Luin Georgina Flores Sánchez

Expediente 291/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
291/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/05/2023

Partes del expediente

  • Luin Georgina Flores Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado electrónicamente por el secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba. Se advierte el citado Órgano Federal recibió el diverso 842/2023-I por el que se remitió el expediente original del juicio de amparo 291/2023-I de este índice. Asimismo, por acuerdo de trece de abril pasado aceptó la competencia declinada en su favor. Se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Luin Georgina Flores Sánchez. En consecuencia, háganse las capturas respectivas en el libro de control electrónico, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archívese este cuaderno como asunto concluido. DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran seis meses- por tratarse de un cuaderno de antecedentes (auxiliar) y carecer de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, once de abril de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Luin Georgina Flores Sánchez, por propio derecho. Contra actos del 1. Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. Regístrese con el número 291/2023-I. Hágase la captura en el libro electrónico de control correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, adicionado en el punto tercero de su similar publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. INCOMPETENCIA Del análisis integral del escrito de demanda y sus anexos se aprecia este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer el presente asunto. Por las consideraciones que se expondrán a continuación. El artículo 37 de la Ley de Amparo, revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función del lugar de ejecución del acto reclamado. En cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente el Juez ante quien se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Con base en lo anterior, se itera, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz no es competente por razón de territorio, para conocer y resolver el juicio de amparo en que se actúa. Se estima ello conforme a la regla señalada en primer lugar, corresponde a los Jueces de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con sede en Córdoba. De la demanda de amparo, se advierte la parte quejosa, señala como actos reclamados: ".DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RECLAMO: 1. La inconstitucionalidad de los artículos 22, 27 y 28 del Reglamento de la Ley de Migración, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de dos mil doce, así como los decretos que reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Migración, publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 02 de diciembre de dos mil trece y 23 de mayo de dos mil catorce, respecto a su primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso, por vulnerar los derechos humanos previstos en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales, en virtud de no otorgar recurso, procedimiento o medio de defensa alguno para impugnar el cese o separación del cargo por "pérdida de la confianza" y/o por cualquier otra causa, violando el derecho humano a la legalidad, previa audiencia y debido proceso. De las autoridades responsables señaladas en los incisos del A) al L) reclamo: a) El cese y/o destitución y/o remoción de mi cargo como servidora pública en el puesto de Agente Federal de Migración "B", nivel PQ2 y/o P12 y Código de Plaza número CFP1206832/1945, adscrita a la Oficina de Representación en Veracruz del Instituto Nacional de Migración, llevada a cabo el día 15 de marzo de dos mil veintitrés, sin agotar los derechos de previa audiencia, legalidad y debido proceso que en mi favor consagran los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en una clara violación a mis derechos humanos. b) La coacción y/o presión ejercida y/o realizada ilegalmente por las Responsables hacia mi persona, para orillarme a firmar un par de documentos con los que se pretende formalizar y documentar la separación y/o cese y/o destitución y/o remoción de mi cargo como servidor público en el puesto de Agente Federal de Migración "B", nivel PQ2 y/o P12 y Código de Plaza número CFP1206832/1945, adscrita a la Oficina de Representación en Veracruz del Instituto Nacional de Migración, en la Oficina de la Subrepresentación Local del propio Instituto Nacional de Migración en Córdoba, Veracruz, llevada a cabo el día 15 de marzo de dos mil veintitrés, dejándome en total estado de indefensión; tal y como se acredita fehacientemente con la grabación de audio que de ello acompaño como prueba de mi parte, motivo por el cual me reservo el derecho de ampliar mi