Lucio Hernández Lechuga
Expediente 1567/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 27 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1567/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Lucio Hernández Lechuga
- Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, en el Estado de Puebla.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Lucio Hernández Lechuga, contra los actos atribuidos al juez de lo Civil y Penal de Tecamachalco, Puebla, y al Centro Federal de Readaptación Social Número 11 "Cps Sonora", residente en esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito presentado vía electrónica el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente, por razón de turno, al Juzgado Segundo de Distrito en la entidad, Lucio Hernández Lechuga, por conducto de su defensora particular, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos atribuidos a esas autoridades. Returno por conocimiento previo. Mediante acuerdo de veintidós de noviembre siguiente, el citado órgano jurisdiccional la registró bajo el número 1542/2022, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declinó competencia por razón de turno para conocer del presente juicio y lo remitió a este juzgado de Distrito, a virtud que el acto reclamado en esta vía, y el reclamado en el diverso 1023/2019, del índice de este órgano judicial, derivan de la causa penal 26/2009, del epígrafe del Juzgado de lo Civil y Penal de Tecamachalco, Puebla. Se acepta returno y se admite demanda. Mediante acuerdo de veintitrés de noviembre de ese año, este juzgado registró el juicio bajo el número 1567/2022, aceptó el returno planteado y admitió la citada demanda; pidió a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la representación social de esta adscripción, quien no formuló pedimento, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Terceros interesados. Por acuerdos de trece de enero de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de terceros interesados a Felipa Fernández Silva y al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado Mixto del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, por lo que se ordenó su emplazamiento a juicio, lo que así ocurrió. Audiencia constitucional. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. En ese tenor, se procede con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto cuya ejecución podría llevarse a cabo dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La orden de aprehensión librada el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dentro en la causa penal 26/2009, del índice del Juzgado de lo Civil y Penal de Tecamachalco, Puebla, contra Lucio Hernández Lechuga, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, previsto y sancionado por los artículos 302, fracciones I, II y IV, y 302 Bis, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, en perjuicio de Felipa Fernández Silva. La ejecución de la citada determinación. III. Existencia de los actos reclamados Es cierto el acto atribuido al juez de lo Civil y Penal de Tecamachalco, Puebla, pues así lo manifestó al rendir informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual manera, resulta cierto el acto de ejecución atribuido a la directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 11 "Cps Sonora", residente en esta ciudad, pues si bien lo negó, lo cierto es que a esta autoridad corresponde ejecutar la orden reclamada, pues el aquí quejoso se encuentra interno en ese centro de reclusión. Además, la veracidad de los actos combatidos se acredita con las documentales que al efecto acompañó dicho juzgado a su informe, consistente en copia certificada de las constancias que integran la causa 26/2009 de su índice -tres tomos de prueba-; documentales a las que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." IV. Estudio de fondo Al no haberse hecho valer ni advertirse de oficio alguna causa de improcedencia de la acción de amparo, procede examinar el fondo del asunto, sin que sea necesaria la transcripción de los conceptos de violación, dado que en la Ley de Amparo no existe ningún artículo que obligue a hacerlo. Para una mejor comprensión de las consideraciones de esta sentencia, se estima pertinente realizar la siguiente reseña de antecedentes: El dos de marzo de dos mil nueve, el entonces juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, por una parte, negó la orden de aprehensión contra Lucio Hernández Lechuga y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada, previsto y sancionado por el artículo 186 Bis, en relación con los diversos 13 y 21, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la sociedad; por otra, se libró orden de captura en su contra por su probable participación en la comisión del ilícito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, previsto y sancionado por los artículos 302, fracciones I, II, III y IV, en relación con los diversos 13 y 21, todos del citado código punitivo, cometido en perjuicio de Felipa Fernández Silva. Contra esa determinación, el aquí quejoso Lucio Hernández Lechuga, promovió el juicio de amparo indirecto 1023/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, en el que por sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se negó el amparo solicitado y se sobreseyó en el juicio. Inconforme con esa determinación, el solicitante del amparo, por conducto de su autorizada legal, interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito -registrado bajo el número 65/2021-, en el cual, por ejecutoria dictada el tres de junio de dos mil veintidós, en el cuaderno auxiliar 28/2022, por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, residente en Durango, se revocó la citada determinación y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[...] a) Deje insubsistente la orden de aprehensión de dos de marzo de dos mil nueve, dictada en la causa penal 26/2009, única y exclusivamente respecto de Lucio Hernández Lechuga; y, b) En su ligar, emita una nueva resolución, en la cual, deberá purgar las deficiencias formales destacadas en esta ejecutoria en cuanto a la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito que se le reprocha y por el cual le fue girada la orden de aprehensión; c) Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, deberá resolver lo que en derecho corresponda." Finalmente, en cumplimiento a la citada ejecutoria, el juez de lo Civil y Penal de Tecamachalco, Puebla, emitió la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en la que, primeramente, dejó sin efectos la diversa de veintinueve de julio de ese año -respecto la cual se estimó no estaba cumplida la ejecutoria de mérito- y libró orden de aprehensión contra Lucio Hernández Lechuga, por su probable participación en la comisión del ilícito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, previsto y sancionado por los artículos 302, fracciones I, II y IV, y 302 Bis, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, cometido en agravio de Felipa Fernández Silva. Determinación que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. Precisado lo anterior, debe decirse que los conceptos de violación resultan esencialmente fundados para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, aunque suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo, y acorde a la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." En principio, debe aclararse que el análisis de una orden de aprehensión debe hacerse de manera armónica con todos y cada uno de los derechos fundamentales establecidos a favor de los gobernados en materia penal, pues como todo acto de autoridad que se traduce en la restricción precautoria de la libertad, debe cumplir con las exigencias que la propia Constitución Federal establece. En ese sentido, la orden de aprehensión, es el acto por virtud del cual, una autoridad judicial competente, a través del uso de la fuerza pública, trae ante su potestad a una persona en contra de quien el Ministerio Público ha ejercido acción penal, por hechos constitutivos de delito. Dentro del sistema jurídico mexicano, el citado mandamiento privativo de la libertad tiene su fundamento constitucional en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 16 de la Carta Magna, que establece: "Artículo 16. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." El párrafo constitucional transcrito aporta como elementos esenciales para el dictado de una orden de aprehensión, los siguientes: Que sea librada por autoridad judicial. Que le preceda denuncia o querella de un hecho tipificado en la ley como delito; Que el antisocial por el que se dicte merezca pena privativa de libertad; y, Que existan datos para tener por acreditado el cuerpo del delito y que esos datos hagan probable la responsabilidad del indiciado. Si alguno de los elementos descritos en los incisos que anteceden no se encuentra configurado, entonces puede decirse que la orden de aprehensión emitida es inconstitucional. Pero además de los requisitos enunciados, la orden de aprehensión, al ser un acto de autoridad, también está sujeta a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 Constitucional, que ordena: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Precepto del cual se desprenden los siguientes requisitos formales para todo acto de autoridad y son: Constar por escrito. Provenir de autoridad competente; y, Que esté fundada y motivada la causa legal del procedimiento. En relación con el último de los requisitos formales, es de señalarse que para que todo acto de autoridad sea válido, debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable; y, por lo segundo, que deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares, o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Tal criterio, se sustenta en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." La exigencia de fundar en ley y motivar con base en los hechos, tiene como propósito que el gobernado conozca la conducta que se le atribuye y la ley que condujo a la autoridad a emitir en su contra el acto de molestia; además, que esté en aptitud de atacarlos si considera que dichos fundamentos fueron incorrectos o que los hechos no fueron acordes con la motivación citada; es decir, tal garantía tiende a que el gobernado comprenda el hecho que se le imputa y la ley que prohíbe la conducta observada, y para que en ejercicio de sus prerrogativas esté en posibilidad de impugnarlo. De esta manera, si entre los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone que para el dictado de la orden de aprehensión, deben contarse con datos para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal en contra de quien se pide dicho mandamiento, por lógica, ello debe hacerse también con observancia al principio de legalidad consagrado en el citado precepto, expresándose los motivos y fundamentos que tomó en consideración la responsable para tomar su determinación, a fin de que el gobernado esté en posibilidad de conocer los motivos tomados en cuenta para emitir un acto de molestia en su contra y, en su caso, impugnarlo si no está conforme con ellos. Destacado lo anterior, en el caso a estudio, se advierte que el quejoso Lucio Hernández Lechuga, reclama la orden de aprehensión de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, librada en su contra por su probable participación en la comisión del ilícito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, previsto y sancionado por los artículos 302, fracciones I, II y IV, y 302 Bis, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, en agravio de Felipa Fernández Silva. Ahora, este juzgador prescinde de analizar todos los requisitos que debe cumplir una orden de aprehensión como la reclamada, a fin de centralizar el presente estudio en la deficiencia relativa a la valoración de los medios de prueba con los cuales el juez responsable tuvo por demostrada la probable responsabilidad del aquí quejoso, en la comisión del delito que se le atribuye, para así dar contestación a los conceptos de violación formulados, los cuales, como se adelantó, resultan esencialmente fundados para otorgar la protección constitucional solicitada, ya que la orden de aprehensión carece de elementos para establecer, aun de manera indiciaria, la probable responsabilidad de Lucio Hernández Lechuga, en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Se explica. Del análisis de la orden de aprehensión, resulta cierta la acreditación del cuerpo del injusto de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, previsto y sancionado por los artículos 302, fracciones I, II y IV, y 302 Bis, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, cometido en agravio de Felipa Fernández Silva, dado que los elementos de prueba que obran en la causa penal de origen y que fueron valorados por el juez responsable, son suficientes para demostrar el secuestro de una mujer cometido el veintitrés de enero de dos mil nueve, por una banda de personas denominada "Zetas", con la finalidad de obtener un beneficio económico y en especie, bajo la amenaza de causarle daños hasta que fue liberada el tres de febrero de ese año. Lo cual se aprecia con exactitud de la declaración de Carlos Alberto Acosta Martínez, quien, ante el Agente del Ministerio Público de Tecamachalco, Puebla, dentro de la averiguación previa AP-77/2009/TECAM, señaló que aproximadamente a las diez horas con treinta minutos del veintitrés de enero de dos mil nueve, en el rancho ubicado en el kilómetro setenta y dos punto ocho de la carretera federal Puebla-Tehuacán, sujetos armados subieron a la pasivo a una camioneta Cadillac, color gris, placas de circulación TUV 6123, de su propiedad, y se la llevaron, así como otros vehículos -Chevrolet Chevy color gris, Chrysler 300M, color gris y Cadillac Escalade color negro-. Además, se advierte que el agente del Ministerio Público de Tecamachalco, Puebla, dentro de la averiguación previa AP77/2009/TECAM, recabó otras declaraciones y pruebas que robustecen la versión del esposo de la víctima del delito, y que obran en la causa 26/2009, a saber: Comparecencias de Carlos Alberto Acosta Martínez, en las que se advierte el relato de las negociaciones que hacía con los personas que tenían a Felipa Fernández Silva; Declaración del testigo presencial Miguel Chávez Castillo -trabajador de Carlos Alberto Acosta Martínez-, quien tuvo conocimiento de la forma en que sucedieron los hechos por haber estado presente en el evento delictivo; Inspección ocular en el rancho donde se suscitaron los hechos; Fe ministerial de las distintas llamadas que entabló mediante un radio Nextel, el esposo de la agraviada con los secuestradores; Fe ministerial de dinero recabado para entregar a los activos, de un total