Luigi Ramón Delgado Hernández

Expediente 7/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
7/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
21/02/2022

Partes del expediente

  • Luigi Ramón Delgado Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    I-Vista la certificación que antecede y advirtiéndose que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el auto de seis de enero de dos mil veintidós, mediante el cual este Juzgado DESECHO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Louigi Ramón Delgado Hernández, por su propio y personal derecho; por tanto, con fundamento en el precepto 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de la materia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, previstos por los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; toda vez que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo promovida, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del citado acuerdo. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    I- Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista de estrados a la parte quejosa, el acuerdo dictado el seis de enero de dos mil veintidós, el cual en lo conducente dice: Se tiene por recibido el oficio signado por el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, con el que remite el juicio de amparo indirecto número 730/2021-III de su estadística, relativo a la demanda de amparo promovida por Louigi Ramón Delgado Hernández, contra los actos de la Visitadora General de la Visitaduria Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo y otras autoridades; en razón de que por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dicho órgano jurisdiccional estimó que por regla de turno corresponde a este juzgado de distrito, conocer del presente asunto, por haber conocido previamente de los actos que reclama la parte quejosa, en el diverso juicio de amparo 434/2021, del índice de este órgano jurisdiccional. Dadas la procedencia de las manifestaciones expuestas por el juzgado oficiante y que en la especie se constata que se surten los supuestos previstos en el numeral 46 fracción ll, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, de veintidós de abril y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de dos mil quince, (criterios generales de relación-turno por existencia de antecedente, actos derivados del mismo asunto). En tal virtud, se acepta el returno de la demanda y el conocimiento del asunto planteado. Acúsese el recibo de estilo al citado Juzgado de Distrito, para todos los efectos legales conducentes. En consecuencia, fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 7/2022-I-A. En ese orden, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, del contenido de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado en este asunto consiste en el dictamen de Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo en el que determinó que no existen elementos que constituyan falta administrativa alguna y como consecuencia la probable responsabilidad administrativa en el desempeño y conducta de los funcionarios judiciales. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito advierte que se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En efecto, la fracción XI del artículo en cita establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; ." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, pues la cosa juzgada en aquél es la verdad legal, de modo tal que no es factible realizar ningún examen relacionado con las cuestiones debatidas en el primer juicio de amparo promovido, pues ello atentaría no sólo contra la técnica que rige esta materia, sino contra el principio de seguridad jurídica inmerso en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: XX.95 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 420, Tomo: IV, Noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA QUE OPERE LA. Para la existencia de cosa juzgada en el juicio de amparo, es necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa o causa de pedir; debiendo existir por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se invoca como hecho notorio que ante este juzgado se tramitó el expediente 434/2021, promovido Louigi Ramón Delgado Hernández, en contra de las mismas autoridades señaladas en el presente asunto, a quienes les reclamó el mismo acto (dictamen de doce de febrero de dos mil veintiuno) por lo que se tiene a la vista el citado expediente. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, que aprobó la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 285, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2007, Novena Época, con número de registro 172215, que establece: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Así, el acto que reclama la parte quejosa consistente en el dictamen de visitaduria judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en el que se determinó que no existen elementos que constituyan falta administrativa alguna, y como consecuencia la probable responsabilidad administrativa en el desempeño y conducta de los funcionarios judiciales, ya fue materia de estudio en el diverso juicio de amparo 434/2021-II, del índice de este órgano jurisdiccional. Lo anterior, en virtud de que mediante acuerdo de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se desechó dicha demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, y quedó firme el trece de octubre del año dos mil veintiuno, al no haber sido recurrida, por lo que causó estado en esa fecha y se ordenó el archivo definitivo de ese juicio de amparo. Por lo que es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la decisión anunciada con antelación, está revestida de la autoridad de la cosa juzgada formal y, por ende es irrecurrible e inmodificable, también es la cosa juzgada material, en tanto que lo ya resuelto es indiscutible, de tal manera que ni este Juzgado, ni alguna autoridad jurisdiccional puede pronunciarse otra vez acerca de lo decidido. Por tanto, si en el presente caso, el quejoso señala como acto reclamado ese mismo dictamen emitido por la Visitadora General de la Visitaduría General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, es incontrovertible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, cuya finalidad es evitar la emisión de sentencias contradictorias y, especialmente, obtener el respeto de la cosa juzgada, que podrían vulnerarse si se promovieran tantos juicios de amparo al libre arbitrio del quejoso, en contra de un mismo acto, contrario a lo consagrado en el derecho constitucional de seguridad jurídica. Lo anterior, se fortalece dado que el desechamiento de la demanda de amparo en el diverso juicio de amparo 434/2021-II, derivó precisamente al advertirse que la parte quejosa que no tiene un interés jurídico ni legítimo para instar el juicio de amparo, razón por la cual se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. En ese tenor, indudablemente opera la causal de improcedencia citada, dado que si bien en el desechamiento de una demanda, es claro que no se dicta una sentencia en la que se analiza la constitucionalidad del acto reclamado, lo cierto es que cuando el desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, esto impide al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto; máxime si la resolución respectiva no fue impugnada, y por ello, adquirió firmeza, pues el quejoso tenía la carga procesal de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja, por ser el medio idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de demanda y que, eventualmente, se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Entonces, se llega a la conclusión que cuando se desecha una demanda con sustento en una causal de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto reclamado y autoridad, opera el principio de cosa juzgada. Robustece lo anterior la jurisprudencia con número de registro 2018597, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 808, Tomo II, libro 61, diciembre de 2018, de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Décima Época, que al tenor literal refiere: "COSA JUZGADA. OPERA CUANDO SE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO CON SUSTENTO EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA NATURALEZA HACE INEJERCITABLE UNA NUEVA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD. El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la diversa fracción X, la cual prevé la improcedencia de la acción constitucional contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, cuando se desecha una demanda de amparo, es claro que no se dicta la sentencia que analizará la constitucionalidad del acto reclamado; sin embargo, cuando el desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, ello impedirá al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto, so pretexto de que, al desecharse la primera, no se analizó el fondo. Ello es así, porque atento a la naturaleza de la hipótesis de improcedencia que sustentó el desechamiento de la demanda de amparo previa, imposibilita, por sí sola, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las autoridades, máxime si la resolución respectiva no fue impugnada y, por ello, adquirió firmeza. Lo anterior, conforme al principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, pues no puede desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda, mediante la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto reclamado, dado que el quejoso tenía la carga procesal de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Consecuentemente, cuando se desecha la demanda con sustento en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto reclamado y autoridad, opera el principio de cosa juzgada". Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61, y con fundamento en el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo que promueve Louigi Ramón Delgado Hernández, mediante la cual solicita el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, contra el acto que reclama del Visitadora General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo y otras autoridades; por notoriamente improcedente. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Cesar Augusto Mariscal Vasquez y Alejandro Castillo Mendoza, toda vez que tienen registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito. En esa virtud, toda vez que se reitera, es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2°, todo lo actuado en el juicio de amparo 434/2021-II, por lo tanto, en virtud que mediante acuerdo de ocho de julio del año dos mil veintiuno se tuvo a Cesar Augusto Mariscal Vázquez, autorizado en términos amplios de la parte quejosa Louigi Ramon Delgado Hernandez, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad el ubicado en el predio número 335 B, Avenida Plutarco Elías Calles, esquina con Rafael Melgar, Colonia Centro. En consecuencia, proceda la actuaria judicial adscrita a este Juzgado a notificar el presente acuerdo a la parte quejosa, en el domicilio señalado párrafos anteriores, para los efectos legales correspondientes. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales.

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