, y no se aportó por ello ningún elemento sobre el particular, ni volvió a promover en el mismo, no es el caso de prorrogar la representación del quejoso y, en esa virtud, resulta que en el juicio de garantías a partir de la muerte del agraviado, como nadie intervino con legitimación para continuar con la acción de amparo y por lo tanto no existe la parte agraviada ni, por lo mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de la garantía violada, presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 constitucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del juicio de garantías, lo que impide se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. En conclusión, el juicio de garantías al quedar sin parte agraviada y sin garantía que tutelar hace sobrevenir la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo y que resulta de la interpretación y aplicación de los artículos 107 constitucional, 4o. y 15 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer el juicio, con apoyo en lo dispuesto en la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento." Luego, en el particular, la promoción de la demanda de derechos fundamentales aconteció el quince de julio de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, en el que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Juez Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, con sede en Cárdenas, San Luis Potosí, por los actos que a continuación se precisan: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Juez Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, con residencia en el Municipio de Cárdenas, S.L.P. La citada autoridad cuenta con domicilio ampliamente conocido en la cabecera municipal de Cárdenas, S.L.P. IV. ACTOS RECLAMADOS. El acuerdo dictado en autos del expediente 393/2018 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Cárdenas, S.L.P., publicado mediante lista de acuerdos de 23 veintitrés de junio de 2021 dos mil veintiuno, en el que se desecha de plano el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de 15 quince de junio de 2021 dos mil veintiuno." -Se precisa que dicho asunto deriva de un juicio sucesorio intestamentario-. Mediante proveído de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda y se requirió a la autoridad responsable su informe justificado, se otorgó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, quien sí formuló alegaciones; además, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Durante la tramitación del juicio, se intentó llevar a cabo el emplazamiento de la parte tercero interesada; sin embargo, en proveído de nueve de septiembre de dos mil veintiuno se tuvo por recibido un ocurso del quejoso, a través del cual informó que había fallecido la tercero interesada Ma. Socorro Suárez Saldierna, y para tal efecto acompañó copia certificada de su acta de defunción; al respecto este órgano jurisdiccional realizó diversos trámites para lograr su llamamiento a juicio a través del representante legal de la sucesión de dicha tercero. Sin embargo, en auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al licenciado Fernando Pérez Salas -autorizado del quejoso-, por haciendo del conocimiento que el directo solicitante del amparo había fallecido el veintiocho de noviembre de dos mil veintiuno, según le fue informado por familiares de éste, además, que se encontraba en trámite de demandar la sucesión del quejoso; al respecto, acompañó copia simple del acta de defunción. Luego, en auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, en atención al requerimiento formulado por este Juzgado de Distritito, se tuvo al Subdirector de Registro Civil en San Luis Potosí, por remitiendo copia certificada del acta de defunción 8248, asentada el veintiocho de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficialía 05 del Registro Civil de San Luis Potosí, a nombre del finado aquí quejoso Luis Aguilar Chávez. Con motivo de lo anterior, el veintiocho de abril de dos mil veintidós, se suspendió la tramitación del presente sumario, por el plazo de sesenta días para que el representante de la sucesión a bienes de Luis Aguilar Chávez -quejoso-, interviniera en este juicio de amparo; empero, como quedó de manifiesto en la certificación de cuenta, el plazo otorgado transcurrió del once de mayo al dos de agosto de dos mil veintidós, esto es, dicho lapso otorgado transcurrió en exceso sin que hubiese comparecido la sucesión para continuar con la tramitación de este juicio de amparo. Ahora bien, es pertinente destacar que el acto reclamado por el extinto peticionario de amparo en esta instancia constitucional, no se circunscribe únicamente a su esfera personal; por tanto, es notorio que dicha afectación a derechos de naturaleza patrimonial, no se extinguieron con la muerte del quejoso, sino que trascienden a su sucesión, porque el derecho fundamental reclamado también les afecta; por lo que, corresponde a los herederos con legitimación para promover, continuar con el juicio de amparo, a efecto de constituir la nueva parte agraviada y con ello darle impulso al juicio de amparo, para llegar al dictado de una sentencia en la que, de ser el caso, los restituyera en el goce del derecho fundamental violado. De igual forma, se puntualiza que no se inadvierte que la parte quejosa autorizó a diversas personas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; sin embargo, un autorizado en términos amplios del mencionado numeral no puede considerarse como representante legal para efectos del artículo 16 de la propia ley, ya que por representante legal debe entenderse quien tiene facultades para actuar, obligar y decidir en nombre de otro y de acuerdo con la interpretación del Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del País, la autorización procesal prevista en el primero de los preceptos legales citados no constituye una representación, sino únicamente una autorización, la cual puede acompañarse de facultades amplias para intervenir en el juicio en el que se le autoriza, por lo que, en ese sentido, el representante legal del fallecido es el único que puede continuar con el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión de acuerdo con el artículo 16 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, no así el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la propia legislación. Aunado a ello, como se advierte del auto admisorio de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por autorizados a las personas que indicó la parte solicitante del amparo, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos, toda vez que no tenían su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorizara a ejercer la profesión de abogado, por lo que, en el caso ni siquiera se encuentran autorizadas dichas personas en términos amplios a que se ha hecho alusión. Es aplicable al respecto la Jurisprudencia P./J. 15/2020 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 14, registro 2022486, de rubor y texto: "REPRESENTACIÓN EN CASO DE FALLECIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO NO PUEDE SER EQUIPARADO AL REPRESENTANTE LEGAL DEL FALLECIDO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes al analizar si el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo puede considerarse como "representante legal" para los efectos del artículo 16 de la propia legislación, llegaron a soluciones contrarias. Criterio jurídico: El autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo no puede equipararse al representante legal a que hace referencia el artículo 16 de la propia legislación, para efectos de la representación del quejoso que fallece. Justificación: El representante legal tiene originariamente las facultades y obligaciones para instaurar el procedimiento, por lo que esa figura no es equiparable a la del autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, entre otras razones, porque los requisitos previstos para la representación legal o el otorgamiento del mandato no pueden tenerse por satisfechos con la sola presentación de una promoción como en el caso de las autorizaciones que se otorgan en términos amplios, aun cuando puedan acompañarse de facultades para intervenir en el juicio en el que se le autoriza. Por tanto, el representante legal del fallecido es el único que puede continuar con el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión de acuerdo con el artículo 16 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución, no así el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la propia legislación." En ese sentido, si nadie con debida legitimación para continuar con el juicio de amparo, compareció a deducir sus derechos, resulta indudable, como se anunció, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia invocada, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en el juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 6, este último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de amparo. Al respecto, robustece lo anterior la tesis XVI.5o.8 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, página 1793, registro 179176, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. SE ACTUALIZA ÉSTE CUANDO ACAECE EL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO AFECTANDO SÓLO SUS DERECHOS PERSONALES. Sin la presencia de sucesión alguna, o bien, designación de herederos, luego del conocimiento del fallecimiento del quejoso, la garantía reclamada afecta entonces sólo a su persona y, por tanto, se trata de un derecho personalísimo cuya extinción por la muerte del agraviado produce sin duda la extinción del juicio de amparo en la medida en que no reviste significación ni importancia patrimonial, en cuanto a que después de su muerte no trascendió dicha garantía a su sucesión por inexistencia de la misma. De manera que, como nadie intervino con legitimación para continuar con la acción de amparo y, por tanto, no existe la parte agraviada ni, por lo mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de la garantía violada; presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 constitucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del juicio de garantías, lo que impide que se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados; no cabe entonces otra conclusión que estimar que, en el caso, respecto del juicio de garantías, al quedar sin parte agraviada y sin garantía qué tutelar, se surte la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo." No es obstáculo para decretar el sobreseimiento, que se decrete fuera de la audiencia, pues es de tal manera clara y evidente la causa de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Lo mismo acontece en relación con el tópico concerniente a la falta de emplazamiento de la parte tercero interesada, sin embargo, a juicio de la suscrita Juzgadora, a nada práctico conduciría continuar con el trámite relativo a su emplazamiento, si la determinación aquí adoptada no cambiaría en su conclusión, aunado a que el sobreseimiento decretado no afecta a los intereses de la parte tercero interesada. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, registro 184572, cuyo rubro y texto es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Comuníquese lo anterior a las partes, a la parte quejosa por conducto de su autorizado. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso...la determinación de siete de diciembre del año en curso que dice:" Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de sesenta días para que el representante de la sucesión a bienes de Luis Aguilar Chávez -quejoso-, interviniera en este juicio de amparo, sin que lo haya realizado o se haya acreditado la existencia de dicho representante; en consecuencia, se levanta la suspensión del procedimiento decretado en auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós. Sin que en el caso, resulte necesario señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, en atención a lo que se proveerá en párrafos siguientes. Es importante señalar que el estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación de todo órgano de control constitucional que cuando tenga conocimiento de la existencia de alguna causa que haga improcedente el juicio de amparo, debe entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 3/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 13, registro 194697, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En el caso, del análisis de las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los artículos 107, fracción I, constitucional, 6° y 16 de la Ley de Amparo, dado que durante la tramitación del juicio de amparo acaeció la muerte del quejoso y no obstante que los actos reclamados en el juicio tienen una trascendencia patrimonial, pese a la actividad de este juzgado en aras de obtener alguna manifestación de interés procesal, no intervino alguna persona con legitimación en el juicio de amparo, en representación del quejoso, para continuar con la acción constitucional. Efectivamente, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." Además, los numerales 6 y 16 de la Ley de Amparo prevén: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley." "Artículo 16. En caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión. Si el fallecido no tiene representación legal en el juicio, éste se suspenderá inmediatamente que se tenga conocimiento de la defunción. Si la sucesión no interviene dentro del plazo de sesenta días siguientes al en que se decrete la suspensión, el juez ordenará lo conducente según el caso de que se trate. Cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado deberá hacerlo del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo, acreditando tal circunstancia, o proporcionando los datos necesarios para ese efecto". Esto es, tratándose de un derecho personalísimo del quejoso, como la vida y la libertad, sin que exista afectación a intereses patrimoniales que pudieran trascender en sus herederos, es inconcuso que a la muerte del quejoso sobreviene dicha causa de improcedencia; empero, cuando contrariamente a ello, sí reviste una significación económica que pudiera afectar a su sucesión, no procede la extinción del juicio de amparo, por dichos motivos. Sin embargo, por disposición del artículo 16 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado afecta intereses particulares que subsisten con posterioridad a la muerte del quejoso, su sucesión ha de continuar el juicio, por conducto de su representante legal, para obtener la protección constitucional respecto del acto reclamado que, afectando derechos patrimoniales, no quedaron extintos por la muerte del quejoso. Lo que no opera si no interviene la sucesión del quejoso, o de persona con legitimación para continuar con la acción de amparo. Es así, porque ante la falta de promoción en el juicio de amparo por parte de quien pudiera resentir afectación a sus derechos económicos obtenidos por transmisión derivada de la muerte del quejoso, no es factible prorrogar la representación del quejoso. En efecto, al no existir parte agraviada, ni sujeto jurídico en favor de quien pudiera dictarse la sentencia para restituirlo en el goce del derecho violado, que constituye un presupuesto procesal del juicio de amparo, en términos de los artículos 6° de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción I del artículo 107 Constitucional, sobreviene la causa de improcedencia invocada y por ende, el sobreseimiento del juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 6, todos de la ley de la materia. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la tesis emitida por la Sala Auxiliar, en la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 163-168, Séptima Parte, página 140, registro 245665, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO POR FALLECIMIENTO DEL AGRAVIADO EN MATERIA PENAL. Si el quejoso falleció durante la tramitación del amparo directo que promovió contra sentencia en materia penal que lo condenó a cierta pena de prisión y al pago de una sanción pecuniaria y de la reparación del daño, sobrevino una causal de improcedencia que ameritó el sobreseimiento del juicio de garantías, pero no conforme a lo ordenado por la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo, porque la garantía reclamada no solamente afectó a su persona, sino también derechos patrimoniales del agraviado que después de su muerte trascendieron a su sucesión, al imponérseles además de la prisión la sanción pecuniaria y la reparación del daño que no quedó legalmente extinguida de acuerdo con lo establecido por el artículo 91 del Código Penal, pues el resto quedó sin materia. Resulta claro al tenor de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, que el acto reclamado está afectando intereses particulares que subsisten con posterioridad a la muerte del quejoso y su sucesión debió continuar el juicio, por conducto de su representante legal, para obtener la protección constitucional en contra de la parte del acto reclamado que permanece viva y no se ha extinguido por la muerte del agraviado, o sea la obligación de reparar el daño. Esta previsión no opera, sin embargo, si nunca compareció la sucesión del quejoso para legitimarse como nueva parte quejosa a continuar el juicio, y si, inclusive, los informes sobre la existencia de algún juicio sucesorio tuvieron resultados negativos. Si por su parte, además, el tercer perjudicado no reclamó en el juicio acto alguno, y no se aportó por ello ningún elemento sobre el particular, ni volvió a promover en el mismo, no es el caso de prorrogar la representación del quejoso y, en esa virtud, resulta que en el juicio de garantías a partir de la muerte del agraviado, como nadie intervino con legitimación para continuar con la acción de amparo y por lo tanto no existe la parte agraviada ni, por lo mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de la garantía violada, presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 constitucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del juicio de garantías, lo que impide se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. En conclusión, el juicio de garantías al quedar sin parte agraviada y sin garantía que tutelar hace sobrevenir la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo y que resulta de la interpretación y aplicación de los artículos 107 constitucional, 4o. y 15 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer el juicio, con apoyo en lo dispuesto en la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento." Luego, en el particular, la promoción de la demanda de derechos fundamentales aconteció el quince de julio de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, en el que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Juez Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, con sede en Cárdenas, San Luis Potosí, por los actos que a continuación se precisan: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Juez Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, con residencia en el Municipio de Cárdenas, S.L.P. La citada autoridad cuenta con domicilio ampliamente conocido en la cabecera municipal de Cárdenas, S.L.P. IV. ACTOS RECLAMADOS. El acuerdo dictado en autos del expediente 393/2018 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Cárdenas, S.L.P., publicado mediante lista de acuerdos de 23 veintitrés de junio de 2021 dos mil veintiuno, en el que se desecha de plano el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de 15 quince de junio de 2021 dos mil veintiuno." -Se precisa que dicho asunto deriva de un juicio sucesorio intestamentario-. Mediante proveído de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda y se requirió a la autoridad responsable su informe justificado, se otorgó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, quien sí formuló alegaciones; además, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Durante la tramitación del juicio, se intentó llevar a cabo el emplazamiento de la parte tercero interesada; sin embargo, en proveído de nueve de septiembre de dos mil veintiuno se tuvo por recibido un ocurso del quejoso, a través del cual informó que había fallecido la tercero interesada Ma. Socorro Suárez Saldierna, y para tal efecto acompañó copia certificada de su acta de defunción; al respecto este órgano jurisdiccional realizó diversos trámites para lograr su llamamiento a juicio a través del representante legal de la sucesión de dicha tercero. Sin embargo, en auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al licenciado Fernando Pérez Salas -autorizado del quejoso-, por haciendo del conocimiento que el directo solicitante del amparo había fallecido el veintiocho de noviembre de dos mil veintiuno, según le fue informado por familiares de éste, además, que se encontraba en trámite de demandar la sucesión del quejoso; al respecto, acompañó copia simple del acta de defunción. Luego, en auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, en atención al requerimiento formulado por este Juzgado de Distritito, se tuvo al Subdirector de Registro Civil en San Luis Potosí, por remitiendo copia certificada del acta de defunción 8248, asentada el veintiocho de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficialía 05 del Registro Civil de San Luis Potosí, a nombre del finado aquí quejoso Luis Aguilar Chávez. Con motivo de lo anterior, el veintiocho de abril de dos mil veintidós, se suspendió la tramitación del presente sumario, por el plazo de sesenta días para que el representante de la sucesión a bienes de Luis Aguilar Chávez -quejoso-, interviniera en este juicio de amparo; empero, como quedó de manifiesto en la certificación de cuenta, el plazo otorgado transcurrió del once de mayo al dos de agosto de dos mil veintidós, esto es, dicho lapso otorgado transcurrió en exceso sin que hubiese comparecido la sucesión para continuar con la tramitación de este juicio de amparo. Ahora bien, es pertinente destacar que el acto reclamado por el extinto peticionario de amparo en esta instancia constitucional, no se circunscribe únicamente a su esfera personal; por tanto, es notorio que dicha afectación a derechos de naturaleza patrimonial, no se extinguieron con la muerte del quejoso, sino que trascienden a su sucesión, porque el derecho fundamental reclamado también les afecta; por lo que, corresponde a los herederos con legitimación para promover, continuar con el juicio de amparo, a efecto de constituir la nueva parte agraviada y con ello darle impulso al juicio de amparo, para llegar al dictado de una sentencia en la que, de ser el caso, los restituyera en el goce del derecho fundamental violado. De igual forma, se puntualiza que no se inadvierte que la parte quejosa autorizó a diversas personas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; sin embargo, un autorizado en términos amplios del mencionado numeral no puede considerarse como representante legal para efectos del artículo 16 de la propia ley, ya que por representante legal debe entenderse quien tiene facultades para actuar, obligar y decidir en nombre de otro y de acuerdo con la interpretación del Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del País, la autorización procesal prevista en el primero de los preceptos legales citados no constituye una representación, sino únicamente una autorización, la cual puede acompañarse de facultades amplias para intervenir en el juicio en el que se le autoriza, por lo que, en ese sentido, el representante legal del fallecido es el único que puede continuar con el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión de acuerdo con el artículo 16 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, no así el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la propia legislación. Aunado a ello, como se advierte del auto admisorio de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por autorizados a las personas que indicó la parte solicitante del amparo, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos, toda vez que no tenían su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorizara a ejercer la profesión de abogado, por lo que, en el caso ni siquiera se encuentran autorizadas dichas personas en términos amplios a que se ha hecho alusión. Es aplicable al respecto la Jurisprudencia P./J. 15/2020 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 14, registro 2022486, de rubor y texto: "REPRESENTACIÓN EN CASO DE FALLECIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO NO PUEDE SER EQUIPARADO AL REPRESENTANTE LEGAL DEL FALLECIDO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes al analizar si el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo puede considerarse como "representante legal" para los efectos del artículo 16 de la propia legislación, llegaron a soluciones contrarias. Criterio jurídico: El autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo no puede equipararse al representante legal a que hace referencia el artículo 16 de la propia legislación, para efectos de la representación del quejoso que fallece. Justificación: El representante legal tiene originariamente las facultades y obligaciones para instaurar el procedimiento, por lo que esa figura no es equiparable a la del autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, entre otras razones, porque los requisitos previstos para la representación legal o el otorgamiento del mandato no pueden tenerse por satisfechos con la sola presentación de una promoción como en el caso de las autorizaciones que se otorgan en términos amplios, aun cuando puedan acompañarse de facultades para intervenir en el juicio en el que se le autoriza. Por tanto, el representante legal del fallecido es el único que puede continuar con el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión de acuerdo con el artículo 16 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución, no así el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la propia legislación." En ese sentido, si nadie con debida legitimación para continuar con el juicio de amparo, compareció a deducir sus derechos, resulta indudable, como se anunció, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia invocada, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en el juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 6, este último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de amparo. Al respecto, robustece lo anterior la tesis XVI.5o.8 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, página 1793, registro 179176, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. SE ACTUALIZA ÉSTE CUANDO ACAECE EL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO AFECTANDO SÓLO SUS DERECHOS PERSONALES. Sin la presencia de sucesión alguna, o bien, designación de herederos, luego del conocimiento del fallecimiento del quejoso, la garantía reclamada afecta entonces sólo a su persona y, por tanto, se trata de un derecho personalísimo cuya extinción por la muerte del agraviado produce sin duda la extinción del juicio de amparo en la medida en que no reviste significación ni importancia patrimonial, en cuanto a que después de su muerte no trascendió dicha garantía a su sucesión por inexistencia de la misma. De manera que, como nadie intervino con legitimación para continuar con la acción de amparo y, por tanto, no existe la parte agraviada ni, por lo mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de la garantía violada; presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 constitucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del juicio de garantías, lo que impide que se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados; no cabe entonces otra conclusión que estimar que, en el caso, respecto del juicio de garantías, al quedar sin parte agraviada y sin garantía qué tutelar, se surte la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo." No es obstáculo para decretar el sobreseimiento, que se decrete fuera de la audiencia, pues es de tal manera clara y evidente la causa de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Lo mismo acontece en relación con el tópico concerniente a la falta de emplazamiento de la parte tercero interesada, sin embargo, a juicio de la suscrita Juzgadora, a nada práctico conduciría continuar con el trámite relativo a su emplazamiento, si la determinación aquí adoptada no cambiaría en su conclusión, aunado a que el sobreseimiento decretado no afecta a los intereses de la parte tercero interesada. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, registro 184572, cuyo rubro y texto es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Comuníquese lo anterior a las partes, a la parte quejosa por conducto de su autorizado. Notifíquese y personalmente."
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Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de mayo de dos mil veintidós. SE AGREGA OFICIO. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de la Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial en Rioverde, San Luis Potosí, por el cual transcribió el auto de veintiocho de abril del año en curso, emitido en los autos del expediente 983/2021 relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Ma. del Socorro Suárez Saldierna, promovido por el aquí quejoso Luis Aguilar Chávez, en el que hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno y desechó la denuncia que dio origen a dicho juicio, de lo que queda enterado este juzgado. Notifíquese.
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