Ludivina Del FIerro Gutierrez

Expediente 581/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
581/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
21/06/2022

Partes del expediente

  • Ludivina Del FIerro Gutierrez

Actuaciones

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de siete de junio de dos mil veintidós, donde se desechó de plano la demanda de garantías promovida por Ludivina del Fierro Gutiérrez; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, téngase por recibido el escrito signado por la licenciada Marina Astrid Cantú Rodríguez, asesora jurídica federal, autorizada de la parte quejosa; con fundamento en el artículo 221 y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y atento a su petición, devuélvasele el documento original que menciona anexó a su demanda de garantías, previa copia certificada de dicho documento y constancia de recibido se deje en autos. En consecuencia, este órgano jurisdiccional generó el QR impreso, por lo que, Marina Astrid Cantú Rodríguez, deberá acudir a este Juzgado de Distrito, a las doce horas del veintitrés de junio de dos mil veintidós, a fin de realizar las gestiones relativas a la devolución de documentos que se solicita. Por tanto, se comisiona a la actuaria adscrita para que entregue el código QR en mención, para que la persona en comento tenga la posibilidad de acceder a las instalaciones que ocupan este tribunal en la hora y fecha señaladas. Se hace saber al citado que deberá respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva, evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, siete de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de demanda de garantías signado por Ludivina del Fierro Gutiérrez, a través del cual comparecen ante este órgano de control constitucional a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto y autoridad que ahí menciona; en consecuencia, regístrese bajo el número 581/2022-I, en el libro de gobierno que para ese efecto se lleva en este Juzgado de Distrito. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, pues del escrito inicial de demanda, y sus anexos se advierte la improcedencia de la misma. Pues bien, de la promoción de cuenta, se advierte que la agraviada señala como acto reclamado el oficio DPE 10212/0565/2022, de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, que le fuera notificado por correo ordinario el trece de mayo de este mismo año, mediante el cual, la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, ratifica la resolución de 01/12/2021 y le niega el beneficio de pensión de viudez que solicitó. Por tanto, con fundamento en lo establecido por los artículos 61, fracción XX, y 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede desecharla por ser improcedente de manera notoria, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto faculta para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Para definir lo anterior, resulta necesario citar el texto del numeral 61, fracción XX, de la legislación de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.)". Del numeral transcrito, se desprende que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que se observe el principio de definitividad, el cual significa que antes de acudir a la instancia constitucional, deben agotarse los recursos o medios de defensa establecidos por la ley que rija el acto reclamado. Así, previamente a la interposición del juicio de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar, revocar o nulificar la resolución o acto que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige dicho medio de control. Al respecto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, procede el medio extraordinario de defensa, que es precisamente el juicio de amparo. Ello, porque si las partes afectadas no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quién correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. Cabe señalar, que tal principio encuentra su razón de ser y su justificación en el hecho de que al tratarse el amparo, de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso previamente a su promoción, debe acudir a las instancias legales que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley de la materia. Ahora bien, para que opere la hipótesis de improcedencia en estudio, se requiere que: a) Se trate de un acto dictado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) En contra del mismo proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; c) Que conforme a la ley que rija ese medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan; d) Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva; e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. f) Que no se aleguen únicamente violaciones directas a la Constitución General de la República. g) Que el medio de defensa no se encuentre previsto únicamente en un reglamento, sino que la ley aplicable contemple su existencia. En el caso concreto, la quejosa reclama el oficio DPE 10212/0565/2022, de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, que le fuera notificado por correo ordinario el trece de mayo de este mismo año, mediante el cual, la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, ratifica la resolución de 01/12/2021 y le niega el beneficio de pensión de viudez que solicitó. Pues bien, se estima que se configura el supuesto marcado en el inciso a), consistente en que el acto reclamado emana de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, toda vez que fue emitido por el Director de Prestaciones Económicas, Subdirección Trámites de Retiro y Pensiones, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México. Lo mismo sucede con el elemento precisado en el inciso b), pues el artículo el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contempla el juicio contencioso administrativo federal, como medio de defensa en contra de actos administrativos, como el que se reclama en este juicio de amparo, al disponer lo siguiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; (.)". De la lectura al citado precepto, se pone de manifiesto que procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contra