de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional); y, Declaración de la agraviada Felipa Fernández Silva -aquí tercera interesada-. Probanzas que fueron valoradas de acuerdo con las reglas del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, así como de diversos criterios de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De esta manera, resulta claro que la autoridad penal tuvo datos suficientes para configurar el cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, puesto que reflejan que Felipa Fernández Silva fue detenida en forma arbitraria por un lapso de doce días -del veintitrés de enero al tres de febrero de dos mil nueve-, por una banda de personas denominadas "Zetas" que pretendía obtener un beneficio económico y en especie -que de hecho se obtuvo-, bajo amenaza de causarle daños en caso de que fueran insatisfechas sus pretensiones. Máxime porque la declaración de la agraviada Felipa Fernández Silva, en la que señaló que fue liberada el tres de febrero de dos mil nueve en la terminal de autobuses ADO de Ciudad Mendoza, Veracruz, constituye la prueba fundamental que acredita el cuerpo del delito al contener todos los datos que corroboran lo declarado por su esposo, en relación con el secuestro cometido el veintitrés de enero de dos mil nueve. En ese contexto, se concluye que por lo que toca a la comprobación de los elementos del cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, previsto y sancionado en los citados artículos 302, fracciones I, II y IV, y 302 Bis, en relación con los diversos 13 y 21 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, vigente en la época en que se dictó la orden de aprehensión, con lo que la autoridad penal se ajustó a las garantías individuales que consagra la norma fundamental. Con independencia de lo anterior, respecto a la probable responsabilidad penal del indiciado Lucio Hernández Lechuga -aquí quejoso-, se desprende que el juez responsable la tuvo por demostrada, además de las pruebas reseñadas con inmediata antelación, con las declaraciones a cargo de José Carrasco Vargas, José Manuel González Cruz, Adrián Horacio Ambriz Gamboa, Pedro Antonio Pedroza Valverde, contenidas en la averiguación previa PGJP/DIEDO-I/A.P.11/2009, así como la deposición de Óscar Jiménez Toriz, emitida en la diversa PGJP/DIEDO-II/AP08/2009. Deposiciones de las que, acorde a lo obrante en autos de la causa penal de origen, en esencia, se advierte: José Carrasco Vargas: ".y por lo que hace al levantón que le dimos a la señora Felipa Fernández Silva, como por el veintitrés de enero del año en curso, como al medio día, fueron por órdenes de JORGE LAGUNES GAMBOA, alias "El Vikingo" quien tiene treinta y cinco años de edad, y le ordenó a "Paco" si saber su nombre y apellidos y que cuenta con treinta y cinco años de edad y dos ayudantes de "Paco", de lo que sólo sé le dicen "El Nati" y "EI Negro", siendo "El Paco" un sujeto de aproximadamente treinta y cinco años de edad, un metro con setenta centímetros de altura, de complexión gorda, de tez morena, cabello chino, negro, frente amplia, ceja normal, ojos café medianos, nariz regular, boca mediana, labios normales, sin barba, ni bigote, "El Nati" es un joven de aproximadamente veintiocho años de edad, tez morena clara, complexión delgada, de un metro setenta centímetros de altura, cabello chino, mediano, color negro, frente normal, cejas normales, ojos claros con aceitunados o verdes, nariz mediana, boca mediana, labios medianos, sin barba ni bigote, y "El Negro" es un sujeto como de veintiocho años de edad de un metro setenta y ocho centímetros de altura, complexión delgada tez morena, cabello negro medio largo, cabello medio ondulado, frente amplia, dejas normales, ojos obscuros, nariz mediana, boca mediana, labios medianos, sin barba ni bigote, y todos ellos son del Estado de Veracruz, y resulta que ese día yo me enteré porque JORGE AMBRÍZ GAMBOA Y/O JORGE LAGUNES GAMBOA "EL VIKINGO" lo llevé a un auto lavado que está por la calle JB lobos que está por el centro de la ciudad de Veracruz, y como yo soy el chofer de JORGE AMBRÍZ GAMBOA Y/O JORGE LAGUNES GAMBOA y manejé ese día una camioneta marca Chrysler tipo Pacífica, ya que quedó de verse en ese lugar con "PACO" y como a las doce del día ellos se encontraron en ese lugar y ahí hablaron de negocios sucios y como a los veinte días después estando en la ciudad de Veracruz por la noche me encontraba en un bar denominado "HOT MAMACITAS" que se encuentra en el centro de esa ciudad, y como yo soy chofer de JORGE me encontraba chupando con JORGE y una vieja de ese Bar, y JORGE salió a hablar por teléfono y cuando regresó donde estaba yo con su vieja lo vi muy preocupado y yo le pregunté que le pasaba, y él me contestó: "que quieres saber idiota, si son problemas míos" y como insistí me dijo: "como ya liberamos a la señora FELIPA HERNÁNDEZ (sic) SILVA, a quien teníamos secuestrada desde el veintitrés de enero de este año, ahora le tengo que dar AL LUKY. los pinches carros que obtuve por su liberación" que son: una camioneta Cadillac neqra de modelo reciente, otra camioneta Cadillac Gris, v un Chrysler 300 de color qris y una camioneta azul con blanco como para mudanzas al parecer Dodge de carqa grandota, que el esposo de la secuestrada FELIPA FERNÁNDEZ SILVA, las dio como pago de su rescate porque este señor CARLOS ALBERTO ACOSTA MARTÍNEZ desde hace tiempo que está bien ubicado por nuestra compañía, conocida como la organización de los ZETAS, y por eso sé que se dedica a comprar mercancía robada, siendo abarrotes, materiales para construcción y pañales desechables, entre otros muchos más, por eso es que le tuve que entrar con mi patrón JORGE ÁMBRÍZ y/o JORGE LAGUNES GAMBOA alias "EL VIKINGO", ya que de esto me enteré a los veinte días que le dieron el levantón a FELIPA FERNÁNDEZ SILVA, de quien tengo conocimiento fue en un rancho de Tecamachalco, Puebla, y esto para presionar a su esposo CARLOS ALBERTO ACOSTA MARTÍNEZ, y esos carros que le chingamos al espedo de la señora FELIPA, mi patrón JORGE LAGUNES GAMBOA se los tuvo que dar "Al Apa" quien jerárquicamente está por encima de nosotros y también es conocido como "EL LUKY" y/o RAÚL LUCIO y/o ZEFERINO HERNÁNDEZ. Que yo únicamente participé en el secuestro la (sic) FELIPA FERNÁNDEZ SILVA, trasladando a mi patrón JORGE LAGUNES GAMBOA a los diferentes puntos de negociación con los familiares de la víctima, así mismo el día de la entrega del dinero por su liberación y le dio instrucción al "CHUPAS" y al JORGE MANUEL GONZÁLEZ CRUZ alias el "POTRILLO" de que cobraran el rescate en una gasolinera que está sobre la carretera que va a Coatzacoalcos-Veracruz en la Tinaja, y que de los carros que obtuvo a mi patrón por el rescate, uno de esos fue una camioneta blanca 350, que mi patrón le entregó a un señor de Tlaxcala de nombre ÓSCAR JIMÉNEZ TORIZ, que esto lo sé perfectamente porque yo acompañé a mi patrón JORGE AMBRÍZ GAMBOA y/o JORGE LAGUNES GAMBOA hasta la tienda Coppel que se encuentra junto a la empresa CHICLES ADAMS PUEBLA y que "EL PACO" y sus compas que son "EL NEGRO" y "EL NATI" , con los que se encargan de los levantones a las personas que secuestramos." José Manuel González Cruz: ".mi patrón JORGE LAGUNES, quien también se hace llamar, JORGE AMBRÍZ GAMBOA, alias EL VIKINGO, quien pertenece igual que yo a la organización denominada LA COMPAÑÍA