demanda de amparo. c) La omisión en el pago de mis percepciones y demás prestaciones como servidor público del Instituto Nacional de Migración, a consecuencia de mi separación y/o cese de mi cargo como Agente Federal de Migración "B", nivel PQ2 y/o P12 y Código de Plaza número CFP1206832/1945, adscrita a la Oficina de Representación en Veracruz del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de la Subrepresentación del propio Instituto Nacional de Migración en Córdoba, Ver.; llevada a cabo el día 15 de marzo de dos mil veintitrés. d) La omisión en mi perjuicio de un procedimiento que esté previsto en el Reglamento de la Ley de Migración, que observando la garantía de audiencia y debido proceso previstas en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales, tenga por propósito la separación y/o cese y/o remoción del suscrito como servidor público del Instituto Nacional de Migración. e) La ilegal terminación de los efectos de mi nombramiento definitivo como Agente Federal de Migración "B", nivel PQ2 y/o P12 y Código de Plaza número CFP1206832/1945, adscrita a la Oficina de Representación en Veracruz del Instituto Nacional de Migración, en la Oficina de la Subrepresentación del propio Instituto Nacional de Migración en Córdoba, Veracruz, a consecuencia de mi cese y/o separación y/o destitución del cargo ordenada y ejecutada por las autoridades responsables. f) La violación al debido proceso administrativo, por el cual se me cesa y/o separa y/o destituye como Agente Federal de Migración "B", nivel PQ2 y/o P12 y Código de Plaza número CFP1206832/1945, adscrita a la Oficina de Representación en Veracruz del Instituto Nacional de Migración, en la Oficina de la Subrepresentación del propio Instituto Nacional de Migración en Córdoba, Ver.; llevada a cabo el día 15 de marzo de dos mil veintitrés; por pérdida de la confianza, a pesar de contar con nombramiento definitivo, según se desprende del Formato Único de Personal, expedido por la Dirección General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación, correspondiente a la suscrita, mismo ofrezco y acompaño como prueba de mi parte en este escrito; y, de formar parte del servicio profesional de carrera migratoria. g) Todas las consecuencias jurídicas y materiales que se deriven de los actos impetrados en esta demanda." (SIC). Ahora, de los antecedentes que conforman la demanda de amparo se destacan los siguientes: - A la aquí quejosa se le expidió nombramiento definitivo como servidora pública del Instituto Nacional de Migración, en el puesto de Agente Federal de Migración "B", nivel PQ2 y/o P12 y Código de Plaza número CFP1206832/1945, adscrita a la Oficina de Representación en Veracruz del Instituto Nacional de Migración, en la Oficina de la Sub Representación Local del propio Instituto Nacional de Migración en Córdoba, Veracruz, con domicilio en la Avenida 1, entre calles 22 y 24, número 2271, Local 3, Torre "K", Colonia Centro de aquélla ciudad; donde se dio el cese y/o destitución y/o remoción de su cargo en dicha institución. - Ingresó como servidora pública del Instituto Nacional de Migración el ocho de agosto de dos mil nueve, con el cargo de Agente Federal de Migración "B". Actualmente forma parte del servicio profesional de carrera migratoria. - El quince de marzo del año en curso, desempeñando sus funciones como Agente Federal "B", adscrita a la Oficina de Representación en Veracruz del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de la Sub Representación Local del propio Instituto Nacional de Migración en Córdoba, Veracruz, se presentaron dos personas que se identificaron con los nombres de: Jessica Marisol Báez Martínez y Javier Cadena y/o Javier Arteaga, provenientes del Instituto Nacional de Migración, con sede en la ciudad de México. Quienes le informaron la existencia del oficio de 457/2023 de tres de marzo (al parecer de este año), donde se establece que a partir de la notificación del mismo la aquí quejosa quedaría cesada del puesto en mención. Luego, ante las amenazas, hostigamiento y coacción ejercida en su contra por las personas nombradas, firmó dos documentos que refiere no tuvo oportunidad de leer. Al parecer uno de ellos se trataba de la renuncia laboral. Como puede apreciarse de la narrativa anterior la impetrante refiere, bajo protesta de decir verdad, que está adscrita a la Oficina de Representación en Veracruz del Instituto Nacional de Migración, Oficina de la Sub Representación Local del propio Instituto Nacional de Migración en Córdoba, Veracruz. Siendo además en esa sede donde manifiesta sucedieron los hechos que motivaron lo que ahora constituye su dolencia constitucional. En efecto, como lo afirma la impetrante, tiene nombramiento definitivo como servidora pública del Instituto Nacional de Migración, desempeñándose