actos o resoluciones administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente. Luego se advierte que el quejoso reclama una determinación administrativa que tiene la característica de ser definitiva, porque se trata de la resolución que ratifica una diversa determinación en la que se le niega el beneficio de pensión de viudez que solicitó. Cobra aplicación por identidad jurídica, la tesis 2a. X/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, febrero de 2003, página 336, con número de registro digital 184733, que dice: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL. La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la Administración Pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan "resoluciones definitivas", y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de "resoluciones definitivas" las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la Administración Pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados". Del criterio invocado, se advierte que la Suprema Corte ha interpretado el concepto de "resolución definitiva", considerando el tipo de la determinación que se dicte (expresa o ficta), la que debe consistir en el producto final o última voluntad de la administración en poner fin a un procedimiento, o bien, como una manifestación aislada, que por su naturaleza o características no requiere de procedimientos que le antecedan, para poder reflejar esa última voluntad definitiva. Por ende, es claro que para la procedencia del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se requiere que las resoluciones que se impugnan tengan el carácter de definitivas y que, por ello, constituyen el producto final o última voluntad de la autoridad. De tal suerte, que si la determinación reclamada en esta instancia constitucional, es el producto final de la manifestación de la voluntad de la autoridad responsable, porque con ella concluyó que no es procedente otorgar a la quejosa la pensión de viudez que solicitó; entonces, es indudable que constituye una resolución definitiva impugnable a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través del cual puede ser modificada o nulificada. De esta guisa se desprende que contra la resolución reclamada, previo a la promoción del juicio de amparo, la quejosa debió interponer el citado juicio de nulidad, en tanto que se trata de un acto administrativo, susceptible de analizarse en la vía contenciosa administrativa, antes de ser sujeto a su examen en esta instancia constitucional. Resulta aplicable la tesis I.7o.A.108 A, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1201, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital 191446, del rubro y contenido siguiente: "INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS. DEBE SOBRESEERSE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN QUE NIEGA EL PAGO DE UNA PRESTACIÓN PREVISTA EN LA LEY DE ESE ORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL, SIN ACUDIR PREVIAMENTE A DEMANDAR SU NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Conforme a la fracción V del artículo 11 de la ley orgánica del órgano jurisdiccional en cita, es competente para conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas en las que se nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que conceden las leyes a favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional, de sus familiares o derechohabientes. De lo anterior se deduce que el particular que estime que en forma incorrecta se le negó una prestación regulada en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, está obligado a agotar ese medio de defensa antes de promover juicio constitucional, pues de no hacerlo de esa forma, no cumple con el principio de definitividad y en consecuencia, procede el sobreseimiento del juicio de amparo. No es obstáculo para concluir de esa manera, la circunstancia de que el medio de impugnación de mérito se encuentre previsto en el Código Fiscal de la Federación, que es un ordenamiento legal diverso al que prevé la prestación laboral controvertida, ya que el sistema jurídico mexicano es un todo y por ello, debe analizarse conjuntamente con el fin de saber qué medio de defensa procede en contra de los actos de autoridad. Además, ese aspecto resulta intrascendente, pues los órganos jurisdiccionales deben limitar su actuación al estudio de los problemas que se les planteen con apoyo en los ordenamientos legales aplicables al caso concreto; de ahí que si el propio legislador fue el que estableció en el código aludido la procedencia del juicio de nulidad para combatir actos como los que se tratan, esa disposición debe cumplirse por ser de observancia general." Asimismo, es dable concluir que el aludido medio de defensa no está previsto en algún reglamento, sino como se vio, en el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que no opera el caso de excepción señalado con el inciso g). Igualmente, se cumple con la hipótesis contemplada en el inciso c), relativo a que puedan suspenderse los efectos del acto reclamado, sin que se exijan mayores requisitos que los previstos en la legislación de amparo, pues al hacer un análisis comparativo de lo dispuesto en el numeral 28, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el artículo 128 de la Ley de Amparo, resulta incuestionable la suspensión en el juicio contencioso administrativo, no exige mayores requisitos de los que prevé la suspensión en el juicio de amparo indirecto. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia 27/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1194, Libro 28, marzo de 2016, Tomo II, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro digital 2011289, que dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria". Del mismo modo, en el caso justiciable se colma el requisito atinente a que el plazo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, no es mayor al que se establece para la suspensión provisional en el juicio de amparo, toda vez que el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, señala que el magistrado instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud, cuyo término es idéntico al previsto en el artículo 112 de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto, por las razones que las informan, las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registros 2004553 y 2008807, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa". "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa". Asimismo, no se actualiza la salvedad a que se alude en el inciso e), relativa a que el acto reclamado carece de fundamentación, pues de la lectura del oficio reclamado, se advierte que para sustentar la negativa de la pensión de viudez solicitada por la agraviada, se apoyó en lo establecido por los artículos 2, fracción I, 12, fracción III, 18, fracción II, 21, 22, fracción II, 38, fracción II, incisos a) y b), 46, 160, 170 y 196 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Finalmente, se encuentra satisfecho el elemento precisado en el inciso f), toda vez que en la demanda de amparo no se reclaman únicamente violaciones directas a la Constitución Federal, si se atiende a que la promovente del amparo considera que en el acto reclamado existen violaciones de legalidad, en tanto que, desde su perspectiva, considera que sí le asiste el derecho a recibir la pensión solicitada, ya que acreditó estar casada con el militar fallecido; que no existía un acta de divorcio y una acta de matrimonio con otra persona con anotaciones marginales. En esas circunstancias, es incuestionable que la litis constitucional planteada, no se contrae exclusivamente a violaciones directas a la Constitución General de la República, a raíz de que involucra cuestionamientos sobre la legalidad del acto reclamado, con motivo de la transgresión a las indicadas normas legales secundarias. En suma, debe indicarse que la circunstancia de que la ejecución del acto reclamado, pudiera considerarse de imposible reparación; no es indicativa de la viabilidad del juicio de amparo, en razón de que el principio de definitividad tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su trascendencia a la esfera jurídica de la parte quejosa; ello, en virtud de que si bien la afectación que implica a un derecho sustantivo, no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses; innegable también lo es, que tal principio de definitividad se refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado; de manera que se está en presencia de presupuestos distintos y autónomos, que deben concurrir para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. En otras palabras, el hecho de que el acto reclamado sea de ejecución irreparable, no exime a la quejosa de cumplir con el principio de definitividad referido, pues la inobservancia de éste, conlleva necesariamente a la improcedencia del juicio de amparo, sin importar la irreparabilidad de aquel acto. En conclusión, la quejosa debió agotar el principio de definitividad porque en contra del oficio DPE 10212/0565/2022, de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, que le fuera notificado por correo ordinario el trece de mayo de este mismo año, mediante el cual, la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, ratifica la resolución de 01/12/2021 y le niega el beneficio de pensión de viudez que solicitó, procedía el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tiene aplicación directa, la jurisprudencia 95/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 414, Tomo XX, julio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital 181026, que dice: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 351, con el rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.", sostuvo el criterio de que es innecesario agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en los casos en que no se haga del conocimiento del gobernado el recurso que proceda en contra de tal resolución. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse de tal criterio a fin de establecer que las resoluciones administrativas que en términos del referido artículo 83 son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de manera optativa a través del recurso de revisión o del juicio de nulidad, necesariamente deberán impugnarse a través de este último, previo al juicio de garantías, en términos del artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no obstante que se haya optado por sustanciar el recurso de revisión, con posterioridad a éste siempre deberá agotarse el juicio de nulidad. Apoya lo anterior la circunstancia de que en relación con la tramitación del juicio contencioso administrativo, el Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 155/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 576, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio de nulidad en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales". Corolario a lo antes expuesto, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo en vigor; por tanto, lo conducente es desechar de plano la demanda de garantías que nos ocupa, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, del mismo cuerpo de leyes. Finalmente, téngase a la parte quejosa solicitando consultar el expediente de manera electrónica, proporcionando para tal efecto el nombre de usuario "marinacantu"; en consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo; en términos de los numerales 5, 6, 12 y 15 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 y 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan los servicios tecnológicos relativos a las tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, téngasele como autorizada para los efectos que precisa. Asimismo, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito, y como autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Dulce María Carrillo Esquivel y Moisés Núñez Mercado, quienes se encuentran registrados en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal; así como a los licenciados Alan Jesús Rocha Castillo y Norma Aracely López Fonseca. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Ludivina del Fierro Gutiérrez. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

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