Luicía Vázquez Martínez y Otros.

Expediente 1281/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1281/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
07/10/2016

Partes del expediente

  • Luicía Vázquez Martínez y Otros.
  • Luicía Vázquez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario General de Acuerdos del Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.Visto su contenido como lo solicita el Tribunal indicado, infórmesele que mediante proveído de treinta de junio de dos mil dieciséis, se desechó la demanda promovida por el quejoso, asimismo, en diverso de veintiséis de julio del mismo año, se declaró firme el auto en cita y se ordenó el archivo del presente juicio como definitivamente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos los autos y la certificación secretarial, se desprende, que transcurrió el plazo de cinco días, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que tuvo por desechada la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. En consecuencia, archívese el presente juicio como definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Por otra parte, se precisa que el presente expediente es susceptible de ser destruido y no es de relevancia documental; asimismo, este expediente deberá conservarse en el archivo de este Juzgado por el término de tres años a partir de esta fecha. Visto el estado procesal de autos, toda vez de que en el presente expediente obran documentos catalogados como originales, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días se presente en el local de esta Juzgado a recoger los documentos exhibidos en el presente juicio de garantías, así como los que obren, en su caso, en el seguro del Juzgado; haciendo de su conocimiento que de no recogerlos, en su oportunidad serán destruidos. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos la razón actuarial, suscrita por la Actuaria adscrita a este Órgano Jurisdiccional. Vista la razón actuarial de cuenta, por medio de la cual la Actuaria adscrita a este Órgano Jurisdiccional, manifiesta la imposibilidad que tuvo para efectuar la notificación del proveído de treinta de junio del año en curso, a la parte quejosa, por los motivos que indica; por tanto, hágasele la notificación de dicho acuerdo, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto señale uno nuevo y dentro de esta ciudad. Notifíquese por lista a la parte quejosa el auto de treinta de junio de dos mil dieciséis, así como este proveído. Auto de treinta de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de la Jueza Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el que remite el juicio de amparo indirecto 955/216 de su índice, promovido contra los actos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Comisión Electoral del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional de Pediatría, y Comité Ejecutivo del Sindicato indicado; toda vez que mediante auto de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto. Se acepta la competencia planteada; en consecuencia, acúsese recibo y comuníquese la presente determinación al Juzgado requirente. Procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. De la lectura de los actos reclamados, antecedentes y conceptos de violación vertidos en la demanda, se advierte que los promoventes del amparo reclaman: 1. Del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la elaboración de la toma de nota respecto del procedimiento de elección del Comité Ejecutivo, Órganos Auxiliares y Comisiones Autónomas, del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional de Pediatría, por el periodo de dos mil dieciséis a dos mil veintiuno, toda vez que no fue una contienda limpia, libre, transparente, legal y democrática, ya que consideran que el conteo de votos fue realizado ilegalmente, pues no se respetaron las bases de la convocatoria publicada el uno de abril de dos mil dieciséis, lo cual viola su libertad de afiliarse al sindicato de su elección y elegir libremente a sus representantes. 2. De la Comisión Electoral y del Comité Ejecutivo, ambos del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional de Pediatría, las anomalías y violaciones a la convocatoria publicada el uno de abril de dos mil dieciséis, para la elección del Comité Ejecutivo, Órganos Auxiliares y Comisiones Autónomas del citado sindicato, ocurridas durante el proceso y jornada electoral. En primer término, cabe destacar que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las personas que se indican, omitieron firmar el escrito inicial de demanda. En este sentido, el suscrito estima que en el presente asunto, se surte de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6º, de la Ley de Amparo. Sin que en el particular resulte procedente prevenir a los promoventes que omitieron firmar la demanda de amparo, ya que la ausencia de firma en el escrito de demanda, equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, además, ésta no entraña uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 108 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 114, sino un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción de índole constitucional . Por otro lado, este juzgador considera que respecto del primer acto reclamado consistente en la elaboración de la toma de nota respecto del procedimiento de elección del Comité Ejecutivo, Órganos Auxiliares y Comisiones Autónomas, del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional de Pediatría, atribuido al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación a los dispositivos 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo. El primer precepto transcrito prevé que es improcedente el juicio de amparo cuando los actos que se reclaman de las autoridades responsables no afecten los intereses jurídicos o legítimos del peticionario de garantías; y, los restantes disponen que sólo podrán promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto recamado, siendo que tendrá la calidad de quejoso, quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que el acto reclamado viole los derechos previstos en el numeral 1º de la ley de la materia, esto es, que produzca un afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de forma directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En