Luis Aarón Ramírez Correa

Expediente 169/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
169/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
10/08/2021

Partes del expediente

  • Luis Aarón Ramírez Correa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tribunal informa. Agréguese a los presentes autos el oficio enviado por el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, mediante el cual informa que dicho órgano tribunal aceptó la competencia declinada por este Juzgado. Con fundamento en el artículo 18 fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo. archívese y remítase al lugar de su guarda.

  2. Principal

    Se solicita información a Tribunal Colegiado. Del estado que guardan los presentes autos se advierte que mediante oficio de doce de abril de dos mil veintiuno, se envió al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en turno, con sede en Guanajuato, el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno con motivo de la competencia declinada por este juzgado; a lo que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito informó que previo a determinar en relación a ésta, requirió a la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a efecto de que cumpla con lo establecido en el artículo 178 de la Ley de Amparo; en consecuencia, y a fin de acordar lo que en derecho proceda, solicítese al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, que de no tener inconveniente legal alguno y en el término que le permitan las labores propias de sus funciones, informe lo determinado respecto a la competencia legal declinada por este juzgado.

  3. Principal

    Tribunal colegiado informa. Agréguese a los autos el oficio enviado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato; mediante el cual informa que previo a determinar la competencia legal declinada por este órgano constitucional, requirió a la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a efecto de que cumpla con lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley de Amparo, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 25 DE MARZO DE 2021, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "." León, Guanajuato; veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. I. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Luis Aarón Ramírez Correa, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le formuló en proveído de once de marzo de dos mil veintiuno, y en atención a ello, se acuerda: II. Fijación de la litis. Vista la demanda de amparo y el ocurso aclaratorio, se desprende que la quejosa reclama la resolución de ocho de diciembre de dos mil veinte, dictada en el expediente 4417/20-10-01-1-OT, dictado por la Sala Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Celaya, Guanajuato, en la que se desechó la demanda por no actualizarse ninguno de los supuestos de competencia previstos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con el 295 de la Ley del Seguro Social. III. Incompetencia. Derivado de lo anterior, se considera que la determinación reclamada, en términos de lo dispuesto en el ordinal 170, fracción I, de la Ley de Amparo, constituye una resolución que pone fin al juicio antes referido, la cual resulta susceptible de reclamarse a través del juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Lo anterior se afirma de conformidad con lo dispuesto por los artículos 47, 170, fracción I, y 176 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen: "Artículo 47.- Cuando se presente una demanda de amparo ante un Juez de Distrito o ante un Tribunal Unitario de Circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán, carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda." "Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." "Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido." "Artículo 176.- La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes." "Artículo 37.- Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer:- - I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento.". Por su parte, el artículo 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal;." De los preceptos legales antes transcritos, se infiere que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea por violaciones cometidas en las propias resoluciones o durante la secuela del procedimiento, se promoverá en vía de amparo directo. Luego, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo define lo que debe entenderse por sentencia definitiva y resolución que pone fin al juicio, teniendo como característica que las sentencias definitivas o laudos, deciden el juicio en lo principal; mientras que las resoluciones que ponen fin al juicio, son las que, sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido. En la especie el acto reclamado constituye una resolución que confirma el auto que desecha una demanda en la vía administrativa, de modo que participa de la naturaleza de las resoluciones que ponen fin al procedimiento natural, porque impide su continuación, sin decidirlo en cuanto al fondo del asunto; puesto que la Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente. Por ende, dicho acto debe ser reclamado en la vía de amparo uniistancial. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia número 2a./J. 87/98, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1999, con registro número 194715, cuyo rubro establece: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia." En efecto, como la competencia se erige como un derecho fundamental de legalidad y, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que "las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite"; por ende, si en el cúmulo de atribuciones jurisdiccionales de los juzgados de distrito no se encuentra la concerniente al conocimiento de los juicios de amparo directos, resulta cierto, que para defender el enunciado de principio de legalidad, tutelado en el artículo 16 constitucional, este tribunal carece de competencia para conocer de la demanda de amparo en comento, pues al constituir el acto reclamado destacado la resolución de ocho de diciembre de dos mil veinte, dictada en el expediente 4417/20-10-01-1-OT, dictado por la Sala Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Celaya, Guanajuato, en la que se desechó la demanda por no actualizarse ninguno de los supuestos de competencia previstos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con el 295 de la Ley del Seguro Social; en términos de lo dispuesto en los numerales antes trascritos, el conocimiento del asunto corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, para que tenga a bien resolver si confirma o revoca la presente determinación. IV. Cuaderno de incompetencia. Fórmese el cuadernillo de incompetencia respectivo, para debida constancia legal, ordenándose hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y solicítese el acuse de recibo de estilo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

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