Lucio Soto Ruiz

Expediente 143/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
143/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
09/02/2023

Partes del expediente

  • Congreso del Estado de Chihuahua
  • Lucio Soto Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que por una parte, sobreseyó en el juicio de amparo y por otra parte, negó la protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años; dentro de los noventa días siguientes, previo acuerdo de desincorporación se deberá depurar este expediente y posteriormente remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que, atendiendo que se negó la protección constitucional, se ordena previo acuerdo de desincorporación la depuración del presente asunto, dentro de los plazos establecidos en el artículo 18 fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es depurable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintisiete de julio de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 143/2022-VII, y su acumulado 144/2022-I, promovido por ********************, contra actos que reclamó del Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua capital y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. ********************, por su propio derecho, mediante escrito presentado ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Ciudad Juárez, Chihuahua, demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra las autoridades y por los actos ahí destacados. SEGUNDO. En la propia demanda la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló los derechos humanos que, en su concepto, se violaron con los actos relativos. TERCERO. La demanda de amparo se turnó a este juzgado Federal y fue admitida en sus términos, ordenándose la formación y radicación del expediente relativo, y se ordenó la acumulación a este asunto del diverso juicio de amparo 144/2022-I, por lo cual se fijó hora y fecha para la audiencia de ley, se solicitó el informe justificado y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. CUARTO. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, se inició la audiencia constitucional relativa; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de nuestra Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción XVII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio atañen a la vía indirecta, por combatirse normas generales con motivo de su primer acto de aplicación, tienen ejecución en el lugar donde este tribunal federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Así, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la impetrante consisten en los siguientes: Congreso del Estado de Chihuahua La expedición y aprobación de los decretos que siguen: ? 109/2021 I P.O. mediante el cual se emitió la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en específico, los artículos Octavo y Decimoséptimo, en lo relativo a las tarifas para el cobro de derechos, particular, el derecho de control vehicular. ? 107/2021 I P.O., por medio del cual se expidió la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, especialmente, los numerales 207, 208 y 211, que contienen las tarifas para el cobro de derechos, en particular, los relacionados con el de control vehicular del ejercicio fiscal actual. Gobernadora Constitucional. La Promulgación y publicación de tales decretos. Secretario General de Gobierno. La promulgación y publicación de esos decretos. Jefe del Departamento de Padrón de Control Vehicular. El registro en el padrón de control vehicular, de los vehículos de la parte quejosa. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la hoy parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata. TERCERO. No resultan ciertos los actos reclamados de la autoridad responsable Secretario de Hacienda y Jefe del Departamento de Padrón y Control de Obligaciones, con sede en Chihuahua, capital. Lo anterior es así, pues además de que al rendir su informe justificado de manera conjunta, se negó la existencia de los actos relativos, en el caso quedó demostrado que no participó en los propios actos. Al respecto, cabe mencionar que los actos concretos de aplicación de una ley se entienden no sólo aquellos que provienen de la autoridad, sino que tales actos específicos de ejecución pueden provenir del particular que actúa por mandato expreso de la ley, en cuya hipótesis se reputa como tercero auxiliar de la administración pública, o bien, de la propia quejosa, cuando en acatamiento a lo establecido en la norma reclamada, la cumple sin que la autoridad, en ejercicio de sus facultades de imperio, la conmine a cumplir con la norma. En el caso, consta en autos el original del certificado de pago emitido el cuatro de febrero de dos mil veintidós, con operación 1599567, por la Oficina de Recaudación Juárez de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, el cual está expedido a favor del aquí quejoso ********************, por concepto de pago del derecho de control vehicular correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintidós, entre otros conceptos, relativo al vehículo marca Pontiac, modelo dos mil ocho, placa 73756X9, y serie 1G2ZH57N984152818, así como el diverso recibo de pago del vehículo marca Pontiac, modelo dos mil cuatro, con número de serie 5425L628X42457101. Así, este juzgador considera que dicha probanza es insuficiente para tener por demostrada la existencia de los actos reclamados atribuidos al Secretario de Hacienda del Estado y al Jefe del Departamento de Padrón y Control de Obligaciones, con sede en Chihuahua, capital, aun cuando adquiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por expresa disposición del numeral 2° de la ley de la materia. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, que es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo anterior es así, porque tal probanza lo único que revela es que la parte quejosa se autoaplicó las normas generales controvertidas en este juicio, pero no se advierte algún dato o elemento del cual se colija, siquiera indiciariamente, la participación de las autoridades responsables en los actos reclamados de que se trata. En tal tesitura, el hecho de que el quejoso se autoaplicara las normas generales impugnadas en este juicio, no significa que ese cumplimiento debe atribuírsele a la autoridad de que se trata, pues lo que implica, en el mejor de los casos, es que la impetrante se colocó, por sí, en las hipótesis previstas en dichas disposiciones jurídicas, sin necesidad de un acto específico de autoridad, lo que, sin duda, puede servir para computar el plazo con que cuenta para acudir a esta vía constitucional. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por la Segunda y la extinta Cuarta Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de identificación son los siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección. Tesis: 35. Página: 3609.) "LEYES, AMPARO CONTRA. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. La existencia de un acto de autoridad no puede lógicamente hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; de modo que la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con lo cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro que les atribuyó a las autoridades ejecutoras. Si bien la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, esto no quiere decir que tal cumplimiento de la norma por el particular deba serle atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el término de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en la hipótesis prevista por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." (Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000. Tomo: I, Const., P.R. SCJN. Tesis: 1673. Página: 1167.) Tampoco resulta cierto el acto atribuido al Jefe del Departamento de Padrón de Control Vehicular consistente en el registro en el padrón de control vehicular de Gobierno del Estado, de los vehículos automotores de la parte quejosa, antes descritos, pues al rendir el informe justificado expresamente se negó su existencia, por lo cual, en todo caso, atañe a la parte inconforme desvirtuar la negativa. En efecto, ante la negativa precisa externada por la autoridad responsable al rendir su informe justificado en torno a ese acto reclamado, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en los términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones las autoridades se encuentran en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos de que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Luego, si, aunado a que la autoridad responsable negó la certeza del acto de que se trata, la parte quejosa no desvirtuó tal negativa, por no ofrecer algún medio de prueba al efecto, es claro que subsiste para efectos de este juicio de amparo, por lo cual, sin duda, son inexistentes los actos reclamados que hoy nos ocupan, de ahí que lo conducente en la especie es sobreseer en este juicio de amparo, en los términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto del Secretario de Hacienda y Jefe del Departamento de Padrón y Control de Obligaciones, con sede en Chihuahua, capital. Al respecto, cabe citar las tesis de jurisprudencia sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo."(Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección. Tesis: 284. Página: 305.) "SUPLENCIA DE LA QUEJA IMPROCEDENTE, SI LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y NO SE APORTA PRUEBA PARA DEMOSTRARLA. Si la sentencia en recurso, tomando en cuenta que las autoridades responsables negaron los actos que se les atribuyen, sin que se rindiera prueba en contrario, sobreseyó el amparo por inexistencia de los actos reclamados, es inexacto que el Juez de Distrito del conocimiento hubiera debido, en suplencia oficiosa de la queja, exigir que dichas autoridades aportaran las constancias demostrativas de tal inexistencia, no acompañadas a sus informes justificados. En efecto, la inexistencia de los actos reclamados no está sujeta a prueba, dado su carácter negativo, y es a los quejosos a quienes incumbe probar en contrario para desvirtuar la mencionada negativa." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1445. Página: 1624.) No son obstáculo para arribar a la anterior conclusión la probanza exhibida por la parte quejosa, en la medida de que no se advierte la participación de la autoridad responsable en la orden y ejecución del acto de que se trata. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados que nos ocupan en el presente considerando, propiamente, no hay materia en el juicio, motivo por el cual lo conducente es sobreseer en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al respecto, son de citarse las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen así: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional, 1. Común 1a. Parte-SCJN, Segunda Sección. Tesis: 284. Página: 305.) "SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO SEGUN LOS INFORMES RENDIDOS U OMITIDOS. Si de autos se establece, en vista de los informes rendidos, de modo especial el de la autoridad ordenadora, la inexistencia de los actos que provocaron la interposición del amparo, en primer lugar la omisión de informe, por parte de una autoridad ejecutora, que en otras circunstancias daría lugar a tener por ciertos, presuntivamente los actos que le fueron atribuidos, de conformidad con el artículo 149 de la Ley de Amparo, cede ante la negativa de la autoridad principal, ordenadora; asimismo, en atención a la situación creada por la negativa de la repetida ordenador, es inconcuso, que la ejecutora no podría realizar órdenes inexistentes. En las condiciones anteriores deben sobreseerse, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la ley de la materia, o en otros términos, confirmar el fallo a revisión que con tal motivo acordó tal medida." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: Informes. Página: 124.) En congruencia con lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sobreseer en este juicio respecto de los actos que nos ocupan, atribuidos al Secretario de Hacienda y Jefe del Departamento de Padrón y Control de Obligaciones, con sede en Chihuahua, capital. CUARTO. Son ciertos los restantes actos reclamados a las demás autoridades responsables en este juicio, porque al rendir el informe justificado aceptaron su existencia -Gobernadora, Secretario General de Gobierno y Congreso local- lo cual, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Incluso, debe tenerse en cuenta que no está sujeta a prueba la existencia de las normas generales, como las reclamadas en este juicio, justamente, no sólo por su naturaleza y obligatoriedad, sino también porque, por virtud de su publicación, constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la propia Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por lo cual este juzgador no está en condiciones de desconocerlas. Sobre ese particular, cabe invocar la tesis de jurisprudencia trescientos setenta, sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, visible en la página cuatro mil sesenta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 2. Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que dicen así: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por lo anterior, en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia de los actos reclamados que nos ocupan, en los términos de que se trata. QUINTO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Publicación. En principio, este juzgador estima que respecto del acto consistente en la publicación de las normas jurídicas combatidas en este juicio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108, fracción III, de tal ordenamiento legal, porque la inconforme no combatió, por vicios propios, los decretos que se controvierten en esta vía constitucional. Para arribar a tal conclusión, conviene tener presente el texto del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en el cual se prevé uno de los requisitos legales que debe contener la demanda de amparo, que no es otro más que la designación de autoridades responsables, que tratándose de amparos contra leyes tiene una particularidad específica. Ese numeral dice así: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;." De acuerdo con el precepto legal de que se habla, no queda duda de que tratándose de amparos contra leyes, a las autoridades que hubieren intervenido en la publicación del decreto respectivo, sólo les asiste el carácter de autoridades responsables para efectos de la vía constitucional relativa, cuando el quejoso impugne, por vicios propios, precisamente ese acto. En el caso, debe tenerse presente que el hoy impetrante no ataca, por vicios propios, los actos que nos ocupan, sino que lo hace por formar parte del proceso legislativo de las normas que combate en esta vía constitucional. Si esto es así, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108, fracción III, de tal ordenamiento legal, por lo cual lo conducente es sobreseer en este juicio, respecto de los propios actos, en términos del numeral 63, fracción V, de la legislación de que se trata. Falta de interés jurídico. En otro orden de ideas, las responsables, Congreso del Estado de Chihuahua,-, invoca la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por no afectar los intereses jurídicos en los términos de lo establecido en la fracción I, del artículo 5º, de la Ley de Amparo, en virtud de anexar comprobante de pago en copia simple carente de valor, para demostrar que se encuadra en el supuesto de cobro del impuesto relativo. No obstante, el suscrito juzgador estima que