Ludivina García Rosas
Expediente 1264/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 26 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1264/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 16/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ludivina García Rosas
- Alma Rosa Flores Ceballos Presidenta de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz y Otros.
- Alma Rosa Flores Ceballos Presidenta de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
...Se recibe el oficio de la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual informa que el trece de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por Raymundo Pérez Gil, delegado del Pleno y de la Secretaria de Acuerdos, ambos del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, contra la sentencia emitida en autos del juicio de amparo principal de donde deriva este cuaderno, radicándolo con el número de toca 272/2023.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, siete de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. .. Remisión. Envíese físicamente el escrito de agravios, este expediente y un tomo de pruebas a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, para que realice el turno correspondiente. Consulta de expediente electrónico. Infórmese a la Superioridad que está disponible el expediente electrónico para su consulta, mismo que de acuerdo con la certificación secretarial, se encuentra debidamente integrado. Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias que se estimen necesarias. Notifíquese. ...
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos. De autos se advierte que el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se emitió la sentencia correspondiente en el presente asunto; sin embargo, a la fecha no obra constancia de la que se advierta que se notificó a la tercero interesada Alma Rosas Flores Ceballos, dicha resolución. Se ordena notificación personal. Por tanto, a fin de no dejarla en estado de indefensión, túrnese el presente expediente a cualquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado, a fin de que notifique la sentencia de referencia. Notifíquese personalmente a la parte tercero interesada la sentencia de veintiocho de abril de dos mil veintitrés...
- Principal
LA PRESENTE NOTIFICACIÓN CORRESPONDE A LA PARTE TERCERO INTERESADA TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES A LOS QUE LE FUE DEJADO SU RESPECTIVO CITATORIO Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1264/2022, promovido por Ludivina García Rosas; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito ingresado por buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, turnado a este juzgado el mismo día, Ludivina García Rosas solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal -fojas 1 a 13-, contra las autoridades y acto que enseguida se especifican: AUTORIDADES RESPONSABLES: "1. Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz (.). 2. Secretaría de Acuerdos del Consejo de Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz (.)". ACTO RECLAMADO: "Lo constituye la resolución de fecha veintitrés de junio de dos mil veintidós dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, dentro del procedimiento administrativo sancionador 113/2021-I en la que resuelve sobre cuestiones de naturaleza jurisdiccional, notificada a mi abogado el día uno de diciembre de dos mil veintidós", SEGUNDO. Trámite. a) El veintiséis de diciembre de dos mil veintidós -fojas 36 a 39- se radicó la demanda bajo el registro 1264/2022, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. c) El veintiuno de febrero de dos mil veintitrés se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós dictada en el procedimiento sancionador 113/2021-I del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Después de diversos diferimientos de la audiencia constitucional, la misma tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, es legalmente competente para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, en razón de que el acto reclamado tiene ejecución en los límites jurisdiccionales que corresponden a este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Del análisis de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se advierte que el quejoso reclama: I. La resolución de veintitrés de junio de dos mil veintidós dictada en el procedimiento administrativo sancionador 113/2021-I. II. La resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós dictada en el procedimiento administrativo sancionador 113/2021-I. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables al rendir su informe justificado manifestaron: Autoridades responsables Sentido Fojas Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Acepta 49 a 51 Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en representación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Acepta 52 a 54 Ampliación de demanda Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz por medio del Jefe del Departamento de lo Contencioso de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Acepta 109 a 113 Existencia que además se corrobora con las copias certificadas del Procedimiento Administrativo Sancionador 113/2021-I, las cuales obran por separado en un tomo de pruebas y se tiene a la vista. CUARTO. Cuestiones previas. a) Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo se presentó dentro del plazo de quince días, toda vez que la quejosa fue notificada de la resolución reclamada el uno de diciembre de dos mil veintiuno. Por tanto, el plazo para presentar la demanda de amparo transcurrió del cinco al veintitrés de diciembre dos mil veintidós, sin contar el diez, once, diecisiete y dieciocho de diciembre de dos mil