Lugarda García Velazquez

Expediente 287/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
287/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
25/08/2023

Partes del expediente

  • Lugarda García Velazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que el término de tres días que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, otorgado a las partes en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, transcurrió del veintiuno al veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el catorce de julio de dos mil veintitrés, se dictó sentencia, en la que, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Resolución que fue declara firme mediante auto de dos de agosto de dos mil veintitrés, requiriéndose en esa misma fecha a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos. Seguido el trámite de ejecución, las autoridades responsables Director del Hospital Regional de Uruapan; y, Secretaría de Salud, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, informaron el cumplimiento a la sentencia de amparo, como se verá a continuación. Ahora, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por las autoridades responsables, se tiene: EFECTOS DE LA SENTENCIA ANALISIS DE LA RESPONSABLE "La autoridad responsable Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, en el ámbito de su respectiva competencia y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital General de Uruapan "Dr. Pedro Daniel", con residencia en esta ciudad, así como a este último, establezcan de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud de la quejosa ********************, enfocada al tratamiento de insuficiencia renal crónica que padece, para lo cual deben hacer su diagnóstico médico de salud, proporcionarle la atención médica y medicamentos que requiere; además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal, a través de la atención médica, tratamiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis que tiene prescritas médicamente, en la actualidad, debiendo, para ello, tomar en cuenta: En la opción que se elija, por las autoridades responsables, se considere el lugar de residencia de la quejosa (Uruapan, Michoacán de Ocampo), a efecto de que sea la más cercana a su domicilio. Ordenen que se haga la valoración médica correspondiente a la quejosa, al menos dos veces por año, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis que requiera. Para efecto del inciso anterior, será obligación de la parte quejosa para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Director del Hospital General de Uruapan "Dr. Pedro Daniel", con residencia en esta ciudad, para que sea valorada medicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto, al menos dos veces por año. En caso de que el servicio de hemodiálisis para su enfermedad de insuficiencia renal crónica, se siga prestando en instituciones privadas, como la que actualmente lo presta; esto es, la clínica denominada UNIDAD RENAL AMBULATORIA, ubicada en Paseo de la Loma Larga, número 1139, colonia Lomas del Valle Norte, en esta ciudad, bajo el pago de la autoridad responsable, ésta se encontrará obligada a estar reportando mensualmente a la autoridad responsable que le hace el pago, si la quejosa ha recibido, cuántas veces y cuándo, las sesiones de hemodiálisis contratadas. Por lo que, deberán dictar cuanta medida administrativa, económica y de prestación de servicios se requiera, a fin de seguir brindando la atención médica necesaria tanto en cantidad como en calidad, necesarios para preservar la vida y salud de la quejosa. Respecto a los efectos de la reparación del derecho a la salud, es preciso disponer que la atención médica adecuada obliga a las autoridades responsables de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, al tratamiento médico, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requiera, tomando en consideración sus padecimientos y necesidades. En el caso de que las autoridades responsables carecieran de ellas deberán recurrir a instituciones públicas privadas o de la sociedad civil especializada. Finalmente, las autoridades responsables deberán cubrir los gastos necesarios para el restablecimiento de su salud. En ese sentido, corresponderá -en su momento- a las autoridades responsables acreditar ante este Juzgado la culminación o restablecimiento íntegro del derecho a la salud, para el cese de los efectos del amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, cumplan con la ejecutoria de amparo teniendo en consideración que el acto reclamado es de tracto sucesivo, deberán informar lo que hayan dispuesto sobre el tratamiento correspondiente de forma definitiva a este Juzgado sobre el cumplimiento, a fin de estar en aptitud de archivar el juicio de amparo de que se trata, a partir de tal información (en una sola ocasión) (.) Las autoridades responsables Director del Hospital Regional de Uruapan; y, Secretaría de Salud, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, para cumplir con la sentencia de amparo, realizaron lo siguiente: a) Mediante promoción registrada bajo el número de control interno 13074, mismo que fue recibido en oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el día cuatro de agosto de dos mil veintitrés, hicieron del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se encuentran suministrando la atención médica correspondiente a la parte quejosa, así como el número de sesiones de hemodiálisis que requiere para vivir, el cual le es brindado de forma subrogada. b) De igual manera, hicieron del conocimiento que a efecto de garantizar la atención médica requerida por la aquí quejosa celebraron contrato abierto de compraventa y prestación de servicios por licitación