como Agente Federal de Migración "B", adscrita a la Oficina de Sub Representación con domicilio en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Lugar donde se ejecutaron los actos reclamados mientras se encontraba prestando sus servicios, así como la coacción o presión que reclama ejercieron en su contra las responsables para firmar los documentos a fin de formalizar el cese de su servicio activo [Oficina de Representación en Veracruz del Instituto Nacional de Migración, en la Oficina de la Sub Representación Local del propio Instituto Nacional de Migración en Córdoba, Veracruz, con domicilio en la Avenida 1, entre calles 22 y 24, número 2271, Local 3, Torre "K", Colonia Centro de la ciudad de Córdoba, Veracruz]. Por ende, los actos que reclama se ejecutaron en ese lugar y es ahí donde habrán de materializarse por corresponder a la residencia de su adscripción. Sin soslayar que dentro de los anexos exhibidos con la demanda de amparo obran las órdenes de acciones de verificación migratoria y oficios de comisión para ejercer dichas acciones, expedidos el treinta y uno de enero y dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, así como la diversa determinación de comisión para revisión migratoria de nueve de febrero de dos mil veintidós, expedidos por la Oficina de Representación Veracruz del Instituto Nacional de Migración en Veracruz, Veracruz. Documentos por los que se comisiona a la aquí quejosa a realizar dichas actividades en diversos puntos de la entidad federativa y por periodos específicos. Sin embargo, como se vio, su adscripción es en la Oficina de la Subdelegación Local en Córdoba, Veracruz, donde desempeña sus servicios. Y es ahí donde acontecieron los sucesos que refiere y firmó los documentos que motivaron su dolencia constitucional. Lo anterior, además tomando en consideración la unidad de la demanda, así como la naturaleza de los actos reclamados. Sin que pueda dividirse la continencia de la causa. Pues de forma destacada también reclama la coacción que refiere ejercieron las responsables en su contra para que signara los documentos que tienen como consecuencia el cese y terminación de su cargo. Por lo que se trata de actos que tuvieron ejecución material dentro de la circunscripción territorial de ciudad Córdoba, Veracruz y es allá donde se materializan sus efectos. Por ende, se estima debe conocer del presente asunto un Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Córdoba. Máxime la competencia es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes, sino condicionada a las circunstancias y naturaleza del acto reclamado. En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia 92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 110, del Tomo VII. Conflictos Competenciales Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Común, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- Septiembre 2011, Novena Época, registro 1011077, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas." Consecuentemente, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, se declara legalmente incompetente para resolver el presente asunto. Y con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo; así como el numeral Cuarto, fracción VII, párrafo tercero del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se ordena remitir el expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con residencia en Córdoba, a quien se estima competente. Y, desde luego, se encuentre en condiciones de decidir si acepta o no el conocimiento del asunto. Se solicita atentamente al juzgado que por turno corresponda conocer de esta demanda haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional, la resolución que al respecto pronuncie, conforme a lo dispuesto por el precitado numeral 48 de la ley reglamentaria. Además, una vez obre en su poder, acuse el recibo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. Fórmese cuaderno de antecedentes para que obre en sustitución del original. CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. La parte quejosa solicita el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa pero omite proporcionar los datos de registro en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación a fin de ordenar lo conducente. En ese sentido, no ha lugar acordar favorable su petición en este momento. Significándole una vez proporcione el usuario respectivo se estará en condiciones de acordar lo procedente. Para lo cual conserva expedito su derecho. DOMICILIO. Téngase como lugar de la parte quejosa para recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, se faculta en amplios términos del numeral 12 de la Ley de Amparo a Oscar Adolfo García Gandarillas, Ruth del Carmen Arias Sosa, Geiner Morales Ordoñez, José Guillermo Zaragoza Olmedo y Carlos Iván López Saldívar. A Fabián Gómez Feria y José Luis Téllez Salas, únicamente se les autoriza con las restricciones que impone la parte final del segundo párrafo de dicho precepto. Al no aparecer incorporados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada. En la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el arábigo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Que conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse la directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, once de abril de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Luin Georgina Flores Sánchez, por propio derecho. Contra actos del 1. Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. Regístrese con el número 291/2023-I. Hágase la captura en el libro electrónico de control correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, adicionado en el punto tercero de su similar publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. INCOMPETENCIA Del análisis integral del escrito de demanda y sus anexos se aprecia este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer el presente asunto. Por las consideraciones que se expondrán a continuación. El artículo 37 de la Ley de Amparo, revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función del lugar de ejecución del acto reclamado. En cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente el Juez ante quien se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Con base en lo anterior, se itera, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz no es competente por razón de territorio, para conocer y resolver el juicio de amparo en que se actúa. Se estima ello conforme a la regla señalada en primer lugar, corresponde a los Jueces de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con sede en Córdoba. De la demanda de amparo, se advierte la parte quejosa, señala como actos reclamados: ".DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RECLAMO: 1. La inconstitucionalidad de los artículos 22, 27 y 28 del Reglamento de la Ley de Migración, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de dos mil doce, así como los decretos que reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Migración, publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 02 de diciembre de dos mil trece y 23 de mayo de dos mil catorce, respecto a su primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso, por vulnerar los derechos humanos previstos en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales, en virtud de no otorgar recurso, procedimiento o medio de defensa alguno para impugnar el cese o separación del cargo por "pérdida de la confianza" y/o por cualquier otra causa, violando el derecho humano a la legalidad, previa audiencia y debido proceso. De las autoridades responsables señaladas en los incisos del A) al L) reclamo: a) El cese y/o destitución y/o remoción de mi cargo como servidora pública en el puesto de Agente Federal de Migración "B", nivel PQ2 y/o P12 y Código de Plaza número CFP1206832/1945, adscrita a la Oficina de Representación en Veracruz del Instituto Nacional de Migración, llevada a cabo el día 15 de marzo de dos mil veintitrés, sin agotar los derechos de previa audiencia, legalidad y debido proceso que en mi favor consagran los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en una clara violación a mis derechos humanos. b) La coacción y/o presión ejercida y/o realizada ilegalmente por las Responsables hacia mi persona, para orillarme a firmar un par de documentos con los que se pretende formalizar y documentar la separación y/o cese y/o destitución y/o remoción de mi cargo como servidor público en el puesto de Agente Federal de Migración "B", nivel PQ2 y/o P12 y Código de Plaza número CFP1206832/1945, adscrita a la Oficina de Representación en Veracruz del Instituto Nacional de Migración, en la Oficina de la Subrepresentación Local del propio Instituto Nacional de Migración en Córdoba, Veracruz, llevada a cabo el día 15 de marzo de dos mil veintitrés, dejándome en total estado de indefensión; tal y como se acredita fehacientemente con la grabación de audio que de ello acompaño como prueba de mi parte, motivo por el cual me reservo el derecho de ampliar mi demanda de amparo. c) La omisión en el pago de mis percepciones y demás prestaciones como servidor público del Instituto Nacional de Migración, a consecuencia de mi separación y/o cese de mi cargo como Agente Federal de Migración "B", nivel PQ2 y/o P12 y Código de Plaza número CFP1206832/1945, adscrita a la Oficina de Representación en Veracruz del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de la Subrepresentación del propio Instituto Nacional de Migración en Córdoba, Ver.; llevada a cabo el día 15 de marzo de dos mil veintitrés. d) La omisión en