este orden de ideas, se concluye que la sola voluntad de los ahora quejosos, en el sentido de que se elabore la toma de nota conducente, no afecta su esfera jurídica, dado que su materialización es un acto futuro e incierto. Tal consideración radica en que por actos futuros e inciertos, debe entenderse aquellos cuya realización es remota, ya que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones; lo que en la especie se configura, pues su realización no es segura, por depender de que las actas de asamblea relativas a la elección y cambio de directiva, sean verificadas previamente por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con la finalidad de observar de que se cumplieron los requisitos formales que rigieron el procedimiento conforme a los estatutos del sindicato, o subsidiariamente, a la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley burocrática; de tal suerte que el primer acto reclamado, al tener la característica de ser un acto futuro e incierto, no incide en la esfera jurídica de los peticionarios del amparo, ni les ocasionan una afectación inmediata y directa a sus intereses jurídicos . En otro aspecto, de la demanda se advierte que a la Comisión Electoral del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional de Pediatría, y al Comité Ejecutivo de dicho sindicato, los promoventes les reclaman el mismo acto, esto es, las anomalías y violaciones a la convocatoria publicada el uno de abril de dos mil dieciséis, para la elección del Comité Ejecutivo, Órganos Auxiliares y Comisiones Autónomas del citado sindicato, ocurridas durante el proceso y jornada electoral, respecto a tales actos, este Juzgado Federal considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa II, del numeral 5°, ambos de la Ley de Amparo. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Lo anterior es así pues, para efectos del juicio de amparo, autoridad es el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, sin requerir para ello de acudir a los Órganos Judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Para ello, se atiende a la clasificación que la teoría general del derecho hace de:  Las relaciones jurídicas de coordinación;  Las de supra a subordinación; y,  Las relaciones jurídicas de supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Conforme a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Ahora bien, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo dispone, por regla general, que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, entendiéndose por ésta el ente jurídico que tenga frente al particular, imperio y, como norma especial, la figura jurídica de los actos de particulares "cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que debieran realizar en ese sentido; siempre y cuando las funciones del particular estén determinadas por una norma general." En esas condiciones, si los sindicatos están conformados por trabajadores o patrones y se rigen conforme a sus propios estatutos, los cuales son elaborados por los integrantes por ser un derecho sindical, y deben contener entre otros requisitos, el procedimiento para la elección de la directiva y número de miembros, salvaguardando el libre ejercicio del voto con las modalidades que acuerde la Asamblea General; de votación indirecta y secreta o votación directa y secreta, tal como lo establece el artículo 371, fracción IX, de la Ley Federal del Trabajo , es evidente que las relaciones entre sus miembros se encuentran dentro de un plano de coordinación, y actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad de condiciones. Conforme a las consideraciones anteriores, se concluye que a la Comisión Electoral y el Comité Ejecutivo, ambos del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional de Pediatría, no les recaiga la calidad de autoridades responsables para efectos del presente juicio de amparo, lo que genera que el juicio de amparo resulte improcedente, ya que no es el medio idóneo para reclamar los derechos a la libre asociación sindical que los quejosos consideran que se les pretenden vulnerar, con la forma en que se llevó a cabo la jornada de electoral de la conformación del sindicato referido En ese sentido, este Juzgado de Distrito considera que, atendiendo a la naturaleza propia del acto impugnado, éste atiende a cuestiones internas propias de la vida jurídica del sindicato, toda vez que los quejosos manifiestan que la convocatoria publicada el uno de abril del año en curso, fue para elegir a los nuevos integrantes del sindicato, en la que a su juicio se cometieron irregularidades. En esa tesitura, el juicio de amparo no es la vía idónea para combatir las anomalías y violaciones precisadas en el penúltimo párrafo precedente cometidas en la referida jornada electoral, toda vez que, considerando los fines que persigue y su naturaleza, las mismas deben ser combatidas a través del procedimiento ordinario ante la autoridad jurisdiccional laboral correspondiente, pues la forma en que aquélla se lleva a cabo, no puede ser materia del juicio constitucional ya que no anularía la elección, como lo pretenden los quejosos, y sólo podría ser declarado por un Tribunal obrero, en un juicio que se siga en la vía correspondiente. Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17, constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio y por el contrario, ello permite a la parte quejosa acudir oportunamente a la instancia correspondiente a defender sus intereses. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común de los quejosos, a la persona que se indica, sin perjuicio de que los promoventes la substituyan por otra. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señalan en su demanda de amparo. Ahora, en atención a lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas con todas las facultades que dicho precepto legal confiere, a las personas señaladas en el escrito de demanda, al tratarse de la parte trabajadora quien promueve el presente juicio. Desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto, con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Notifíquese personalmente a los promoventes por conducto de su representante común.

  4. Principal

    Resolución judicial.

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