Lucio Flores León

Expediente 1093/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1093/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
08/08/2023

Partes del expediente

  • Lucio Flores León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio número 5695/2023 signado por el actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, téngase informando que admitió el recurso de revisión interpuesto en autos, el cual fue radicado con el amparo en revisión número ********************; por tanto, estese en espera de que la superioridad resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. De autos se advierte que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado; esto es, obran en autos las notificaciones a las partes de la sentencia dictada el quince de junio de dos mil veintitrés, así como del recurso de revisión interpuesto por el autorizado de la parte quejosa. En esas condiciones, al encontrarse debidamente integrado el presente juicio de amparo y en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena remitir el citado juicio, así como el escrito original y copia de agravios con registro 10524, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta localidad, a fin de que turne éstos autos al Tribunal que corresponda, para la sustanciación del recurso de revisión interpuesto en autos. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista a la parte tercero interesada por así estar ordenado en el diverso proveído de diecisiete de mayo del año en curso Boca del Río, Veracruz, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por Jorge Enrique Rodríguez Casillas, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, recibido vía electrónica, el cual cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido; se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en autos el quince de junio de dos mil veintitrés; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e) 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas entre las partes como corresponda. Hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones tanto de la sentencia como del recurso de revisión, y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que ello ocurra, remítase el juicio en que se actúa, así como el original del escrito de agravios con registro 19524 al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en turno, con sede en esta localidad, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación de dicho recurso. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias de este expediente. Por otro lado, se instruye al oficial encargado del SISE, para que proceda habilitar la consulta del expediente electrónico a la Superioridad, a fin de que tenga el debido acceso a las constancias del presente sumario y se encuentre en aptitud de proveer lo conducente respecto al medio de impugnación que nos ocupa. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 1093/2022, y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado al mismo día********************, promovió juicio de amparo contra el 1. Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz y otras autoridades, por actos que más adelante se precisarán (fojas 2 a 35). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se desechó la demanda de garantías; auto que fue recurrido por la parte quejosa y que mediante resolución de dos de marzo de dos mil veintitrés, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, se declaró fundada, para el efecto que se dejara sin efectos el citado desechamiento y se admitiera la respectiva demanda (fojas 36 a 47, 57 a 75, 76 a 80). Debido a lo anterior, mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, se acordó admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados, dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 76 a 80). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 88 a 93, 96 a 105, 108 a 126, 142 a 148, y 105) y se agregó la constancia de emplazamiento de la Representación Social de la Federación adscrita (foja 87) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando los autos listos para emitir sentencia; y se emplazó al tercero interesado ******************** CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción IV, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de una resolución que se alega, afecta el derecho de audiencia y seguridad jurídica del que gozan todos los gobernados, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar los actos reclamados por la quejosa, ello al tenor del análisis total de la demanda de garantías, así como de las demás constancias que obran en el sumario, incluidos los informes rendidos por las autoridades responsables: 1. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y 2. Juez Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora con independencia que el quejoso al plantear su demanda de garantías enumeró una diversidad de actos, para los efectos de la presente sentencia debe considerarse que en esencia reclama: Del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, de la Presidente del Consejo de la Judicatura del estado de Veracruz y de la secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del estado de Veracruz reclamo: "I. La sesión extraordinaria (así como su acto), celebrada el 12 de septiembre de 2022; II. El acuerdo tomado por su Pleno en dicha sesión, publicado el 3 de octubre de 2022, en el número extraordinario 392, de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. III. Los actos tendientes a limitar mi acceso a que se administre justicia de manera pronta, completa e imparcial, así como la gratuidad a dicha impartición al obligarme a trasladarme fuera del lugar en donde habito; IV. La orden e inminente traslado, de los juzgados Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz al municipio de La Antigua, Veracruz."" b) Ciudadano Juez del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, reclamo: "I. Los actos tendientes a limitar mi acceso a que se administre justicia de manera pronta, completa e imparcial, así como la gratuidad a dicha impartición al obligarme a trasladarme fuera del lugar en donde habito. II. La orden e inminente traslado, de los Juzgado sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz al municipio de La Antigua, Veracruz. III. La omisión de poner a disposición de las partes litigantes, las herramientas tecnológicas necesarias para realizar el trámite en línea o digital, de los juicios que se encuentran radicados ante las propias responsables, conculcando nuestro derecho humano al trabajo y al acceso a la justicia; IV. La negativa a acceder y expedir justicia en nuestro perjuicio, toda vez que el Acuerdo de fecha 12 de septiembre de 2022, no prevé la posibilidad de impulsar los juicios que se encuentren en trámite, a través de vías electrónicas o digitales, restringiendo también el acceso a mi seguridad jurídica; V. La negativa a acceder y expedir justicia en nuestro perjuicio, toda vez que el Acuerdo de fecha 12 de septiembre de 2022, no prevé la reasignación de los expedientes que se encuentren en trámite, a otros juzgados en funciones, dentro de la competencia de los tribunales de la ciudad de Veracruz, Veracruz;" Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados consistentes en la sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil veintidós, emitido por el 2. Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, atribuidos a dicha autoridad y al 1. Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en su carácter de ordenadora, dado que así lo reconoció al rendir su correspondiente informe justificado (fojas 108 a 126, y un tomo de pruebas). Lo que también se desprende de las copias certificadas del citado acuerdo que remitieron dichas autoridades responsables como justificación de sus actos, documentales que tienen plena eficacia probatoria en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente de acuerdo con el dispositivo 2, párrafo segundo de la ley de la materia, por tratarse de documentos emitidos por funcionarios en el ejercicio de su encomienda. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Asimismo, dicho acto se atribuyó en calidad de autoridad ejecutora al 2. Juez Sexto de Primera de Instancia del Distrito Judicial de Veracruz. Autoridad que aceptó dicho acto en su informe justificado (fojas 88 a 91 respectivamente) en la porción que le corresponde y que se analizarán en conjunto con los diversos actos reclamados relacionados con dicha ejecución. CUARTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza la procedencia del juicio constitucional. En el caso, a criterio de este juzgador, se estima sobreviene el motivo de improcedencia previsto en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no afecta el interés jurídico del quejoso, como a continuación se verá. MARCO NORMATIVO El numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" (Lo resaltado es propio de esta sentencia) Ahora bien, antes de definir los tópicos de qué debe entenderse por interés jurídico y por interés legítimo, cuando el acto reclamado proviene de un tribunal judicial, la parte quejosa debe acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, como se dispone en los artículos 107 Constitucional y 5, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Es decir, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad; de tal suerte que para su existencia resulta intrascendente que el promovente sea o no, titular del respectivo derecho subjetivo. No obstante, la excepción a esa regla la constituyen los asuntos en los que se reclamen actos jurisdiccionales, pues aquí, como se dijo, los artículos 107 Constitucional y 5, fracción I, de la Ley de la Materia, exigen que el solicitante de amparo acredite ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, cuando disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. (.)" (Lo subrayado es propio de esta sentencia) En efecto, es menester precisar que conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo, esto es, un interés jurídico, y que al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación define claramente que el interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, lo que es acorde con la tesis de voz y texto siguientes Época: Séptima Época, Registro: 233516, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 37, Primera Parte, Materia(s): Común, Tesis: Página: 25: "INTERES JURIDICO. INTERES SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUANDO EXISTEN. El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. En otras palabras, el derecho subjetivo supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado). Por tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que ésta tenga la capacidad, otorgada por dicha orden, para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya un "poder de exigencia imperativa"; tampoco existe un derecho subjetivo ni por consiguiente interés jurídico, cuando el gobernado cuenta con un interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezca en favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigne solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar algún sujeto, o ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que establezca dicha situación no le otorgue facultad para obtener coactivamente su respeto. Tal sucede, por ejemplo, con las leyes o reglamentos administrativos que prohíben o regulan una actividad genérica, o que consagran una determinada situación abstracta en beneficio de la colectividad. Si el estatuto legal o reglamentario es contravenido por algún sujeto, porque su situación particular discrepa o no se ajusta a sus disposiciones, ninguno de los particulares que obtenga de aquél un beneficio o derive una protección que pueda hacer valer tal discrepancia o dicho desajuste por modo coactivo, a no ser que el poder de exigencia a la situación legal o reglamentaria se le conceda por el ordenamiento de que se trate. Por tanto, si cualquiera autoridad del Estado determina el nacimiento de una situación concreta, que sea contraria a la primera, desempeñando un acto opuesto o no acorde con la ley o el reglamento respectivo, es a esa misma autoridad o a su superior jerárquico a los que incumbe poner fin a dicha contrariedad o discordancia, revocando o nulificando, en su caso, el acto que las haya originado, pues el particular sólo puede obtener su revocación o invalidación cuando la ley o el reglamento de que se trate le concedan "el poder de exigencia" correspondiente." Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo, y los elementos constitutivos a demostrar son: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por otro lado, cabe destacar que en la actualidad con motivo de la reforma hecha el seis de junio de dos mil once, el texto del artículo 107, fracción I, constitucional, y del diverso numeral 5°, fracción I, de la nueva Ley de Amparo, consagran el denominado interés legítimo. Así es, para mejor compresión de ello es necesario traer a colación las consideraciones sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, en sesión de cinco de junio de dos mil catorce, en la que: Estableció el Pleno del Alto Tribunal que para desarrollar el tema de interés, era necesario realizar diversas precisiones terminológicas en torno a este tópico, a efecto de estar en posibilidad de dotar de contenido a la fracción I del artículo 107 constitucional. En este sentido, destacó que el interés, en su acepción jurídica, se refiere a un vínculo entre cierta esfera jurídica y una acción encaminada a su protección, en virtud del cual, se solicita a la autoridad competente que ejerza sus facultades de conocimiento y resolución en torno a dicha acción. Puntualizó que dicho interés puede ser clasificado de diversas formas, con base en la acción jurídica a la cual se encuentre referido; algunos de los criterios más empleados, son los siguientes: a) Atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama; a partir de este criterio, el interés puede clasificarse en individual y colectivo o difuso. b) Atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona, el interés se clasifica en simple, legítimo y jurídico. Determinó el Pleno que a efecto de clarificar el estudio del interés para efectos del juicio de amparo, era necesario desarrollar cada uno de los conceptos previamente señalados, en los siguientes términos: a) Tipos de interés atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama: Sobre tal criterio de clasificación, mismo que atiende al número de personas que son titulares de la esfera jurídica afectada, es necesario señalar que el interés individual, como su nombre lo indica, se refiere a la afectación de la esfera jurídica de un individuo -con independencia del nivel de afectación- mientras que los llamados intereses difusos y colectivos, son aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos que corresponden a personas indeterminadas, pertenecientes a ciertos grupos sociales, es decir, la afectación es indivisible. Precisó la Suprema Corte de Justicia de la Nación que si bien es posible realizar una sub clasificación de tales conceptos, pues los intereses colectivos son los intereses comunes a una colectividad de personas entre las que existe un vínculo jurídico, mientras que en los intereses difusos no existe tal vínculo jurídico, sino solamente situaciones contingentes o accidentales; sin embargo, en todo caso, tanto el interés colectivo como el difuso, comparten como nota distintiva un fenómeno supraindividual, es decir, son indivisibles, sin que ello implique que tales circunstancias escapen de la dimensión individual, toda vez que la repercusión recae directamente en personas identificables, pero la afectación trasciende de la esfera jurídica subjetiva y se proyecta en un grupo, categoría o clase en conjunto. b) Tipos de interés atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona: Sostuvo el Alto Tribunal que era necesario precisar los extremos relativos al presente criterio de categorización: el interés simple y el interés jurídico. Así las cosas, el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad -situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares"- mientras que el interés jurídico es aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer, o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma. En otras palabras, el interés simple, es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo. Es por ello que tal interés constituye el supuesto contrario al interés jurídico, en el cual, la afectación a la esfera jurídica se encuentra referida a una cualidad específica: la titularidad de un derecho subjetivo, lo que tradicionalmente se había identificado con el concepto de parte agraviada para efectos de la promoción del juicio de amparo, ello previo a la reforma constitucional de junio de dos mil once. En lo concerniente al interés legítimo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. Así, el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. Ese Más Alto Tribunal puntualizó que el interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Sin embargo, esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Estableció que tal parámetro de razonabilidad no se refiere a los estándares argumentativos utilizados para analizar la validez de normas jurídicas, sino al hecho de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación, por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. El Alto Tribunal precisó que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles agravios a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Así, mediante este interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, lo cierto es que no requiere