Luis Aarón Mayorga Salas

Expediente 456/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
456/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
08/07/2021

Partes del expediente

  • Luis Aarón Mayorga Salas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    pral 456/2021 mesa 3° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de julio de dos mil veintiuno. 1. Cumple requerimiento autoridad. Agréguense los oficios firmados por la encargada del despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Trece Cps-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante los cuales, en atención al requerimiento efectuado en auto de veintidós de junio último, informa que únicamente se localizó registro de correspondencia dirigida a este Juzgado por el quejoso Luis Aarón Mayorga Salas, la cual fue depositada en las Oficinas de Correos de México el veinticinco de mayo del año en curso; sin embargo, no se hace mayor pronunciamiento al respecto, con motivo que dicha data es anterior al auto dictado el siete de junio de este año, en el cual se desechó la demanda de amparo; por ello, es evidente que no obra registro de que el quejoso haya depositado alguna correspondencia para ser entregada a este órgano jurisdiccional en el periodo correspondiente del diez al dieciocho de junio de este año. 1.1. Datos sensibles. Como lo solicita la autoridad oficiante, se ordena manejar los datos sensibles del oficio y anexos de cuenta, en términos de lo establecido en los artículos 3, 5, 110, fracciones I y V, y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 2. Causa estado determinación. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de siete de junio del año en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra la referida resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la determinación relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso b) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, este expediente es destruible; así, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de destruible. 7. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    pral 456/2021 mesa 3° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Requerimiento. Visto el estado de autos, de los que se advierte que hasta hoy no se ha recibido en la oficialía de partes de este Juzgado escrito alguno mediante el cual el quejoso interpusiera recurso de queja contra el proveído de siete de junio del año en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo. En esas condiciones, por razón de seguridad y certeza jurídica, y por tener el control de correspondencia de los reclusos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere al director del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que, dentro del término de tres días, contado a partir de su notificación, comunique si dentro de la correspondencia enviada o pendiente por enviar de los internos del centro penitenciario a su cargo, se encuentra algún escrito del quejoso Luis Aarón Mayorga Salas, dirigido a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y que hubiere sido depositado en el período del diez de junio del año en curso (día que fue notificado del auto de siete de junio último) al día en que se dicta este acuerdo (veintidós de junio de dos mil veintiuno); de ser así, comunique en qué fecha fue enviado a este órgano jurisdiccional o, en caso de que aún no haya sido remitido, lo envíe de manera inmediata. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL.456/2021.MESA-3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintiuno. Se agrega escrito. Glósese a los autos, para que surta sus efectos legales correspondientes, el escrito del quejoso Luis Aarón Mayorga Salas, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de cuatro de mayo de dos mil veintiuno; toda vez que, bajo protesta de decir verdad, indica que reclama lo siguiente: La omisión de las responsables de llevar acabo las audiencias que se encontraban programadas para el doce de enero y veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, respectivamente. Como se ve, el quejoso cumplió con la prevención inserta en el proveído de cuatro de mayo del año en curso; por tanto, ahora es preciso efectuar el pronunciamiento relativo en términos de lo dispuesto por el numeral 112 de la Ley de Amparo. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En el caso, la parte quejosa reclama del 1) presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y 2) del juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Diaz, Oaxaca: La omisión de las responsables de llevar acabo las audiencias que se encontraban programadas para el doce de enero y veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, respectivamente. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; - - - - (.)". Ello, toda vez que el acto reclamado tiene el carácter de consumado de forma irreparable, en virtud de que las audiencias reclamadas se encontraban programadas para el doce de enero y veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, respectivamente, pues dicho acto fue ejecutado antes de la presentación de la demanda de amparo (treinta de abril del año en curso). Cabe precisar que por actos consumados de modo irreparable debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que estima transgredido, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que, para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Así se sostiene, dado que, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en: a) Actos consumados de modo reparable; y, b) Actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que, a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable; de ahí el que proceda el juicio de amparo contra actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que, al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas; razón por la cual resulta improcedente el juicio de amparo en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la ley de Amparo. Pues ningún efecto práctico conduciría analizarse la constitucionalidad de los actos reclamados, en razón que, de otorgársele la protección constitucional, sería imposible restituirle el derecho humano violado. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así, se tiene que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse, es un acto consumado de modo irreparable, pero esto ocurre sólo cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento (actos consumados de modo reparable); sin embargo, tratándose de los actos consumados de modo irreparable resulta improcedente el juicio de amparo, porque ni física ni materialmente puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Sobre esas bases, cabe concluir que la naturaleza de los actos consumados, para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar nuevamente del derecho que alega tener tutelado y que aduce le fue transgredido, igual que antes de las violaciones que afirma se le cometieron. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 3°. A.150 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Diciembre de 1994, tomo XIV, registro 209662, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)" Como ya se vio, la parte quejosa reclama la omisión de las responsables de llevar acabo las audiencias que se encontraban programadas para el doce de enero y veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, respectivamente; sin embargo, dichas datas mencionadas son anteriores a la presentación de la demanda de amparo (treinta de abril del año en curso); por tanto, es imposible retrotraer el tiempo para que, en esas datas, se celebren las audiencias; de ahí que aun cuando no se hubieran celebrado en esas fechas las diligencias correspondientes, de otorgársele la protección constitucional sería imposible restituirle el derecho humano vulnerado, motivo por el cual, para el caso de que hubiese existido alguna vulneración de derecho en esas datas, se debe atender a la reparabilidad física y material del mismo, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar nuevamente del derecho que alega tener tutelado y que aduce le fue transgredido, igual que antes de las violaciones que afirma se le cometieron; por tanto, si, en el caso, las audiencias reclamadas dejaron de tener vigencia resulta inconcuso que sería materialmente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que, en su caso, se hubiese vulnerado; razón por la cual, se actualiza la causa de improcedencia analizada. Desechamiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XVI, en relación con el numeral 113, de la Ley de Amparo, se desecha, de plano, por motivo manifiesto e indudable, la demanda de amparo promovida por el quejoso. Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Debe decirse que la causa de improcedencia analizada se interpretó de manera estricta, pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permitiera acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia. Es ilustrativa al respecto la tesis 2a. CLVII/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, registro 165538, página 324, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, registro 2004217, página 1641, de rubro: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose del auto de desechamiento, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notificación a la parte quejosa. Como el quejoso Luis Aarón Mayorga Salas se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social trece "Cps-Oaxaca", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mismo que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado, se ordena al (a) actuario (a) llevador (a) de este asunto, a fin de que, con anuencia del Consejo de la Judicatura Federal, se traslade a dicho Centro Federal, notifique al quejoso antes mencionado, este proveído. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    pral 456/2021 mesa 3° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil veintiuno. Se agrega oficio. Agréguese el oficio firmado por el director jurídico en ausencia de la encargada de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Trece, "CPS-Oaxaca, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual, en cumplimiento al auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, informa que en los archivos de esa Unidad Administrativa se encontró registro de correspondencia dirigida a este Juzgado por el quejoso ***, la cual fue depositada en las Oficinas de Correos de México el veinticinco de mayo del año en curso; por tanto, una vez recibido dicho escrito a este órgano jurisdiccional, acuérdese lo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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