Ludivina Aguirre Pillado

Expediente 479/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 21 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
479/2016
Año
2016
Actuaciones
21
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Ludivina Aguirre Pillado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Incidental

    Subdirectora de Garantías "B", de la Tesorería de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, acusa recibo de oficio mediante el cual se le remitió un billete de depósito e informa que el importe del mismo fue aplicado a favor del Erario Federal.

  2. Incidental

    SE NOTIFICA P0R MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, POR NO HABER ACUDIDO AL JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE EN EL PLAZO CONCEDIDO EN EL CITATORIO DE VEINTITRES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. M. I

  3. Principal

    LA RESOLUCION QUE SOBRESE ESTE JUICIO, CAUSO EJECUTORIA. ARCHIVESE EL EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO. M-I-L

  4. Principal

    SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO. M. I.L. J.A. 479/2016-I En Chihuahua, Chihuahua, a las nueve horas con cuarenta minutos del veinte de julio de dos mil dieciséis, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto, el licenciado Adolfo Rendón Sotelo, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, por período vacacional del Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con los oficios CCJ/ST/2647/2016 y CCJ/ST/3168/2016, de veintiuno de junio y cinco de julio de dos mil dieciséis, respectivamente, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con la licenciada Sandra Patricia Martínez Menchaca, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia pública, sin la comparecencia de las partes. A continuación, se da cuenta al Secretario Encargado del Despacho con la certificación secretarial que antecede. A lo anterior, el Secretario Encargado del Despacho, acuerda: vista la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no exhibió las copias de la ampliación de demanda que le fueron solicitadas mediante auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y se continua el presente juicio solo por los actos y autoridades señalados en el escrito inicial de demanda. Acto seguido, la Secretaria da cuenta al Secretario Encargado del Despacho con la demanda de amparo (fojas 2 a 6) y con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Morelos (foja 26), Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Morelos (foja 27), Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Morelos (foja 29), Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial Morelos (foja 21) Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial Morelos (foja 22), Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial Morelos (fojas 31 y 32), Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial Morelos (foja 23), Juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial Morelos (foja 24), todos residentes en esta ciudad. Enseguida, el que suscribe, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen rendidos los informes de las autoridades responsables mencionadas. A continuación, se abre el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, donde se da cuenta al Secretario Encargado del Despacho, con las documentales que la quejosa anexó a su demanda de amparo consistentes en la copia certificada del contrato de arrendamiento celebrado entre ésta y el señor Germán Ávila Hernández, así como la que allegó la autoridad responsable Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, consistente en copias certificadas de diversas actuaciones del juicio ordinario civil 807/2011. En relación con lo anterior, el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas antes indicadas, para todos los efectos legales. Con lo anterior, se da por concluida la etapa de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas. Acto continuo, se pasa a la etapa de alegatos donde se hace constar que las partes no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en consecuencia se cierra la fase de alegatos; con lo anterior, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda: VISTO para resolver el Juicio de Amparo 479/2016, promovido por Ludivina Aguirre Pillado, contra los actos atribuidos al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Morelos y otras autoridades, residentes en esta ciudad, por considerarlos violatorios en su perjuicio de las garantías contendidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de abril de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y día siguiente hábil, ante este Juzgado de Distrito con sede en esta ciudad, Ludivina Aguirre Pillado, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades señaladas en el párrafo anterior por el acto que a continuación se precisa: "ACTOS RECLAMADO La orden para desposeerme del bien inmueble que se describe en los hechos, que haya sido o pudiera ser dictada por cualquiera de estas autoridades." (Foja 3). SEGUNDO. Por acuerdo de trece de abril de dos mil dieciséis, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, a quien por razón de turno correspondió conocer de esa demanda, por una parte, la admitió a trámite, la registró con el número estadístico 479/2016, por otra, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó dar la intervención legal que le compete a la Representación Social Federal de la adscripción, quien no formuló pedimento, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; así como el artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto primero, fracción VIII, punto segundo, fracción VIII, inciso 3, y punto cuarto, fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en virtud que la ejecución material del acto reclamado tendría lugar en esta