Lucio Jiménez Ocampo y Otros.
Expediente 399/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 399/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Lucila Librado
- Lucio Jiménez Ocampo y Otros.
- Lucio Jiménez Ocampo
Actuaciones
- Principal
MESA II B Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de ocho de abril de dos mil quince (fojas 42 a 48), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Lucila Librado, Lucio Jiménez Ocampo, Miguel Jiménez González, Angelino Ortega Martínez y Mauricio Ortega; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II B Vista la diligencia de ratificación de firmas efectuada ayer, por la que los quejosos Lucila Librado, Lucio Jiménez Ocampo, Miguel Jiménez González, Angelino Ortega Martínez y Mauricio Ortega, ratificaron la demanda de amparo recibida en este órgano jurisdiccional el veintitrés de marzo pasado (fojas 2 a 24), promovida contra actos de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y otras autoridades. Ahora bien, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda de amparo, es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, el análisis integral de la demanda permite conocer que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables en este juicio de amparo, en el ámbito de su competencia, la designación y nombramiento del Administrador Municipal de Santiago Atitlán, Mixe, Oaxaca; la inconstitucionalidad del artículo 59, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con motivo de su primer acto de aplicación en la designación y nombramiento del citado Administrador Municipal, y todas las consecuencias derivadas de dicha designación. Ahora bien, el suscrito juzgador advierte que en contra de los precisados actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XV y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II de la Constitución Federal, que disponen lo siguiente: Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 99.- El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores; II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes. La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales; IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos; V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables; VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores; VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores; VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes; IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan, y X. Las demás que señale la ley. Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley, para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos. La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes. La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas regionales, atraer los juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos de su competencia a las salas regionales para su conocimiento y resolución. La ley señalará las reglas y los procedimientos para el ejercicio de tales facultades. La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley. Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución. Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores. En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante al del nombramiento original. El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley." "Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: (.) II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: a).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión; b).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas; d).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y (sic) e).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea; f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro; g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. h) El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones; La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo. Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos. (.)" De la interpretación de los preceptos transcritos, se establece la improcedencia del juicio de garantías contra actos de materia o contenido político-electoral. En relación con lo anterior, es importante destacar que los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien también se le atribuyó la facultad de inaplicar leyes político-electorales en casos concretos, cuando estas contraríen la Carta Magna. Expuesto lo anterior y tomando en consideración que el juicio de amparo es una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es válido concluir que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución no son reclamables en amparo indirecto, sino a través del control constitucional abstracto y los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Precisado lo anterior conviene destacar que de los antecedentes de los actos reclamados narrados por los promoventes bajo protesta de decir verdad, lo que constituye una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende que la designación y nombramiento del Administrador Municipal de Santiago Atitlán, Mixe, Oaxaca, derivó de la resolución CG-IEEEPC-OPLEO-SNI-7/2014, emitida por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Organismo Público Electoral de Oaxaca (IEEPC-OPLEO), que determinó no validar la Asamblea General de Elección practicada en dicha comunidad el dieciséis de noviembre de dos mil catorce, y en consecuencia ordenó a la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, que en términos de lo dispuesto por el artículo 115, fracción I, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , y 40 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, determinara lo conducente para la designación de un Concejo Municipal de Santiago Atitlán Mixe, Oaxaca (foja 4). Con relación a lo anterior es importante destacar que el artículo 59, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, cuya constitucionalidad se reclama, estatuye lo siguiente: ".ARTICULO 59. Son facultades del Congreso del Estado: (.) (REFORMADA, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2013) XIII. Designar, a propuesta del Gobernador, a los integrantes de los Consejos Municipales; Por (sic) otra parte, el Congreso hará la designación de un encargado de la Administración Municipal, cuando por cualquier circunstancia especial no se verificare la elección de algún ayuntamiento o se hubiere declarado nula o no valida, lo anterior de conformidad en lo establecido en la Ley de la materia." Precepto que está, íntimamente relacionado con lo que dispone el numeral 40 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca: "ARTÍCULO 40.