Lucrecia Garcia Ruano

Expediente 267/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 16 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
267/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
28/12/2018

Partes del expediente

  • LUCRECIA GARCIA RUANO y Otros.
  • Lucrecia Garcia Ruano
  • Eduardo Alberto Luquin Flores
  • Congreso del Estado de Baja California
  • EDUARDO ALBERTO LUQUIN FLORES y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), Y 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, A LA PARTE QUEJOSA, DEL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, Y QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no se inconformo en contra del proveído de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual este Juzgado declaró cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto; en consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por conforme la determinación aludida. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el cuaderno principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA PARTE QUEJOSA Ahora bien, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo no mayor a noventa días, recoja los documentos que fueron exhibidos en el presente juicio, y en caso de no hacerlo en el plazo señalado, podrán ser transferidos de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no se inconformo en contra del proveído de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual este Juzgado declaró cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto; en consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por conforme la determinación aludida. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el cuaderno principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA PARTE QUEJOSA Ahora bien, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo no mayor a noventa días, recoja los documentos que fueron exhibidos en el presente juicio, y en caso de no hacerlo en el plazo señalado, podrán ser transferidos de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), Y 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, A LA PARTE QUEJOSA, DEL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, Y QUE EN LO CONDUCENTE DICE:MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso EDUARDO ALBERTO LUQUIN FLORES, no desahogó la vista que se le dio por auto de trece de noviembre de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio; en consecuencia, se procederá a determinar, si la cumplimentación de que se trata, se encuentra apegada a los lineamientos señalados en la sentencia de treinta de agosto de dos mil dieciocho, dictada por este Órgano Jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 26/2000, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, primeramente, procede establecer que en la sentencia de treinta de agosto de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a EDUARDO ALBERTO LUQUIN FLORES, para el efecto de: ".OCTAVO. Efectos de la sentencia protectora de amparo: Por lo que respecta a los artículos 152 de la Ley de Hacienda y 8° de la Ley de Ingresos ambas del Estado de Baja California, y conforme a lo señalado en el considerando séptimo de la presente resolución, la concesión es para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, la obligación de pagar el impuesto que establecen dichos preceptos; asimismo, para que le devuelva al quejoso la cantidad que ampara el volante 1-18-23791 [recibo de pago], el cual fue expedido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, por conducto del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Mexicali, Baja California, únicamente en lo que hace al cobro de la cantidad por el concepto de aplicación de dichos artículos 8 de la Ley de Ingresos y 152 de la Ley de Hacienda, ambas del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho (Impuesto Adicional para la Educación Media Superior), acto a través del cual se concretizó en perjuicio del quejoso, la aplicación del precepto inconstitucional." Por su parte, el Procurador Fiscal del Estado, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de que se trata; por oficio sin número, recibido en este juzgado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, informó que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligaciones contenidas en el artículo 8 de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, así como el artículo 152 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California. Asimismo la citada responsable mediante oficio sin número, recibido ante este juzgado el doce noviembre del año en curso, remitió copia del recibo de entrega del pago que emite la Dirección de Egresos del Estado de Baja California, de la Secretaría de Planeación y Finanzas, a la parte quejosa en el cual obra firma autógrafa de recibido el veintisiete de septiembre del presente año. (fojas 194 y 195). En tal virtud, tomando en consideración las razones que expuso la autoridad responsable, y los efectos por los cuales se concedió el amparo, sin que la parte quejosa haya hecho manifestación respecto a la vista dada con el citado oficio de la responsable de referencia; en consecuencia, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE, SIN EXCESO NI DEFECTO. Por otro lado, en términos de lo establecido por los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, notifíquese a la parte quejosa el presente proveído, hágase de su conocimiento que cuenta con el término de quince días, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo para expresar lo que a su interés convenga. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado correspondiente al registro de Juicios de Amparo y notifíquese a las partes en el juicio la presente determinación. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso EDUARDO ALBERTO LUQUIN FLORES, no desahogó la vista que se le dio por auto de trece de noviembre de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio; en consecuencia, se procederá a determinar, si la cumplimentación de que se trata, se encuentra apegada a los lineamientos señalados en la sentencia de treinta de agosto de dos mil dieciocho, dictada por este Órgano Jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 26/2000, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, primeramente, procede establecer que en la sentencia de treinta de agosto de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a EDUARDO ALBERTO LUQUIN FLORES, para el efecto de: ".OCTAVO. Efectos de la sentencia protectora de amparo: Por lo que respecta a los artículos 152 de la Ley de Hacienda y 8° de la Ley de Ingresos ambas del Estado de Baja California, y conforme a lo señalado en el considerando séptimo de la presente resolución, la concesión es para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, la obligación de pagar el impuesto que establecen dichos preceptos; asimismo, para que le devuelva al quejoso la cantidad que ampara el volante 1-18-23791 [recibo de pago], el cual fue expedido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, por conducto del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Mexicali, Baja California, únicamente en lo que hace al cobro de la cantidad por el concepto de aplicación de dichos artículos 8 de la Ley de Ingresos y 152 de la Ley de Hacienda, ambas del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho (Impuesto Adicional para la Educación Media Superior), acto a través del cual se concretizó en perjuicio del quejoso, la aplicación del precepto inconstitucional." Por su parte, el Procurador Fiscal del Estado, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de que se trata; por oficio sin número, recibido en este juzgado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, informó que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligaciones contenidas en el artículo 8 de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, así como el artículo 152 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California. Asimismo la citada responsable mediante oficio sin número, recibido ante este juzgado el doce noviembre del año en curso, remitió copia del recibo de entrega del pago que emite la Dirección de Egresos del Estado de Baja California, de la Secretaría de Planeación y Finanzas, a la parte quejosa en el cual obra firma autógrafa de recibido el veintisiete de septiembre del presente año. (fojas 194 y 195). En tal virtud, tomando en consideración las razones que expuso la autoridad responsable, y los efectos por los cuales se concedió el amparo, sin que la parte quejosa haya hecho manifestación respecto a la vista dada con el citado oficio de la responsable de referencia; en consecuencia, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE, SIN EXCESO NI DEFECTO. Por otro lado, en términos de lo establecido por los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, notifíquese a la parte quejosa el presente proveído, hágase de su conocimiento que cuenta con el término de quince días, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo para expresar lo que a su interés convenga. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado correspondiente al registro de Juicios de Amparo y notifíquese a las partes en el juicio la presente determinación. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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