Lucio Bahena Osorio

Expediente 374/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 30 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
374/2021
Año
2021
Actuaciones
30
Última actuación
01/08/2023

Partes del expediente

  • Lucio Bahena Osorio
  • Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión
  • Fiscal General de Justicia del Estado de Puebla de los Angeles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes el oficio proveniente del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita la consulta electrónica del expediente 374/2021-II. En ese sentido, acorde a lo dispuesto en el Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, autorícese al juzgado oficiante la consulta del expediente electrónico de este asunto para que obtenga el acceso a la información que requiere. Se instruye al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento a lo anterior. Por tanto, infórmesele que desde este momento el expediente electrónico del juicio de amparo 374/2021-II se encuentra disponible para su consulta, previa vinculación que realice en su respectivo expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe. Nmtg.En esta fecha se gira el oficio 20130.Conste.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 374/2021-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el once de febrero de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Finalmente, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 374/2021-II, promovido por ********************. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad y recibido en esa misma fecha en este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, por razón de turno, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Cuarto de lo Penal de la Defensa Social del Estado de Puebla y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite. Previo cumplimiento a la prevención efectuada por auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en el que se radicó el expediente bajo el número 374/2021-II; por diverso acuerdo de tres de mayo del dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se dio la intervención legal que corresponde a la agente del Ministerio Publico de la adscripción, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó el emplazamiento de la autoridad tercero interesada; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que luego de haber sido diferida inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; que es el lugar donde se verificó el acto que se reclama. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que el acto que reclama la parte quejosa de las autoridades responsables: Juez Cuarto Penal de la Defensa Social del Estado de Puebla; Fiscal General de Justicia del Estado de Puebla de los Ángeles; Fiscal Especializado en Investigación de Secuestro y Extorción del Estado de Puebla de los Ángeles; Juez Único en Materia Penal Tradicional (Esteban Pichardo Santamaria); Fiscal General del Estado de Morelos; Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos; Encargado del Despacho de la Dirección del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos"; Jueza Especializada en Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec, Morelos (Leticia Damián Avilés); Juez de Primera Instancia de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos (Isidoro Edie Sandoval Lomé) y Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Morelos es: Las violaciones al debido proceso y la dilación del mismo, que tiene como resultado la prolongación de la prisión preventiva derivada de la causa penal ******************** que se instruye en su contra por el Juez Cuarto de lo Penal de la Defensa Social del Estado de Puebla, por el delito de secuestro. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados por el quejoso de las autoridades responsables; toda vez que así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados. Igual consideración debe tenerse respecto al Juez de Primera Instancia de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos (Isidoro Edie Sandoval Lomé), no obstante que fue omiso en rendir su informe justificado y encontrarse debidamente notificado del oficio por el cual se le requirió su informe, toda vez que la autoridad ordenadora Juez Cuarto de lo Penal del Estado de Puebla, negó la existencia de los actos reclamados, por lo que éste no puede llevar a cabo dicho acto. Sin que sea óbice que el Juez Cuarto de lo Penal del Estado de Puebla, refiera la existencia de la causa penal ********************, instruida en contra del quejoso, empero atento a lo manifestado se aprecia que la misma se encuentra suspensa al estar pendiente de ejecutar la orden de aprehensión librada y, por ende, no puede estimarse como iniciado el proceso ni mucho menos que haya incurrido en omisión alguna al no estar conminada para hacerlo en tanto no se dé cumplimiento a dicho mandato de captura. Máxime que los hechos datan en el año de mil novecientos noventa y seis, por lo que el proceso no se puede llevar a cabo a través del sistema de juicios orales. Esto es así, toda vez que el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla al rendir su informe de ley manifestó que en el órgano jurisdiccional de su adscripción se encuentra radicada la causa penal ********************, formada contra el aquí quejoso ******************** y otros, como probable responsable en la comisión del delito de secuestro, previsto y sancionado por el articulo 302 fracciones I, II, II y IV del entonces Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Carlos