Ludwig Sigfrield Monroy Martínez

Expediente 498/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
498/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
18/05/2023

Partes del expediente

  • Ludwig Sigfrield Monroy Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del veintiséis de abril del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido; el cual es destruible en términos del artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo en el que sin resolver el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial adscrito para notificar personalmente al quejoso *********, el proveído del veintiséis de abril del año en curso, por los motivos ahí expuestos; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a dicha parte por medio de lista electrónica que se genera por este juzgado el acuerdo en comento, así como éste y las subsecuentes determinaciones. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. "Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por ************, por derecho propio, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México y otras autoridades; háganse las anotaciones respectivas bajo el número 498/2023-IV. En este asunto el quejoso señala como actos reclamados la orden de detención y/o aprehensión girada en su contra y su ejecución. Ahora, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relación con los diversos 5o., fracción I, y 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo. De una interpretación conjunta de los preceptos invocados se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte promovente, al ser inexistentes al momento de la presentación de la demanda de amparo. Sobre este tema el Máximo Tribunal del País estableció que la afectación a la parte quejosa debe ser real y no subjetiva, recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, y ser de realización pasada, presente o inminente. De ahí que la exigencia de una afectación real y actual implica un requisito de procedencia del juicio de amparo, en el que se exige que con el acto reclamado se cause afectación al interesado en el aspecto más amplio de tutela de derechos, el que puede haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio, y no simplemente ser eventual, aleatorio o hipotético. En el caso, del contenido del acto reclamado del escrito inicial se observa que los actos de autoridad se hacen depender del hecho de que el catorce de abril de dos mil veintitrés, personas que se decían ser agentes de la policía ministerial se presentaron en su centro de trabajo ubicado en avenida Primero de Mayo, manzana C 34, ******************** con el propósito de privarle de su libertad, sin expresar el motivo que tenían para ello. Sin embargo, conforme a los citados hechos es evidente que existe ausencia de afectación al quejoso, puesto que en ningún momento precisa que las responsables le presentaron la orden privativa de libertad, emitida por las autoridades competentes en su contra y que con motivo de ella, exista la amenaza real e inminente sobre su persona, máxime que el quejoso no fue detenido ni privado de su libertad en dicho momento, aunado a que no le proporcionaron información respecto a algún hecho que la ley señale como delito en el que probablemente haya cometido o participado el impetrante de amparo. De esta forma, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda no se está produciendo una afectación real y actual en contra del promovente, pues se está en presencia de un hecho hipotético e inexistente al momento de la promoción de amparo, al observase conjeturas sobre una posible privación de la libertad, y no así un acto real y actual que se pretenda materializar en su contra y que el haya tenido conocimiento de forma cierta y concreta. Además, la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 57/95, que dio origen a la jurisprudencia con el rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN", en la ejecutoria estableció, en resumen, que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción, sino durante la tramitación del juicio. Criterio en contrario genera la imposibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. Por lo anterior, se desecha la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora, háganse las notificaciones por lista electrónica, a la parte quejosa, en virtud de que el domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional; no obstante lo anterior por única ocasión, notifíquese personalmente esta determinación. Con fundamento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles, para que el actuario judicial adscrito a este órgano constitucional practique dicha diligencia. Ténganse como autorizadas a las personas que se designa para los efectos que se precisa, en el entendido de que de ser en amplios términos deberán acreditar que cuentan con el registro respectivo de su cédula profesional. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y personalmente al quejoso. Notifíquese y personalmente. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe."

  3. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por ************, por derecho propio, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México y otras autoridades; háganse las anotaciones respectivas bajo el número 498/2023-IV. En este asunto el quejoso señala como actos reclamados la orden de detención y/o aprehensión girada en su contra y su ejecución. Ahora, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relación con los diversos 5o., fracción I, y 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo. De una interpretación conjunta de los preceptos invocados se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte promovente, al ser inexistentes al momento de la presentación de la demanda de amparo. Sobre este tema el Máximo Tribunal del País estableció que la afectación a la parte quejosa debe ser real y no subjetiva, recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, y ser de realización pasada, presente o inminente. De ahí que la exigencia de una afectación real y actual implica un requisito de procedencia del juicio de amparo, en el que se exige que con el acto reclamado se cause afectación al interesado en el aspecto más amplio de tutela de derechos, el que puede haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio, y no simplemente ser eventual, aleatorio o hipotético. En el caso, del contenido del acto reclamado del escrito inicial se observa que los actos de autoridad se hacen depender del hecho de que el catorce de abril de dos mil veintitrés, personas que se decían ser agentes de la policía ministerial se presentaron en su centro de trabajo ubicado en avenida Primero de Mayo, manzana C 34, ******************** con el propósito de privarle de su libertad, sin expresar el motivo que tenían para ello. Sin embargo, conforme a los citados hechos es evidente que existe ausencia de afectación al quejoso, puesto que en ningún momento precisa que las responsables le presentaron la orden privativa de libertad, emitida por las autoridades competentes en su contra y que con motivo de ella, exista la amenaza real e inminente sobre su persona, máxime que el quejoso no fue detenido ni privado de su libertad en dicho momento, aunado a que no le proporcionaron información respecto a algún hecho que la ley señale como delito en el que probablemente haya cometido o participado el impetrante de amparo. De esta forma, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda no se está produciendo una afectación real y actual en contra del promovente, pues se está en presencia de un hecho hipotético e inexistente al momento de la promoción de amparo, al observase conjeturas sobre una posible privación de la libertad, y no así un acto real y actual que se pretenda materializar en su contra y que el haya tenido conocimiento de forma cierta y concreta. Además, la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 57/95, que dio origen a la jurisprudencia con el rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN", en la ejecutoria estableció, en resumen, que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción, sino durante la tramitación del juicio. Criterio en contrario genera la imposibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. Por lo anterior, se desecha la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora, háganse las notificaciones por lista electrónica, a la parte quejosa, en virtud de que el domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional; no obstante lo anterior por única ocasión, notifíquese personalmente esta determinación. Con fundamento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles, para que el actuario judicial adscrito a este órgano constitucional practique dicha diligencia. Ténganse como autorizadas a las personas que se designa para los efectos que se precisa, en el entendido de que de ser en amplios términos deberán acreditar que cuentan con el registro respectivo de su cédula profesional. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y personalmente al quejoso. Notifíquese y personalmente. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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