fue designado por uno de los jefes regionales de la compañía de nombre LUCIO HERNÁNDEZ LECHUGA a quien le apodan "EL LUKY'' como comandante de la plaza de puebla con encargo del robo de transporte y vehículos. Quiero manifestar que mi patrón anteriormente estuvo encargado de la plaza del Estado de Veracruz, específicamente era el segundo comandante de acuerdo a los grados de la organización de la compañía en donde el primer comandante es LUKI y se encargaba del penal de Rancho Viejo en Jalapa y hace como quince días fue que mi patrón lo ascendió a comandante de la plaza, que consiste en: otras actividades la de robar trailers cargados con mercancía y abrir más plazas es decir hablar con gente encargada de la seguridad que trabaje para el gobierno de Puebla y pasarles una cuota mensual para que nos dejen trabajar en el Estado de Puebla para abrir plazas (sic) habló mi patrón Jorge Lagunes y/o Jorge Ambriz Gamboa alias "El Vikingo" con el inspector de la Comisaria de la Policía Federal Preventiva o de Caminos, conocido como el comandante Puma; ahí en la comisaría del sector que se ubica en un lado de la gasolinera que se encuentra pasando la caseta de Esperanza por la libre, hablando mi patrón Jorge Lagunes y/o Jorge Ambriz Gamboa alias "El Vikingo". [.] Otra cosa que quiero manifestar de manera libre es que nuestra organización denominada la compañía se integra de la siguiente manera, existe un comandante regional que es LUCIO HERNÁNDEZ LECHUGA ALIAS EL LUKI, quien controla todo el Estado de Puebla, y a su vez tiene subalternos llamados comandantes segundo como mi jefe Jorge Ambriz Gamboa alias "El Vikingo", quien controla ventas de droga y robo de transporte de trailers con mercancía, conocido como de estaca (sic) que es el comandante de los sicarios conocidos como Zetas quienes trabajan directamente con la compañía y están en nómina pero están en Río Blanco, Veracruz, entre los que se encuentran los sujetos que los apodan El Lanchero, El Chino, El Pelón, El Pitbull y El Diablito. [.] Por otro lado el único secuestro en el que tuve participación fue el día veintidós de enero del año en curso, en donde la intención era darle el levantón a un tal Carlos Alberto en Tecamachalco, quien se dedica también a robar trailers y vender la mercancía; además de que se hacía pasar por uno de la compañía por esa razón el comandante LUKY LUCIO HERNÁNDEZ LECHUGA le dio la orden a mi jefe Jorge Ambriz Gamboa y/o Jorge Lagunes Jorge Lagunes alias "El Vikingo", así como al sujeto apodado El Doc de nombre Carlos Matilla Jálome, que le dieran el levantón al tal Carlos Alberto y esto lo sé porque estaba yo con mi patrón en el restaurante el anzuelo (sic) que se localiza en el boulevard Ruíz número fraccionamiento Abanara (sic) en Boca del Río, Veracruz, por lo que le ordena a Paco French o Jarocho, al Norteño y a Natividad y a dos chavos más, . [.] el día veintitrés de enero del año en curso llegué al lavado como a las diez de la noche y me doy cuenta que llegó el norteño con collarín a lo que le dije que la había pasado y me dijo que había chocado un chevy saliendo del rancho que se traía en el levantón que le fueron a dar al güey de CARLOS ALBERTO pero como no lo encontraron se trajeron a su vieja, a lo que le dije que era bien pendejo en eso llegó mi APA es decir mi jefe JORGE AMBRÍZ GAMBOA Y/O JORGE LAGUNES ALIAS EL VIKINGO, y me dijo que lo llevara por su novia en el trayecto escuchó por radio que se comunicaba el comandante Víctor un señor ya de edad, quien le dijo que no había podido levantar a CARLOS ALBERTO pero a su esposa sí se la llevaron a lo que le dijo mi jefe JORGE AMBRÍZ GAMBOA Y/O JORGE LAGUNES ALIAS EL VIKINGO, que era mejor porque si le iba a poder sacar todo el dinero, a lo que mi jefe dijo llévensela a Orizaba, a lo que le dijo que los carros que sacaron habían sido un 300m, una Cadilac parecida a la suburban negra, un chevy azul fuerte de cuatro puertas y una Scalate a lo que le dijo que lo llevaran al lavado chester, de ahí cortó la comunicación y nos fuimos por la novia de mi jefe, más tarde del mismo día pero en la noche llegaron solo con tres carros al lavado, los cuales los llevaron el JAROCHO, el NORTEÑO Y PACO FRENCH, de ahí nos fuimos esa noche nos fuimos (sic) para Orizaba para ver a la mujer secuestrada y empezar las negociaciones al llegar a Orizaba fuimos a la casa donde tenía a la mujer en donde no recuerdo la calle porque no conozco Orizaba, ahí le dijo a Víctor y sus otros (sic) sicarios quienes cuidaban a la mujer, que tenían un NEXTEL que era de la secuestrada y que ya habían entrado algunas llamadas al parecer del esposo, por lo que le entrega el teléfono NEXTEL y le puso el chip a su NEXTEL mi patrón y le marco (sic) al contactar le exigió la cantidad de tres millones, pero mi jefe le reclamó que por qué se quería pasar de verga haciéndose pasar por ZETAS si nosotros éramos los auténticos, que quería que le arrimara esa feria y que quería los demás vehículos a lo que le dijo que se apurara, posteriormente al día siguiente, nos regresamos al puerto de Veracruz y desde ahí al día siguiente veinticinco de enero le volvió a hablar y le dijo que fuera a dejar el dinero a la gasolinera que está en la Tinaja y ese dia le entrego la feria a lo que le dijo el esposo de la secuestrada que sí, de ahí nos fuimos al bar el paraíso green, y por radio les ordenó mi jefe al CHUPA Y AL PACO FRENCH, que fueran por el pago de la camioneta, nos esperamos (sic) aproximadamente a las dos de la mañana cuando llegaron EL FRENCH Y EL CHUPA, en una camioneta mudancera y de ahí les dijo que la fueran a dejar al lavado, entregándole el French una bolsa de color café de tela de dibujos de flores, de ahí de lavado y (sic) nos salimos del bar nos fuimos al lavado dejamos la camioneta y yo me fui a la casa; al otro día veintisiete de enero del año en curso me habló mi jefe o APA, para decirme que fuera a su casa para llevar la camioneta otra vez al lavado, ya que la había movido, fue que fui por la camioneta otra vez en el lavado, realizando los mandados que me mandaba mi patrón durante el día, ese mismo día le volvió a hablar al esposo de la secuestrada para decirle que como iba con el dinero que le daba de plazo hasta el viernes en la noche si no iba a matar a su esposa, al día siguiente me presenté a trabajar al lavado y estuve realizando mis actividades de hecho durante toda esa semana hasta el día dos de febrero del año en curso me mandó mi patrón por el dinero al cobro del segundo pago por el secuestro con EL CHUPA y yo a bordo de un beatle de color rojo Igual al mismo lugar del pago que el anterior, salimos como a las cuatro de la tarde, es decir nos fuimos como rumbo a Cosamaloapan pasamos la caseta de Veracruz de ahí nos fuimos todo derecho hasta el entronque Cosamaloapan Coatzacoalcos dimos vuelta a la derecha salimos otra vez a la carretera a Cosamaloapan hasta llegar a la primera gasolinera, al llegar a la gasolinera de la tinaja como a las cinco de la tarde del mismo día, ya cuando íbamos llegando a la gasolinera el chupa le habló a mi patrón y le dijo que ya estábamos cerca, a lo que le dijo mi patrón que en la gasolinera ya estaba una Ranger color roja con franjas, ya tiene las llaves pegadas que el potrillo te deja ahí (sic) y que se regrese en el Beatle y que Adrián alias el chupas se regrese, llegamos al vehículo que