Lucio Bahena Osorio

Expediente 172/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
172/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
22/06/2021

Partes del expediente

  • Lucio Bahena Osorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de trece de abril de dos mil veintiuno, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se declara que este expediente es susceptible de depuración, toda vez que el cinco de marzo de dos mil veinte, se concedió la suspensión de oficio y de plano a la parte quejosa; por lo que, deberán conservarse solo las constancias relativas a dicha suspensión. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar en el cual se encuentra recluido.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a trece de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo otorgado al asesor jurídico de la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de la notificación identificada con el folio 1717 y el escrito registrado con el folio 1707. Además, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Lucio Bahena Osorio, mediante el cual, en atención a la prevención formulada en autos realiza diversas manifestaciones. Asimismo, se toma en consideración la constancia de notificación identificada con el 1717 y el escrito registrado con el folio 1707, mediante los cuales cumple con la prevención formulada, por lo que este juzgado esta en aptitud de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo. Desechamiento de la demanda. Es conveniente precisar que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos"; asimismo, se advierte que el promovente de amparo señaló como acto reclamado la violación esencial al debido proceso, 240/96, del índice del Juzgado Cuarto Penal para la Defensa Social en el Estado de Puebla de los Ángeles; sin embargo, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes (o solicitudes ajenas al juicio de amparo), para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De ese precepto se sigue la obligación del juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. En efecto, debe decirse que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5 y 107 de la Ley de Amparo, pues se estima que las violaciones anteriormente mencionadas no son susceptibles de combatirse en la presente vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación: El artículo 5, 61, fracción XII y 107 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De esos artículos se advierte que el juicio de amparo sólo procederá contra leyes o actos de autoridad que surjan dentro de las relaciones de supra a subordinación entre gobernantes y gobernados, siempre y cuando tales actos o leyes vulneren algún derecho fundamental del particular. Esto es, el juicio de amparo es un medio de control constitucional que tiene por objeto la defensa de los derechos fundamentales de los justiciables cuando éstos se vean afectadas por actos de autoridad. La concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1° de la Ley de Amparo, antes transcritos, preceptos en los que constantemente aparece el término de "leyes o actos de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. En esta tesitura, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los "actos de autoridad"; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado. Ahora, como puede advertirse, el inconforme acude a solicitar el amparo y protección federal contra un hecho genérico que considera inconstitucional, sin precisar un acto concreto de autoridad que ocasione una afectación a sus intereses jurídicos o legítimos; es decir, no se advierte una afectación real y actual en su esfera jurídica. Ello es así, ya que el impetrante no acude a reclamar una violación específica a sus derechos fundamentales, sino a plantear cuestiones de apreciación genéricas sobre el proceso penal que se sigue en su contra; sin embargo, este juzgado federal carece de facultades para regular procedimientos administrativos o procedimientos penales, fuera del juicio de amparo, cuyo objeto, en términos del artículo 1 de la Ley de la Materia, es resolver controversias que se susciten, entre otras, por actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos humanos otorgados para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Atento a lo anterior, el amparista no refiere un acto de autoridad que requiera un análisis constitucional para determinar la necesidad de la protección federal; pues su reclamo constituye, en su caso, una cuestión subjetiva sobre la forma en que se ha desarrollado el proceso penal seguido en su contra, y en su caso, las violaciones procesales que pudieran surgir durante dicho procedimiento, serán materia del juicio de amparo directo que llegara a interponer cuando se dicte sentencia definitiva, respecto de las cuales este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer. En las relatadas condiciones, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XII, en concordancia con los numerales 5, fracción I y 107, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Juzgado y la naturaleza del acto (materia penal), en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese; y personalmente al quejoso y a su asesor jurídico.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cinco de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido por la Actuaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, a través del cual, comunica el acuerdo de veintinueve de marzo de la presente anualidad, en el que ese órgano jurisdiccional solicita que se le permita la consulta electrónica del presente juicio de amparo, a efecto de mejor proveer en el diverso 267/2021, de su índice. Por tanto, en cumplimiento a lo anterior y con fundamento en el artículo 26, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se pone a disposición del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo 172/2021, de nuestro índice, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual se instruye al analista jurídico de la adscripción, a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo. Lo anterior, vía electrónica hágase del conocimiento de dicho órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y cúmplase en los términos expuestos.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por la Secretaria de Acuerdos encargada del Juzgado Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en auto de cinco de marzo de dos mil veintiuno, comunica el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada en el presente asunto; en consecuencia téngase a la responsable acatando el requerimiento en cuestión. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito remitido por Iván Vicente Montiel, Defensor Público Federal, mediante el cual acepta y protesta el cargo conferido, para fungir como asesor jurídico del aquí quejoso Lucio Bahena Osorio. En ese sentido, se tiene al ocursante aceptando y protestando el cargo conferido, a efecto de que, por su conducto, le sea explicado al quejoso de manera clara, completa y específica los proveídos que emanen de este expediente. En otro orden de ideas, se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones el medio electrónico que menciona, de conformidad con el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, respecto a su petición, en el sentido de que se autorice al usuario "IvanVicente", para acceder al expediente en línea, indíquesele al respecto, tal y como lo establece el segundo párrafo del artículo 35, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, siempre y cuando se realicen con el usuario antes citado y este se encuentre registrado en el Sistema de Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el usuario relativo al nombre del promovente, para lo cual se instruye al analista jurídico de la adscripción, a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo. En otro sentido, visto el estado procesal que guarda el presente expediente, del que se advierte que en autos de nueve y diecisiete de marzo del presente año, se reservó acordar lo conducente respecto a las manifestaciones vertidas por el quejoso Lucio Bahena Osorio, en la constancia de notificación identificada con el folio 998 y en el escrito registrado con el folio 1707, hasta en tanto el Defensor Público Federal designado aceptara y protestara el cargo conferido como Asesor Jurídico, hecho que ya aconteció; por tanto, córrase traslado con copia simple de dichas constancias, al licenciado Iván Vicente Montiel, para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, en la inteligencia de que de no hacerlo así, se proveerá lo conducente. Notifíquese; y personalmente al Defensor Público Federal Iván Vicente Montiel y cúmplase en los términos expuestos.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · 15,864 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano