Lucio Guerrero Vázquez
Expediente 272/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 20 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 272/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 02/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Lucio Guerrero Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Incidental
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por ********************, autorizado del quejoso ********************, como lo solicita el ocursante, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, expídanse a su costa, las copias certificadas que insta, previa razón de recibo que se deje en autos. En la inteligencia de que este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para autorizar a ********************, para los efectos establecidos en el ocurso de cuenta, en razón que el citado artículo 12, párrafo primero, de la ley de la materia previene en forma expresa que la facultad de señalar personas para los efectos a que se contrae el aludido precepto legal, no puede substituirse o delegarse a favor de un tercero; de lo anterior se advierte que la relatada potestad es de uso exclusivo de la parte quejosa, por ende, el promovente carece de las atribuciones necesarias para autorizar a terceras personas a fin de que reciban las copias solicitadas. Al respecto, se reitera al ocursante que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el computo a efecto de saber si ya transcurrió el término a las autoridades responsables, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN. Por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos de la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Finalmente, devuélvanse al Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Cuarta Región, con residencia en esta ciudad, los dos discos compactos -DVD- que se sirvió allegar; solicitando el acuse respectivo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral adscrita al Centro Integral de Justicia Penal, Cuarta Región, Sala Sede Ciudad Valles, San Luis Potosí, mediante el cual informa que cumplimentó la orden de aprehensión librad en contra del aquí quejoso, y llevó a cabo la celebración de la audiencia de vinculación a proceso. Ahora bien, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que el disco versátil digital anexo contiene seis videograbaciones y dos archivo en formato pdf., de los cuales fue posible consultar a través de los medios electrónicos con los que cuenta este órgano jurisdiccional, los cuales contienen las audiencias de formulación de imputación y vinculación a proceso en contra de la parte quejosa, dictada en la causa penal RIV-CV/CP-55/2018, del índice de la autoridad responsable de referencia; el cual para su resguardo, déjese en la secretaria de este juzgado en sobre cerrado, mismo que se tiene admitido y desahogado por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Por tanto, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable aludida, en la especie con el contenido de las videograbaciones insertas en el disco versátil digital, dese vista a las partes, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en los formatos digitales en cualquier momento procesal y manifestar lo que su derecho convenga. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, del libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama el quejoso Lucio Guerrero Vázquez es: La emisión de la orden de aprehensión, presentación, comparecencia, detención, retención o arresto girada en su contra, así como su ejecución. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional evidencian una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. Asimismo, resulta improcedente la ampliación de la demanda de amparo en contra del auto de vinculación a proceso porque no podría estudiarse el acto originalmente reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del procesado. Además, sería ocioso admitir dicha ampliación, cuando procede el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por la obligación que la ley impone al resolutor de decretarlo inmediatamente que aparezca una causal de improcedencia. Tiene aplicación la jurisprudencia número 1a./J. 45/2008, integrada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 103, del Tomo XXVII, julio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN CUANDO EN LA DEMANDA INICIAL SE SEÑALÓ COMO ACTO RECLAMADO LA ORDEN DE APREHENSIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, estableció que por cambio de situación jurídica procede decretar el sobreseimiento, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión si del informe justificado de la autoridad responsable aparece que se sustituyó al haberse dictado el auto de formal prisión. Por tanto, es improcedente la ampliación de la demanda de amparo indirecto interpuesta contra el auto de formal prisión, cuando en la demanda inicial se señaló como acto reclamado la orden de aprehensión, en tanto que la emisión de aquel auto provoca el cambio del estatus jurídico del quejoso. Lo anterior es así, porque no podría estudiarse el acto originalmente reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del procesado, generada por el inicio de la etapa de instrucción. Además, sería ocioso admitir dicha ampliación, cuando irremediablemente procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, por la obligación que la Ley impone al juzgador de decretarlo inmediatamente que aparezca la causa de improcedencia mencionada." En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." La interpretación del mencionado dispositivo, muestra que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, en el caso que nos ocupa, la hipótesis anterior se actualiza plenamente, en razón de que el quejoso reclamó la orden de aprehensión girada en su contra; y, sin embargo, del disco versátil digital que remite la juez responsable, se advierte que al haberse ejecutado la orden de aprehensión librada en su contra y habérsele vinculado a proceso en audiencia de treinta de agosto de dos mil dieciocho, en la causa penal de la que emanó la orden de aprehensión de la que ésta se dolía en su escrito de demanda de amparo. Por lo que ante tal circunstancia, resulta que el quejoso actualmente se encuentra sujeto a la jurisdicción de la Juez responsable, con motivo del citado auto de vinculación a proceso, resolución para la cual se requiere justificar los requisitos previstos por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ende, no podría estimarse que al resolver sobre la legalidad o ilegalidad de la aprehensión reclamada en este controvertido Constitucional, sin que se afecte la nueva situación del demandante de amparo, pues al haberse decretado auto de vinculación a proceso en su contra, es indudable que las violaciones cometidas al ejecutarse el acto tildado de ilegal ha sido consumado de manera irreparable. Así, a pesar de la posible existencia de violaciones en la emisión y ejecución del acto de autoridad señalado de inconstitucional, actualmente el peticionario de amparo se encuentra a disposición del Juez de la causa a virtud del auto de vinculación a proceso pronunciado en su contra, por un acto independiente que adquiere vida propia, pues con el mismo inicia el proceso penal. En estas condiciones, válido es concluir que hubo un cambio de situación jurídica en este asunto, por lo que no puede abordarse el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la orden de aprehensión que controvirtió inicialmente la parte quejosa sin afectar su nueva situación jurídica; consecuentemente, debe estimarse plenamente actualizada la causa de improcedencia prevista en el transcrito artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, junio de 2008, página 270, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto, siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." En razón de lo anteriormente expuesto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo por operar de manera notoria, plena e indubitable el cambio de situación jurídica del acto reclamado, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. Debe señalarse que lo anterior no impide que la parte quejosa, si así lo considera conducente, promueva demanda de amparo contra el nuevo acto, cumpliendo con las formalidades que la ley de la materia señala para tal efecto. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional (ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO). Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la razón actuarial de cuenta, con la cual el actuario de la adscripción manifiesta su imposibilidad para emplazar a las terceros interesados Alberto Rodríguez Ibarra y María Macrina Jaures Ramos en el domicilio que señala, por las razones que ahí expone. En tales condiciones, en términos en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles en aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione el domicilio correcto donde pueden ser emplazados los terceros interesados Alberto Rodríguez Ibarra y María Macrina Jaures Ramos, con el apercibimiento que de no hacerlo, después de realizar la investigación señalada en el artículo 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y en el supuesto de no lograr la localización de aquellos, se ordenará el emplazamiento por edictos a su costa, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 315 del primero de los ordenamientos jurídicos invocados. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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