Lucy Dalia Colon
Expediente 269/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 269/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Lucy Dalia Colon
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a nueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa Lucy Dalia Colón, hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés (4 a 13), por el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento al artículo 21, fracción d)1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 42 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó por improcedente la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculada a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido en los siguientes términos: En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído, y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de control electrónico; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. El cuaderno original del incidente de suspensión (en el que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados), es susceptible también de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 7, punto 7.5, apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. De conformidad a lo establecido por el artículo 20, fracción II, inciso a), del invocado Acuerdo General; y con apoyo en el Capítulo 3.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión no cuenta con documentos originales, por lo que se concluye que es DESTRUIBLE en un plazo de seis meses contados a partir del día siguiente hábil en que se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido del juicio principal, siempre que se cuente con el original del incidente de suspensión, por lo que una vez cumplido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser objeto de destrucción y remitirse el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar en la carátula de los cuadernos incidentales la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo sin firma electrónica ni autógrafa, promovida por *****, a favor de *****, del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Tapachula, Chiapas. 2.- Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de Chiapas, con sede en Tapachula. 3.- Encargado y/o Titular del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con residencia en Tapachula. De quienes reclama los siguientes actos: "a).- La deportación, retorno asistido o repatriación asistida que tenga por objeto el resultado de regresar de la quejosa a su país de origen REPÚBLICA DE DOMINICANA, en virtud de encontrarse retenida en la estación migratoria SIGLO XXI, del Instituto Nacional de Migración de Tapachula, Chiapas". ANOTACIONES Seguidamente, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Control electrónico de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 269/2023-III-A. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Aseguramiento, detención o alojamiento de la quejosa. La privación ilegal de la libertad con fines de deportación, retorno asistido o repatriación a su país de origen, fuera de procedimiento. (.).CONSIDERACIONES PREVIAS Ahora bien, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dio como resultado la existencia de diverso juicio de amparo instado por *****, a favor de *****, el cual fue radicado con el número 223/2023, del índice de este juzgado, en el que señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los que se reclaman en la presente demanda y que se transcribieron con antelación. Así pues, del ocurso inicial se advierte que dicha quejosa, solicita la suspensión de plano respecto de los actos que han quedado precisados. Lo que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, de conformidad con su numeral 2 y pone en evidencia que la referida inconforme, en el diverso juicio de amparo 223/2023 de la estadística de este Juzgado Federal y en el presente asunto se duele de los mismos actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, así, en proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés, dictado en dicho juicio, se concedió la suspensión de plano, respecto de los actos consistentes en aseguramiento, alojamiento y/o detención; la posible incomunicación y la privación ilegal de la libertad, con fines de deportación, retorno asistido o repatriación asistida fuera de procedimiento y demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, para el efecto de que no se ejecuten dichos actos. De ahí que, resulta patente que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 145 de la Ley de Amparo, que establece: (.).Lo anterior, debido a que, como se dijo, en el diverso sumario constitucional ya se emitió un pronunciamiento expreso en relación con la suspensión de plano solicitada por *****, a favor de *****, la cual continúa surtiendo efectos hasta que se dicte una determinación que disponga lo contrario o cause ejecutoria el fallo en que se resuelva dicho asunto. En consecuencia, se declara sin materia la solicitud de suspensión de plano respecto de los actos reclamados, por lo que hace a la citada quejosa en el párrafo que antecede. (.).DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: (.).De los numerales transcritos se observa que, dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifestado, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En el caso, este juzgado de Distrito, advierte de oficio que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; por lo que con fundamento en el numeral 113 de la citada legislación, procede desechar de plano la demanda de amparo, promovida por *****, a favor de *****. Para tal efecto, es indispensable precisar el contenido de las normas invocadas, las cuales son del literal siguiente: (.).Del citado precepto se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, cuando sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La causa de improcedencia a que se hace referencia, es conocida como litispendencia, la que ha sido definidas como el estado del litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. La figura jurídica de la litispendencia se funda en tres razones principales: en el principio de economía procesal que exige que se eviten dos procesos sobre el mismo litigio; en la necesidad de evitar dos sentencias diversas y aun contradictorias sobre el mismo litigio; y finalmente, en que sería injusto obligar al demandado a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda. En esa tesitura, en términos del referido artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando se actualizan los supuestos siguientes: a) Que la ley o acto que se reclamen en el juicio de amparo sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese diverso juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De lo expuesto se advierte con claridad, que la improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, no se encuentra condicionada a que además de que el acto reclamado en un juicio de amparo sea idéntico a aquel que el quejoso reclame en otro diverso juicio de amparo en trámite contra las mismas autoridades responsables, en cada uno de los juicios exista también identidad de pretensiones o causa de pedir de la quejosa, pues en dicho precepto legal se establece que no obsta para que se configure la improcedencia en cuestión que las violaciones constitucionales sean diversas. De ahí que si el legislador no estableció tal condición, el juzgador de amparo tampoco puede hacerlo, atento al principio de que donde el legislador no distinguió el juzgador no puede establecer alguna distinción. (.).Como se precisó con antelación, la promovente *****, a favor de *****, reclama en su demanda de amparo, origen de este juicio, los actos y autoridades siguientes: (.).De lo anterior, queda evidenciado que los actos reclamados en la demanda que dio origen a este asunto, es materia de otro juicio de amparo previamente promovido por *****, a favor de *****, contra las mismas autoridades y los mismo actos reclamados, en el que ya se concedió la suspensión de plano; por lo tanto, es inconcuso que en el caso se actualiza la figura de litispendencia antes mencionada. (.).Se debe precisar que la cita de los mencionados criterios, se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en dicha tesis de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente con respecto a los temas que trata, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. En esas condiciones, al actualizarse de manera notoria la causal de improcedencia antes analizada, es indudable la improcedencia del presente juicio, lo que impone desechar de plano la demanda promovida por *****, a favor de *****, contra actos del Jefe de la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. DOMICILIO Y AUTORIZADO Notifíquese el presente proveído a la directa quejosa en el lugar en que se encuentra alojada y por lista que se publica en los estrados de este Juzgado a la promovente del amparo. No se hace pronunciamiento alguno respecto de la persona que autoriza términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, por no haber sido promovida por la directa quejosa, además que la misma carece de firma electrónica. (.).Notifíquese el presente proveído a la directa quejosa en el lugar en que se encuentra alojada y por lista que se publica en los estrados de este Juzgado a la promovente del amparo.
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