provenir de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. Consideró el Alto Tribunal que, en cualquier caso, la apreciación que el órgano jurisdiccional realice del interés legítimo, a efecto de verificar su actualización en el procedimiento correspondiente, no depende de la manifestación del interesado, es decir, la sola afirmación de éste, en el sentido de que goza del interés suficiente, no basta para que el mismo se tenga por acreditado. En otras palabras, el hecho de que el interés legítimo implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico no significa que el mismo no deba acreditarse, aunque por otra parte, no existe impedimento para que el juzgador, por medio de inferencias lógicas, arribe a la conclusión de que sí se ha actualizado el mismo. Además, precisó que, aunque este tipo de interés sirve de manera especial para la protección de intereses colectivos y, por tanto, ha resultado adecuado para justificar la legitimación a entidades de base asociativa, lo cierto es que tal función no resulta exclusiva, sino que la posición especial en el ordenamiento jurídico, también puede referirse a una persona en particular. Esto es, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. El Pleno de la Suprema Corte puntualizó que los anteriores razonamientos, llevaban a concluir que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando los actos reclamados no consistan en actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes supuestos: 1. Ser titular de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad (interés jurídico); o 2. En caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, mismo que será suficiente para comparecer en el juicio. Precisó que, tomando en consideración los anteriores elementos, era posible establecer que las notas distintivas del interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 constitucional, son las siguientes: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple; es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante la posible vulneración a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, y j) El interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Los anteriores razonamientos dieron origen a la jurisprudencia número P./J. 50/2014, de epígrafe y sinopsis siguientes Época: Décima Época, Registro: 2007921 Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 50/2014 (10a.), Página: 60: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." -Hasta aquí dicho marco normativo- ANTECEDENTES Previo a explicar el motivo de improcedencia que se concreta, se relatan los siguientes antecedentes que narró bajo protesta de decir verdad la justiciable en su demanda de amparo: 1. El justiciable es parte actora dentro de los autos del expediente 3179/2018 del índice del H. Juzgado Sexto de Primera Instancia de este Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz. 2.- En fecha tres de octubre de dos mil veintidós, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el acuerdo de fecha 12 de septiembre de 2022, donde el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial para el Estado de Veracruz, ordena trasladar los Juzgados Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz y Décimo Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Oral Mercantil del Distrito Judicial de Veracruz, a la Ciudad Judicial de Cardel, Veracruz, ubicado en la carretera Nautla-Cardel, Localidad Cabezas en el Municipio de Puente Nacional, Veracruz. -Hasta aquí los antecedentes-. SUBSUNCIÓN Ahora bien, en el particular, la parte quejosa reclama del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz-Llave, el acuerdo tomado en la sesión extraordinaria de doce de septiembre de dos mil veintidós, así como el acta relativa, publicada el tres de octubre siguiente en la Gaceta Oficial del Estado, en la que se contiene la orden e inminente traslado del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz al municipio de La Antigua, Veracruz, y como consecuencia, de este juzgado reclama la falta de reasignación de los expedientes que se encuentren en trámite a otros juzgados en funciones dentro de la competencia de los tribunales de la ciudad de Veracruz, Veracruz, haciendo descansar su pretensión en que es parte actora en los autos del ******************** del índice del señalado Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz. En ese sentido, señala que con los actos reclamados se limita su acceso a que se le administre justicia, que no se ponga en riesgo su vida, y no le sigan afectado sus derechos económicos. En ese sentido, señala que con los actos reclamados limitan su acceso a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial, y gratuita al obligarla a trasladarse fuera del lugar de su residencia, así como que no se prevé la reasignación de su expediente en trámite a otro juzgado en funciones, dentro de la competencia de los tribunales de la ciudad de Veracruz, Veracruz, todo ello en detrimento de su derecho de acceso a la justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Así, en principio, debe señalarse que la referida quejosa, no tiene interés jurídico, ni legítimo, para efectos de procedencia del juicio de amparo. Cierto, por un lado, la referida quejosa no tiene interés jurídico, al margen de cualquiera otra consideración que pudiera existir al respecto, porque no sustenta su pretensión en la infracción de un derecho tutelado a su favor, ya que si bien aduce violación al artículo 17 constitucional, y hace descansar su pretensión en que es parte en un juicio seguido en uno de los juzgados cuyo cambio de residencia combate, su interés es igual al de cualquier integrante de la comunidad en que quede insubsistente el acuerdo de doce de septiembre de dos mil veintidós del Pleno de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que ordena el traslado de los Juzgados Sexto de Primea Instancia y