Lucio López Villalobos

Expediente 888/2014 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
888/2014
Año
2014
Actuaciones
15
Última actuación
11/03/2015

Partes del expediente

  • Lucio López Villalobos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    se ordena notificar por lista al quejoso antes referido, el proveído de seis de marzo del año en curso y el de la presente fecha, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    se declara que dicha resolución que sobresee, ha causado EJECUTORIA para todos los efectos legales; agréguese el original del incidente de suspensión relativo. Ahora bien, toda vez que no existe actuación alguna por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 888/2014-II, y R E S U L T A N D O I. Por escrito presentado el veintinueve de diciembre de dos mil catorce, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, que por razón de turno al día hábil siguiente se remitió a la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, Lucio López Villalobos, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos del Fiscal General del Estado de Chihuahua, residente en la ciudad de Chihuahua; Supervisora Regional Zona Norte, de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, con residencia en esa ciudad; Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México; Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres de Ciudad Juárez, Chihuahua y Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, sitos en esta localidad; los que hizo consistir en los siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO. Se reclama como tal la arbitraria y antijuridica resolución en el que se ha ordenado de forma concomitante mi traslado a otro centro penitenciario y su ejecución, sin el más mínimo respeto a mis derechos humanos y mis garantías y sin respectar mi derecho a audiencia y defensa." Los anteriores actos, los estimó vulneradores de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como antecedentes de los mismos relató bajo protesta de decir verdad, los que consideró pertinentes. II. Mediante proveído dictado el treinta de diciembre del dos mil catorce, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 888/2014-II, pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y mediante auto de veintisiete de enero de dos mil quince, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El suscrito Secretario en funciones de Juez es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, según autorización expedida mediante oficio CCJ/ST/600/2015, en cumplimiento a lo acordado en sesión celebrada el diez de febrero de dos mil quince, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia: 2a./J. 67/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 853, del Tomo XXXIV, Julio de 2011, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL. El párrafo segundo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que en las ausencias del Juez de Distrito superiores a 15 días, el Consejo de la Judicatura Federal autorizará al correspondiente secretario o designará a quien deba sustituirlo durante su ausencia, sin establecer restricción alguna en relación con las facultades que se confieren al secretario designado en tales términos, lo cual encuentra explicación lógica en que las faltas temporales de los titulares de los juzgados que excedan dicho lapso, no deben propiciar que el trámite de los asuntos y el dictado de las sentencias quede paralizado indefinidamente. Consecuentemente, dada la amplitud de las atribuciones que la norma confiere al secretario en funciones de Juez de Distrito y, sobre todo, en observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto establece que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, el secretario autorizado conforme a la disposición citada está facultado para dictar sentencia aun en los juicios de amparo cuya audiencia no hubiese presidido, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional al cual se encuentre adscrito. En cambio, en los casos en que el secretario queda encargado del despacho durante el periodo vacacional del Juez de Distrito, no es aplicable el mencionado artículo 43, en virtud de que la actuación del secretario que lo supla la regula el párrafo segundo del artículo 161 de la propia Ley Orgánica, que le faculta para resolver única y exclusivamente los juicios de amparo cuyas audiencias constitucionales se hubiesen celebrado en dicho periodo. Conviene hacer dos precisiones más: 1) Sea que se trate de una sustitución con motivo de vacaciones o de una ausencia mayor a 15 días del titular por cualquiera otra razón, el secretario que haga las funciones de Juez de Distrito solamente está facultado para dictar resolución durante el periodo en el que rija la autorización respectiva, de modo que si presidió alguna audiencia y no tuvo oportunidad de dictar sentencia cuando estaba autorizado para ello, ya no podrá hacerlo con posterioridad, ya que sólo corresponderá al titular resolver esos asuntos aunque no hubiera presidido las audiencias respectivas; y 2) Cuando en el Juzgado de Distrito se presente un cambio de titular, basta que en los autos del juicio de amparo obre constancia del aviso de dicha sustitución y que se haga del conocimiento a las partes esa circunstancia, para que el nuevo titular pueda pronunciar las sentencias en los juicios cuyas audiencias se hubieran celebrado con anterioridad al día en que asumió el cargo, para no interrumpir el funcionamiento normal de ese órgano jurisdiccional. Por último, a fin de que exista certidumbre de los términos de la autorización en los cuales los secretarios en funciones de Juez