veintidós, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si el escrito de demanda se presentó el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, se concluye que es oportuna, como se advierte del siguiente calendario: DICIEMBRE 2022 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Inhábil Inhábil 1 Notificación 2 Surte efectos 3 4 5 Día 1 6 Día 2 7 Día 3 8 Día 4 9 Día 5 10 11 12 Día 6 13 Día 7 14 Día 8 15 Día 9 16 Día 10 17 18 19 Día 11 20 Día 12 21 Día 13 22 Día 14 23 Día 15 24 25 b) Conceptos de violación. El estudio del acto reclamado se realiza al tenor de los argumentos que expone la parte quejosa, los cuales es innecesario reproducir, toda vez que ningún precepto establece tal obligación. c) Suplencia de la queja. Si bien en el caso se trata de un procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos, se debe considerar que es procedente suplir la deficiencia de la queja en este asunto a favor de ambas quejosas, al advertirse una violación manifiesta a la ley. Sustenta la determinación anterior, la tesis 1a. LXXIII/2015(10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, registro digital 2008557, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, página 1417, que a la letra dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). Del precepto citado deriva que la suplencia de la queja deficiente operará en las materias civil y administrativa cuando el tribunal de amparo advierta que ha habido contra el quejoso o recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar al 79 de la vigente, estimó que la frase "lo haya dejado sin defensa" no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa. Asimismo, sostuvo que una "violación manifiesta de la ley" es la que se advierte obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. Por otra parte, esta Primera Sala sostuvo que por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", se entiende aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirecta, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas, y que rigen el acto reclamado; de ahí que dicha interpretación es aplicable al artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que no se le opone, sino que es concordante. Conforme a lo anterior, los tribunales de amparo sólo están obligados a suplir la queja deficiente en las materias civil y administrativa cuando adviertan una violación evidente, esto es, clara, innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa." QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, debe analizarse la procedencia del juicio constitucional, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por cuanto hace a la autoridad responsable Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, como lo hace valer en su informe justificado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los numerales transcritos, se advierte que el juicio de amparo procede única y exclusivamente contra actos de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares, a excepción de aquellos actos que tengan efectos equivalentes a los de autoridad con los que se afecten los derechos de la quejosa y esas funciones están previstas en la ley, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra-subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos consagrados en la Constitución. Sirve de sustento la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Para corroborar lo anterior, conviene citar el contenido del artículo 107, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que establece: "Artículo 107. El Consejo de la Judicatura contará con un secretario de Acuerdos, que deberá satisfacer los mismos requisitos que el del Tribunal Superior de Justicia, y tendrá las atribuciones siguientes: I. Dar fe y tramitar los acuerdos, así como redactar las actas correspondientes; (.)" Como se ve, aun cuando el Secretario de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, tiene entre otras atribuciones, la de dar fe y tramitar los acuerdos que se le encomienden, pues de lo contrario las actuaciones serían nulas, lo cierto es que dicha función no implica que resuelvan conjuntamente con el Pleno, ya que éste es el único responsable de su fallo; por lo tanto, si aquéllos solamente autorizan en funciones de fedatarios, sin imperio ni facultad decisoria, no pueden adquirir la jerarquía de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo, conforme a lo establecido por el dispositivo 5° invocado. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia VII.2o.C. J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Septiembre de 1995, página 388, con registro 204360, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE. EN EL PRONUNCIAMIENTO DE LOS ACUERDOS EN EL PROCEDIMIENTO, LO ES EL JUEZ Y NO EL SECRETARIO DEL JUZGADO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si bien los acuerdos pronunciados en un juicio son firmados, además de por el juez, por el secretario del juzgado, la intervención de éste es únicamente con el objeto de dar fe de dichos actos, como se desprende del contenido de los artículos 38 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, y 34, inciso A), fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, de ahí que la responsabilidad en el pronunciamiento de lo acordado en el procedimiento sea del juez, por ser quien dicta los acuerdos que constituyen lo actuado en el procedimiento, por ende, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es a éste a quien, en tales casos, debe considerarse como autoridad responsable y no al secretario del juzgado, de quien, en tal aspecto, deviene improcedente el juicio de garantías en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 11 de dicho ordenamiento legal." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el juicio, de conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la citada ley de la materia, por lo que se refiere a los actos reclamados a la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Por otra parte, resulta infundada la diversa razón de sobreseimiento hecha valer por la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en representación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, contemplada en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, relativa a que la imposición impuesta en la sentencia reclamada no puede ser ejecutada ya que la parte quejosa solicitó licencia de prejubilación. Como se indicó, la causal de sobreseimiento expuesta es infundada, debido a que, contrario a lo que señala la responsable si puede ejecutar la sanción impuesta, ya que, si bien los quince días sin goce de sueldo no se pueden hacer efectivos ya que la quejosa se encuentra en etapa prejubilatoria, si puede realizar la anotación respectiva en el expediente personal de la parte quejosa, lo hace que las consecuencias del acto reclamado sigan existiendo y además le causa un perjuicio a la parte quejosa en su expediente personal. QUINTO. Estudio del fondo del acto reclamado. a) Antecedentes. 1. Por oficio de ocho de julio de dos mil veintiuno, la Presidenta de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, presentó ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, queja en contra de la quejosa Ludivina García Rosas, por hechos que podrían dar lugar a responsabilidad, en su carácter de Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz -fojas 1 a 4 del tomo de pruebas-. 2. El veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, determinó iniciar el procedimiento administrativo sancionador 113/2021-I en contra de la quejosa -fojas 714 a 716 del tomo de pruebas-. 3. El veintitrés de junio de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz emitió la resolución en el procedimiento administrativo sancionador 113/2021-I cuyos puntos resolutivos establecen: "(..) PRIMERO. Se declara FUNDADO el presente procedimiento administrativo sancionador número 113/2021-I, en contra de la licenciada LUDIVINA GARCÍA ROSAS, en su carácter de Jueza del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, en la época de los hechos, por las razones que quedaron expuestas en el considerando tercero de la presente resolución, en consecuencia. SEGUNDO. Se impone a la licenciada LUDIVINA GARCÍA ROSAS la sanción consistente en la SUSPENSIÓN POR UN PERIODO DE QUINCE DÍAS del cargo que ostenta actualmente, sin goce de sueldo y demás prestaciones, debiéndose tomar nota de lo anterior en su expediente personal, con inserción de la copia autorizada (.)" 4. El treinta de noviembre de dos mil veintidós emitió un auto en el que señaló que era imposible aplicar la sanción impuesta en el proceso 113/2021-I, toda vez que la quejosa se encontraba gozando de una licencia prejubilatoria del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós -foja 818 del tomo de pruebas-. Las últimas dos determinaciones constituyen el acto reclamado en este asunto. b) Conceptos de violación. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa consisten en: 1) Se violentó su garantía constitucional de independencia judicial contemplada en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando que las decisiones adoptadas por los operadores judiciales no deben ser objeto de inquisición o sanción administrativa, salvo los casos de "error inexcusable". 2) Refiere que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación. c) Análisis del acto reclamado. El segundo motivo de inconformidad hecho valer por la parte quejosa es fundado y suficiente para conceder el amparo, el cual será analizado en atención a la causa de pedir y bajo la óptica de la suplencia de la queja, pues como se adelantó, de la resolución reclamada se advierte una violación manifiesta a la ley. La resolución de veintitrés de junio de dos mil veintidós se fundó y motivó conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Estado de Veracruz y el Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura de Estado; sin embargo, el ordenamiento que se debió aplicar era la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Para corroborar lo anterior resulta necesario señalar que mediante Decreto de seis de julio de dos mil dieciséis, se determinó lo relativo a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual cobró vigencia a partir del diecinueve de julio de dos mil diecisiete. El Decreto en comento en sus artículos Segundo y Tercero transitorios dispone: "(.) Segundo. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente Decreto. Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto. En tanto entra en vigor la Ley a que se refiere el presente Transitorio, continuará aplicándose la legislación en materia de Responsabilidades Administrativas, en el ámbito federal y de las entidades federativas, que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. El cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una vez que ésta entre en vigor, serán exigibles, en lo que resulte aplicable, hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con la ley de la materia, emita los lineamientos, criterios y demás resoluciones conducentes de su competencia. Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y locales con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. A la fecha de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las menciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos previstas en las leyes federales y locales así como en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Una vez en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determina los formatos para la presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses, los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno presentarán sus declaraciones en los formatos que a la entrada en vigor de la referida Ley General, se utilicen en el ámbito federal. Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.". De los artículos transcritos se desprende que, dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las legislaturas de las entidades federativas, entre otros, estaban obligadas a expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el decreto en cita. Además, que la Ley General de Responsabilidades Administrativas entraría en vigor al año siguiente de la entrada en vigor de ese Decreto; y en tanto ello no aconteciera, seguiría aplicándose la legislación en materia de Responsabilidades Administrativas, en el ámbito federal y de las entidades federativas, que se encontrara vigente a la fecha de la entrada en vigor del Decreto de que trata; así como que los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades locales con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, debían concluirse conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio y, con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, quedarían abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y derogados los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La resolución reclamada se sustentó en lo previsto por los artículos: Competencia y marco normativo: 108, párrafo cuarto, 109, fracción III, primer párrafo y 113 de la Constitución General de la República, 62 y 76 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, 1, 95, 103, fracciones I, XI y XVI, 165, 166, 167 y 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 1, 2, 6, 7, fracción II, 9, fracción VII, 289 y 290 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura y 6, fracción V de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado. Probable conducta infractora: 163, fracción X y 164 fracciones I, III y VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Las legislaciones aplicables por la responsable se publicaron en las siguientes fechas: 1. La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en que se sustentó la sentencia reclamada se publicó el ocho de febrero de dos mil dieciocho y entró en vigor al día siguiente de su publicación. 2. Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura y a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, uno de octubre de dos mil dieciocho. 3. Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz, publicada el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete y, en su artículo transitorio primero se ordenó que dicho Decreto entraría en vigor el día uno de enero del año dos mil dieciocho, previa publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En ese sentido se puede apreciar que el procedimiento administrativo sancionador se fundó en leyes que no resultaban aplicables, lo anterior incluso resultara que las irregularidades atribuidas a los servidores públicos investigados acontecieron con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Consideraciones que tienen sustento en la jurisprudencia 2a./J. 47/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CUANDO LA INFRACCIÓN HAYA OCURRIDO ANTES DEL 19 DE JULIO DE 2017 SIN QUE SE HUBIERE INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD, RESULTA APLICABLE PARA EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS). Hechos: El Pleno de Circuito y el Tribunal Colegiado de Circuito contendientes analizaron cuál legislación resulta aplicable para el procedimiento de responsabilidad administrativa si la conducta se ejecutó antes del 19 de julio de 2017, pero la investigación inició en esa fecha o en una posterior. Al respecto llegaron a soluciones contrarias, pues para el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito el procedimiento debe seguirse conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito concluyó que la legislación aplicable para el procedimiento es la vigente en la fecha en que se cometió la conducta. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el procedimiento debe seguirse conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Justificación: La Ley General de Responsabilidades Administrativas fue creada como un cuerpo normativo que busca englobar la totalidad de las actuaciones necesarias para determinar la existencia de causales de responsabilidad y, en su caso, sancionarlas, lo cual generó que las etapas procedimentales estuvieran enlazadas y tuvieran un efecto unas respecto de otras; la estrecha vinculación entre la fase de investigación y las posteriores, implica que el trámite sea uniforme, desde la investigación hasta la resolución, y sus etapas no se pueden entender de manera aislada. Ahora bien, de conformidad con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los procedimientos administrativos iniciados antes del 19 de julio de 2017 deberán concluir según las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. Sin embargo, si la conducta se ejecutó antes de esa fecha, pero la investigación inició con posterioridad a ella, el procedimiento debe seguirse conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la resolución será emitida por la autoridad competente." Ahora, se considera pertinente traer a colación lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 8, 9 y 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que a la letra dicen: "Objeto, ámbito de aplicación y sujetos de la ley Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación. Artículo 2. Son objeto de la presente Ley: I. Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los Servidores Públicos; II. Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de los Servidores Públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; III. Establecer las sanciones por la comisión de Faltas de particulares, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; IV. Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas, y V. Crear las bases para que todo Ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: (.) II. Autoridad investigadora: La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado, encargada de la investigación de Faltas administrativas; III. Autoridad substanciadora: La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría Superior y sus homólogas en las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado que, en el ámbito de su competencia, dirigen y conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La función de la Autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad investigadora; IV. Autoridad resolutora: Tratándose de Faltas administrativas no graves lo será la unidad de responsabilidades administrativas o el servidor público asignado en los Órganos internos de control. Para las Faltas administrativas graves, así como para las Faltas de particulares, lo será el Tribunal competente; (.) X. Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades, la Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales, las Empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno; (.) XIV. Faltas administrativas: Las Faltas administrativas graves, las Faltas administrativas no graves; así como las Faltas de particulares, conforme a lo dispuesto en esta Ley; XV. Falta administrativa no grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde a las Secretarías y a los Órganos internos de control; XVI. Falta administrativa grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos catalogadas como graves en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas; (.) XXI. Órganos internos de control: Las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras instancias de los Órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de Servidores Públicos; Autoridades competentes para aplicar la presente Ley Artículo 8. Las autoridades de la Federación y las entidades federativas concurrirán en el cumplimiento del objeto y los objetivos de esta Ley. El Sistema Nacional Anticorrupción establecerá las bases y principios de coordinación entre las autoridades competentes en la materia en la Federación, las entidades federativas y los municipios. Artículo 9. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley: I. Las Secretarías; II. Los Órganos internos de control; III. La Auditoría Superior de la Federación y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas; IV. Los Tribunales; V. Tratándose de las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos de los poderes judiciales, serán competentes para investigar e imponer las sanciones que correspondan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, conforme al régimen establecido en los artículos 94 y 109 de la Constitución y en su reglamentación interna correspondiente; y los poderes judiciales de los estados y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como sus consejos de la judicatura respectivos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 116 y 122 de la Constitución, así como sus constituciones locales y reglamentaciones orgánicas correspondientes. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior y de las Entidades de fiscalización de las entidades federativas, en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos, y VI. Las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, de conformidad con las leyes que las regulan. Para tal efecto, contarán exclusivamente con las siguientes atribuciones: a) Las que esta Ley prevé para las autoridades investigadoras y substanciadoras; b) Las necesarias para imponer sanciones por Faltas administrativas no graves, y c) Las relacionadas con la Plataforma digital nacional, en los términos previstos en esta Ley. Artículo 10. Las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las Faltas administrativas. Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como Faltas administrativas no graves, las Secretarías y los Órganos internos de control serán competentes para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en esta Ley. En el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen en su calificación la existencia de Faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la Autoridad substanciadora para que proceda en los términos previstos en esta Ley. Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, los Órganos internos de control serán competentes para: I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción; II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales, así como de recursos públicos locales, según corresponda en el ámbito de su competencia, y III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o en su caso ante sus homólogos en el ámbito local." Artículos de los cuales se desprende que la legislación que rige los procedimientos para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de observancia general en toda la república; así como que también es el fundamento para establecer las obligaciones de éstos y las sanciones aplicables por los actos y omisiones en que incurran. Que entre los objetos de dicha legislación se encuentra el establecer las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto. Asimismo, define lo que se debe entender por autoridad investigadora, entre la que se menciona a los órganos internos de control; precisa también en quiénes recae el