ciudad, donde ejerce Jurisdicción este Órgano de Control Constitucional. Asimismo, quien aquí resuelve Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Primero de Distrito, por periodo vacacional del Titular de este órgano jurisdiccional, se encuentra facultado para resolver en definitiva el presente asunto, dado que el artículo 161, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, confiere a los Secretarios Encargados del Despacho, por periodo vacacional del Titular de sus respectivos Tribunales, la facultad de fallar los juicios de amparo y también plenitud de jurisdicción para resolver cualquier tipo de juicio sometido a la potestad del juzgador, esto es realizar las funciones completas propias del titular del juzgado, lo que incluye pronunciar sentencias en asuntos de cualquier materia, pues jurídicamente estas resoluciones constituyen los actos jurisdiccionales por excelencia, sin cuya facultad no se entendería la razón por la cual tendría que nombrarse al sustituto del juez en sus ausencias vacacionales, por ser evidente que la función jurisdiccional tiene como característica primordial el pronunciamiento de las resoluciones que deban recaer a los asuntos que se encuentren bajo la potestad del juzgador. Resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 14/2010, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA. El artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé que durante las vacaciones del titular del órgano jurisdiccional, el Consejo de la Judicatura Federal nombrará a quien deba sustituirlo, o bien podrá abstenerse de realizar ese nombramiento. En el primer supuesto, si se hace la designación del sustituto del juez en favor del secretario de juzgado, éste puede fallar los juicios de amparo y también goza de facultades amplias y plenitud de jurisdicción para resolver cualquier tipo de juicio sometido a la potestad del juzgador, por lo que habrá de realizar las funciones completas propias del titular del juzgado, lo que incluye pronunciar sentencias en asuntos de cualquier materia, pues jurídicamente estas resoluciones constituyen los actos jurisdiccionales por excelencia, sin cuya facultad no se entendería la razón por la cual tendría que nombrarse al sustituto del juez en sus ausencias vacacionales, por ser evidente que la función jurisdiccional tiene como característica primordial el pronunciamiento de las resoluciones que deban recaer a los asuntos que se encuentren bajo la potestad del juzgador. En cambio, en el segundo supuesto, relativo a la omisión de la designación, los secretarios encargados de los juzgados de distrito sólo pueden fallar los juicios de amparo cuyas audiencias se hayan señalado para los días en que los titulares disfruten de vacaciones, en razón de que en ese caso aquéllos, por ministerio de ley, quedan encargados del despacho del juzgado, y al no haber sido nombrados sustitutos del juez y por no contar con facultades amplias de decisión jurisdiccional, conforme al indicado artículo 161, sólo podrán dictar el fallo definitivo en los juicios de amparo cuyas audiencias se celebren dentro del periodo vacacional del titular del juzgado, sin necesidad de contar con autorización por parte del Consejo para resolver dichos juicios." SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de los datos que emanan del escrito de demanda en congruencia con todos sus elementos, se obtiene que el quejoso reclama la orden de desposeerla del bien inmueble consistente en el lote de terreno marcado con el número 54, manzana 38, del fraccionamiento Vistas Campestre, de esta ciudad. TERCERO. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial Morelos Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, Juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, todos residentes en esta ciudad, pues al rendir respectivamente sus informes con justificación, negaron categóricamente el acto que se les atribuye. Por otra parte, en cuanto a la diversa autoridad responsable Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, si bien es cierto, al rendir su informe justificado refiere que es parcialmente cierto el acto que se le atribuye, de las constancias que anexó a su respectivo informe, consistentes en copia certificada de las actuaciones existentes en el juicio 807/2011, relativo al juicio ordinario civil promovido por Lorenzo Mendoza Acosta en contra de la ahora quejosa y otros, se advierte lo siguiente: El veintitrés de agosto de dos mil once, se radicó en el Juzgado Sexto Civil del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, bajo el número estadístico 807/2011, el juicio ordinario civil promovido por Lorenzo Mendoza Acosta, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Lorenzo Justino Mendoza Morales y Consuelo Acosta Espinoza, en contra de la aquí quejosa y otros, de quienes reclamó la nulidad de la escritura pública número mil doscientos veinte, de fecha veinticinco de abril del año dos mil ocho, en la cual Ludivina Aguirre Pillado, en representación de sus padres Lorenzo Justino Mendoza Morales y Consuelo Acosta Espinoza, vendió a Germán Ávila Hernández la propiedad que se encuentra con número de inscripción 104, a folios 105 del libro 4777 de fecha diez de diciembre de dos mil nueve. De igual manera reclamó la nulidad del poder irrevocable para pleitos y cobranzas actos de administración y de dominio otorgado por Justino Mendoza Morales y Consuelo Acosta Espinoza a la aquí quejosa, así como la restitución y entrega material de la parcela 118 Z-2 (zona 2) R1/7, del Ejido del Municipio de Nombre de Dios, Chihuahua (fojas 52 y 34 a 40, respectivamente). Seguido en sus trámites dicho juicio, el veintinueve de noviembre del año dos mil doce, las partes celebraron un convenio en el que la parte actora reconoció la validez de la escritura pública cuya nulidad demandó, al