en el presente asunto no se actualiza dicha causa de improcedencia, pues la autoridad responsable pierde de vista que en autos obra los certificados de pago originales, de los cuales se advierte no solo que es sujeto del impuesto relativo, sino que incluso, llegó al extremo de verse afectado en su esfera jurídica de derechos al realizar el pago respectivo, según se advierte de la propia documental de que se trata. Por lo anterior, es incuestionable que contra lo afirmado por la autoridad responsable, y que, en el sumario no únicamente existe el original del documento que acredita el primer acto de aplicación de la normatividad impugnada, la parte quejosa sí justificó ser sujeto del impuesto relativo, al ubicarse en la hipótesis descrita en la norma impugnada y realizar el pago correspondiente, el cual incluso, fue expedido a nombre de la parte quejosa. De ahí que no se actualice en el caso particular, la causal de improcedencia de que se trata. En otro orden de ideas, el Congreso del Estado, Gobernadora del Estado de Chihuahua y Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, señala que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV porque considera que la demanda de amparo es extemporánea. No asiste razón a la autoridad responsable, porque el acto reclamado, fue auto aplicado por la parte quejosa, el cuatro de febrero de dos mil veintidós, por lo que el término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, le inició el ocho de febrero del año en curso, y le precluyó el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, de ahí que el quejoso haya presentado la demanda de amparo, dentro de los quince días, pues la presentó el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, como se advierte del sello de recepción estampado en la boleta de turno por medio del cual se interpuso de la demanda de amparo, destacándose que los días inhábiles, de ahí que la demanda en estudio fue presentada oportunamente. Por lo anterior, no hay razón jurídica alguna para considerar, como inexactamente se quiere hacer ver en este juicio, que la parte quejosa tácitamente consintió los actos reclamados que aquí nos ocupan, a final de cuentas porque acudió a esta vía en el plazo previsto para ello por la ley de la materia, por lo cual, lo conducente es desestimar, por infundada, la causal de que se trata. Sobre el particular, cabe citar las tesis de jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal del país, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Procedencia del amparo indirecto contra leyes. Tesis: 35. Página: 3609). De igual forma, el Congreso del Estado, el Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua y el Jefe de Departamento de Padrón y Control de Obligaciones, con sede en Chihuahua, Chihuahua, señaló que el quejoso debía demostrar la vulneración de los derechos reclamados, previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, agregando que resultaba insuficiente la exhibición de la tarjeta de circulación expedida por la autoridad responsable descrita. La anterior causal de improcedencia resulta infundada, pues la parte quejosa exhibió los certificados del pago del derecho vehicular reclamado, donde se advierte el nombre de la parte quejosa, que efectuó el pago del derecho reclamado por concepto de pago del derecho de control vehicular correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintidós, entre otros conceptos, relativo al vehículo marca Pontiac, modelo dos mil ocho, placa 73756X9, y serie 1G2ZH57N984152818, así como el diverso recibo de pago del vehículo marca Pontiac, modelo dos mil cuatro, con número de serie 5425L628X42457101, de lo expuesto, se tiene que la parte quejosa, le asiste el derecho para reclamar en la vía constitucional, por tanto, resulta improcedente la causal de improcedencia en estudio. Destacando que la parte quejosa no exhibió la tarjeta de circulación para demostrar su interés jurídico, por el contrario, exhibió los certificados de pago del derecho controvertido, de ahí que resulte infundada la causal de improcedencia de referencia. Con esto finaliza el examen emprendido por este juzgador en torno a la improcedencia invocada por las autoridades responsables, y a su vez, el suscrito no advierte alguna otra, por lo que lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía de amparo. SEXTO. Los conceptos de violación están identificados en el presente el juicio de amparo, cuya reproducción se omite en esta ejecutoria por no ser indispensable para la resolución del asunto y no existir obligación de realizarla para este juzgador. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia mil trescientos cuarenta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil quinientos dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional, 1. Común, 1a. Parte-SCJN, Décima Primera Sección, que es del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Los conceptos de violación resultan infundados. Al respecto la parte quejosa, como conceptos de violación, en síntesis, refiere que las normas combatidas no son proporcionales ni equitativas, ya que no establecieron las circunstancias que tomaron en consideración para determinar el costo de los servicios, sin que se desprenda dato alguno que permita justificar el importe a pagar ni que este guarda alguna relación de proporcionalidad con el costo que representa prestar el servicio, ya que atendiendo al contrato de adquisición de bienes SH/ LPE/ 048/ 2020 Bis, celebrado por las autoridades, adquirieron placas y calcomanías de identificación vehicular a ciento cuarenta y cinco pesos $145, esto en el ejercicio fiscal dos mil veinte, careciendo las normas de la debida fundamentación y motivación. Además, afirma, establecen costos diferenciados en el canje o dotación de placas metálicas, tomando en cuenta aspectos o consideraciones distintas a la proporcionalidad y equidad tributaria, al establecer estímulos tomando en consideración aspectos relativos a los modelos de los automotores transgrediendo el derecho a la igualdad. Por técnica jurídica, en su examen no se respetará el orden en el que fueron propuestos, sino en el que permitan la lógica y el método judicial que rigen en el juicio de amparo. Por principio de cuentas, conviene tener presente el texto del artículo 31, fracción IV, de la carta magna, por ser el numeral en el que se regula el deber jurídico de contribución a cargo de los habitantes de este país. En lo que hoy importa, el propio precepto constitucional es del tenor siguiente: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." Con lo anterior se tiene que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, así como del Distrito Federal o del Estado, y del municipio en que residan, de la forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En tal tesitura, por disposición expresa del constituyente, en ese precepto constitucional se impone a los mexicanos el deber de contribuir a los gastos del Estado, para lo cual se prevén los propios principios o derechos tributarios que deben cumplir todas las contribuciones, como lo son, legalidad, equidad, proporcionalidad y destino al gasto público. Luego, como nuestra carta magna regula el deber tributario o contributivo en función de las leyes de la materia, se tiene que en esta entidad federativa se prevén diversos tipos de contribuciones en vía de ingresos ordinarios, como así se advierte en el artículo 30 del Código Fiscal Estatal. Ese numeral dice así: "Artículo 30. Los ingresos ordinarios se dividen en: impuestos, derechos, contribuciones especiales, productos, aprovechamientos y participaciones.". Tal como puede observarse en el precepto legal de que se trata, los derechos, al igual que los impuestos, las contribuciones especiales, los productos, aprovechamientos y las participaciones, son