efectivamente ya estaba, y me cambié al volante del Beatle rojo y me regresé luego a Veracruz, ya fuimos a la casa de mi patrón ubicado en calle Xicontecatl entre calles Esteban Morales y Arista a donde llegamos como siete de la noche a casa de mi patrón le entregamos el dinero y la camioneta y le ayudamos a contar todo el dinero siendo un total de quinientos mil pesos en denominación de quinientos y de doscientos pesos de los cuales no nos dio nada de ese dinero porque nos había prometido dos mil pesos pero como es mi jefe no dije nada pero el chupa (sic) sí se molestó y se hizo de palabras con mi jefe y todo el dinero lo reportó mi jefe a la compañía, de ahí le volvió a hablar con (sic) el esposo ya después dio la orden de que dejaran ir a la secuestrada, siendo todo lo que pasó, y es el único secuestro en el que participé." Adrián Horacio Ambriz Gamboa: "...agrego que JOSÉ CARRASCO VARGAS me contó que hace veinte días que secuestró a una mujer de Tecamachalco quien fue puesta por una federal de caminos que en una ocasión había detenido a su esposo por conducir en exceso de velocidad y le dijo que era un muerto de hambre y que estaba parado con todas las autoridades y por lo tanto no le iban a hacer nada y otro motivo por el cual la levantaron y es el principal, es porque este señor se dedicaba también a robar tractores con mercancía y se amparaba con la organización criminal de los zetas de quien no era parte, a la señora se la llevaron para Orizaba Veracruz, y el paco es persona de confianza de mi hermano EL VIKINGO son los que cobraron el rescate en una gasolinera de Coatzacoalcos, Veracruz, y el dinero lo recogió EL "CHUPA" Y JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ CRUZ ALIAS "EL POTRILLO", que ellos se dedicaban a levantar personas..." Pedro Antonio Pedroza Valverde: ".agrego que JOSÉ CARRASCO VARGAS anda contando que hace veinte días secuestraron a una mujer de Tecamachalco quien fue puesta por un federal de caminos que en una ocasión había detenido a su esposo por conducir en exceso de velocidad y le dijo que era un muerto de hambre y que estaba parado con todas las autoridades y por lo tanto no le iban a hacer nada y otro motivo por el cual la levantaron y es el principal es porque este señor se dedicaba también a robar tractores con mercancía y se amparaba con la organización criminal del cartel del Golfo de quien no era parte." Y Óscar Jiménez Toriz: ".en el año dos mil tres puse una maquiladora y me acordé de MÁXIMO BERRUECOS HERRERA y le hablé para que me vendiera hilo y fue que comenzamos a frecuentarnos ya que me vendía muy barato la tela y el hilo y fue en una ocasión que le pregunté que cómo le hacía para vender tan barato y él me dijo que la mercancía era robada y por eso la podía vender más barata, en el mes de mayo o junio del año dos mil seis fuimos para Veracruz, específicamente al puerto, donde llegamos en la tarde, por lo que MÁXIMO VERUEBOS HERRERA (sic) habló por teléfono a una persona y preguntó por el "DOC", al día siguiente a las diez de la mañana nos entrevistamos con el tal DOC en el café de la parroquia del puerto de Veracruz, al llegar me presenté a esta persona de nombre CARLOS MANTILLA JÁCOME alias "EL DOC", porque supuestamente es odontólogo, y le dijo MÁXIMO BERRUECOS HERRERA, que yo me dedicaba a comprar y vender textiles y desperdicios industriales textiles, lo que CARLOS MANTILLA JACOME alias "EL DOC" me dijo que él tenía contactos dentro de la aduana de las mercancías en abandono y también de mercancía que se robaban, y que me daban buen precio a lo que le dejé mí número de teléfono para que cuando tuviera mercancía me hablara y colocáramos la mercancía, y nos regresamos; para los primeros días de octubre recibí llamadas telefónicas por parte de CARLOS MANTILLA JACOME alias "EL DOC" quien me dijo que quería hacer negocios directamente conmigo, fue que a partir de esa fecha que empezamos a hacer negocios hasta octubre del año pasado pero señaló que hasta octubre por que en la primera semana de octubre sin recordar la fecha exacta nos vimos en la gasolinera que se conoce como las gemelas o veinticuatro horas que están en la salida de Puebla y me dijo CARLOS MANTILLA JACOME alias "EL DOC" que la compañía es decir el cartel del golfo o zetas se habían asentado en el puerto DE VERACRUZ y estaban levantando a todos los que se estaban dedicando a robar mercancía y los estaban apretando a los que no trabajaran con ellos y que no me iba a mandar mercancía, por lo que le dije que mejor le paráramos por unos días, para esto iba con un cabrón que me presentó con el nombre de FRANCISCO VARGAS o PACO VARGAS y así quedamos y en la primera semana de noviembre de dos mil ocho me volvió a hablar el doctor y me dijo que ya había hablado con la compañía y que ya le estaba entrando con ellos que FRANCISCO VARGAS o PACO VARGAS el que me había presentado la última vez que nos vimos era uno de la compañía o zetas, quien me iba a mandar mercancía." Destacado lo anterior, a juicio de quien esto resuelve, primeramente se debe precisar que se estima ilegal la valoración que se hizo de las declaraciones ministeriales a cargo de José Carrasco Vargas, José Manuel González Cruz, Adrián Horacio Ambriz Gamboa, Pedro Antonio Pedroza Valverde, contenidas en la averiguación previa PGJP/DIEDO-I/A.P.11/2009, así como la deposición de Óscar Jiménez Toriz, emitida en la diversa PGJP/DIEDO-II/AP08/2009. Es así, pues las copias certificadas de las averiguaciones previas en que fueron emitidos dichos deposados, y que sirvieron para justificar la demostración de la probable responsabilidad del aquí impetrante en la comisión del ilícito que se le atribuye, sólo tiene el alcance de demostrar la existencia de una indagatoria en contra de persona determinada y por hechos concretos, en la que se han desahogado diversas diligencias en investigación del delito y del delincuente, pero el contenido de esas diligencias -testimoniales, confesionales, periciales, inspecciones, etcétera- no pueden ser consideradas en cuanto a su contenido material dentro de la causa penal para sustentar la probable responsabilidad penal, por no haberse desahogado ante la presencia judicial. Por ello, no es correcto que el juez de la causa haya valorado el contenido de esas declaraciones conforme a lo previsto en los numerales 194 y 195 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, vigente en la época de los hechos, pues éstas debieron ser valoradas únicamente como documental pública para demostrar la existencia de una diversa indagatoria, pero sin valorar el contenido material. Respecto al tópico si es correcto o no que la autoridad judicial otorgue validez probatoria al contenido material de las constancias de una diversa averiguación previa o causa penal diversa a la sometida a su potestad que se exhiban en copia certificada, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el juicio de amparo directo 6/2010, en ejercicio de la facultad de atracción, consideró, en lo que interesa, lo siguiente: "La problemática debe ser analizada a partir de la siguiente interrogante ¿existe violación al principio de legalidad y debido proceso cuando la autoridad judicial da validez al contenido material de las constancias que forman parte de una indagatoria ministerial o causa penal diversa a la que analiza, que se introducen al proceso penal en copia