mi perjuicio de un procedimiento que esté previsto en el Reglamento de la Ley de Migración, que observando la garantía de audiencia y debido proceso previstas en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales, tenga por propósito la separación y/o cese y/o remoción del suscrito como servidor público del Instituto Nacional de Migración. e) La ilegal terminación de los efectos de mi nombramiento definitivo como Agente Federal de Migración "B", nivel PQ2 y/o P12 y Código de Plaza número CFP1206832/1945, adscrita a la Oficina de Representación en Veracruz del Instituto Nacional de Migración, en la Oficina de la Subrepresentación del propio Instituto Nacional de Migración en Córdoba, Veracruz, a consecuencia de mi cese y/o separación y/o destitución del cargo ordenada y ejecutada por las autoridades responsables. f) La violación al debido proceso administrativo, por el cual se me cesa y/o separa y/o destituye como Agente Federal de Migración "B", nivel PQ2 y/o P12 y Código de Plaza número CFP1206832/1945, adscrita a la Oficina de Representación en Veracruz del Instituto Nacional de Migración, en la Oficina de la Subrepresentación del propio Instituto Nacional de Migración en Córdoba, Ver.; llevada a cabo el día 15 de marzo de dos mil veintitrés; por pérdida de la confianza, a pesar de contar con nombramiento definitivo, según se desprende del Formato Único de Personal, expedido por la Dirección General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación, correspondiente a la suscrita, mismo ofrezco y acompaño como prueba de mi parte en este escrito; y, de formar parte del servicio profesional de carrera migratoria. g) Todas las consecuencias jurídicas y materiales que se deriven de los actos impetrados en esta demanda." (SIC). Ahora, de los antecedentes que conforman la demanda de amparo se destacan los siguientes: - A la aquí quejosa se le expidió nombramiento definitivo como servidora pública del Instituto Nacional de Migración, en el puesto de Agente Federal de Migración "B", nivel PQ2 y/o P12 y Código de Plaza número CFP1206832/1945, adscrita a la Oficina de Representación en Veracruz del Instituto Nacional de Migración, en la Oficina de la Sub Representación Local del propio Instituto Nacional de Migración en Córdoba, Veracruz, con domicilio en la Avenida 1, entre calles 22 y 24, número 2271, Local 3, Torre "K", Colonia Centro de aquélla ciudad; donde se dio el cese y/o destitución y/o remoción de su cargo en dicha institución. - Ingresó como servidora pública del Instituto Nacional de Migración el ocho de agosto de dos mil nueve, con el cargo de Agente Federal de Migración "B". Actualmente forma parte del servicio profesional de carrera migratoria. - El quince de marzo del año en curso, desempeñando sus funciones como Agente Federal "B", adscrita a la Oficina de Representación en Veracruz del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de la Sub Representación Local del propio Instituto Nacional de Migración en Córdoba, Veracruz, se presentaron dos personas que se identificaron con los nombres de: Jessica Marisol Báez Martínez y Javier Cadena y/o Javier Arteaga, provenientes del Instituto Nacional de Migración, con sede en la ciudad de México. Quienes le informaron la existencia del oficio de 457/2023 de tres de marzo (al parecer de este año), donde se establece que a partir de la notificación del mismo la aquí quejosa quedaría cesada del puesto en mención. Luego, ante las amenazas, hostigamiento y coacción ejercida en su contra por las personas nombradas, firmó dos documentos que refiere no tuvo oportunidad de leer. Al parecer uno de ellos se trataba de la renuncia laboral. Como puede apreciarse de la narrativa anterior la impetrante refiere, bajo protesta de decir verdad, que está adscrita a la Oficina de Representación en Veracruz del Instituto Nacional de Migración, Oficina de la Sub Representación Local del propio Instituto Nacional de Migración en Córdoba, Veracruz. Siendo además en esa sede donde manifiesta sucedieron los hechos que motivaron lo que ahora constituye su dolencia constitucional. En efecto, como lo afirma la impetrante, tiene nombramiento definitivo como servidora pública del Instituto Nacional de Migración, desempeñándose como Agente Federal de Migración "B", adscrita a la Oficina de Sub Representación con domicilio en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Lugar donde se ejecutaron los actos reclamados mientras se encontraba prestando sus servicios, así como la coacción o presión que reclama ejercieron en su contra las responsables para firmar los documentos a fin de formalizar el cese de su servicio activo [Oficina de Representación en Veracruz del Instituto Nacional de Migración, en la Oficina de la Sub Representación Local del propio Instituto Nacional