Lucio Luna Lira

Expediente 519/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
519/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/06/2022

Partes del expediente

  • Lucio Luna Lira

Actuaciones

  1. Principal

    Durango, Durango, a tres de junio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta que suscribe el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito con residencia en esta ciudad, y como lo solicita para los efectos legales conducentes remítasele copia certificada de la resolución dictada el nueve de mayo del año en curso dentro del presente enjuiciamiento.

  2. Principal

    se declara ejecutoriada en sus términos; en su oportunidad archívese el presente expediente.

  3. Principal

    Durango, Durango, a nueve de mayo de dos mil veintidós. Por recibido el oficio de cuenta del Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, en el que se transcribe el proveído del tres de mayo de dos mil veintidós, asimismo remite copia certificada de la ejecutoria dictada el once de abril del año en curso por el señor Magistrado Presidente de ese Alto Tribunal, en la que declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de garantías promovida por Lucino Luna Lira, y remite original y copia de la demanda de garantías, informe justificado rendido por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Siete con residencia en esta ciudad de Durango, el emplazamiento del tercero interesado Felipe Ángel Nava Ortega, así como los autos originales del juicio agrario 21/2021. Acúsese recibo. En tal virtud, con apoyo en los artículos 41 y 45, de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito acepta la competencia que declina el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, para conocer de la demanda de garantías promovida por Lucino Luna Lira, contra los actos que reclama del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Siete con residencia en esta ciudad de Durango y de otra autoridad. Vista la demanda promovida por Lucino Luna Lira, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Siete con residencia en esta ciudad de Durango, y de otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Es parcialmente improcedente la demanda de garantías interpuesta por Lucino Luna Lira, por las razones que a continuación se precisan. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente; mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En interpretación de un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la vigente Ley de Amparo, existe la tesis de jurisprudencia 749, que puede ser consultable en la página 505, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años de 1917 a 1995, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional". El arábigo 61, fracción XXIII, de la propia Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:.XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Esta causal de improcedencia estriba en que el juicio de garantías es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la propia ley reglamentaria o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto es ilustrativa, por no oponerse a la actual Ley de Amparo, la jurisprudencia 175/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1344, del Tomo II, Libro 2, Enero de 2014, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción". Por otra parte, la fracción VI del dispositivo 107 de la consultada legislación reglamentaria establece que el amparo indirecto procede ".Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas". En interpretación de una porción normativa de la misma redacción contenida en la actual Ley de Amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 12/2000, precisó los alcances de lo que debe considerarse como persona extraña a juicio, al tenor siguiente: ".Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, asimismo, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". Empero ese propio Alto Tribunal en esa misma ejecutoria estableció: ".el hecho de que los promoventes del amparo hayan comparecido al juicio haciéndose sabedores de los actos reclamados y del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que como quedó puntualizado con antelación, con ese carácter, en el supuesto mencionado, quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento". Como puede advertirse de esta última transcripción, el Máximo Tribunal de la Nación destaca que ".el hecho de que los promoventes del amparo hayan comparecido al juicio haciéndose sabedores de los actos reclamados y del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo.", lo que impone dilucidar, entonces, qué debe entenderse por comparecer al juicio. Conforme al Diccionario de la Lengua Española, comparecer significa ".Presentarse ante una autoridad u otra persona.". Por su parte, de acuerdo con