igual que la del poder irrevocable para pleitos y cobranzas actos de administración y de dominio otorgado por Justino Mendoza Morales y Consuelo Acosta Espinoza a la aquí quejosa, así como que carece de acción y derecho para reclamar la restitución y entrega del bien mencionado, el cual tiene carácter de cosa juzgada: convenio que ratificaron ante el Juez de conocimiento en esa misma data (fojas 150 a 156). Dada la citada ratificación, por acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil doce, el referido juzgador, tuvo a las partes celebrando el convenio en comento, lo aprobó y elevó a la categoría de cosa juzgada, obligando a las partes a estar y pasar por él como si se tratara de sentencia consentida y ejecutoriada (foja 158). Lo anterior evidencia la inexistencia del acto reclamado por la quejosa, aun cuando la autoridad responsable Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, haya expresado en su informe justificado que son parcialmente ciertos los actos reclamados, pues en el expediente indicado no se observa actuación alguna en la que dicho juzgador haya emitido orden alguna para desposeer a la peticionaria de amparo, del inmueble descrito en párrafos precedentes. Ahora bien, como la parte quejosa no desvirtuó dichas negativas, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y Tesis Jurisprudencial VI. 2°. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada a página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2 Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Seminario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto rezan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo.". No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que la quejosa, mediante escrito presentado el trece de mayo de la anualidad cursante, haya manifestado que ampliaba su demanda en contra de actos del Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, específicamente la orden de desposesión del inmueble de referencia, en el expediente 744/2013 de su índice, en virtud que en acuerdo de dieciséis de ese mes y año, se le requirió para que exhibiera nueve copias más de su escrito para correr traslado a las partes, apercibida que de no hacerlo, se continuaría el juicio únicamente por lo que hacía a los actos contenidos en su escrito inicial de demanda; requerimiento que incumplió no obstante que fue notificada del mismo el diecinueve del mes y año indicado; motivo por el que, en la audiencia constitucional que antecede, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en su contra, continuándose el contradictorio federal, únicamente por los actos por los que se sobreseyó en párrafos precedentes dada su inexistencia. La anunciada conclusión, de manera alguna puede considerarse denegatoria de justicia, pues es justo a través del presente pronunciamiento que se está impartiendo, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo. En apoyo a lo expuesto se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de 2006, página 921, del rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico.". Además, tampoco se contraviene el derecho fundamental de acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 constitucional, ya que ese derecho es limitado, pues para su ejercicio es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. Aunado a la circunstancia de que, con esta determinación, queda a salvo el derecho de la inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; cuestión acorde a lo señalado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Como apoyo a lo anterior, es dable invocar, la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.) de la Décima Época, visible en la página 1167, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.". Tampoco implica una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo; es decir, un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así como al principio pro persona previsto en el artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que los derechos humanos se deben de interpretar conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales de manera tal, que se favorezca de la manera más amplia a las personas; pues su aplicación no significa que en cualquier caso los órganos jurisdiccionales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, a virtud que existen presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo, que se deben cumplir por razones de seguridad jurídica, para una correcta y funcional administración de justicia, así como para la efectiva protección de los derechos de las personas. Como apoyo legal a lo anterior, resultan aplicables las tesis CCLXXV/2012 y CCLXXVI/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, tomo 1, diciembre de 2012, páginas 525 y 530, del tenor siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo.". Incluso, debe decirse que del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Es aplicable a lo señalado en el párrafo inmediato anterior, la jurisprudencia 1a./J.104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página novecientos seis, Libro XXV, Octubre de dos mil trece, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo contenido es: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 479/2016-I, promovido por Ludivina Aguirre Pillado, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Así, lo resolvió y firma el licenciado Adolfo Rendón Sotelo, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, por período vacacional del Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con los oficios CCJ/ST/2647/2016 y CCJ/ST/3168/2016, de veintiuno de junio y cinco de julio de dos mil dieciséis, respectivamente, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Secretaria con quien actúa. Doy fe. L´SPMM/ L´vmd

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