Ludim Josué Suárez Lara
Expediente 594/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 08/03/2023
Partes del expediente
- Ludim Josué Suárez Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos en que se actúa y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia constitucional de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, pronunciada dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad, archívense los autos como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo parágrafo del citado dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del diez de marzo de dos mil veintiséis. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en los términos de los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado remitido por la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, sin que al efecto haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto a su contenido, en virtud de que mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo a la citada autoridad rindiendo el informe correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, con el contenido del anexo que adjunta al citado informe, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. En consecuencia, se estima procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las diez horas con treinta y cuatro minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Ahora, en consideración a lo antes expuesto, se estima que en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, la presente determinación debe notificarse por medio de lista a la autoridad responsable, y no por medio de oficio en términos del artículo 26, fracción II de la Ley de Amparo, toda vez que esta actuación no contiene algún requerimiento a la misma, aunado a que no es de mayor trascendencia para su conocimiento. Lo anterior, sin perjuicio de que, cuando se encuentre debidamente integrado el presente asunto, se le notifique por medio de oficio la sentencia dictada en el presente expediente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia, que es del contenido siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar."
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos en que se actúa, se advierte que la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, no ha dado cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós, el cual fue efectuado por conducto del Encargado del Despacho de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, lo anterior, no obstante encontrarse debidamente notificada de dicho auto, en el que se le ordenó remitir copia certificada de la totalidad de las constancias relativas a la estadía del aquí quejoso Ludim Josué Suarez Lara, en las instalaciones de la citada dependencia, desde su ingreso hasta su salida, o bien, informe el impedimento legal que tuviere para ello, requerimiento reiterado mediante comunicación 48093, obrando en autos el acuse de recibo del mismo. Por tanto, toda vez que de lo anterior se advierte la omisión de la autoridad en comento de dar cumplimiento a lo solicitado en los autos en que se actúa, previo hacer efectivo el apercibimiento decretado en los mismos, y a fin de contar con los elementos necesarios para resolver el fondo del asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Amparo, que establece en forma medular que de manera oficiosa se deben recabar las pruebas que se estimen necesarias para resolver el asunto, en relación con el 117 de dicha normatividad, resulta procedente requerir POR ÚLTIMA OCASIÓN a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, por conducto del Encargado del Despacho de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, remita a este Juzgado copia certificada de las constancias relativas a la estadía del aquí quejoso Ludim Josué Suarez Lara, en las instalaciones de la citada dependencia, desde su ingreso hasta su salida, o bien, informe el impedimento legal que tuviere para ello. Bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo de manera injustificada, se le impondrá multa de CIEN VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, en relación con el diverso ordinal 238,de la invocada legislación. De igual forma, se le informa que la imposición de la multa será a cargo de Óscar Andrés Tayahua Tadeo, Encargado del Despacho de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Tijuana, Baja California. Seguidamente, se hace del conocimiento de la autoridad requerida, que de conformidad con lo previsto en el artículo 262 de la Ley de Amparo, comete un delito el servidor público que con el carácter de autoridad responsable, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo; por lo que en caso de que se demuestre o insista en su conducta contumaz, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación a efecto de que inicie la averiguación previa correspondiente por el o los delitos que se configuren. Cambio de denominación de Juzgado Se hace del conocimiento de las partes que con motivo del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, este órgano jurisdiccional cambió de denominación a Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se ordena el cambio de carátulas correspondientes al expediente en que se actúa.
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