ese propio diccionario presentar consiste en ".Hacer manifestación de algo, ponerlo en la presencia de alguien.", o ".Darse a conocer a otra sin que intervenga ningún mediador.". De lo que se puede obtener que comparecer a un juicio significa presentarse o darse a conocer, por cualquier medio (escrito o físicamente) y en cualquier etapa procesal ante el juez que conozca del litigio. Ahora bien, el quejoso Lucino Lira García reclama del Actuario Notificador adscrito al Tribunal Unitario Agrario Distrito Siete con residencia en esta ciudad, lo siguiente: "B) El emplazamiento ilegalmente realizado hacia mi persona por el C. Actuario Notificador adscrito al TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, DISTRITO 07 CON SEDE EN LA CIUDAD DE DURANGO, CAPITAL DEL ESTADO DE DURANGO". El promovente en el punto tres del capítulo de hechos de la demanda de garantías manifiesta que: "3º.- Cabe destacar que no obstante que comparecí en juicio, el emplazamiento que se realizó a mi persona para llamarme al proceso agrario que aquí nos atañe, fue ilegal en la medida de que no se realizó conforme a las reglas que la ley prevé para ello, quizá derivado de la situación que atravesó el mundo por las medidas excepcionales que se adoptaron debido al virus conocido con el nombre de COVID-19. Y si bien contesté la demanda, no me encontraba en aptitud para advertir que la parcela ejidal que yo tenía en posesión no era la que se determina en mi Certificado Parcelario.". De lo que se obtiene el propio quejoso asegura que fue emplazado al juicio agrario 21/2021, y que compareció y contestó la demanda. Afirmación que constituye prueba plena en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que se adminicula con el original de ese procedimiento agrario, del que se obtiene que por escrito fechado el seis de julio de dos mil veintiuno contestó la demanda instaurada en su contra, lo que impide considerarlo como tercero extraño por equiparación, y por tal motivo no puede ocurrir a esta vía constitucional indirecta con el fin de controvertir el acto que hace consistir en el emplazamiento realizado en ese juicio agrario 21/2021: Pues al haber tenido intervención en el juicio de origen estuvo en aptitud de emprender su defensa, lo que hace patente y manifiesta la causal de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, lo que conduce a desechar de plano la demanda que se provee en términos del ordinal 113 de la propia codificación. Al respecto es ilustrativa, por no oponerse a la actual Ley de Amparo, la jurisprudencia 39/2001, surgida de la resolución de contradicción de tesis 12/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 93, del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal". También es informativa la tesis consultable en la página 589, del Tomo XII, Agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO. CIRCUNSTANCIA POR LA QUE SE DEJA DE TENER ESE CARÁCTER. Cuando una resolución judicial se dirige precisamente contra una persona determinada, por identificarse nominalmente a quien resulta afectado con dicha resolución, entonces ésta sirve para incorporar a esa persona en la respectiva relación jurídico-procesal, aunque propiamente no sea actora ni demandada, pues a partir de que se le permite el acceso al procedimiento al que es tercera extraña, automáticamente deja de tener ese carácter, para asumir la participación resultante de la repetida resolución y, consiguientemente, al dejar de ser ajena al juicio de origen, su acción de garantías para reclamar la resolución enderezada nominalmente en su contra, queda supeditada a la regla establecida en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 constitucional, en donde se condiciona la procedencia del juicio de amparo indirecto al previo agotamiento de los recursos ordinarios procedentes". Igualmente es aplicable la tesis IV.2o.C.37 K, registrada con el número 172130, o bien, visible a foja 1181, Tomo XXV, Junio de 2007, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE TAL CARÁCTER PARA INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN COMPARECE A CONTESTAR LA DEMANDA Y TUVO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE Y PROMOVER LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY, AUN CUANDO POSTERIORMENTE HAYA SIDO ILEGALMENTE NOTIFICADO DE DIVERSAS RESOLUCIONES QUE LO DEJARON EN ESTADO DE INDEFENSIÓN DURANTE CIERTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando el quejoso reclama en amparo, entre otros actos, el ilegal emplazamiento, por haberse practicado en contravención a lo establecido por la ley de la materia, y con base en esto, que el juicio fue seguido en su contra, sin su conocimiento, su situación es equiparable a la de un tercero extraño a juicio; sin embargo, si comparece a él, pierde tal carácter, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 39/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.". Ahora bien, si la parte reo comparece a contestar la demanda, es claro que no se le puede reconocer el carácter apuntado, aun cuando manifieste que posteriormente fue ilegalmente notificado de diversas resoluciones y que esto motivó que se le dejara en estado de indefensión durante cierta etapa del juicio hasta el dictado de la sentencia definitiva e incluso durante el procedimiento de ejecución, toda vez que al haber comparecido al procedimiento ordinario, tuvo la oportunidad de defenderse y promover los recursos ordinarios previstos en la ley, por lo que no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo. De esta manera, si el quejoso, después de concluido el juicio y en etapa de ejecución, pretende impugnar actos del procedimiento, no obstante que fue parte en el juicio y no puede ostentarse como tercero extraño por equiparación, es inconcuso que la acción que se dedujo en este procedimiento de tutela constitucional deviene improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los numerales 114, fracción V, 158, 159, fracción I y 161, todos de la ley de la materia". SEGUNDO. El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: "ARTÍCULO 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; .". Conforme a este numeral, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. Ahora bien, el quejoso Lucino Luna Lira también reclama del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Siete con residencia en esta ciudad de Durango, lo siguiente: "A) La Sentencia Definitiva pronunciada el día 20 del mes de enero del año 2022.". De las constancias que integran el juicio agrario 21/2021, contiene la resolución recurrida, en la que se resolvió: "R E S U E L V E PRIMERO.- El hoy actor FELIPE ÁNGEL NAVA ORTEGA si acreditó los elementos constitutivos de su acción de restitución de parcela ejidal, en tanto que el ahora demandado LUCINO LUNA LIRA, no justificó sus defensas y excepciones, con base en los razonamientos y fundamentos legales expuestos en la parte considerativa del presente veredicto. SEGUNDO.- En consecuencia, se condena al ahora demandado LUCINO LUNA LIRA, para que entregue en favor del hoy actor FELIPE ÁNGEL NAVA ORTEGA, la parcela en conflicto número 143, con una superficie de 4-65-85-08 (cuatro hectáreas, sesenta y cinco áreas, ochenta y seis centiáreas, ocho miliáreas), localizada en el ejido "FRANCISCO CASTILLO NÁJERA", Municipio de Pánuco de Coronado, Estado de Durango, con el apercibimiento que de no hacerlo así este Tribunal con fundamento en lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Agraria, instruirá su formal entrega. TERCERO.- Resulta improcedente el pago de daños y perjuicios reclamado por el hoy actor FELIPE ÁNGEL NAVA ORTEGA, por no permitirle el usufructo de la referida parcela ejidal desde hace más de un año a la fecha en que fue requerida la devolución, y se absuelve al ahora demandado LUCINO LUNA LIRA, de dicha prestación de pago de daños y perjuicios". De la anterior reseña se puede obtener que el promovente controvierte la sentencia definitiva dictada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Séptimo Distrito dentro del juicio agrario 21/2021, en la que determinó que el actor Felipe Ángel Nava Ortega acreditó su acción de restitución de parcela ejidal, así como condenar al aquí quejoso a la entrega de la parcela en conflicto que se encuentra en el ejido "Francisco Castillo Nájera", del municipio de Pánuco de Coronado, Durango. Sin embargo, contra esa determinación procede el juicio de amparo en la vía directa en tanto que se trata de un acto que pone fin al juicio agrario 21/2021, y en contra del cual no procede el recurso de revisión que contempla el numeral 198 de la Ley Agraria, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis ahí previstas, ni en las establecidas en el artículo 9 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, por lo que sin duda constituye una decisión terminal conforme al dispositivo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis XI.1o.1 A, publicada en la página 601, del Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "RECURSO AGRARIO DE REVISIÓN. ES INNECESARIO AGOTARLO, PARA ACUDIR AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DECIDIÓ UN CONFLICTO SOBRE TENENCIA DE TIERRAS EJIDALES. A pesar de que la autoridad responsable haya estimado en su sentencia, que la controversia planteada ante ella, era de las que menciona el artículo 18, fracción II, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que dice: "Los Tribunales Unitarios Agrarios serán competentes para conocer ... II. De la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales o contra actos de particulares", como del expediente relativo se aprecia que