- Cuando por cualquier circunstancia especial no se verificare la elección de algún ayuntamiento o se hubieren declarado nulas las elecciones, el Congreso del Estado determinará lo procedente. No se celebrarán nuevas elecciones en aquellos casos en que se ponga en peligro la paz pública o la estabilidad de las instituciones, a juicio del Congreso del Estado, quien procederá a designar un Concejo Municipal en los términos establecidos por la Constitución del Estado y por esta Ley o en su caso nombrará a un encargado de la administración municipal hasta en tanto sea posible la instalación del Consejo (sic)." Del análisis conjunto de los numerales antes transcritos se advierte que, cuando por cualquier circunstancia especial no se verificare la elección de algún ayuntamiento o se hubiere declarado nula o no valida ésta, es facultad del Congreso del Estado de Oaxaca, hacer la designación de un encargado de la Administración Municipal, hasta en tanto sea designado e instalado el Consejo Municipal respectivo. Bajo tales premisas es evidente que los actos aquí reclamados: la designación y nombramiento del Administrador Municipal de Santiago Atitlán, Mixe, Oaxaca, con fundamento en el artículo 59, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, cuya inconstitucionalidad también se impugna de manera destacada, así como todas las consecuencias derivadas de dicha designación, son de contenido político-electoral, en virtud de que se refieren a la designación de una persona como encargado de la administración municipal, en tanto se pueda verificar la designación de un Concejo Municipal, que concluirá el periodo respectivo, con motivo de la nulidad de la elección popular de un Ayuntamiento declarado por el Tribunal Electoral del Estado; por lo que incuestionablemente inciden en el proceso electoral correspondiente e impactan en los derechos políticos de los ciudadanos. Cabe resaltar que el sistema de justicia constitucional en materia electoral, contempla una inmunidad parcial respecto a leyes en materia electoral, al excluir la intervención de los tribunales de amparo y establecer la acción de inconstitucionalidad como única vía para impugnarlas. Luego, el presente juicio de amparo es improcedente, ya que el sistema de justicia constitucional en materia electoral previsto por los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Carta Magna, permite controvertir, por un lado, las leyes electorales exclusivamente a través de la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por otro lado, los actos y/o resoluciones en esa materia (o sus consecuencias) ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República, excluyendo a los actos como los reclamados, de impugnación vía amparo, conforme a las fracciones XV y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación a los dispositivos constitucionales citados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 61/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del tenor literal siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal. Así como la tesis P. LX/2008 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto siguientes: AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Por otra parte, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo se tiene como representante común de la parte quejosa a Lucila Librado, por así solicitarse expresamente. En otro orden, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el que precisa, y por autorizado sin las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que indica por no encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y ser el presente asunto de naturaleza administrativa. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la nueva Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VIB Agréguese a los autos el escrito de Víctor Hugo Barrita Soriano, autorizado legal de la parte quejosa en este juicio de amparo, por el que solicita, se requiera directamente al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, para que informe si a la fecha ya transfirió los recursos relativos al ramo 28 y 33 al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y el monto en dichos rubros; en su atención, se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto el Ayuntamiento responsable, cumpla con el requerimiento formulado en auto de veintitrés del actual, en el que se le requirió precisara si ya disponen de la cantidad relativa al pago de las sentencias y resoluciones dictadas por autoridad competente a efecto de hacer el pago correspondiente al aquí quejoso.
- Principal
MESA VI A Agréguese el oficio sin número del por el Síndico Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tezoatlán de Segura y Luna, Huajuapan de León, Oaxaca, por el que en vías de cumplimiento a lo ordenado en proveído de seis de marzo actual, remite copia certificada del oficio sin número fechado el veintitrés de marzo en curso, signado por dicha autoridad, dirigido a la Auditoria Superior del Estado, el presupuesto de Egresos que regirá a mencionado Ayuntamiento, en el que se comprende una partida presupuestal que permita cumplir con el laudo a que fue condenado ese Municipio.
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