una especie dentro del género de las contribuciones. En el caso particular de los derechos, de la definición que brinda el código tributario se desprende que existe solo un tipo de derechos, que no son otros más que aquellos cuyo presupuesto consiste en recibir servicios que presta el Estado, en sus funciones de derecho público. Los derechos por servicios tienen su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como una actividad de la administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre la administración y el usuario, que justifica el pago del tributo. Al respecto, cabe citarse la tesis de jurisprudencia quinientos setenta y cuatro, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil seiscientos ochenta y cinco del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2011, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Vigésima Primera Sección - Principios de justicia tributaria, que dice así: "DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU EVOLUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA. Las características de los derechos tributarios que actualmente prevalecen en la jurisprudencia de este alto tribunal encuentran sus orígenes, según revela un análisis histórico de los precedentes sentados sobre la materia, en la distinción establecida entre derechos e impuestos conforme al artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación del año de mil novecientos treinta y ocho, y su similar del Código del año de mil novecientos sesenta y siete, a partir de la cual se consideró que la causa generadora de los derechos no residía en la obligación general de contribuir al gasto público, sino en la recepción de un beneficio concreto en favor de ciertas personas, derivado de la realización de obras o servicios ("COOPERACIÓN, NATURALEZA DE LA.", jurisprudencia 33 del Apéndice de 1975, 1a. Parte; A.R. 7228/57 Eduardo Arochi Serrano; A.R. 5318/64 Catalina Ensástegui vda. de la O.; A.R. 4183/59 María Teresa Chávez Campomanes y coags.). Este criterio, sentado originalmente a propósito de los derechos de cooperación (que entonces se entendían como una subespecie incluida en el rubro general de derechos), se desarrollaría más adelante con motivo del análisis de otros ejemplos de derechos, en el sentido de que le eran inaplicables los principios de proporcionalidad y equidad en su concepción clásica elaborada para analizar a los impuestos, y que los mismos implicaban en materia de derechos que existiera una razonable relación entre su cuantía y el costo general y/o específico del servicio prestado ("DERECHOS POR EXPEDICIÓN, TRASPASO, REVALIDACIÓN Y CANJE DE PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES DE GIROS MERCANTILES, INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 14, FRACCIONES I, INCISO C), II, INCISO D), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, PARA EL AÑO DE 1962, QUE FIJA EL MONTO DE ESOS DERECHOS CON BASE EN EL CAPITAL EN GIRO DE LOS CAUSANTES, Y NO EN LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS PARTICULARES", Vol. CXIV, 6a. Época, Primera Parte; "DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ÉSTOS ESTÁ REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS", Vol. 169 a 174, 7a. Época, Primera Parte; "AGUA POTABLE, SERVICIO MARÍTIMO DE. EL ARTÍCULO 201, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL TERRITORIO DE BAJA CALIFORNIA, REFORMADO POR DECRETO DE 26 DE DICIEMBRE DE 1967, QUE AUMENTÓ LA CUOTA DEL DERECHO DE 2 A 4 PESOS EL METRO CÚBICO DE AGUA POTABLE EN EL SERVICIO MARÍTIMO, ES PROPORCIONAL Y EQUITATIVO; Y POR LO TANTO NO ES EXORBITANTE O RUINOSO EL DERECHO QUE SE PAGA POR DICHO SERVICIO", Informe de 1971, Primera Parte, pág. 261). El criterio sentado en estos términos, según el cual los principios constitucionales tributarios debían interpretarse de acuerdo con la naturaleza del hecho generador de los derechos, no se modificó a pesar de que el artículo 2o., fracción III, del Código Fiscal de la Federación del año de mil novecientos ochenta y uno abandonó la noción de contraprestación para definir a los derechos como "las contribuciones establecidas por la prestación de un servicio prestado por el Estado en su carácter de persona de derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público" (A.R. 7233/85 Mexicana del Cobre, S.A. y A.R. 202/91 Comercial Mabe, S.A.). De acuerdo con las ideas anteriores avaladas por un gran sector de la doctrina clásica tanto nacional como internacional, puede afirmarse que los derechos por servicios son una especie del género contribuciones que tiene su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como una actividad de la Administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre la Administración y el usuario, que justifica el pago del tributo." Así que, tratándose de derechos por servicios, el hecho imponible consiste en la prestación de un servicio que, sin duda, es susceptible de ser dividido en unidades de consumo o uso y siempre que puedan ser asignados a los sujetos pasivos, en virtud de ciertos parámetros de asignación, esto es, que puede ser cuantificado el costo, al menos en un individuo. Es necesario que se tome en cuenta que para poder prestar el servicio de que se trata, el Estado debe desarrollar una serie de actividades, para lo que requiere una estructura administrativa, operativa y funcional, lo que conlleva a incurrir en diversos costos, que son los que se deben individualizar atendiendo al uso o consumo de cada sujeto, porque ello es lo que hace que sea un servicio divisible. Esto resulta lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se tiene presente que, para poder prestar el servicio de que se trata, el aparato estatal genera ciertos costos de tipo directo e indirecto. Los primeros son los destinados de manera inmediata al aparato administrativo que va a llevar a cabo el servicio público, mientras que los segundos no se hallan destinados de forma inmediata al centro final de la prestación del servicio de supervisión, pero son costos que deben medirse como indirectos, porque influyen de tal forma a éste. Por ello, tratándose de servicios públicos tenemos que tienen un costo para el Estado, el cual tiene que ser individualizado al usuario del servicio de que se trate, atento a su uso o consumo y bajo la consideración jurídica de que el servicio que le da origen es susceptible de ser dividido en unidades de consumo o de uso, es decir, individualizado en el contribuyente. Esta característica es muy importante, por cuanto ella permite determinar la cuantía atendiendo al uso del servicio prestado a cada contribuyente y, consecuentemente, el monto de la contribución a pagar. En relación con los propios derechos por servicios, el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país ha sostenido que el análisis de los derechos o principios de proporcionalidad y equidad tributaria es diverso al de los impuestos, porque en el caso de que se trata es relevante considerar la existencia de una correlación entre la cuota a pagar y el costo del servicio. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia quinientos setenta, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, visible en la página mil seiscientos ochenta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Vigésima Primera Sección - Principios de justicia tributaria, que es del tenor siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como "las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio", lo que implicó la supresión del vocablo "contraprestación"; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares." De acuerdo con la tesis de jurisprudencia de que se habla, se tiene que nuestro más Alto Tribunal del país desarrolló las bases conforme a las cuales se debe analizar la constitucionalidad de los derechos por servicios, en función de que los costos que despliega el Estado para prestar los servicios son de difícil cuantificación por los factores inminentes en su ejecución, de ahí que, el examen que se efectúe de la relación entre el costo del servicio y la cuota a pagar es conforme a parámetros de razonabilidad y no de cuantía. Entonces, para ser proporcional la imposición de un derecho por servicios, debe atenderse ordinariamente no solamente a que el monto de las cuotas debe guardar congruencia con el costo que para el Estado tenga la realización del servicio, sin que este costo sea el exacto, sino también a que las propias cuotas deben ser fijas e iguales para los que reciban un idéntico servicio, porque el objeto real de la actividad pública se traduce, por regla general, en la realización de actividades que exigen de la administración pública un esfuerzo uniforme, a través del cual puede satisfacer todas las necesidades que se presenten, sin un aumento apreciable en el costo del servicio. Por lo anterior, para el examen de la proporcionalidad y equidad de la disposición normativa que prevé algún derecho por servicios, se debe tomar en cuenta la actividad del Estado que genera su pago, la que permitirá decidir si el propio parámetro de medición elegido para cuantificar la base gravable resulta congruente con el costo que representa para la autoridad el servicio relativo, en la que la cuota no puede contener elementos ajenos al costo del servicio, porque esto daría lugar a que por un servicio se contribuya en un monto diverso. Esta última premisa, no es absoluta tratándose de derechos por servicios, pues el legislador puede establecer varias cuotas y tarifas progresivas, de manera excepcional, cuando la prestación del servicio requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo o que tiendan a agotar la prestación del propio servicio, para lo cual pueden tomarse en consideración elementos adicionales al costo del servicio, como los beneficios recibidos por los usuarios o los fines de política fiscal para favorecer a quienes no tienen posibilidades económicas para acceder a tales servicios de gran importancia humana. En otras palabras, las cuotas siempre deben guardar relación directa con el tipo de servicio prestado, aunque el monto no sea acorde con el costo del servicio, debido a las razones de política fiscal que el legislador ordinario establece con el fin de reducir o disminuir la carga económica del contribuyente, lo que da pauta, a imponer válidamente por un servicio cuotas diferentes, así como tarifas progresivas. Sobre el particular, cabe citar la tesis ciento treinta y cinco, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, visible en la página ciento siete del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Constitucional, P.R. SCJN, que dice así: "AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. LA TARIFA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN II, PUNTO 3, DE LA LEY DE INGRESOS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1997, RELATIVA AL SERVICIO MEDIDO PARA USO INDUSTRIAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA SÓLO POR ATENDER AL CONSUMO. Conforme a la jurisprudencia 4/98 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte, que lleva por rubro: "DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE. PARA EXAMINAR SI CUMPLEN CON LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, DEBE ATENDERSE AL OBJETO REAL DEL SERVICIO PRESTADO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONSIDERANDO SU COSTO Y OTROS ELEMENTOS QUE INCIDEN EN SU CONTINUIDAD." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, enero de 1998, página 5), tratándose de derechos por servicios y, específicamente, por los de agua potable, para cumplir con el principio de proporcionalidad tributaria es menester atender no sólo al costo del servicio sino también a los beneficios recibidos por los usuarios, a sus posibilidades económicas y a otras razones de tipo extrafiscal, entre ellas, el destino que se da al agua y la necesidad de racionalizar su consumo, así como a los demás elementos que inciden en la continuidad del servicio. Por tanto, la tarifa contenida en la fracción II, punto 3, de la Ley de Ingresos de Puerto Vallarta, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal de 1997, aplicable sólo para el servicio medido de uso industrial, no resulta violatoria del principio de proporcionalidad por el sólo hecho de que atienda al consumo, estableciendo las cuotas aplicables a cada metro cúbico consumido al mes, tratándose de los derechos por el servicio de agua potable, así como el 25% de esas cuotas según el volumen de agua consumido para los derechos por el servicio de alcantarillado, porque con ello lógicamente se atiende no sólo al costo que representa la prestación de los servicios, pues lógicamente existe relación entre éste y el volumen de agua consumida y que tendrá que transportarse por la red de alcantarillado, sino, además, a otros aspectos, como son los beneficios recibidos por los usuarios, las posibilidades económicas de éstos, el uso que se da al agua, el fin extrafiscal de racionalizar el consumo del líquido y demás elementos que aseguran la continuidad de dichos servicios, todo lo cual se refleja en una cuota por metro cúbico de agua consumido, que si bien se eleva según aumenta el consumo, ello responde al señalado fin extrafiscal de racionalizar el consumo del líquido vital." Así, la cuantificación de las cuotas debe identificarse, en principio, con el tipo del servicio prestado, luego, con su costo, en el que la cuota puede ser menor al último, es decir, no atender fielmente al costo del servicio por razones de política fiscal que se deben justificar en el proceso legislativo respectivo, o bien, así se colija claramente de la norma o de otras directamente relacionadas con ella. Por tanto, las normas jurídicas que regulan y establecen un derecho por servicios cumplen con los principios o derechos de proporcionalidad y equidad tributarias, cuando el monto de la cuota es congruente con el costo que para el Estado tenga la realización del servicio y, a su vez, la propia cuota es fija e igual para los que reciben un idéntico servicio, sin contener elementos ajenos al costo del servicio respectivo. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia quinientos sesenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1669 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2011, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Vigésima Primera Sección - Principios de justicia tributaria, que dice así: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos." En el caso, se tiene que las normas reclamadas en esta vía constitucional prevén y regulan el derecho de control vehicular con placas de circulación y expedición de tarjeta de circulación, establecen lo siguiente: Decreto LXVI/ APLIE/ 0109/ 2021, artículos 8 y 17: "ARTÍCULO OCTAVO.