Décimo Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Oral Mercantil, ambos del Distrito Judicial de Veracruz a la ciudad Judicial de Cardel, ubicada en la carretera Nautla-Cardel, localidad Cabezas en el municipio de Puente Nacional, Veracruz, por tanto, resulta claro y manifiesto que el promovente del amparo no acredita que ese acuerdo le ocasione un agravio personal y directo (interés jurídico) y por otro lado, el quejoso tampoco sufre una afectación a sus derechos difusos (interés legítimo) los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. En otras palabras, el interés con el que promovió el quejoso, no está diferenciado con el de alguna otra persona, sin pasar por alto que el interés legítimo radica en que se vea afectado de alguna forma en su esfera jurídica que implique que una posible concesión del amparo que solicita le generará un beneficio inmediato, pues al reclamarse el señalado acuerdo se hizo con base en el interés que tiene cualquier otro habitante del Estado de Veracruz a que se respete el estado de derecho. Lo anterior es así, porque la circunstancia de que la quejosa sea parte en un juicio seguido ante uno de los juzgados cuyo traslado se ordenó en el acuerdo impugnado, y que por ello, eventualmente, tenga que afrontar más gastos e inversión de tiempo para acudir al juzgado de que se trata para la consulta y prosecución de su asunto, solo le otorga un interés simple igual al de cualquier gobernado que tenga radicado un juicio o decida instar un juicio competencia de algún órgano jurisdiccional que tenga su residencia oficial en un lugar distinto al de su domicilio y, que por tal razón realice un gasto económico mayor en su traslado, pero no le otorga interés jurídico y legítimo para instar el juicio constitucional, pues, como se vio, para ello es menester que el acto reclamado ocasione un agravio personal y directo a un derecho tutelado a su favor o bien, que se afecte su interés colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor de la parte quejosa derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra, lo que por las razones expuestas, en el caso no acontece. Es aplicable al caso la jurisprudencia número 1a./J. 38/2016 (10a.), Época: Décima Época Registro: 2012364 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 38/2016 (10a.) Página: 690, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Entonces, ante la ausencia de un interés jurídico o legítimo es improcedente el juicio de amparo, en razón de los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, se determina que los actos que aquí reclama en esta vía constitucional no producen una afectación en su esfera de derechos. Orienta lo anterior, con la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, del rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." Con tales consideraciones, se demuestra que la parte quejosa carece de legitimación para promover juicio de amparo. Ahora, en el índice de este propio juzgado federal, se advierte que los juicio de amparo ********************, se señaló como acto reclamado I) la Sesión Extraordinaria (así como su acta), celebrada el doce de septiembre de dos mil veintidós, II. El acuerdo tomado por su Pleno en dicha sesión, publicado el tres de octubre de dos mil veintidós, en el número extraordinario 392, de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. Asimismo, se advierte que en los anteriores juicios se determinó desechar de plano la demanda que la originó, al estimar actualizada de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, en relación con el diverso 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, bajo el argumento medular de que a las partes quejosas no les depara una afectación real y directa a su esfera jurídica, toda vez que la determinación del cambio de domicilio de dicho juzgado no impide su acceso a la justicia, ni que se continúe con el trámite de su expediente. Inconformes las partes promoventes interpusieron recurso de queja los cuales fueron radicados en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, bajo el número de toca 825/2022, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, bajo el número de toca 829/2022; recursos que fueron resueltos en sesión de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós y nueve de marzo de dos mil veintitrés, y que en lo que aquí importa resolvieron declarar infundado el recurso de queja. Lo anterior, avalando las consideraciones en las que se sustenta la presente resolución. Datos que se citan como un hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2, por ser un asunto resuelto por un juzgado federal. Ello, con apoyo en la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en el Libro 55, junio de 2018, Tomo I, página 10, de rubro y texto: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." CONCLUSIÓN En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el numeral 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, y en consecuencia lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, por lo que respecta a las autoridades y actos reclamados en estudio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley en cita. En congruencia con lo anterior no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por tanto, con apoyo en la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que la parte quejosa en este asunto no realizó manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por********************, por lo que hace a los actos reclamados y por las autoridades responsables, señalados en la primera parte del considerando cuarto de esta resolución, por los motivos expresados en el propio considerando. SEGUNDO. Con relación a los datos sensibles en la presente sentencia, estese a lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Lo anterior se notifica al tercero interesado moral por estar ordenado en autos.

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