Luis Abraham Álvarez Rocha

Expediente 681/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
681/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
29/12/2017

Partes del expediente

  • Luis Abraham Álvarez Rocha

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    QUEDA FIRME SOBRESEIMIENTO. ARCHIVESE.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos sin mayor proveer el oficio y anexo enviado por el Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, toda vez que en proveído de cuatro de diciembre del año en curso (fojas 48 a 52), se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por la Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, con el que da cumplimiento al requerimiento de veintiocho de noviembre del presente año, para lo cual acompañó lo siguiente: 1. Copia certificada de los registros audiovisuales de audiencia inicial de formulación de imputación de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. 2. Copia certificada de los registros audiovisuales de audiencia de vinculación a proceso celebrada el veintisiete de noviembre del presente año. Constancias relativas a la causa penal ******, con número único ******, que se instruye en contra de ******. En estricto acatamiento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito advierte de manera notoria la existencia de una causa de improcedencia que determina el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia, como lo señala el precepto 63, fracción V, de la ley citada, que se invoca de oficio y fuera de audiencia, por tratarse de una cuestión de orden público. Ahora bien, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado la orden de aprehensión girada en su contra, así como el cumplimiento de dicha orden. Actuaciones, de las cuales se desprende que operó un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado, por lo que se debe sobreseer el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XVII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Al efecto, procede citar la Contradicción de tesis número 26/200-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA." No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional.". El artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" Del precepto trascrito, se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas de un modo irreparable las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso. De esa forma, de la lectura del precepto antes transcrito es dable establecer que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: 1. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un administrativo seguido en forma de juicio; 2. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso, por virtud del acto que reclamó en el amparo; 3. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, 4. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de derechos fundamentales y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De esa forma, en el juicio de amparo, es dable analizarse los actos reclamados que se consideran violatorios del artículo 16 constitucional, a la luz de la regla general que prevé la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para establecer si se actualiza o no la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica. El citado cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, generada durante la tramitación del procedimiento al haberse dictado una nueva resolución. En ese sentido, si bien es cierto a la fecha de presentación de la demanda de amparo existía la orden de aprehensión emitida contra el hoy quejoso; también lo es que con posterioridad se dictó auto de vinculación a proceso; lo anterior, hace improcedente analizar el fondo del acto reclamado, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica a la cual se encuentra sujeto el quejoso, al habérsele vinculado a proceso. En consecuencia, al haber operado el cambio de situación jurídica, se actualiza la causa de improcedencia invocada, y de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo respecto del acto atribuido al Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California. Cobra aplicación por igualdad de razón la jurisprudencia la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 270, Tomo XXVII, Junio de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Criterio aplicable, en virtud de que no se opone a la presente Ley de Amparo, por lo que continúa su vigencia, conforme al artículo sexto transitorio de la ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades responsables señaladas como ejecutoras, al no haberse combatido por vicios propios, sino como consecuencia de la orden de aprehensión dictada en contra del aquí quejoso. Se invoca al respecto, la jurisprudencia 102, sustentada por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 66, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Asimismo es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Por tal motivo, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del día veinte de diciembre de dos mil diecisiete, debiendo realizarse la anotación correspondiente en la agenda que para tal efecto se lleva en este Juzgado. En cumplimiento al presente proveído, se giran los oficios siguientes: 20762, 20763, 20764, 20765 y 20766.

  4. Incidental

    Visto el estado de autos, se advierte que el Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, mediante oficio NSJP/UC/06381/2017, al rendir su informe previo informó que el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, se cumplimentó la orden de aprehensión girada en contra del quejoso ********, por su probable participación en la comisión del delito de *******, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contados a partir de la notificación del presente proveído -acorde a lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la propia ley-, remita copia certificada y legible de la audiencia inicial de formulación de imputación, así como la audiencia de vinculación a proceso, dictadas dentro de la causa penal *******, número único ******, o en su caso manifieste su imposibilidad para hacerlo; apercibida que en caso de ser omisa a lo anterior, se le impondrá multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con un valor por unidad equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional) dando un total de $3,774.50 pesos (tres mil setecientos setenta y cuatro pesos 50/100 moneda nacional), conforme lo establece la fracción I, del ordinal 237, con relación al diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, así como con el ordinal 26, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en términos del artículo quinto del decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. En cumplimiento el presente proveído se giró el oficio siguiente: 20646

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