Lucio Humberto Acevedo Contreras

Expediente 465/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
465/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
11/03/2021

Partes del expediente

  • Lucio Humberto Acevedo Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, once de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse desechado la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/MHP/jkgt

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que con motivo de las Circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021, de veinte de diciembre de dos mil veinte y ocho de enero de dos mil veintiuno, respectivamente, se determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020, a fin de dar trámite y seguimiento sólo a los asuntos calificados como "urgentes" así como a los casos de excepción ahí previstos; por lo que se suspendieron los plazos y términos procesales en el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Asimismo, en la Circular SECNO/4/2021, de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, se determinó que la actividad jurisdiccional se sujetaría a las reglas establecidas en Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, y 37/2020, hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. En ese sentido, visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, en contra del auto de dos de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó de plano la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó y firma José Manuel Basio Aguilar, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/3248/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. JMBA/MHP/Akms

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

  4. Principal

    A diecinueve de octubre de dos mil veinte, Marco Isaac Mares Iñiguez, actuario judicial de este juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hago constar que de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, siendo las nueve horas de esta fecha, se notifica por medio de lista a la parte quejosa ******, el acuerdo dictado (a) el dos de octubre de dos mil veinte, en la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional y se tiene por legalmente hecha la notificación del acuerdo antes citado, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, dos de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte, que transcurrió el término de tres días hábiles otorgado al quejoso xxx, mediante proveído de siete de septiembre de dos mil veinte, para que aclarara si era su intención desistir del señalamiento de las autoridades responsables Secretario de Acuerdos y Actuario adscritos al Juzgado de Primera Instancia Civil de Tecate, Baja California, sin que lo hubiera hecho, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se entiende que es su intención continuar con el señalamiento de las autoridades responsables Secretario de Acuerdos y Actuario adscritos al Juzgado de Primera Instancia Civil de Tecate, Baja California y, con base en ello, se procede a proveer lo conducente en relación con el cumplimiento de la prevención formulada el veinticinco de agosto de dos mil veinte. Por otra parte, en el caso, el quejoso reclama la sentencia interlocutoria dictada el diecisiete de marzo de dos mil veinte, dentro del incidente de remoción de albacea, dentro del expediente xxxxdel índice del Juzgado de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Tecate, Baja California, relativo al juicio sucesorio testamentario a bienes de xxxx, que declaró improcedente dicha incidencia, su ejecución y notificación. Sin proveer sobre su admisión, conforme a lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso numeral 62, ambos de la Ley de Amparo1, procede desechar de plano la demanda que se trata, toda vez que de su contenido integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia. En relación con ello, debe establecerse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo y su aclaración, se advierte que la promovente hace consistir como acto reclamado la sentencia interlocutoria dictada el diecisiete de marzo de dos mil veinte, dentro del incidente de remoción de albacea, dentro del expediente xxx del índice del Juzgado de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Tecate, Baja California, relativo al juicio sucesorio testamentario a bienes de xxxx, que declaró improcedente dicha incidencia, su ejecución y notificación. Por tanto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". El precepto transcrito, prevé el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que a su vez consagra el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual el peticionario de amparo tiene la obligación de agotar los recursos ordinarios que la ley señala y a través de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar la resolución que se reclame, siempre que no se trate de alguno de los casos de excepción previstos en la propia norma. A mayor abundamiento, es prudente señalar que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos humanos, por lo cual, su estructura está fundamentada en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional, en tanto que obliga a los quejosos a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, lo que significa que la vía indirecta sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Para que se actualice la referida causal de improcedencia, es necesario que concurran los requisitos siguientes: 1) Que se trate de una resolución que provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; 2) Que proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar; y, 3) Que la parte quejosa no sea una persona extraña al juicio de origen, o se ubique en algún otro caso de excepción. En el caso, se reúnen los requisitos que se precisaron en líneas supra, para que se actualice la causa de improcedencia que se invoca. Esto, en virtud de que el primero de los requisitos - que el acto reclamado emane de una autoridad judicial, administrativa o del trabajo- se surte en la especie, toda vez que el acto reclamado fue emitido por el Juzgado de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Tecate, Baja California, en el expediente 570/2017. Los artículos 674, 675 y 677 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, exponen: "Artículo. 674.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias definitivas en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II.- Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la Ley no se otorgue a las partes el recurso o la sentencia definitiva no fuere apelable; III.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este código y también lo fuera la sentencia definitiva, y IV.- Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo Juez o se levante por éste." "Artículo 675.- Pueden apelar: el litigante, si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial." No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, podrá apelar también. "Artículo 676.- La parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta al notificársele su admisión, o dentro de las veinticuatro horas siguientes a esa notificación. En este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte de éste." "Artículo 677.- La apelación se interpondrá por escrito, ante el Juez del conocimiento, dentro de ocho días improrrogables computados a partir de la notificación, si se tratare de sentencia definitiva o su aclaración si la hubiere, o dentro de cinco si fuere auto o resolución interlocutoria. Los autos e interlocutorias, serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva." De los numerales transcritos en esencia se aprecia que el recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior; en el caso, se advierte que la determinación señalada como acto reclamado es apelable en conformidad con el artículo 674, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, sin que se actualice alguna de las excepciones previstas en dicho numeral, toda vez que las resoluciones que se dictan en cada una de las secciones de dicho procedimiento sucesorio son apelables. Además, dicho medio de impugnación es adecuado, en virtud de que su función es idónea para proteger la situación jurídica infringida, en virtud de que puede conllevar a modificar o revocar la resolución interlocutoria y, en virtud de que no existe el reenvío, el tribunal de alzada se encuentra facultado para analizar el aspecto controvertido, con libertad de jurisdicción. En efecto, de conformidad con lo establecido por el artículo 107, fracción I II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se obliga a la parte quejosa a que, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados por autoridad jurisdiccional, agote los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado; ello debe entenderse que dichos medios de impugnación ordinarios sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Ello es así, pues dicho deber no debe entenderse de llegar al extremo de obligar al quejoso a agotar recursos inútiles que no reparen la violación sufrida; por ende, debe entenderse que la regla de definitividad, en el caso concreto, también se sujeta a condición de que el medio de impugnación ordinario debe ser eficaz para reparar el acto en un plazo razonable. En ese sentido, se actualiza el segundo de los requisitos enunciados -proceda algún medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama- en atención a que contra el acto reclamado procede el recurso de apelación, conforme a lo previsto en los artículos 674 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. Finalmente, el tercer requisito de la causal de improcedencia en estudio ?que no se surta alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad?, se actualiza dado que el quejoso tiene el carácter de coheredero, en el juicio de origen, por lo que no le asiste el carácter de tercero extraño. Asimismo el acto reclamado no importa un peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por otra parte, la resolución que se reclama no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, un auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, no niega la libertad bajo caución o que establece requisitos para su disfrute, no decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, y no constituye una orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; asimismo, no se trata un auto de vinculación a proceso. Por tanto, la acción de amparo se condiciona al previo agotamiento del medio de defensa ordinario procedente. En esa intelección, si la parte quejosa no interpuso el medio de defensa que la ley de la materia contempla, por virtud del cual se puede modificar, revocar o nulificar la resolución que se reclama ?previo a acudir al presente juicio de amparo?, no obstante su vinculación a la controversia de origen, es inconcuso que no se cumplió con el principio de definitividad. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia I.6º.C.J/37, de Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación XV, Mayo de 2002, ubicada en la página 902, con número de registro 187016, correspondiente a la Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por último, sirve de apoyo la Tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, VII, enero de 1991, página 211, Materia Común, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. La notoria improcedencia referida y contemplada por el artículo 145 de la Ley Reglamentaria de Garantías, debe advertirse o desprenderse de lo expuesto por el promovente en la propia demanda de amparo, pues tal es el sentido de dicho dispositivo, de ahí que para la aplicación de tal precepto es incorrecto que el juzgador se apoye en elementos ajenos a aquella demanda." Además, se estima pertinente destacar que, aun y cuando la falta de notificación personal de la interlocutoria privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como que se duele el quejoso, -como lo refiere- pudiera constituir una violación al derecho fundamental de audiencia y legalidad, ello no lo exime de la obligación de agotar el medio de defensa ordinario, esto es, el incidente de nulidad de notificaciones que establece el 126 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California2. El precepto en cita dispone que en contra de una notificación que haga no identificable el juicio, procede el incidente de nulidad de notificaciones, el cual constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio, a fin de que el Juez natural se pronuncie sobre la nulidad, de ahí que los actos reclamados no puedan ser analizados como tal en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se trata, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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