reconocimiento como autoridad sustanciadora, precisando que también lo pueden ser los órganos internos de control quienes en el ámbito de su competencia, dirigen y conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial, haciendo la especificación que la función de la autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una autoridad investigadora, esto es, se deberá contar con unidades diversas para cada una de las etapas de que se trata. También define a quién le corresponde el carácter de autoridad resolutora y precisa que en caso de faltas administrativas no graves lo será la unidad de responsabilidades administrativas o el servidor público asignado en los Órganos internos de control. De igual modo, señala a quiénes les corresponde la categoría de entes públicos, entre los que se encuentra, el poder judicial y sus homólogos de las entidades federativas; así como que por órganos internos de control se debe entender que son las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos que, conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de Servidores Públicos. Asimismo, se determinan las autoridades competentes para aplicar la ley de que se trata, señalando que corresponde tanto a las autoridades federales como a las de las entidades federativas quienes concurrirán en el cumplimiento del objeto y los objetivos de dicha Ley; que en el ámbito de su competencia, en tratándose de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de los poderes judiciales, serán competentes para investigar e imponer las sanciones que correspondan, los poderes judiciales de los Estados y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como sus consejos de la judicatura respectivos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 116 y 122 de la Constitución, así como sus constituciones locales y reglamentaciones orgánicas correspondientes. Entonces, de lo reseñado resulta que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la legislación que debe ser observada en la iniciación, investigación, tramitación y resolución de los procedimientos que se incoen a fin de determinar lo que corresponda en relación a la responsabilidad administrativa de los servidores públicos; máxime que la aludida legislación es observancia general en toda la república, además de que constituye el fundamento para establecer las obligaciones y las sanciones aplicables por los actos y omisiones en que incurran dichos servidores públicos. La citada legislación expresamente dispone, cuando se refiere a las autoridades competentes para aplicar la precitada ley, que tanto las autoridades de la federación como las de las entidades federativas concurrirán en el cumplimiento del objeto y objetivos de dicha ley, lo que hace aún más patente que es esta legislación la que rige los procedimientos relativos a la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, ya sean del fuero federal o del fuero estatal o municipal. No pasa inadvertido que el artículo 9, en su fracción V, dispone que tratándose de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de los poderes judiciales, serán competentes para investigar e imponer las sanciones que correspondan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, conforme al régimen establecido en los artículos 94 y 109 de la Constitución y en su reglamentación interna correspondiente; y los poderes judiciales de los Estados y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como sus consejos de la judicatura respectivos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 116 y 122 de la Constitución, así como sus constituciones locales y reglamentaciones orgánicas correspondientes; sin embargo, tal disposición legal no releva a las referidas autoridades de observar los lineamientos de la Ley de que se trata, dado que como lo precisa el precepto legal que se analiza, en su primer párrafo establece que en el ámbito de su competencia serán autoridades facultadas para aplicar la aludida ley, los poderes judiciales de los Estados, así como sus consejos de la judicatura respectivos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como sus constituciones locales y reglamentaciones orgánicas correspondientes, de lo que se debe entender que sus procedimientos administrativos de responsabilidad se deberán tramitar observando las particularidades que se establecen en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues incluso para tal efecto el artículo Transitorio Segundo, dispuso expresamente: ". Segundo. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente Decreto..." De lo que es dable concluir que en las leyes que se deberían expedir y las adecuaciones normativas que se deberían realizar, era indispensable que se emitieran en observancia a los paradigmas que se establecen en la referida Ley General. Lo anterior, se refuerza con lo establecido en los artículos 6, 7 y 46 de la Ley número 366 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que disponen que en el ámbito de su competencia serán autoridades para aplicar la mencionada Ley, así como las demás disposiciones jurídicas que correspondan, en tratándose de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial, serán competentes para investigar e imponer las sanciones que correspondan, el Presidente, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura del Estado, conforme al régimen establecido en el marco normativo aplicable. De igual manera, se dispone que los entes de control en sus respectivos ámbitos de competencia, deben emitir la normatividad que resulte necesaria para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General, en la ley del Estado y demás disposiciones aplicables. Además, que tendrán a su cargo la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas, que los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados de la presunta comisión de faltas administrativas, se desarrollarán conforme a los principios, reglas y disposiciones establecidas en la Ley General y demás disposiciones aplicables. Especificando que en el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen en su calificación la existencia de faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar el informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la autoridad substanciadora para que ésta proceda en los términos previstos en la Ley General, esta Ley y demás disposiciones aplicables. De tal modo, que de la nueva legislación se advierte la incorporación de instituciones jurídicas novedosas que conllevan, por una parte, el establecimiento de derechos procesales a favor de quien denunció los hechos y de quien resiente la imputación, así como de mecanismos para abonar a la seguridad jurídica de las partes involucradas y para coadyuvar en la correcta solución del caso; por otra, la ya referida creación de un procedimiento provisto de distintas fases claramente diferenciadas, pero con un necesario nexo entre sí, por haber sido constituidas de manera concatenada y sistemática. Es decir, las diversas fases, desde la investigación hasta la resolución, están estrechamente vinculadas, ya que su diseño corresponde al de un mecanismo secuencial, en el que las determinaciones iniciales influyen en el trámite posterior; de manera relevante, la investigación hacia la resolución, con motivo del tratamiento diferenciado entre conductas calificadas como graves y las que no lo fueron, gravedad que debe ser determinada previamente al inicio del procedimiento. Por tanto, si desde el mandamiento que dio entrada a la queja y ordenó el inicio del procedimiento administrativo sancionador esto es, desde el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, las actuaciones respectivas no se realizaron observando lo previsto por la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ni tampoco lo dispuesto en la referida legislación durante el trámite y resolución del precitado procedimiento administrativo, aun cuando, como se precisó, es la Ley General la que rige los procedimientos de responsabilidad administrativa tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas y en los municipios, es inconcuso que tal procedimiento desde su inicio resulta ilegal por no ajustarse a la legislación referida y, por consiguiente, deviene violatorio de los derechos a la seguridad jurídica y a la legalidad que se debe observar en cualquier procedimiento seguido ante un tribunal o autoridad que ejerce una función materialmente jurisdiccional, como lo es el caso del procedimiento administrativo sancionador al que se sujetó a la parte quejosa. Es aplicable a la anterior conclusión, por sus consideraciones, la jurisprudencia 1a./J.29/2021(11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1374, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, de la Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2023791, que a la letra dice: "PRINCIPIO DE PRIVILEGIO DEL FONDO SOBRE LA FORMA. LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EN LA VÍA INCORRECTA NO ES UN MERO FORMALISMO QUE PUEDA OBVIARSE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO TERCERO, CONSTITUCIONAL). Hechos: Una persona demandó en la vía ordinaria civil a una inmobiliaria el otorgamiento y firma de escritura de un contrato de compraventa de un inmueble. Al contestar, la empresa opuso la excepción de improcedencia de la vía, sustentada en que la relación entre las partes es mixta y, por tanto, se debió demandar en la vía ordinaria mercantil. La excepción fue desestimada en ambas instancias, bajo el argumento de que no le causaba perjuicio, dada la similitud de plazos entre ambas vías y porque la vía civil concede una mayor oportunidad probatoria. En el juicio de amparo directo, el Tribunal Colegiado consideró que no se argumentó cuál derecho fue trastocado con la tramitación del juicio en la vía incorrecta y que la jurisprudencia 1a./J. 74/2005 se emitió previo a la incorporación del tercer párrafo del artículo 17 constitucional, conforme al cual los Jueces deben privilegiar el fondo sobre la forma. Criterio jurídico: La incorporación al Texto Constitucional de la obligación a cargo de las autoridades jurisdiccionales de privilegiar la solución de fondo de las controversias judiciales sobre los formalismos procedimentales no es irrestricto sino que está condicionado a que en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, no se afecte con su aplicación la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos. Por tanto, si con la tramitación de un juicio en la vía incorrecta se transgrede el derecho a la seguridad jurídica, no se cumplen los requisitos constitucionales para obviar dicha violación procesal con base en ese principio. Justificación: La vía es un presupuesto procesal y, por ende, una condición de validez del proceso, que se concibe como el conjunto de formalidades adjetivas, plazos, términos y demás elementos que integran un procedimiento particular, estructurado y previamente establecido por el legislador en el cual deben seguirse los diferentes tipos de controversias que se puedan someter a la jurisdicción de un tribunal o autoridad que ejerce una función materialmente jurisdiccional. Su objetivo es dar efectividad a los derechos sustantivos de las personas y su existencia deriva de uno de los derechos que sustenta todo el sistema jurídico nacional: la seguridad jurídica. Sobre esas bases, la tramitación del juicio en la vía incorrecta no es un mero formalismo procedimental, ni siquiera el