de Migración en Córdoba, Veracruz, con domicilio en la Avenida 1, entre calles 22 y 24, número 2271, Local 3, Torre "K", Colonia Centro de la ciudad de Córdoba, Veracruz]. Por ende, los actos que reclama se ejecutaron en ese lugar y es ahí donde habrán de materializarse por corresponder a la residencia de su adscripción. Sin soslayar que dentro de los anexos exhibidos con la demanda de amparo obran las órdenes de acciones de verificación migratoria y oficios de comisión para ejercer dichas acciones, expedidos el treinta y uno de enero y dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, así como la diversa determinación de comisión para revisión migratoria de nueve de febrero de dos mil veintidós, expedidos por la Oficina de Representación Veracruz del Instituto Nacional de Migración en Veracruz, Veracruz. Documentos por los que se comisiona a la aquí quejosa a realizar dichas actividades en diversos puntos de la entidad federativa y por periodos específicos. Sin embargo, como se vio, su adscripción es en la Oficina de la Subdelegación Local en Córdoba, Veracruz, donde desempeña sus servicios. Y es ahí donde acontecieron los sucesos que refiere y firmó los documentos que motivaron su dolencia constitucional. Lo anterior, además tomando en consideración la unidad de la demanda, así como la naturaleza de los actos reclamados. Sin que pueda dividirse la continencia de la causa. Pues de forma destacada también reclama la coacción que refiere ejercieron las responsables en su contra para que signara los documentos que tienen como consecuencia el cese y terminación de su cargo. Por lo que se trata de actos que tuvieron ejecución material dentro de la circunscripción territorial de ciudad Córdoba, Veracruz y es allá donde se materializan sus efectos. Por ende, se estima debe conocer del presente asunto un Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Córdoba. Máxime la competencia es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes, sino condicionada a las circunstancias y naturaleza del acto reclamado. En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia 92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 110, del Tomo VII. Conflictos Competenciales Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Común, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- Septiembre 2011, Novena Época, registro 1011077, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas." Consecuentemente, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, se declara legalmente incompetente para resolver el presente asunto. Y con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo; así como el numeral Cuarto, fracción VII, párrafo tercero del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se ordena remitir el expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con residencia en Córdoba, a quien se estima competente. Y, desde luego, se encuentre en condiciones de decidir si acepta o no el conocimiento del asunto. Se solicita atentamente al juzgado que por turno corresponda conocer de esta demanda haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional, la resolución que al respecto pronuncie, conforme a lo dispuesto por el precitado numeral 48 de la ley reglamentaria. Además, una vez obre en su poder, acuse el recibo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. Fórmese cuaderno de antecedentes para que obre en sustitución del original. CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. La parte quejosa solicita el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa pero omite proporcionar los datos de registro en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación a fin de ordenar lo conducente. En ese sentido, no ha lugar acordar favorable su petición en este momento. Significándole una vez proporcione el usuario respectivo se estará en condiciones de acordar lo procedente. Para lo cual conserva expedito su derecho. DOMICILIO. Téngase como lugar de la parte quejosa para recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, se faculta en amplios términos del numeral 12 de la Ley de Amparo a Oscar Adolfo García Gandarillas, Ruth del Carmen Arias Sosa, Geiner Morales Ordoñez, José Guillermo Zaragoza Olmedo y Carlos Iván López Saldívar. A Fabián Gómez Feria y José Luis Téllez Salas, únicamente se les autoriza con las restricciones que impone la parte final del segundo párrafo de dicho precepto. Al no aparecer incorporados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada. En la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el arábigo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Que conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse la directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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