Lucio Hernández Reyes

Expediente 357/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
357/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
30/05/2019

Partes del expediente

  • Lucio Hernández Reyes

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO DE AUTOS DE LOS QUE SE ADVIERTE QUE MEDIANTE OFICIO 3813, SE REMITIÓ AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE HIDALGO, OFICIO, DEMANDA DE AMPARO Y ANEXOS, CUYO CONOCIEMITNO POR RAZÓN DE TURNO TOCO CONOCER AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE HIDALGO, COMO SE APRECIA DE LA BOLETA DE TURNO QUE OBRA AGREGADO EN AUTOS. EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; TODA VEZ QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE PREVÉ EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL Y ACUERDO CITADO.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto; el oficio del Magistrado Presidente de la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, conjuntamente con la Secretaria de Acuerdos y Amparos; registrado en oficialía de partes con el número 3273/2019, mediante el cual remite cuaderno de amparo que contiene escrito de presentación, demanda de amparo promovida por Lucio Hernández Reyes, por propio derecho, acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, certificación de la demanda de amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 175 de la Ley de Amparo, y constancias de emplazamiento a la parte tercera interesada, cuatro copias de la demanda en comento, el diverso oficio 909/2019, mediante el cual la autoridad responsable rinde su informe justificado, el toca civil 310/2018-III y el expediente 1707/2016; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio el suscrito estima carecer de competencia, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el solicitante del amparo Lucio Hernández Reyes, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: CC. MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA TERCERA SALA CIVIL Y FAMILIAR DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO (.)." "IV. ACTOS RECLAMADOS: El acto que se reclama de la Autoridad Responsable y que es violatorio de Derechos Humanos que consagran Garantías Individuales a favor del suscrito, lo constituye: LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2019, DICTADA DENTRO DEL TOCA CIVIL NÚMERO 310/2018-III" Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que Casilda Ortega Quiroz, demandó en la vía ordinaria civil al hoy quejoso Lucio Hernández Reyes, radicándose dicho asunto en el Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, con el número de expediente 1707/2016. Seguido el juicio por sus respectivos trámites, el juez de origen, el diez de septiembre de dos mil dieciocho, emitió una sentencia donde se absolvió al demandado, hoy quejoso, Lucio Hernández Quiroz. Inconforme con dicha resolución, Casilda Ortega Quiroz, interpuso recurso de apelación, del cual por razón de turno tocó conocer a la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, la cual el veintiuno de febrero del año actual, en los autos del toca civil 310/2018-III de su índice, resolvió revocar la sentencia definitiva de diez de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por el Juez citado, en el juicio ordinario civil, promovido por Casilda Ortega Quiroz, contra Lucio Hernández Reyes, toda vez que existió litisconsorcio necesario y no se integró debidamente la relación jurídico procesal de las partes derivada del mismo, procediendo a reparar de oficio lo conducente, y por tanto, requiriendo a la parte actora en el juicio de origen Casilda Ortega Quiroz, para que dentro del plazo de tres días, complete la demanda principal respecto del litisconsorte Francisco Márquez Hernández. Luego, en contra de la resolución antes indicada, el hoy impetrante de garantías Lucio Hernández Reyes, promueve demanda de amparo en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia, dispone: "(.) El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas (.)". En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, dictada por la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el toca civil 310/2018-III de su índice, misma que revocó la sentencia de diez de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en el expediente 1707/2016; en consecuencia, dicha resolución no es de las que ponen fin al juicio o que tengan el carácter de ser definitivas, máxime que el procedimiento en cuestión no se integró debidamente la relación jurídico procesal de las partes ordenándose de oficio reparar lo conducente. De ahí que si no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de amparo, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

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