certificada, y en consecuencia, las coloca en condiciones de valoración como elementos particulares? La respuesta únicamente admite sentido afirmativo. Al resolver los juicios de amparos directos 9/2008, 10/2008, 16/2008 y 33/2008, esta Primera Sala precisó que no constituye una violación al principio de debido proceso y de legalidad el sólo hecho de que el Ministerio Público exhiba, en su carácter de parte, copias certificadas de indagatorias realizadas en la averiguación previa de un proceso distinto o de una causa penal diversa (aunque relacionados). La introducción al proceso penal, por una de las partes, de copias certificadas relacionadas con una indagatoria ministerial o un diverso proceso penal es una circunstancia claramente identificable. Sin embargo, ¿cuál es la particularidad del supuesto analizado? La trascendencia radica en determinar la naturaleza y alcance de apreciación valorativa del medio de prueba presentado. Es decir, el cuestionamiento incide en dilucidar si se está en presencia de una prueba documental, formada precisamente con las copias certificadas exhibidas, que debe apreciarse en la generalidad de su conformación instrumental, o si es factible individualizar el contenido material probatorio que integra el legajo como instrumento público -testimonios, dictámenes, inspecciones-, a efecto de sustentar una resolución penal definitiva. Esta Primera Sala ha señalado que la copia certificada de la averiguación previa sólo tendría el alcance de demostrar la existencia de una indagatoria en contra de persona determinada y por hechos concretos, en la que se han desahogado diversas diligencias en investigación del delito y del delincuente, pero el contenido de esas diligencias (testimoniales, confesionales, periciales, inspecciones, etcétera) no pueden ser consideradas en cuanto a su contenido material dentro de la causa penal, esto es, para sustentar la existencia del delito o la responsabilidad penal en el procedimiento penal en que se actúa, por no haberse desahogado ante la presencia judicial. Lo anterior obedece a que la exigencia de que los medios de prueba que son viables para someterlos a valoración al dictar una sentencia definitiva en materia penal deben ser desahogados ante la autoridad judicial del conocimiento no constituye una mera formalidad sin sentido, sino que tiene por objeto que se respete el derecho a una defensa adecuada del procesado. En este sentido, al tratarse de diligencias que fueron desahogadas en una averiguación previa, fuera de la posibilidad de intervención del procesado, que fue la hipótesis analizada en aquélla ocasión, resultaba evidente que el encausado no tuvo posibilidad de controvertirlas y alegar respecto de ellas. Así, esta Primera Sala ha considerado que no constituye una violación del principio de debido proceso y de legalidad el sólo hecho de que el Ministerio Público exhiba, en su carácter de parte, copias certificadas de indagatorias realizadas en la averiguación previa de un proceso distinto (aunque relacionado). En cambio, sí es violatorio de tales principios el que el juez de la causa admita tales documentos y considere que su contenido material puede tener algún valor probatorio para acreditar el delito o la responsabilidad penal. Esto es, las copias certificadas mediante las cuales el Ministerio Público da cuenta al juez de las diligencias desahogadas en una averiguación previa relacionada con el proceso en cuestión, sólo deben tener el carácter de documental pública, ya que resulta constitucionalmente inválido que el Juez acoja la pretensión del Ministerio Público, consistente en mostrar la veracidad de los hechos controvertidos a partir de los resultados de actuaciones que dirige en calidad de autoridad o que no fueron desahogados ante el juez que instruye la causa penal en la que se pretenda tenga eficacia probatoria. En conclusión al tenor del ensayo analítico precedente se ha estimado inválido que el Juez de la causa otorgue el carácter de prueba material individualizada (testimonial, confesión, pericial, etcétera) al contenido de actuaciones recibidas en una averiguación previa diversa -aunque relacionada- de aquélla de la que deriva la causa penal en la que se procesa a un inculpado. Así, no obstante que el Ministerio Público sea una parte en el proceso penal, carácter que le permite impulsar la acusación a partir de la información obtenida en averiguaciones previas vinculadas al proceso sometido a jurisdicción. El juzgador incurrirá en una violación al debido proceso penal y de la garantía de defensa adecuada al otorgar alcance material a diligencias que no fueron desahogadas en su presencia, y no sólo de documental pública en los términos en que son incorporadas al proceso. Al tenor de lo expuesto la Primera Sala ha dejado claramente especificado que las pruebas así incorporadas quedan exentas de ser sometidas al: (i) análisis de un juzgador imparcial y (ii) al escrutinio de la defensa. Con lo cual, se considera, se viola la garantía de defensa adecuada del inculpado. La razón ya establecida por esta Primera Sala es la siguiente: la plena defensa del inculpado se obstaculiza cuando el juez determina que debe ser integrado al acervo probatorio el contenido de una diligencia que propiamente forma parte de una averiguación previa -aunque relacionada- diversa de aquélla de la que deriva la causa penal por la que se le procesa. En ese contexto de opacidad, el inculpado carece de la posibilidad de conocer los posibles vicios de la prueba que habrá de afectar su situación jurídica de manera definitiva. Por tanto, el inculpado carece de la posibilidad para combatirla, refutarla e impugnar su contenido. [.]". Consideraciones que dieron origen a la tesis 1a. CXCIV/2009, que reza: "DILIGENCIAS REALIZADAS EN AVERIGUACIÓN PREVIA CON EL CARÁCTER DE PRUEBAS. SU INCORPORACIÓN O TRASLADO A UN JUICIO RELACIONADO CON ELLA, ES ILEGAL. Se transgreden los principios de legalidad y debido proceso cuando el juez penal admite, como pruebas en el juicio, copias certificadas exhibidas por el Ministerio Público que fueron recabadas en las indagatorias de hechos relacionados con los ya consignados. En efecto, en el proceso penal, una vez ejercida la acción penal, el Ministerio Público de la Federación se torna en parte del proceso y, por tanto, se encuentra al mismo nivel procesal que el indiciado y su defensor, mientras que el juez es la autoridad que rige el proceso y ante él se ofrecen y desahogan los medios de prueba, de manera que para que cualquier diligencia pueda tener valor dentro de la causa penal, ejercida la acción penal, es necesario que se desahogue ante el juez penal. Por tanto, las copias que exhibe el Ministerio Público en las circunstancias apuntadas, únicamente tienen el efecto de acreditar que existe una averiguación previa vinculada con el proceso sometido a potestad del juzgador, siendo esa la exclusiva dimensión en la que está justificada su valoración. Esto es, considerar que las diligencias recabadas por el Ministerio Público -órgano que cuenta con plenas facultades para allegarse de información durante la averiguación previa- pueden trasladarse al terreno del juicio, resulta inadmisible constitucionalmente, pues los actos que realiza el Ministerio Público durante la fase de la averiguación previa están dotados de la fuerza propia de un acto de autoridad, la