pública por medios de identificación electrónica, con la empresa denominada ********************, por lo que la aquí quejosa continuará recibiendo dicha atención médica en la clínica particular UREA, Unidad Renal Abultaria con domicilio conocido en Paseo Loma Larga, número 1239, Colonia Lomas del Valle Norte. c) Asimismo, se tuvo a las autoridades responsables de referencia reiterando su compromiso a efecto de seguir suministrando el número de sesiones que requiere la parte quejosa para vivir, informando además, que la parte quejosa ha acudido a las diversas citas que se le han agendado en el nosocomio demandado. Así, del análisis de la comparativa hecha en el recuadro que antecede, se advierte que se ha restituido a la parte quejosa en el derecho fundamental que le fue vulnerado, pues la autoridad responsable ha seguido con su actuar los lineamientos descritos en el fallo protector dictado en este asunto, tal como quedó reseñado. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." Lo anterior, sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional que el cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo es de tracto sucesivo; sin embargo, es importante destacar que el fallo protector del cual ahora se declara su cumplimiento, no debe entenderse como una medida sin limitación material o temporal alguna, pues además de la incertidumbre que con ello se generaría tanto a la parte quejosa, como a las autoridades responsables y a la misma población en la que radica la aquí quejosa, implicaría ejercer sobre las autoridades responsables una vigilancia permanente de sus actividades por parte de este órgano jurisdiccional, lo cual no está previsto expresamente en la norma constitucional, convencional o legal alguna, ya que de procederse así se estaría dejando de lado la propia actividad jurisdiccional de este Juzgado Federal y en su caso el cumplimiento de la prestación de atención médica por parte de las citadas autoridades responsables. Reiterándose que el vigilar de manera permanente la actividad propia de las autoridades responsables, no encuentra justificación alguna e implicaría una invasión desmedida a las actividades propias de las autoridades responsables. SE EXHORTA A LAS PARTES. Sin embargo, no obstante el cumplimiento decretado en párrafos precedentes, se exhorta a las autoridades Director del Hospital Regional de Uruapan; y, Secretaría de Salud, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, para que continúen girando las instrucciones necesarias para que se le sigan proporcionando con la periodicidad requerida las sesiones hemodialiticas o dialíticas a la quejosa relativo al padecimiento de insuficiencia renal crónica, ya por conducto de la institución en cualquiera de sus unidades hospitalarias o de forma subrogada, ya en lo público, ya en lo particular, sin que sea obstáculo el presupuesto; en el entendido que deberá asentarse en el expediente clínico de la parte quejosa que le tratamiento brindado lo es con motivo de la concesión del amparo y protección de la justicia federal, dentro del presente juicio de garantías. SUBSISTEN APERCIBIMIENTOS. Se hace del conocimiento que quedan subsistentes los apercibimientos con los que se les conminó en autos, esto es, para el caso de no realizar las gestiones necesarias con la finalidad de observar el fallo protector, se harán acreedoras a una multa de manera individual equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, toda vez que los actos reclamados dentro del presente juicio de garantías constituyen omisiones por parte de las autoridades responsables relacionadas con el derecho a la salud que, por su naturaleza, CONSTITUYEN UN PELIGRO PARA LA VIDA DE LA QUEJOSA, lo que impone obligar a las autoridades responsables a respetar el referido derecho humano, consagrado en el artículo 4° Constitucional, se exhorta a la PARTE QUEJOSA para que en caso de que exista negativa de la atención médica materia de la Litis dentro del presente expediente, lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional a efecto de que se provea lo que en derecho corresponda. ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de CONSERVACIÓN, en términos de los artículos 14 y 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; por lo tanto, una vez que venza el plazo de TRES AÑOS, a que se refiere el artículo 17 del citado acuerdo, transfiérase para su resguardo el presente expediente al depósito documental correspondiente. Hágase la anotación en la carátula. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé párrafo segundo del artículo 19, fracción II, del propio Acuerdo General, que por características amerite ser devuelto. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el correo electrónico registrado bajo el número de control interno 13074, al cual se anexó el oficio número 5009/2023, signado por la Administradora del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", con residencia en esta ciudad, a través del cual informo el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, anexando para tal efecto las constancias respectivas. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con las constancias señaladas en el párrafo que antecede, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente en que surta efectos su legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad en cuestión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./j. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de agosto de dos mil veintitrés. INFORMA GESTIONES CUMPLIMIENTO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, enviado por la Administradora del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", en ausencia del Director del Hospital General de dicho nosocomio, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento que le fuera formulado mediante proveído de dos de agosto de dos mil veintitrés, informa los actos realizados para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada autos; por tanto, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, téngase a dicha autoridad informando las acciones tendentes a la observancia del fallo protector. VISTA. Consecuentemente, con dichas medidas, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de agosto de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante sentencia de catorce de julio de dos mil veintitrés, fue girado el oficio número 14261/2023, dirigido a la autoridad responsable Secretaría de Salud de Michoacán de Ocampo y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán de Ocampo, por sí y en cuanto superior jerárquico y por ende Representante Legal del Director del Hospital Regional de Uruapan, Michoacán, de Ocampo, por medio del cual se le notificó la sentencia dictada dentro del presente juicio de garantías, requiriéndose además el acuse de recibo correspondiente; lo anterior, sin que haya acusa recibo del mismo. Por lo tanto, de conformidad con la fracción II, inciso a) del artículo 26 de la Ley de Amparo, se le tiene por debidamente notificada de la determinación que nos ocupa; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. CAUSA EJECUTORIA. Por otro lado, vista la certificación secretarial con que se ha dado cuenta, de la que se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. REQUERIMIENTO AUTORIDAD RESPONSABLE. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Secretaría de Salud de Michoacán de Ocampo y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán de Ocampo y Director del Hospital General de Uruapan "Dr. Pedro Daniel Martínez", Michoacán, de Ocampo, para que en el improrrogable plazo de TRES DÍAS hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente auto, den cumplimiento total, sin excusa ni evasivas, a la sentencia de catorce de julio de dos mil veintitrés. PRECISIÓN 1. RELACIONADA CON AMPLIACIÓN O RETRASO. En ese sentido, con fundamento en el artículo 17 constitucional, requiéranse a las responsables de mérito para que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, informen a esta autoridad federal si el término que prevé el aludido numeral 192 de la Ley de Amparo (tres días), es suficiente para acatar el fallo protector; o bien, si en términos del precepto 193 de la citada legislación, requieren de un plazo mayor, en cuyo caso deberán mencionar el tiempo que necesite para ello. Con el APERCIBIMIENTO que de no hacer manifestación al respecto, se entenderá que están en aptitud de dar cumplimiento dentro del plazo indicado en el referido numeral. En esa línea, indíquese a las responsables que deberán fundar y motivar esa prórroga; petición que no significa que de entrada será procedente, sino que la procedencia o no de esa solicitud, será analizada por esta autoridad federal conforme a los efectos plasmados en la sentencia protectora, considerando la complejidad del asunto o dificultad en el cumplimiento y, desde luego, siempre que demuestre que la ejecutoria de amparo se encuentra en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso, para lo cual deberá remitir copia certificada de las actuaciones que demuestren su aserto. Ahora, las medidas que realicen las responsables deberán ser eficaces y fructuosas para observar el fallo protector, dentro del término que se les conceda, toda vez que si de las constancias o actos tendentes que remitan o informen, se advierte que las gestiones que hayan realizado o se encuentren realizando, son evasivas o llevadas a cabo con procedimientos ilegales que generen el retraso del cumplimiento de la sentencia y en vía de consecuencia la imposibilidad para que pueda resarcirse al justiciable en un tiempo prudente el derecho fundamental que le fue transgredido, se continuará con el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J.54/2014 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, registro 20007918, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO" . De igual manera, se invoca la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I pagina 11, registro 2007914, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VICENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables en el ámbito de sus obligaciones, que de no acatar los lineamientos aquí descritos, con la finalidad de observar el fallo protector, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, se le hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, o evasivas, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, tal como prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDE INCURRIR LA AUTORIDAD QUE SE VE VINCULADA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. En vista de las disposiciones que prevé la Ley de Amparo tratándose del cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, donde se preconiza ante todo la celeridad con la instauración de un procedimiento sumario, se pone de relieve el recrudecimiento de las responsabilidad en que incurre la autoridad en caso de desacato a los requerimientos que persiguen ese objetivo. En ese sentido, se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas, que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquel funcionario que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se le impondrá una pena que va de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a las autoridades responsables ni en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. NOTIFÍQUESE.

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