Alvares García, Víctor Manuel Montalvo de los Santos y María Salazar Apango. Además, se observa que la solicitud de la orden de aprehensión efectuada por el agente del Ministerio Público y la orden de aprehensión librada, se emitieron bajo el sistema penal tradicional, antes a las reformas realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho. Lo que se corrobora con las copias certificadas deducidas de la causa penal ********************, que acompañó el juez responsable a su informe con justificación; a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Ahora, es importante establecer que la prisión preventiva es una medida cautelar impuesta al imputado por un Juez, consistente en privar de forma temporal al individuo de su libertad, atendiendo la proporcionalidad e idoneidad, la cual no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare, y procede oficiosamente cuando se trata de delitos muy específicos y de delitos graves pero esta medida cautelar debe ser excepcional. Por su parte, los artículos 16, 18, 19 y 20, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el texto vigente antes de su modificación el 18 de junio de 2008, prevén que una vez que una persona es puesta a disposición ante la autoridad judicial como consecuencia de una orden de aprehensión cumplimentada, el juez deberá dictar auto de plazo constitucional en el que decrete la libertad del inculpado, la sujeción a proceso o bien, la formal prisión. Ante tal situación, se establece que un inculpado "será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa". En ese contexto, ante la interrelación material de las normas constitucionales y convencionales, los citados preceptos deben analizarse armónicamente con los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De la interpretación sistemática de estas normas, se desprende que si bien el ordenamiento constitucional autoriza la prisión preventiva en ciertos supuestos, también mandata que el proceso penal en contra de una persona a la que se sometió a esta medida cautelar se lleve a cabo en un plazo razonable pues, si ello no se cumple, en realidad se estaría imponiendo una pena anticipada en franca vulneración al principio de presunción de inocencia. Por las consideraciones expuestas en su contenido, se cita la jurisprudencia 1a. XXXIX/2017 (10a.), con número de registro digital 2014013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA. DIFERENCIAS ENTRE SU JUSTIFICACIÓN INICIAL Y LA AUTORIZACIÓN DE SEGUIR EL PROCESO EN LIBERTAD POR LA IRRAZONABILIDAD DEL TIEMPO TRANSCURRIDO EN EL JUICIO SIN QUE SE HUBIERE DICTADO SENTENCIA DEFINITIVA". Ahora, de las constancias allegadas se desprende que por resolución de veintitrés de diciembre de mil diecinueve, el entonces Juez Cuarto Penal de la Defensa Social del Estado de Puebla libró orden de aprehensión contra el quejoso y otros por el delito de secuestro. Además, de las actuaciones que obran en dicho proceso se observa que dicha orden de aprehensión se encuentra pendiente de cumplimentar, pues aún el Ministerio Público no ha ejecutado tal mandamiento judicial. Por tanto como se advierte de autos, el acto reclamado consistente en la prolongación de la prisión preventiva derivada de la causa penal ******************** instruida contra el quejoso, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veinte de abril de dos mil veintiuno) es inexistente, toda vez que el proceso penal del que emana el acto reclamado se encuentra suspendido al no estar ejecutada la orden de aprehensión librada en su contra por el juez de la causa. Lo anterior pone en evidencia que el juez responsable no ha impuesto prisión preventiva alguna al quejoso dentro de dicho proceso penal, y por ende, no se encuentra transcurriendo la medida cautelar que se tilda de excesiva, pues como se explicó párrafos arriba, ésta comienza a computarse una vez que el indiciado es puesto a disposición ante la autoridad judicial, lo que en el caso, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo aún no acontecía. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 36/98, con número de registro digital 196072, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN." Por tanto, si el quejoso no acreditó con prueba alguna que hayan existido el acto reclamado a la fecha de la presentación de la demanda, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de las mencionadas autoridades, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Cambio de Titular del Juzgado. Hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la audiencia constitucional haya sido celebrada por el anterior titular del juzgado, el engrose de la sentencia lo haga la actual Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, y que al momento de la emisión del fallo se notifique a las partes el referido cambio de Titular puesto que su derecho de manifestar algún impedimento queda expedito al recurrir el presente fallo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, número de registro digital 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO.". QUINTO. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 374/2021-II, promovido por ********************, respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese; personalmente a las partes y al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy once de febrero de dos mil veintidós, en que las labores del Juzgado lo permitieron, asistida de Jorge Manuel Díaz Carranza, Secretario que da fe.

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