cual es incompatible con el carácter de parte que adquiere el Ministerio Público una vez que está ante el juez." Además, por las razones que la contienen, es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 51/2018 (10a.), que dice: "DELINCUENCIA ORGANIZADA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 41, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EL 16 DE JUNIO DE 2016. El artículo citado establece que las pruebas admitidas en un proceso podrán ser utilizadas por la autoridad investigadora para la persecución de la delincuencia organizada y valoradas como tales en otros procedimientos relacionados con los delitos a que se refiere esa ley. Por su parte, el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Penales, abrogado, establece que el proceso penal se compone de los procedimientos de preinstrucción, instrucción, primera y segunda instancia, ante los tribunales federales; sin considerar los procedimientos de averiguación previa, el de ejecución y el relativo a inimputables, menores de edad y a quienes tienen el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos. En este sentido, de una interpretación sistemática y armónica de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y del Código Federal de Procedimientos Penales es posible concluir que el artículo 41, segundo párrafo, antes mencionado, al señalar que las "pruebas admitidas en un proceso" podrán ser valoradas "como tales" en otros procedimientos, se refiere única y exclusivamente a las pruebas admitidas ante una autoridad jurisdiccional y no a las desahogadas en una averiguación previa. Por tanto, las diligencias desahogadas en una averiguación previa diversa a la de la causa penal, y que obran en copias certificadas, no pueden ser valoradas en su contenido con el carácter de testimoniales, documentos públicos, etcétera. En efecto, al no ser aplicable la regla especial prevista en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la valoración de éstas debe sujetarse a las reglas generales de valoración probatoria. Así, en atención al criterio sostenido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tales copias certificadas sólo pueden ser consideradas como documentales públicas que acreditan la existencia de una indagatoria en contra de persona determinada y por hechos concretos, sin que el contenido de las mismas pueda ser considerado por el juez como prueba testimonial u otras." Con independencia de la violación destacada, en atención a la obligación contenida en el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, este juzgador estima pertinente continuar el análisis de la resolución reclamada; consideración que es acorde a lo estipulado en la jurisprudencia I.4o.A. J/83, de título: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE PREFERIR LOS RELACIONADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO A LOS FORMALES, O BIEN, ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO." Pues bien, asumiendo sin conceder que dichas declaraciones pudieran ser valoradas en la forma en que lo realizó el juez responsable, las mismas no son suficientes para acreditar, aun de manera indiciaria, la probable responsabilidad del aquí quejoso. En efecto, el juez responsable únicamente acoge de manera parcial las declaraciones de José Carrasco Vargas, José Manuel González Cruz, Adrián Horacio Ambriz Gamboa, Pedro Antonio Pedroza Valverde y Óscar Jiménez Toriz -rendidas en diversas averiguaciones previas- en el sentido de que formaban parte de una organización criminal y, a su vez, participaban en las actividades de la organización delictiva hasta que fueron detenidos; asimismo, dieron noticia del secuestro cometido en agravio de Felipa Fernández Silva, acaecido el veintitrés de enero de dos mil nueve; empero, en esas declaraciones -de las que se insiste, únicamente debieron ser valoradas como documentos públicos- no existe ningún señalamiento directo o indirecto de la participación de Lucio Hernández Lechuga, en el secuestro de aquélla, es decir, que tomara parte en la concepción, preparación o ejecución del ilícito de mérito. Se estima así, dado que, de lo manifestado por José Carrasco Vargas y José Manuel González Cruz, se desprende que Lucio Hernández Lechuga fue quien ordenó llevar a cabo el secuestro, así como que obtuvo un beneficio económico de éste, al habérsele entregado los vehículos que fueron aportados por la liberación de la ofendida Felipa Fernández Silva, sin embargo, de tales deposados se advierte también que, supuestamente, Hernández Lechuga, dio la orden de "darle un levantón" a Carlos Alberto Acosta Martínez, y no a la citada víctima, aunado a que no se específica a qué se refieren o en qué consiste la expresión "dar un levantón"; además, de la declaración del señalado en primer término, tampoco se advierte algún aspecto diferente o se evidencie que el aquí quejoso fuera quien ordenó llevar a cabo el secuestro de Felipa Fernández Silva o haber participado en dicho ilícito, pues únicamente menciona que supuestamente su jefe inmediato Jorge Lagunes Gamboa le manifestó que estaba molesto porque tenía que entregarle al Luky, los carros que les fueron dados por el secuestro de la ofendida de mérito. Respecto a Adrián Horacio Ambriz Gamboa y Pedro Antonio Pedroza Valverde, son coincidentes en manifestar que fue José Carrasco Vargas, quien les comentó que había levantado a Felipa Fernández Silva; por ende, no les constan los hechos; en tanto que Óscar Jiménez Toriz, tampoco alude a situaciones relacionadas con el secuestro, sino a actividades pertenecientes a la adquisición ilícita de mercancía para la industria textilera a la que se dedicaba. De igual forma, contrario a lo señalado por el juez responsable en la orden reclamada, en ningún apartado de la denuncia de hechos presentada por Carlos Alberto Acosta Martínez, esposo de la ofendida, se advierte algún señalamiento directo contra el aquí quejoso, sino que únicamente refirió que el veintitrés de enero de dos mil nueve, se introdujeron a su rancho una pluralidad de sujetos, mismos que al no encontrarlo, se llevaron a su esposa Felipa Fernández Silva, así como varios de sus vehículos; que en días posteriores, un individuo con voz de "norteño" se comunicó con él a través del radio "Nextel" de su esposa para negociar su rescate; indica el lugar de entrega del rescate y de la liberación de su esposa en días subsecuentes. A pesar de lo expuesto, de las múltiples deposiciones del denunciante no se evidencia señalamiento directo contra el indiciado Lucio Hernández Lechuga -quejoso-, como uno de los sujetos que se introdujeron en su domicilio para privar de la libertad a su esposa; que él fuera el agente con el que estaba haciendo los tratos; que desarrollara alguna actividad durante el cautiverio; que fuera por el rescate o que haya ido a dejar a la víctima en la terminal de camiones cuando fue liberada; amén que el referido ateste no tiene la seguridad del número de sujetos que intervinieron. Lo mismo sucede con el testimonio de Miguel Chávez Castillo, quien igualmente sólo hace referencia a que en el secuestro de Felipa Fernández Silva, participaron varios sujetos, sin que efectúe un señalamiento preciso contra Lucio Hernández Lechuga, como uno de los individuos que participaron en el evento delictivo; por tanto, tales deposados resultan ineficaces para acreditar que