Luiana Hernández Velázquez

Expediente 170/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 17 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
170/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
24/11/2021

Partes del expediente

  • Luiana Hernández Velázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citatorio dejado el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el domicilio de la parte quejosa, y se le notifica el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, que dice: "Ensenada, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a las partes en proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada el veintinueve de julio de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Luciana Hernández Velázquez, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable Congreso del estado de Baja California, con sede en Mexicali, así como Tesorero Municipal de Ensenada, en los términos y para los efectos siguientes: "1. No apliquen a la parte quejosa Luciana Hernández Velázquez de forma presente y futura los artículos 11 y 12 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal 2021, declarado inconstitucional, específicamente durante su vigencia y; 2. En caso de que hubiese realizado el pago, le sea devuelta a la parte quejosa Luciana Hernández Velázquez, únicamente en lo que hace al cobro de la cantidad por el concepto de aplicación de los artículos 11 y 12 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal 2021, y en su caso, los diversos pagos que haya efectuado con posterioridad por el referido concepto y en atención a la aludida norma. " Al no haber sido recurrida dicha sentencia, por auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable Tesorero Municipal de Ensenada, Baja California (Vicente Maldonado del Toro), con residencia en esta ciudad; asimismo, en dicho auto se precisó que si bien la protección federal se había concedido respecto de la autoridad responsable Congreso del estado de Baja California, con sede en Mexicali, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo recaía en la autoridad Tesorero Municipal de Ensenada, Baja California (Vicente Maldonado del Toro), con residencia en esta ciudad, como se desprendía de la propia sentencia, toda vez que fue quien aplicó a la parte quejosa el artículos 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal 2021, declarado inconstitucional. En cumplimiento a ello, el delegado del Tesorero Municipal de Ensenada, mediante oficio sin número, recibido el veintinueve septiembre de dos mil veintiuno, informó las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y para tal efecto indicó que giró oficio al Superintendente del Suministro Básico de la Comisión Federal de Electricidad, en el que se le solicitó informara si con posterioridad al pago del recibo de consumo de energía eléctrica relativa al número de servicio **, correspondiente al periodo que comprendió del veintidós de enero al veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, realizó un pago diverso que incluyera el derecho por alumbrado público y en caso afirmativo se remitiera el historial de facturación en que se detallara el monto que por concepto de alumbrado público erogó. En virtud de lo anterior, mediante auto de catorce de octubre del año en curso, se vinculó al cumplimiento del fallo protector al Superintendente del Suministro Básico de la Comisión Federal de Electricidad. En acato al fallo protector, por oficio recibido en este juzgado el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, el encargado de la Superintendencia Comercial Zona Ensenada, de la Comisión Federal de Electricidad, informó que eliminó los cargos por concepto de alumbrado público respecto al número de servicio **, a nombre del aquí quejoso Luciana Hernández Velázquez, así como también que dejó de aplicar de forma presente y futura el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno y precisó los montos erogados por el quejoso por concepto de alumbrado público, durante el año dos mil veintiuno. Por su parte la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por conducto de su delegado, mediante oficio recibido en este juzgado el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, remitió copia del cheque ** valioso por la cantidad de ** expedido a favor de la parte quejosa Luciana Hernández Velázquez que ampara la cantidad que le fue retenida durante el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, por concepto de contribución de alumbrado público. Atento a lo anterior, mediante auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días hábiles, acreditara haber comparecido por sí o por quien legalmente se encontrara facultado para tal efecto, a las oficinas de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Ensenada, con el fin de recibir el título de crédito expedido a su favor, bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se seguiría el procedimiento de ejecución al fallo protector correspondiente; sin que lo hubiera acreditado. Luego, en auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, en el sentido de que se seguiría el procedimiento de ejecución correspondiente ante su desinterés de recoger el título de crédito expedido a su favor. A las probanzas relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. Por ende, con las constancias allegadas por la autoridad responsable, en auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que hubiesen hecho manifestación al respecto, como se advierte de la certificación de cuenta. En las relatadas condiciones, quien suscribe determina que la autoridad responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud de que demostró haber gestionado que no se aplicara a la quejosa, de forma presente y futura el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, declarado inconstitucional y que se ordenó la devolución de la cantidad que ampara el recibo que exhibió con la demanda de amparo, así como respecto de los diversos pagos que efectuó con posterioridad, en lo que hace al cobro de la cantidad por el concepto de aplicación del artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, como se desprende de las constancias que allego y que fueron valoradas con antelación. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al determinarse cumplido el fallo protector por parte de la responsable en mención, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso ordinal 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. En términos del artículo décimo octavo, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos décimo octavo y décimo noveno del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se depurará el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, así como las demás actuaciones que este juzgador considere; y se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Finalmente, se autoriza que los oficios relativos a la notificación de éste acuerdo se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a las partes

  3. Principal

    Notifíquese personalmente

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa

Quedan 13 actuaciones en este expediente

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