- Los derechos que se causen por la prestación de los servicios que realice la Dirección de la División de Policía Vial, por concepto de Derecho de Control Vehicular, deberán pagarse dentro de los meses de febrero, marzo y abril del año 2022. Se autoriza a la Secretaría de Hacienda para que otorgue a los contribuyentes estímulos fiscales sobre el Derecho de Control Vehicular 2022, consistentes en la aplicación de las cantidades que se señalan en la siguiente tabla, respectivamente: MODELO ESTÍMULOS FEBRERO MARZO ABRIL 2023-2016 450.00 353.85 257.69 2015-2011 642.31 546.15 450.00 2010-2006 786.54 690.38 594.23 2005-2001 930.77 834.62 738.46 2000-1996 1,026.92 930.77 834.62 1995-Anteriores 1,171.15 1,123.08 1,075.00 Para acceder a los beneficios antes referidos, los contribuyentes deberán realizar el pago en el plazo establecido en el primer párrafo de este artículo y estar al corriente en el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en Derecho de Control Vehicular e infracciones impuestas por las autoridades de tránsito, así como tener licencia de conducir vigente. De no ser así, se deberá pagar el costo total de los derechos respectivos.". "ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Séptimo del Acuerdo emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de septiembre del año 2000, así como a lo establecido en el numeral 9.4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, "Placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación", publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de junio de 2016, durante el año 2022 se llevará a cabo, con carácter general, el programa de canje de placas metálicas de circulación vehicular, por lo que los derechos que se causen por la prestación de los servicios que realice la Dirección de la División de Policía Vial por concepto de Canje de Placas, deberán pagarse dentro de los meses de febrero y marzo del año 2022. Se autoriza a la Secretaría de Hacienda para que otorgue a los contribuyentes que realicen el pago del derecho de Canje de Placas en el plazo establecido en el párrafo anterior, un estímulo fiscal consistente en la aplicación de la cantidad que se señala en la siguiente tabla, sobre el derecho correspondiente al concepto de canje de placas. DERECHO ESTÍMULO FEBRERO MARZO Canje de placas 200.00 200.00 Para acceder a los beneficios antes referidos, los contribuyentes deberán estar al corriente en el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en Derecho de Control Vehicular e infracciones impuestas por las autoridades de tránsito, así como tener licencia de conducir vigente. De no ser así, se deberá pagar el costo total de los derechos respectivos.". Asimismo, el diverso decreto reclamado LXVII-EXLEY/ 0107/ 2021, artículos 207, 208 y 211, establecen: "Artículo 207. Por dotación o canje de placas metálicas de identificación vehicular, se pagará el derecho conforme a la siguiente cuota.. 6.6950 UMAs" "Artículo 208. Por derecho de control vehicular, se pagará el derecho conforme a la siguiente cuota....20.0849 UMAs" "Artículo 211. Por expedición de tarjeta de circulación, se pagará el derecho conforme a la siguiente cuota....1.6738 UMAs" De lo anterior podemos advertir que se cuenta con cuotas fijas, las cuales resultan en los siguientes costos: -Dotación de placas 6.6950 UMAs -Derecho de control vehicular 20.0849 UMAs -Expedición de tarjeta de circulación 1.6738 UMAs Contando con un estímulo desde los doscientos pesos M.N. 00/100 a los mil ciento setenta y un pesos 15/100 ($200 a $1,171.15) en los términos y condiciones contempladas en la ley. Con lo anterior se evidencia que, adverso a lo alegado por la parte quejosa, las normas reclamadas no violan en su perjuicio los derechos de proporcionalidad y equidad tributaria, a final de cuentas porque no demostró la vulneración de que se trata, al ser una cuota fija la señalada por las autoridades. Proporcionalidad. A criterio del suscrito, las disposiciones legales de ningún modo trastocan el derecho de que se trata, en principio porque es adecuada la unidad de medida con base en la cual el legislador estatal individualizó el costo del servicio del Estado, como es el pago de una cantidad específica al respecto, en tanto que está relacionada con el objeto del derecho, que se concreta en el pago de un monto fijo por la dotación de la placa de circulación vehicular, tarjeta de circulación, así como el registro y control que, debe imperar respecto de toda unidad. Luego, si la unidad de medida o referente guarda relación con el objeto del derecho de que se trata, es inconcuso que es adecuada para el fin propuesto, básicamente al atender al costo del servicio, con lo que indudablemente se respeta el derecho de proporcionalidad tributaria, dado que la base para determinar el pago del tributo está vinculada con las características del propio presupuesto de hecho y, así, la manera en que se individualiza no tiene elementos ajenos al servicio. En esas condiciones, resta mencionar que la tarifa fija establecida para el derecho de control vehicular, es congruente al costo que significa el conjunto de formalidades y actos relativos a la placa de circulación en sí, la dotación de ella, el registro y el control vehicular correspondiente, a final de cuentas porque la actividad del Estado involucra un servicio simple y la intensidad de su uso es menor, sin contener elementos ajenos al costo del servicio prestado por el Estado como tal. Ya para concluir se tiene que la elección de la unidad de medida conforme a la cual se individualiza el costo y en cómo se aplica éste, ya sea mediante cuota, tarifa o rango, es parte de la libertad de configuración de la que goza el legislador, pues, en el caso de normatividad con efectos tributarios, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta o laxa, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador en campos como el económico, en donde nuestra carta magna establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado. A ese respecto, es de invocarse la tesis de jurisprudencia trescientos diecinueve, sustentada por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del país, visible en la página tres mil novecientos noventa y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 19172011, Tomo II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Sentencias en amparo contra leyes y sus efectos, que dice así: "ANÁLISIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES. Acorde con las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CXXXIII/2004, de rubro: "IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", siempre que la acción clasificadora del legislador incida en los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y no discriminación. De igual manera, en aquellos asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Congreso o del Ejecutivo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. Para este Alto Tribunal es claro que la fuerza normativa del principio democrático y del principio de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan el Congreso y el Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma. De esta manera, resulta evidente que la Constitución Federal exige una modulación del juicio de igualdad, sin que eso implique ninguna renuncia de la Corte al estricto ejercicio de sus competencias de control. Por el contrario, en el caso de normatividad con efectos económicos o tributarios, por regla general, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en campos como el económico, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. En tales esferas, un control muy estricto llevaría al Juez constitucional a sustituir la competencia legislativa del Congreso -o la extraordinaria que puede corresponder al Ejecutivo-, pues no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, entrar a analizar si esas clasificaciones económicas son las mejores o si éstas resultan necesarias." Por tanto, en concepto del suscrito las disposiciones legales de ningún modo violan el derecho de que se trata, pues, aparte de que es adecuada la unidad de medida con base en la cual el legislador estatal individualizó el costo del servicio del Estado y, a la par, es objetivo el parámetro del propio derecho, debe tenerse presente que la tasa o cuota fija es congruente al costo que significa el conjunto de formalidades y actos relativos al derecho, por lo cual, carece de sustento lo alegado por la parte quejosa al efecto. Lo anterior, contrario a lo manifestado por el impetrante de derechos fundamentales, al referir que las normas combatidas carecen de fundamentación y motivación al no establecer los mecanismos