Lugo Domínguez Gonzálo
Expediente 2105/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2105/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Lugo Domínguez Gonzálo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y específicamente el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha, ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido el proveído de once de diciembre de dos mil quince, mediante el cual este Juzgado de Distrito decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que el auto de mérito, HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Se declara que este expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
Vista la razón de cuenta de la Secretaría, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, agréguense a los autos para que obren como correspondan y surtan los efectos legales procedentes, los informes justificados rendidos por el Presidente y Actuaria, ambos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con los informes de mérito, y anexo adjunto al primero de ellos, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo 119 de la Ley de la Materia, se tiene como prueba a favor de la primera autoridad laboral, la documental que en copia certificada se acompaña, la cual se desahoga por su propia y especial naturaleza, y sin perjuicio de ser relacionada en el momento procesal oportuno. Ahora bien, en atención a la información brindada por las autoridades responsables, en el sentido de que tienen conocimiento de la existencia de diversos juicios de amparo relacionados con el presente asunto, téngase por satisfecho el requerimiento formulado en ese sentido por este Juzgado Federal y sin que proceda dictar mayor acuerdo, en virtud de que se encuentran radicados en este mismo órgano judicial, y por lo tanto, ya se tienen conocimiento de ellos. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y específicamente, el contenido de la demanda de garantías que le dio origen, promovida por ********************, en la cual en esencia reclama de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, así como del Presidente y Actuarios adscritos a dicho órgano laboral, con sede en esta ciudad, la omisión de emitir el laudo correspondiente en el juicio laboral número ********************, así como de notificar dicha determinación a las partes. En ese sentido, al rendir el informe justificado, el Actuario adscrito a la junta autoridad responsable, negó expresamente la existencia de lo reclamado, mientras que el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en esta ciudad, aceptó la omisión que se le atribuye, pues confesó que efectivamente no ha dictado el laudo respectivo. Sin embargo, de la documental que exhibió conjuntamente con dicho informe, a la cual se le concede valor probatorio en términos de los dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se advierte que la omisión reclamada es inexistente, motivo por el cual, en la especie se actualiza la causal sobreseimiento prevista en la fracción IV, del numeral 63, de la Ley de Amparo, en la parte que autoriza decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. En efecto, la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional, se presentó el trece de noviembre de dos mil quince, mientras que el cierre de instrucción en la contienda laboral de origen, que en el caso constituye un requisito sine qua non para el dictado del laudo relativo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 878, fracción XVIII y 885 de la Ley Federal del Trabajo, ocurrió hasta el día diecinueve de noviembre de dos mil quince, lo que significa que al momento de formularse la solicitud de amparo de ninguna manera existían los actos de molestia. Incluso, tomando en consideración el día en que se decretó el cierre de instrucción a la fecha en que se pronuncia esta determinación, no es difícil deducir que aún no transcurren los plazos legales que contemplan los numerales 885 a 887 de la Ley Federal del Trabajo, para emitir el laudo en el juicio de origen, cuya omisión en su dictado se reclama y, menos aún, para realizar su notificación a las partes, por lo que, por mayoría de razón debe convenirse en la actualización de una causa (inexistencia de los actos que se combaten) que impide continuar con la tramitación de este juicio y dictar la resolución correspondiente con base en la demanda de amparo. Ello es así, ya que es importante destacar que la solicitud de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis que se analiza, ya que el perjuicio no existe al momento de ejercitar la acción, (sino durante la tramitación del juicio). De opinarse lo contrario, generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. Al respecto, es aplicable el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia número 10, visible en la página 12, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA.- La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En consecuencia, al no existir los actos reclamados y actualizarse la causal de sobreseimiento invocada que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción IV, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Al caso, es aplicable la tesis número VII.1o.C.4 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 433, Tomo VI, Julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis.". Sin que pase inadvertido, que en el capítulo de acto reclamado, la parte quejosa hace referencia al dictado por parte de las autoridades responsables de todos y cada uno de los acuerdos y realizar las notificaciones para la continuación del procedimiento a fin de resolver el mismo en forma definitiva; sin embargo, más que un acto de molestia, tal circunstancia constituye una petición, que desde luego no debe tomarse en consideración, puesto que el sobreseimiento del juicio de amparo impide analizar el planteamiento de fondo que se formula, y por ello, no es factible obrar en el sentido requerido. Además de que, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal del País, abandonó el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.". Ello, pues se precisó, que los alcances del fallo concesivo, deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del juicio laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo en vigor, por lo que lo solicitado por la parte quejosa no constituye obstáculo alguno para decretar el sobreseimiento en los términos descritos en párrafos precedentes. Estas consideraciones fueron sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 2a. CV/2013 (10a.), Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para el diecisiete de los corrientes, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al impetrante de garantías, pues, en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de sobreseimiento en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
- Principal
se tiene al ocursante informando que se requirió al Tesorero Municipal, de Cuernavaca, Morelos, para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo; lo que se toma del conocimiento para los efectos legales que haya lugar.
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