el actor, en su calidad de ejidatario, demandó de otro campesino del mismo núcleo de población, la entrega de una fracción de terreno, que formaba parte de la parcela del primero, aduciendo que era inexistente el contrato de cesión de derechos por medio del cual le había transmitido al segundo el dominio de esa porción de tierra, ello evidencia que realmente se trató de un conflicto relacionado con la tenencia de tierras ejidales, de los que contempla la fracción V del artículo 18, ya invocado, no así de un juicio restitutorio de tierras, bosques o aguas de un núcleo de población o de alguno de sus integrantes, por lo que la sentencia que le puso fin, no admitía el recurso ordinario de revisión a que alude el artículo 198 de la Ley Agraria y el juicio constitucional que se promovió, sin agotar ese recurso, no es improcedente". También la jurisprudencia 2a./J. 208/2006, consultable en la página 798, del Tomo XXV, Enero de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "REVISIÓN AGRARIA. LA PREVISTA EN LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 198 DE LA LEY AGRARIA SÓLO PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO SOBRE RESTITUCIÓN DE TIERRAS CUANDO AFECTAN DERECHOS AGRARIOS COLECTIVOS. Históricamente la acción agraria de restitución de tierras es aquella que tiene por objeto devolver a los núcleos de población ejidales o comunales la propiedad de sus tierras, de las que fueron despojados con motivo de cualquiera de los actos que especifica el artículo 27 constitucional, fracción VIII; además de esos actos, también dan lugar a la restitución, cualesquiera otros, de autoridades o de particulares, atentatorios del derecho de propiedad de esos núcleos; sin embargo, en el artículo 18, fracción II, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se estableció la competencia de los Tribunales Unitarios para conocer "De la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población o a sus integrantes"; lo cual resulta incongruente, puesto que la restitución solamente puede hacerse en favor del propietario, que es el núcleo, y no en favor de sus integrantes los cuales son titulares de derechos agrarios individuales pero no del derecho de propiedad que es de naturaleza colectiva. Ahora bien, considerando que conforme al principio general de Derecho relativo a que las acciones proceden aunque no se exprese su nombre o se exprese equivocadamente, la circunstancia de que los integrantes de los núcleos de población ejidales o comunales, al defender sus derechos agrarios individuales denominen a la acción ejercida "de restitución", de ninguna manera priva de eficacia jurídica sus pretensiones (generalmente posesorias), pero no por la sola designación de esa acción puede admitirse que sea realmente la restitutoria, porque ésta le corresponde de manera exclusiva al propietario, que es el núcleo de población. De acuerdo con lo anterior se concluye que conforme a los artículos 198, fracción II, de la Ley Agraria y 9o., fracción II y 18, fracción II, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, solamente le compete al Tribunal Superior Agrario conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones de los Tribunales Unitarios Agrarios dictadas en los juicios sobre restitución de tierras de núcleos de población ejidal o comunal, como expresamente lo delimita el segundo de esos preceptos, y no tratándose de acciones individuales de los ejidatarios y comuneros". De manera que se declina la competencia para conocer del fallo reclamado al Tribunal Colegiado en turno de este Vigésimo Quinto Circuito. Fórmese cuaderno y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que se indica y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que señala en el escrito de demanda. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se desecha de plano la demanda de amparo que promueve Lucino Luna Lira, contra el acto que reclama del Actuario Notificador adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Siete, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Lucino Luna Lira, contra el acto que reclama del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Séptimo Distrito. TERCERO. Remítase el original y copia de la demanda de garantías promovida por Lucino Luna Lira, el informe justificado rendido por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Siete con residencia en esta ciudad de Durango, el emplazamiento del tercero interesado Felipe Ángel Nava Ortega, así como los autos originales del juicio agrario 21/2021, al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, para los efectos a que se refiere el artículo 47 de la ley de la materia, una vez que cause firmeza lo antes resuelto, para que resuelva lo conducente. Notifíquese personalmente.

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