Lucio Peña Utrera

Expediente 89/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
89/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
24/05/2021

Partes del expediente

  • Lucio Peña Utrera

Actuaciones

  1. Principal

    la superioridad informa que acepta la incompetencia planteado por este órgano jurisdiccional. archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Téngase a la superioridad acusando recibo del oficio a que alude, asimismo, informado que requirió a la sala responsable diversas actuaciones a efecto de considerar si acepta o no la competencia planteada por este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    visto el oficio de cuenta, resérvese de proveer lo conducente hasta en tanto la superioridad informe si aceptó o no la competencia planteada.

  4. Principal

    EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 89/2021. SE ACEPTA COMPETENCIA. Téngase por recibido el oficio signado por la secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, por medio del cual se desprende que en cumplimiento a la determinación de cuatro de febrero del año en curso, dictada en los autos del juicio de amparo 55/2021 del índice del juzgado de su adscripción, la autoridad oficiante remite el citado expediente formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Lucio Peña Utrera, ya que consideró carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo de mérito, por virtud de que Ma***, tercera interesada, promovió el diverso juicio de amparo 1110/2018 del propio índice; en consecuencia, de conformidad con lo que establecen los artículos 45, fracción II y 46, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se acepta la competencia por razón de turno declinada. Acúsese recibo. INCOMPETENCIA. No obstante lo anterior, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que el impetrante Lucio Peña Utrera reclama en esta instancia constitucional la resolución de diez de diciembre de dos mil veinte, dictada dentro del toca 905/2020, del índice administrativo de la Sexta Sala en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, mediante la cual modificó la sentencia definitiva dictada en el juicio 1682/2018 del índice del juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad. Así, atento al acto que por esta vía se reclama, el suscrito juzgador estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 107 de la ley reglamentaria de la acción constitucional, para que se estime procedente la vía indirecta. En efecto, tratándose del juicio de amparo uniinstancial, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracciones V, inciso c) y VI establece: Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: [.] c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y [.] VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones. Por su parte, los artículos 34, 170, fracción I y 176 de la Ley de Amparo disponen: Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. [.] Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; [.] Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley. Por otra parte, el artículo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone: ARTICULO 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: [.] c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y [.] Tal y como se aprecia de las disposiciones transcritas establecen la procedencia del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; reservando la competencia para conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito. En el caso, ya que el acto que a través de este juicio se reclama consiste en la resolución de diez de diciembre de dos mil veinte, dictada dentro del toca 905/2020, del índice de la Sexta Sala en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, mediante la cual modificó la sentencia definitiva dictada en el juicio 1682/2018 del índice del juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, se desprende que la resolución recurrida consiste en la determinación de un recurso interpuesto contra una sentencia que tiene el carácter de definitiva, en términos del artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 35 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional federal declara carecer de competencia legal para resolver la presente litis constitucional por cuanto hace al mencionado acto reclamado; en este orden de ideas, y en atención a lo dispuesto en el numeral 170, fracción I del citado ordenamiento legal, se estima competente a un Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito para conocer del presente juicio, vía amparo directo; consecuentemente, se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, para que decida lo que proceda en cuanto a la incompetencia que se plantea, previa formación del cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar. Se solicita atentamente al Tribunal Colegiado que corresponda el conocimiento del asunto para que, una vez que reciba el expediente en que se actúa, acuse el recibo de estilo informando si acepta o no la competencia planteada. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CONSULTA DE AUTOS MEDIANTE CITA. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. Por último, con fundamento en los artículos 22, 28 y 29, del acuerdo tantas veces citado, resulta necesario invitar a las partes, tanto quejoso como tercera interesada, a (I) transitar hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo que trae aparejado la obtención de una firma electrónica, ya sea FIREL, e.firma o cualquier otra validada por el Consejo de la Judicatura Federal, (II) solicitar de conformidad a lo establecido en el acuerdo 12/2020, tanto la consulta electrónica como las notificaciones en esta misma vía, (III) propongan formas especiales y expeditas de contacto, como podría ser, un correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, con la meta de poder entablar comunicaciones no procesales. Se reiteran estas exhortaciones ya que trae beneficios a los justiciables, debido a la situación epidemiológica que acontece en la actualidad, por decir algunas, (1) la prontitud en la que será resuelto el juicio de amparo, (2) evitar el contagio al no acudir de manera reiterada al órgano jurisdiccional ya sea para presentar promociones, demandas o consultar los autos, (3) la actuación simultánea en varios expedientes (artículo 30 del acuerdo 21/2020); y (4), vinculada con el número 2, evitar las filas para la presentación de su escrito, ya que podría hacerlo desde el Portal. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Celina Chantero Torres (9046148), toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito.

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