Lugo Becerra Ramirez
Expediente 2446/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2446/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/07/2022
Partes del expediente
- Lugo Becerra Ramirez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México; veintiuno de julio de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta signado por Juan Antonio Castro Chávez, quien aduce ser autorizado de la parte quejosa en el presente juicio, en el cual solicita el acceso al expediente electrónico, atento a ello, agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento, toda vez que no es autorizado de la parte promovente, ni tampoco es parte en el presente asunto. Fundamento: Articulo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tal y como lo dispone su numeral 2º. Finalmente, de la primer certificación de cuenta se advierte que ya se ordenó archivar el expediente en que se actúa; en tal virtud, en su oportunidad remítase este asunto al archivo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México; treinta de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede y en atención a que el expediente principal de donde emana esta incidencia ha sido radicado en este juzgado federal y aquí continuará su prosecución, se declara la validez de todo lo actuado en el presente cuaderno incidental. Por otra parte, vistas las copias simples de los escritos de ampliación de demanda promovidos por María del Carmen Flores de la Rosa, Yesenia Cuellar Campos, Abelardo Rodríguez Hernández, Julio Humberto Tapia Estrada, José Luis Torres Jaramillo y Mercedes del Carmen Verdines Lara, por propio derecho, así como la copia autorizada del proveído dictado en esta fecha en el cuaderno principal del cual deriva el presente incidente, se integra de manera electrónica y física por duplicado el presente incidente de suspensión. Fundamento: Artículos 115 y 125, de la Ley de Amparo. Solicitud de informe previo. Se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que rindan su informe previo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir del que queden legalmente notificadas, mismo que deberá satisfacer los requisitos previstos en el artículo 140 de la ley de la materia, y en aras de una pronta impartición de justicia podrá ser remitido vía correo electrónico oficial 1jdoaux1cto@correo.cjf.gob.mx, correspondiente a este juzgado de distrito, con archivo anexo en .PDF o .JPG y que el documento contenga la firma electrónica del funcionario (firel o e.firma), debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente, con la precisión de que se requiere su envío por uno solo de los medios Fundamento: Acuerdos Generales Plenarios 1/2013 y 1/2015, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 3 de la Ley de Amparo; y artículo 3, fracción VI del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Al efecto, remítase copia de los escritos de ampliación. Apercíbase a las autoridades responsables que, en caso de no cumplir con lo antes señalado, además de presumir ciertos los actos reclamados, podrá imponérseles una multa de cien a mil veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización. Fundamento: Artículos 138, fracción III y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Señalamiento de fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Se señalan las nueve horas con siete del veintiséis de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia incidental. Fundamento: Artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo. Cabe señalar que aun cuando se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental fuera del plazo previsto en el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo, por la saturación excesiva de la agenda correspondiente, dicho proceder se realizó con el objeto de que prevalezca el derecho a una tutela judicial efectiva por encima de los formalismos procedimentales. Adicionalmente, este resolutor considera necesario hacer del conocimiento de las partes que atendiendo al riesgo sanitario que se ha generado con el virus COVID 19 y el cual es una constante en los meses por venir, así como a lo previsto en la fracción II del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, las audiencias que se celebren en este órgano jurisdiccional se realizarán primordialmente sin la presencia física de las partes y se privilegiarán los escritos que éstas presenten ya sea física o virtualmente. Sin embargo, en caso que las partes consideren indispensable y de vital importancia asistir a la audiencia incidental deberán realizar las gestiones necesarias para poder acceder al local que ocupa este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Capítulo II, denominado, Atención al Público del Acuerdo General 21/2020, es decir deberán generar en el sistema "Agenda OJ" la cita correspondiente al día y hora en que se haya fijado dicha audiencia, datos que se encuentran precisados en párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que, de la literalidad del artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, en el presente procedimiento la audiencia incidental no es de aquellas en las que intervienen oralmente las partes 144 de la Ley de Amparo las partes, se insiste, tienen a resguardo su derecho a comparecer a la audiencia vía electrónica (juicio en línea) o por escrito (vía buzón judicial), habida cuenta que el derecho a alegar en la misma, se restringe únicamente a los actos de que habla la normativa citada en último término (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales) la cual no acontece en el expediente en cuestión y/o en la temática especializada que se dirime en este juzgado. Lo anterior, salvaguarda su derecho a la tutela judicial y las formalidades esenciales del procedimiento. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan el siguiente correo institucional: flavio.joffre.romero@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Precisión del acto reclamado. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho El Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General Responsabilidades Administrativas, publicado el doce de abril de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación. Precisado lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Ley de Amparo, lo procedente para pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados, es realizar un análisis ponderado tanto de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora, como la no afectación al orden público e interés social. Análisis de la solicitud de suspensión provisional. En principio debe señalarse que se cumplen los requisitos previstos en el el artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que la medida fue solicitada por la parte quejosa y con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, por las siguientes razones: En la especie es dable precisar que el numeral 148 de la ley citada, precisa que en caso de que se reclame una norma general autoaplicativa o con motivo del primer acto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma reclamada así como los subsecuentes del acto de aplicación. Los quejosos acreditaron ser trabajadores en activo del Consejo de la Judicatura Federal -Poder Judicial de la Federación-, lo que permite considerar que han adquirido determinados derechos y obligaciones encontrándose, entre los primeros, el de recibir una contraprestación por el servicio prestado. Además, se acreditó el interés suspensional con los siguientes documentos: a) Nombramientos, constancias de percepciones y puestos desempeñados expedidas por el Consejo de la Judicatura Federal, a nombre de los quejosos. b) Recibos de pago electrónicos expedidos por el Consejo de la Judicatura Federal, a nombre de los quejosos Los cuales exhibieron como anexos a su demanda, de los que se advierte que ocupan el cargo de Secretarios de Tribunal y Coordinador Técnico Administrativo, respectivamente, adscritos al Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Cuarto Circuito. En ese sentido, los efectos de las normas reclamadas previsiblemente impactarán la estabilidad salarial de quien promueve, ante el riesgo de que sus ingresos sean disminuidos, lo que es suficiente para considerar que es procedente la suspensión pues puede producirse una afectación en su esfera jurídica, lo que hace necesario impedir que las normas que ahora tilda de inconstitucionales produzcan efectos y consecuencias que serían de difícil reparación. Asimismo, no se advierte de qué forma el interés social pudiera verse afectado con el hecho de que la parte quejosa siga percibiendo los ingresos a que tiene derecho por la prestación de sus servicios, por el contrario, de negarse la medida cautelar solicitada se podría afectar su derecho a percibir la remuneración que le corresponde por el cargo que desempeña y, por ende, que se vea trastocado el proyecto de vida digna a que tiene derecho. Lo anterior es así, porque la medida otorgada únicamente suspende de manera temporal los efectos de los actos reclamados, pero no impide en modo alguno el desarrollo de las funciones del Estado; por tanto, no implica una afectación grave a la sociedad, en proporción mayor a los beneficios que pudiera obtener la solicitante hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva en la presente incidencia. Máxime que el artículo 123, apartado B, fracción IV, constitucional, textualmente prevé que los salarios no podrán verse disminuidos durante el encargo de los servidores públicos, en atención al principio de progresividad. Por tanto, si la medida cautelar no contraviene disposiciones de orden público ni afecta el interés social, no se actualiza alguno de los supuestos de improcedencia de la suspensión y prevalece la necesidad de conservar la materia del amparo y evitar algún daño o perjuicio que se pueda causar a la parte quejosa, esta debe concederse, caso contrario, se causarían daños y perjuicios de difícil reparación; aunado a que se permitiría someter a quien ahora insta a procedimiento penal, lo que implica riesgo de privación de la libertad, entre otros. Por lo tanto, con el otorgamiento de la suspensión no se infringe lo dispuesto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 128, 146, fracción III y 148 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional a María del Carmen Flores de la Rosa, Yesenia Cuellar Campos, Abelardo Rodríguez Hernández, Julio Humberto Tapia Estrada, José Luis Torres Jaramillo y Mercedes del Carmen Verdines Lara, para el efecto de que no se apliquen las disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho y del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva, lo cual conlleva que no se inicie procedimiento penal o administrativo alguno con motivo del pago que reciba y que derive de la aplicación de los artículos que serán materia de análisis constitucional en el cuaderno principal del que deriva la incidencia en que se actúa. La suspensión provisional decretada surte sus efectos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Amparo y sin que sea necesario fijar un requisito de efectividad dado que no existe tercero interesado en este juicio, aunado a que no se está en los supuestos del artículo 135 de la ley citada. Demás providencias. Finalmente, de una revisión del presente expediente se advierte que no obran agregadas las constancias de notificación relativas al proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno, por tanto, solicítese de la manera más atenta al Juzgado Quinto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, para que de no tener inconveniente alguno se sirva remitir dichas constancias a fin de integrar debidamente este asunto. Notifíquese.
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