que permitan identificar que el importe a pagar resulta relacionado de manera proporcional al costo que representa al estado el prestar al servicio, ya que ni en la iniciativa de una ley ni su propio texto, resulta indispensable expresar su fundamentación y motivación, como si se tratara de una resolución administrativa, como lo pretende hacer ver el quejoso, ya que dichos requisitos quedan satisfechos cuanto las leyes son elaboradas por los órganos constitucionalmente facultados, al efecto el Congreso del Estado de Chihuahua, cumpliendo con los requisitos relativos a cada una de sus fases, y cuando estas leyes se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, como acontece en el presente caso. Aunado a que su argumento de la adquisición de placas y engomados para el ejercicio fiscal dos mil veinte, no resulta ser aplicable al presente ejercicio fiscal -dos mil veintidós-, perdiendo de vista la quejosa que el costo que se obtiene por la adquisición de las mismas, no refleja la totalidad de los gastos de ejecución, los cuales, como ya se refirió no resultan ser matemáticamente exactos. De lo anteriormente expuesto, es que deviene lo infundado de su concepto de violación al respecto, cobrando aplicación los siguientes criterios de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. FORMA DE ENTENDER ESTA GARANTÍA, CON RESPECTO A LAS LEYES". (Séptima Época, Instancia Pleno, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 193-198, Primera Parte, página 100). "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DE LOS AUTOS DE AUTORIDAD" (Séptima Época, Instancia Pleno, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 181-186, Primera Parte, página 239). Asimismo, a juicio del suscrito, las normas del derecho de control de que se trata, tampoco violan la equidad tributaria. Se arriba a dicha conclusión, básicamente, porque el derecho de control vehicular, en particular, su cobro con la tasa o cuota fija relativa, surge para todo el universo de contribuyentes que se ubica en la hipótesis contributiva respectiva, con lo cual, se respeta el derecho de que se trata. Incluso, en todo momento debe tomarse en cuenta que en el caso de un servicio simple el inmerso en el derecho que nos ocupa, que se agota con la dotación de placas de circulación, así como con el registro y control vehicular a cargo de la autoridad estatal y, a la par, con el pago de parte del particular, de ahí que, la intensidad del uso del servicio conduce a estimar que paga más quien, en realidad, usa más el servicio y, en cambio, paga menos el que lo utiliza con una menor intensidad, por lo cual, en esas condiciones, el deber de pago del derecho se actualiza para todo aquel que requiere el servicio prestado por el Estado, sin excepción alguna sobre el particular, de ahí que, carece de sustento lo aseverado al efecto. Por lo demás, resta decir que el mero establecimiento de una cuota fija para el entero del derecho de control vehicular, en sí, no vulnera un derecho en perjuicio de la parte quejosa. La contribución es un fenómeno histórico del actual Estado constitucional, quien lo decreta en un acto legislativo en ejercicio de su soberanía, siendo propio de su naturaleza la transmisión de los valores económicos en servicio de los intereses sociales que le incumbe cumplir. El Estado, por consiguiente, es el único titular de la soberanía fiscal, por antonomasia, de la contribución, a través del pago de una prestación incondicionada. Toda contribución afecta directa o indirectamente la capacidad contributiva personal o real del deudor fiscal. Mas para que la contribución no sea un acto indebido, ni esté sujeto a arbitrariedades, es necesario que sea proporcional y equitativo, con lo cual queda limitada la soberanía del Poder Legislativo de un Estado en la imposición de cargas fiscales. La fuente de toda imposición es el conjunto de bienes que constituyen el patrimonio del contribuyente y de los provenientes de productos de rendimientos del capital, del trabajo o de la unión de la relación de uno y de otro. El límite constitucional a la facultad del legislador para decretar un impuesto, a fin de que éste sea proporcional y equitativo, es no acabar, jamás destruir, la fuente de la imposición fiscal, porque ello equivaldría a aniquilarse a sí mismo, junto con el sistema económico de un país, que debe estar percatado de que la peor política financiera que puede adoptarse contra la sociedad moderna, es la existencia de un Estado con escasos recursos económicos para la satisfacción de sus gastos públicos. En nuestro sistema jurídico mexicano, el artículo 31, fracción IV, constitucional, otorga al legislador ordinario la facultad de determinar cómo y en qué forma los mexicanos deben contribuir al gasto público. Con lo anterior se obtiene que el Estado, como único titular de la soberanía fiscal, está constitucionalmente facultado para gravar cualquier fuente tributaria, siempre y cuando se ajuste a los lineamientos que constituyen el límite de esa potestad, que no son otros más que los derechos o principios de justicia fiscal. En tal tesitura, el solo hecho de que el legislador establezca una tasa fija para el derecho de control vehicular, expedición de placas metálicas y tarjeta de circulación, por sí, no basta para considerar que en este caso se trastocan derechos en perjuicio de la parte inconforme, pues, aparte de que el legislador cuenta con un margen amplio de configuración contributiva, en particular, al definir tasas y tarifas, debe tenerse en cuenta que la parte quejosa no demostró que la tasa impositiva llega al extremo de impedir el ejercicio de las libertades humanas, ni de los bienes que permiten desarrollarse, y mucho menos pone en riesgo la eficacia de un principio o postulado de la carta magna, sin que pueda tomarse en consideración la mayor o menor dificultad para cubrir la contribución de que se trata. Esta conclusión es lógica y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta no solo que las leyes, en general, gozan de presunción de constitucionalidad que, por ello, es necesario desvirtuar, sino también que la inequidad y la desproporcionalidad en los impuestos debe demostrarse en el juicio de amparo, lo cual no sucede en la especie. A la parte quejosa toca, en la distribución procesal de la carga probatoria, la de demostrar la inconstitucionalidad de la ley o de un acto de autoridad, excepción hecha de los casos en que se trate de leyes declaradas inconstitucionales en las cuales exista jurisprudencia obligatoria, o cuando se esté en presencia de actos que sean inconstitucionales por sí mismos. Sin que sea óbice a lo anterior, lo manifestado por la parte quejosa en vía de conceptos de violación, respecto a que se realizan costos diferenciados, tomando en cuenta aspectos o consideraciones distintas, como los modelos de los automóviles, sin embargo, los estímulos fiscales que refiere no constituye un ajuste a la estructura, diseño o monto del derecho de referencia, ya que no afecta directamente a sus elementos esenciales ni al mecanismo que incide en el aspecto sustancial de la obligación, al resultar ser en beneficio de los sujetos obligados, al ya contar, como se dijo con una tarifa fija para el cobro, por lo tanto a los estímulos que la autoridad otorgue, no le son aplicables los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, como lo pretende hacer valer la parte quejosa. Sobre el particular, cabe citar las tesis sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos, rubro y el texto dicen así: "ESTÍMULOS FISCALES. AL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN I, DEL DECRETO QUE COMPILA DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES Y ESTABLECE MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014, NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. El