el aquí quejoso intervino en tales hechos. Ahora, de la declaración de la propia víctima Felipa Fernández Silva, tampoco se aprecia dato alguno respecto a la participación del aquí quejoso en su secuestro, ya que análogamente al denunciante Carlos Alberto Acosta Martínez y al testigo Miguel Chávez Castillo, proporciona las circunstancias de tiempo, lugar o modo en que fue privada de su libertad, indica las características del sitio donde estuvo en cautiverio, pero no tiene la certeza en cuanto a que las personas que intervinieron en su aseguramiento, hayan sido las mismas que la cuidaron, esto, al referir: ".quiere decir que durante todos estos días yo considero que sólo fueron cuatro sujetos los que estuvieron en la casa donde estaba el cuarto, pero por el tono de voces que yo alcancé a escuchar, ninguna de estas voces se parecía a las voces de las personas que se metieron al racho y me sacaron." Probanzas precedentes que ponen de manifiesto la posible intervención de diversos sujetos en el hecho delictivo, pero en ningún momento se indica que el ahora quejoso haya participado o intervenido en dicho ilícito. En esa virtud, aun cuando en esa etapa procesal basta con acreditar de manera probable la participación del imputado en el evento criminal, ello no exime a la autoridad judicial de precisar, en concreto, la conducta que se atribuye al imputado, es decir, cuál fue la actividad que realizó para contribuir en la materialización del ilícito atribuido. Entonces, se insiste, con independencia del resto del cúmulo probatorio obrante en autos, el hecho de que en las declaraciones emitidas en indagatorias diversas a la que dio origen a la causa penal 26/2009, se advierta que supuestamente Lucio Hernández Lechuga fue quien ordenó llevar a cabo el secuestro, así como que obtuvo un beneficio económico de éste, al habérsele entregado los vehículos que fueron aportados por la liberación de la ofendida Felipa Fernández Silva, lo cierto es, como quedó precisado, Hernández Lechuga dio la orden de "darle un levantón" a Carlos Alberto Acosta Martínez, y no a la citada víctima, aunado a que no se específica a qué se refieren o en qué consiste la expresión "dar un levantón", son insuficientes para acreditar la probable participación de éste en la perpetración del ilícito de secuestro. V. Decisión En las relatadas condiciones, ante lo fundado de los conceptos de violación hechos valer por el promovente del amparo, aunque suplidos en su deficiencia, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Lucio Hernández Lechuga, para el efecto de que el juez de lo Civil y Penal de Tecamachalco, Puebla, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, emitida dentro de la causa penal 26/2009; En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución, pudiendo ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero deberá purgar los vicios destacados en esta ejecutoria, esto es, prescinda de valorar, en lo individual, las declaraciones de José Carrasco Vargas, José Manuel González Cruz, Adrián Horacio Ambriz Gamboa, Pedro Antonio Pedroza Valverde y Óscar Jiménez Toriz, las cuales fueron aportadas en copias certificadas. Concesión que se hace extensiva contra el acto que se reclama del Centro Federal de Readaptación Social Número 11 "Cps Sonora", residente en esta ciudad, pues no fue impugnado por vicios propios. Cobra aplicación al caso en particular, la tesis VI.2°.J/338, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VI. R e s u e l v e Único La Justicia de la Unión ampara y protege a Lucio Hernández Lechuga, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando II, por las razones y fundamentos establecidos en el apartado IV, y para los efectos precisados en el diverso V de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y autoridad tercera interesada, personalmente a la representación social de la adscripción y al quejoso en el lugar de su reclusión, vía electrónica a la autorizada legal de éste parte quejosa y por lista a la tercera interesada. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, hasta el día de hoy diez de noviembre de dos mil veintitrés, que las labores de este órgano jurisdiccional lo permitieron, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.
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Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Se reciben edictos. Glósese a los autos el oficio con anexos remitido por el administrador Regional en Hermosillo, del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual adjunta la publicación de los edictos ordenados en proveído de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en el presente juicio de amparo a fin de emplazar a la parte tercera interesada *****. Ahora bien, se trae a colación el plazo que otorga el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, el cual indica: "ARTICULO 315.- Cuando hubiere que citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido, no tenga domicilio fijo o se ignore donde se encuentra, la notificación se hará por edictos, que contendrán una relación sucinta de la demanda, y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el "Diario Oficial" y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, haciéndosele saber que debe presentarse dentro del término de treinta días, contados del siguiente al de la última publicación. Se fijará, además, en la puerta del tribunal, una copia íntegra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. Si, pasado este término, no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarla, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por rotulón, que se fijará en la puerta del juzgado, y deberá contener, en síntesis, la determinación judicial que ha de notificarse." Asimismo, se advierte que el plazo de treinta días previsto en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, transcurre del dieciséis de agosto al veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista a parte quejosa. Tómese nota de lo anterior, notifíquese el presente proveído a la parte quejosa -por conducto de su defensa- y provéase lo conducente una vez concluido el plazo establecido en el párrafo que precede. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de su defensora particular. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, de los que se advierte que no fue posible celebrar la audiencia constitucional, en virtud de que se encuentra pendiente el emplazamiento por edictos de la parte tercera interesada Felipa Fernández Silva, respecto de lo ordenado mediante proveído de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, emitido en el presente juicio. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la aludida audiencia y se señalan las nueve horas con siete minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, de los que se advierte que no fue posible celebrar la audiencia constitucional, en virtud de que se encuentra pendiente el emplazamiento por edictos de la parte tercera interesada ********************, respecto a lo ordenado en proveído de diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data y se fijan las once horas con siete minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CR./CJD./005/2970/2023, de la Comisión de Receso del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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