Luis Adolfo Fernández y Fernández de Cordova
Expediente 34/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 34/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Luis Adolfo Fernández y Fernández de Cordova
Actuaciones
- Principal
Queda firme la resolución que desechó la demanda de amparo. Archívese el presente exhorto.
- Principal
.Cuernavaca, Morelos, dieciocho de enero de dos mil diecinueve.Por recibida la demanda de amparo promovida por Luis Adolfo Fernández y Fernández de Córdova, mediante la cual solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese el expediente de amparo correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. Se procede a examinar el escrito de demanda a fin de determinar la procedencia o en su caso, improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". El quejoso señaló como actos reclamados los siguientes: ".ACTOS RECLAMADOS: Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los actos reclamados son los siguientes: a. Del Congreso del Estado de Morelos, reclamo la discusión, aprobación y expedición del artículo 77 fracciones II y IV, así como del artículo 78 fracciones 1 y V, ambos de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; b. Del Gobernador del Estado de Morelos, reclamo la sanción y promulgación del artículo 77 fracciones II y IV, así como del artículo 78 fracciones I y V, ambos de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; c. Del secretario General de Gobierno del Estado de Morelos, reclamo el refrendo y publicación del Decreto de Aprobación que contiene el artículo 77 fracciones II y IV, así como el artículo 78 fracciones I y V, ambos de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; d. Del Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, reclamo la publicación del artículo 77 fracciones II y IV, así como del artículo 78 fracciones 1 y V, ambos de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, bajo el número 4472, sección segunda, de fecha cinco de julio del año dos mil seis. e. Del Secretario de Hacienda y del Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, ambos del Gobierno del Estado de Morelos, así como de la Tesorería y Dirección de Impuesto Predial del H. Ayuntamiento, ambos del Municipio de Cuernavaca, reclamo la RECAUDACIÓN INDEBIDA de la cantidad de $6,851.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), así como la RECAUDACIÓN INDEBIDA de la cantidad de $42,500.00 (CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de pago de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, así como el pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI); respecto de la escritura pública número 83,981 (OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO), la cual contiene el contrato de compraventa en todas sus modalidades (traslativo de dominio), en el que el suscrito tengo la calidad de comprador y a cargo del pago de todos los derechos e impuestos que se causen por la misma. Asimismo, en términos de los artículos 31 y 32 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, y TERCERO de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal del Primero de Enero al Treinta y Uno de Diciembre de Dos Mil Nueve, por lo que reclamo la DEVOLUCIÓNY PAGO DE LOS INTERESES Y/O RECARGOS Y/O ACTUALIZACIONES que generen las cantidades ingresadas indebidamente.". Ahora del capítulo denominado "Bajo protesta de decir verdad" del escrito de demanda de amparo, la parte quejosa manifestó lo siguiente: ".BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que los hechos, abstenciones y antecedentes que me constan y que son fundamento de los conceptos de violación constitutivos del acto reclamado, son los siguientes: 1. Mediante escritura pública número 83,981 (OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTAY UNO), pasada ante la fe del Notario Público Número 01 de la Novena Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, LIC. GREGORIO. ALEJANDRO GOMEZMALDONADO, celebré contrato de compraventa, en calidad de comprador. 2. Con fecha 28 de Mayo de 2018, realicé el pago por la cantidad de $6,851.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), así como la RECAUDACIÓN INDEBIDA de la cantidad de $42,500.00 (CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de pago de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, así como el pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI); respecto de la escritura pública número 83,981 (OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTAY UNO), situación que se acredita mediante el recibo de pago de fecha 28 de MAYO de 2018, debidamente sellado o en su defecto firmado por el Notario Público Número Uno de la Novena demarcación notarial en el Estado de Morelos y a cargo del Lic. Gregorio Alejandro Gómez Maldonado.". Desechamiento de la demanda. Por lo anterior, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Del primero de los artículos trascritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los términos establecidos para ello. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se desprende que el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Apoya lo anterior en vía de orientación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida con motivo de la contradicción de tesis 57/2008-PL, suscitada entre la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituye el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Al resolver la contradicción de tesis que originó la citada jurisprudencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Además, el Máximo Tribunal enunció que es clara la intención del legislador al establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por tanto, la esencia del artículo 18 de la ley de la materia, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, se sustenta, entre otros supuestos, en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Acotado lo anterior, en la especie, se advierte que la parte quejosa tuvo oportunidad de interponer el juicio de amparo del treinta de noviembre al veinte de diciembre de dos mil dieciocho, sin contar los días uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de diciembre del presente año, por ser inhábiles pues son sábados y domingos. Así pues, al realizar el cómputo del plazo que tuvo la quejosa para presentar su demanda de amparo, se advierte que aquél transcurrió en exceso, pues su demanda fue presentada hasta el día veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Décimo Octavo Circuito, por lo que es inconcuso que resulta extemporánea. Lo que hace que se ponga de manifiesto que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado fue consentido en razón de que no promovió el juicio de amparo dentro del plazo previsto por la ley de la materia, tal y como lo establece el numeral antes referido y el diverso 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en los diversos numerales 17 y 113 de la citada legislación, procede DESECHAR la demanda de amparo intentada por motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Por otra parte, se estima necesario precisar que, en el asunto que nos ocupa, los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, no se tratan de una norma de carácter general, razón por la cual no cabe aplicar la regla prevista en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo; de ahí que el término para su impugnación, mediante la promoción del juicio de garantías, tal y como se estableció en los párrafos que antecede, debe ser de quince días, acorde a lo previsto en el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, en el caso que se analiza, se desprende que si la quejosa tuvo conocimiento de los actos que hoy reclama desde el día veintinueve de noviembre del presente año, como lo manifestó la misma, es claro que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo, comenzó a correr a partir del día hábil siguiente, esto es a partir del treinta de noviembre de dos mil dieciocho. En este orden de ideas, el plazo legal de quince días para promover la demanda de amparo indirecto transcurrió tal y como se estableció en los párrafos que antecede. Es aplicable en lo conducente, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la siguiente jurisprudencia: Novena época Registro: 163172 Instancia: Pleno Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, enero de 2011 Materia: Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. De ahí que se concluya, que los actos reclamados en esta instancia constitucional no tienen la naturaleza jurídica de una norma general, la cual pueda combatirse ya sea con motivo de su entrada en vigor o con motivo de su primer acto concreto de aplicación; sino que, del cual la parte quejosa tuvo conocimiento de los mismos el día veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, al celebrarse el contrato de compraventa, tal y como lo manifestó la misma bajo protesta de decir verdad en el capítulo que denominó "antecedentes de los actos reclamados", en el escrito de demanda de amparo. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada en cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que se contraen los aludidos numerales. Domicilio procesal y autorizados. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio que indica para los efectos de oír y recibir notificaciones. Se tienen por autorizados a Rodolfo Gómez Carrizosa y Julio Sandin Orea en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por autorizadas únicamente para el efecto de oír y recibir notificaciones a las demás personas señaladas en el escrito de demanda, por no contar con dicho requisito. Autorización de días y horas inhábiles. Se autoriza a los Actuarios adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que efectúen las notificaciones de carácter personal inclusive en días y horas inhábiles, como lo previene el artículo 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Guillermo Amaro Correa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa con el Secretario Juan Manuel Barranco Moral, que autoriza y da fe.
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