precepto mencionado del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013 establece la posibilidad de que las personas físicas que únicamente realicen actos o actividades con el público en general y que opten por tributar en el régimen de incorporación fiscal previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el respectivo cumplimiento de las obligaciones, apliquen para el referido ejercicio fiscal una cantidad equivalente al cien por ciento (100%) del impuesto al valor agregado que deben pagar por la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes muebles, el cual será acreditable contra el referido impuesto que deban pagar por dichas operaciones. Ello, siempre que los contribuyentes no trasladen al adquirente de los bienes, al receptor de los servicios independientes o a quien se otorgue el uso o goce temporal de bienes muebles, cantidad alguna por concepto del impuesto al valor agregado y que no realicen acreditamiento alguno del impuesto referido que les haya sido trasladado y del propio impuesto que hubiesen pagado con motivo de la importación de bienes o servicios. Ahora bien, es criterio de este alto tribunal que los beneficios otorgados por razones no estructurales de la contribución, son producto de una sanción positiva prevista por una norma típicamente promocional y pueden ubicarse entre los denominados "gastos fiscales", es decir, los originados por la extinción y disminución de tributos traducidos en la no obtención de un ingreso público como consecuencia de la concesión de beneficios fiscales orientados al logro de la política económica o social adoptada en un época determinada. En este contexto, el estímulo fiscal de que se trata no constituye un ajuste a la estructura, diseño o monto del impuesto al valor agregado, ya que no afecta directamente a sus elementos esenciales ni al mecanismo que incide en el aspecto sustancial de la obligación fiscal que genera dicha contribución, no obstante que dicho estímulo haga referencia a un acreditamiento, pues tal elemento se otorga a manera de un crédito con el fin de que los sujetos del beneficio no paguen el tributo de que se trata en el ejercicio fiscal de dos mil catorce. En consecuencia, a dicho estímulo fiscal no le son aplicables los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2015020, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 1a./J. 69/2017 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, página 87, Tipo: Jurisprudencia). "ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. El artículo citado establece que a las entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos, que se hubieran adherido al "Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, y que estén al corriente en los enteros correspondientes al mes de diciembre de 2012, se les extenderá hasta 2014 el beneficio fiscal consistente en acreditar sólo determinado porcentaje del impuesto sobre la renta retenido a sus trabajadores. Esto es, el estímulo fiscal se otorga a las entidades públicas mencionadas, en su carácter de patrones retenedores, en relación con la obligación formal de retener y enterar el impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, sin que se altere ni modifique el impuesto, sino únicamente los ingresos que se deben enterar al fisco. En consecuencia, al beneficio fiscal contenido en el artículo 9o., último párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, no le son aplicables los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el estímulo no incide en los elementos de la contribución. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2008804, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 2a./J. 26/2015 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 640, Tipo: Jurisprudencia). "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro: 2, Enero de 2014, Tomo II. Tesis: 2a. CX/2013 (10a.). Página: 1589.) De tal suerte que si la parte impetrante no demuestra, a través de los conceptos de violación, que la tasa fija del derecho de control, dotación de placas metálicas y tarjeta de circulación va más allá de los límites constitucional y razonablemente permitidos por nuestra carta magna, es inconcuso que carece de sustento jurídico cuando alega que su establecimiento viola derechos en su perjuicio. Finalmente, en nada benefician a la hoy parte impetrante los precedentes judiciales invocados en el juicio, pues involucran los temas materia de sus conceptos de violación, los que ya fueron abordados y desestimados, de ahí que, también adolece de sustento jurídico su pretensión al efecto. Por tanto, ante la ineficacia de los conceptos de violación que nos ocupan, y no advertirse motivo alguno que dé lugar a la suplencia de la queja deficiente, lo conducente es negar la protección constitucional demandada. Por lo expresado y fundado se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo en términos de los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, respecto de los actos que reclamó al Congreso, Gobernadora Constitucional, Secretario General de Gobierno, Secretario de Hacienda y Jefe del Departamento del Padrón Vehicular dependiente de la Secretaría de Hacienda, todos éstos del Gobierno del Estado de Chihuahua, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese.Así, lo resuelve y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con el licenciado Abraham Smeke García, secretario que da fe y certifica que este fallo está incorporado al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos el estado de autos, se advierte que mediante proveído de nueve de junio de dos mil veintidós, se pusieron a la vista de las partes los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y Jefe del Departamento de Padrón y Control de Obligaciones, ambas residentes en la ciudad de Chihuahua; por lo que, se encuentra transcurriendo el término establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se impongan de los mismos. En consecuencia, se ordena de oficio el diferimiento de la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy, y se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que la misma tenga verificativo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XXVI/98, consultable en la página 409, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de marzo de 1998, Novena Época y que textualmente dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA DE OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA, Y NI EL QUEJOSO NI EL TERCERO PERJUDICADO TIENEN PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y a la vez se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. Razón por la que esta Sala no comparte el criterio sustentado por la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 19/89". Notifíquese. Así, lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado licenciado Abraham Smeke García, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Se tiene al Consultor Jurídico, adscrito al Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica, de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en representación de las autoridades Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y Jefe del Departamento de Padrón y control de Obligaciones, con sede en la ciudad de Chihuahua, rindiendo informe justificado, los cuales se ponen a la vista de las partes, para que se impongan de su contenido sin perjuicio de hacer relación de los mismos al momento de celebrar la audiencia constitucional, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo. De igual forma, se tiene a las autoridades antes referidas, designando delegados en términos del artículo 9º, de la Ley de Amparo y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 6,710 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano