Ludim Abner Pérez Orozco y Otros.

Expediente 1482/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1482/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Ludim Abner Pérez Orozco y Otros.
  • Ludim Abner Pérez Orozco
  • David Alexander García Ángel
  • Danis Alberto López Constanza

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dos de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días sin que la parte promovente haya dado cumplimiento al requerimiento realizado mediante proveído de veinticinco de julio del presente año, no obstante haber quedado legalmente notificada de dicho auto; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo, por lo que hace a la quejosa Mirian del Carmen Bonilla Hernández. Igualmente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara la firmeza de este proveído. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el informe relativo a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa, rendido por la autoridad responsable Representante Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad; con el mismo dése vista a dicha parte para que manifieste lo que a su interés convenga. Téngase como domicilio de la citada autoridad, para efectos de oír y recibir notificaciones, el que señala en su informe de cuenta. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante José Luis González Arredondo, Secretario quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Vistas las diligencias que anteceden practicadas por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado de Distrito, se advierte que los directos quejosos Luis Mario Guevara Hernández, Ada Marina Salmerón de Santos, Danis Alberto López Constanza y Francisco Maudiel Constanza, no ratificaron la demanda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda por lo que respecta a los citados quejosos; en mérito de lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas a favor de los mismos. Ahora bien, la determinación de tener por no presentada la demanda de amparo deriva de la propia voluntad de la nombrada parte quejosa. Por lo anterior, en términos del artículo 356 fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se estima que tal determinación es consentida expresamente por dicha parte y por tanto, ante el desinterés procesal manifiesto de continuar con el trámite del presente asunto, se declara la firmeza del presente proveído. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Gobierno que se lleva en este juzgado, y en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de la razón actuarial de cuenta, se advierte que al fedatario judicial no le fue posible dar cumplimiento a lo ordenado, en virtud de que a su arribo a las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, las personas que lo atendieron le informaron que no se cuenta con registros en esa dependencia, de que esté bajo resguardo en la misma la directa quejosa Mirian del Carmen Bonilla Hernández. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, dese vista a la parte promovente y requiérasele para que en el plazo de tres días, computado legalmente, informe a este juzgado de Distrito si es su deseo continuar con la tramitación de la demanda de amparo, en la inteligencia que de ser así, deberá informar el lugar exacto en esta ciudad en donde se encuentra la nombrada parte quejosa, a fin de estar en aptitud de realizar lo conducente para que ratifique la demanda; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo que se le otorga, se tendrá por no presentada, dado que no se está en el supuesto de actos de desaparición forzada de personas a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, y se hará efectivo el diverso apercibimiento contenido en el auto inicial, esto es, se declarará la firmeza de la determinación respectiva y se ordenará el archivo de este asunto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante José Luis González Arredondo, Secretario quien autoriza da fe.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a veintidós de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de once de abril de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con los oficios IRCT/REY/1292/2022, y 529/5/2022, enviados por las autoridades responsables Directora de la Oficina Regional del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, y Presidente de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por sí y en representación de dicha Junta, por medio del cual informaron el cumplimiento dado al fallo protector, sin que ninguna de las partes haya hecho manifestación alguna al respecto, no obstante de estar notificadas de dicho proveído. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Previamente, conviene destacar que el imperativo constitucional previsto en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto precisamente tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infringieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la especie aconteció. En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, en los artículos del 192 al 198 de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, e inclusive se estableció en el citado artículo 214 de la ley invocada, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. Conforme a lo anterior, el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Bajo esa premisa normativa, el quince de abril de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional dictó sentencia constitucional en el presente juicio, en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa Promotora Inmobiliaria Neocalli, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: Deje insubsistente lo actuado en el juicio laboral 76/5/2004, y reponga el procedimiento a partir del emplazamiento practicado al quejoso, actuación ésta última que deberá quedar sin efecto alguno. Sentencia que fue recurrida por la parte quejosa, y modificada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en esta ciudad, en la cual determino lo siguiente: ". se impone modificar la sentencia recurrida y otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal de manera lisa y llana a Promotora Inmobiliaria Neocalli, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que la junta responsable deberá declarar insubsistente el embargo decretado a bienes de la aquí quejosa en el expediente 76/5/2004 y todas sus consecuencias jurídicas a fin de restituirla en el pleno goce de su derecho violado, restableciendo las cosas que guardaban antes de la violación conforme se establece en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Concesión constitucional que se hace extensiva a los acto de ejecución al no haberse reclamado por vicios propios sino en vía de consecuencia." Bajo los lineamientos de la ejecutoria mencionada, mediante oficios IRCT/REY/1292/2022, y 529/5/2022, enviados por las autoridades responsables Directora de la Oficina Regional del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, y Presidente de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por sí y en representación de dicha Junta; así como el diverso oficio 481/5/2022, recibido el uno de abril de dos mil veintidós, las referidas responsables remitieron las copias certificadas relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las copias certificadas a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, a las que se otorga pleno valor demostrativo en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en auto de uno de abril del presente año, se tuvo por recibido el oficio 481/5/2022, del que se desprende que la Junta responsable ordenó a la diversa autoridad ejecutora Directora de la Oficina Regional del Instituto Registral y Catastral del Estado, levantar el embargo ordenado en el juicio laboral de origen; posteriormente, la autoridad ejecutora, mediante el oficio IRCT/REY/1292/2022 de cuatro de abril de dos mil veintidós (con número de entrada 17017/2022) realizó la cancelación del embargo a favor de Manuel Santes Santes, por la cantidad de $128,416.60, inscrito bajo el número 39, Legajo 2001, Sección V, de fecha veintitrés de febrero de dos mil seis, ordenado en el expediente laboral 076/5/2004. Por lo antes expuesto, es claro que las autoridades responsables han cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en los términos en que le fue requerido, pues se le restituyó en el pleno goce del derecho violado, y se restablecieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada. ARCHIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Por tanto, con fundamento en los artículos 196, párrafo cuarto, y 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se desprende que sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, facción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental en términos de lo dispuesto en artículo 15 del Acuerdo General en cita. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Y TRANSFERENCIA Por otra parte, respecto el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, resulta susceptible de DEPURACIÓN, pues se negó y concedió la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 18, del aludido Acuerdo General. De igual manera, con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, tanto el expediente principal como el original del incidente de suspensión, deberán conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes 90 días, este Juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo; el caso del incidente de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; así como todos aquellos documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, debe ser destruible en un plazo de seis meses posteriores al presente archivo, lo cual podrá materializarse en un plazo de treinta días posteriores de los seis meses, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo general. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante Mario Alberto Lara Escalante, Secretario quien autoriza y da fe.

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