de Distrito asumen el cargo por un lapso superior a 15 días, debe transcribirse en la propia sentencia el contenido de dicho documento y, en su caso, recabarse la copia certificada por el órgano revisor antes de emitir la resolución correspondiente." Además de reclamarse una orden de traslado que habrá de llevarse a cabo su ejecución dentro del ámbito territorial en el cual este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Lo anterior en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV y 107, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en observancia al criterio establecido en la Jurisprudencia P./J.40/2000, por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y de las demás constancias que obran en el expediente, los actos reclamados en el presente juicio de garantías son los siguientes: a) La orden de traslado ordenado de su persona del lugar en que actualmente se encuentra recluido a otro centro penitenciario; y, b) La ejecución de la anterior determinación. En tales condiciones esos serán los actos que constituyan la materia de análisis de este juicio. En apoyo a lo considerado, por no contravenir lo dispuesto en la nueva Ley de Amparo, se cita la Tesis P.VI/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho conforme al artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por vacaciones del Titular de dicho órgano federal responsable; Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, a través del Subdirector de dicho centro de reclusión, por su ausencia en términos de lo previsto por el artículo 151, del Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; Supervisor Regional de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales, Zona Norte, todas con residencia en esta ciudad; Fiscal General del Estado de Chihuahua, a través del Director General Jurídico de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en su sustitución, en términos de los artículos 21 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9° de la Ley de Amparo; 1°, 2° "B", fracciones I, II y III, "D", fracciones II y III, 3°, fracciones II y VI, 4° y 6°, fracciones I, IV y VII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; y los diversos numerales 122 y 123, fracciones I, V y XXIII, de su Reglamento Interior; y Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación; a través de la Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos en su representación, en términos de los artículos 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 18, fracciones III y IV del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, residente en la Ciudad de México; al rendir su respectivo informe justificado negaron los actos reclamados por el quejoso, Lucio López Villalobos, consistentes en la orden de traslado de donde actualmente se encuentra recluido, Centro de Reinserción Social Estatal Número 3, de Ciudad Juárez, Chihuahua, con sede en esta localidad, a otro centro penitenciario, y su respectiva ejecución. Informes, que dado su carácter de públicos, por haber sido emitidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio del que deriva el presente asunto, conforme lo prevé el artículo 2° de la Ley de Amparo. Ahora bien, la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables al rendir su informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean necesarias para apoyar dicho informe, en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, más no cuando esas autoridades niegan categóricamente los actos que se les imputan, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estos últimos, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza de los actos de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que son ilegales. Apoya la anterior consideración, sin oponerse a la nueva Ley de Amparo, la Tesis: VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903, del Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." En el caso, el que impetra el amparo no ofreció prueba alguna para desvirtuar esas negativas de las responsables. Por tanto, lo que procede es tener por inexistentes dichos actos, y en consecuencia sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, que al efecto establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:.- IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Tiene aplicación al caso, acorde a lo señalado en el artículo sexto transitorio de la ley de la materia en vigor, la Jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Primera parte, página 236, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, fundado y motivado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Por consiguiente, acorde a lo señalado en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa; con fundamento en la fracción III del referido numeral,

  4. Incidental

    R E S U E L V E ÚNICO. Se niega al quejoso, aquí incidentista, Lucio López Villalobos, la suspensión definitiva de los actos reclamados a la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, en términos de lo expuesto en el considerando único de esta resolución interlocutoria. Por consiguiente, conforme a lo señalado en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese por lista al representante social de la federación adscrito a este Juzgado Federal; con fundamento en la fracción I, inciso a) del citado numeral, personalmente a la parte incidentista en el lugar de su reclusión; y en términos de lo dispuesto por la fracción II, inciso a) del arábigo multicitado, por oficio a la autoridad responsable correspondiente.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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