incumplimiento a alguna de las formalidades que deben regir el proceso natural, sino la transgresión a toda la estructura creada por el legislador para la sustanciación de la controversia, cuya ausencia impide tener plena certeza de que se respetó el derecho del demandado a la seguridad jurídica y legalidad. Por ende, no es constitucionalmente válido aceptar que pueda obviarse y consentir su incumplimiento, so pretexto de fallar de fondo la litis del juicio, ya que no se satisfacen las exigencias constitucionales para ello, pues uno de los requisitos que el artículo 17 constitucional establece para que los juzgadores puedan privilegiar la solución del fondo de la controversia, al margen de la existencia de violaciones procesales, es que con éstas no se haya transgredido algún otro derecho sustantivo de las partes y con el trámite en la vía incorrecta de un litigio se transgrede el derecho a la seguridad jurídica". De ahí que, en el caso, si la autoridad responsable no sustentó su actuar en la norma que rige los procedimientos de responsabilidad administrativa en los tres ámbitos del gobierno, esto es, federal, estatal y municipal, resulta incuestionable que esa omisión deja en estado de indefensión a la quejosa, además que vulnera su derecho humano a la seguridad jurídica, por desconocer cuál es la norma a la que deberían ceñirse durante el proceso de responsabilidad administrativa, y por ende, desconocer con exactitud el conjunto de formalidades adjetivas, plazos, términos y demás elementos que integran el procedimiento. Se afirma lo anterior, pues de las constancias del procedimiento sancionador se aprecia que conoció por completo del referido procedimiento el Consejo de la Judicatura del Estado, como autoridad investigadora, sustanciadora y resolutora, es decir, que la autoridad responsable se facultó a sí misma para conocer y tramitar de la totalidad de las etapas del procedimiento administrativo sancionador, lo que no es acorde a los lineamientos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues no se aprecia que se hayan tramitado las diversas etapas del procedimiento que se precisan en la legislación en cita, ni que de cada una de esas etapas haya conocido un órgano de control diverso e independiente entre sí, aunque pudieran ser parte del propio Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Lo anterior, impidió tanto a la denunciante como a la investigada -aquí quejosa- ejercer, de manera adecuada a las normas que rigen el procedimiento respectivo y sus derechos durante el trámite del mismo, esto en razón a que los derechos a la seguridad jurídica y legalidad, reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutelan la prerrogativa del gobernado a no encontrarse jamás en una situación de incertidumbre jurídica y, en consecuencia, en un estado de indefensión; su esencia versa sobre la premisa consistente en "saber a qué atenerse" respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad. Los argumentos de la presente sentencia se hacen extensivos al diverso acto señalado por la parte quejosa consistente en el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintidós. Es aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 144/20061, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, Materia Constitucional, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 351, del rubro y texto siguiente: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad". d) Decisión. En esas condiciones, al haberse inobservado los derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad, que operan en favor de toda persona y, específicamente, de aquellas que están sujetas a un proceso ya sea jurisdiccional o seguido en forma de juicio por alguna autoridad administrativa, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado Veracruz, una vez que cause ejecutoria esta sentencia: - Deje insubsistente la resolución reclamada dictada en el procedimiento administrativo sancionador 113/2021-I y su ejecución. - Emita una diversa en la que determine que el referido proceso no se apegó a las disposiciones contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en consecuencia, declare nulo todo lo actuado en el mismo, sin perjuicio de que pueda ordenar nuevamente el inicio de tal procedimiento. En la inteligencia que, de actuar en tal sentido, deberá apegarse a las normas contenidas en la aludida Ley General y las diversas normas que en ella se precisan, además de cerciorarse de que se cumplan con las etapas del procedimiento respectivo y que de cada una de ellas, conozca un ente de control diverso e independiente entre sí. Concesión que se hace extensiva contra el diverso acto reclamado consistente en el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintidós y a la ejecución de la determinación que por esta vía se impugna, al no haberse reclamado por vicios propios. Finalmente, al haberse determinado la violación que se hizo notar, se hace innecesario el examen de los restantes conceptos de violación hechos valer; pues, dados los efectos otorgados en este amparo, ningún beneficio mayor al ya obtenido les traería a las impetrantes de amparo y en nada variaría el sentido del presente fallo. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ludivina García Rosas, contra los actos reclamados a la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ludivina García Rosas, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo resolvió el Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, Fermín Santiago Santiago, ante la Secretaria de Juzgado Krisna Lizbeth Vidal Reyes, que autoriza y da fe, hoy veintiocho de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe
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